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El lunes 15 de julio, al mismo tiempo que se inauguraba la Convención Nacional Republicana, se dio a conocer una importante victoria judicial para Donald Trump. Una jueza federal de Florida —que justamente había sido designada por Trump— desestimó la acusación penal contra el expresidente por guardar ilegalmente documentos clasificados de seguridad nacional una vez terminada su presidencia. La jueza Aileen Cannon dictaminó que el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, no tenía autoridad para designar a Jack Smith como fiscal especial, lo que sorprendió a muchos expertos en leyes. El Departamento de Justicia ya anunció que planea apelar el fallo. Este evento judicial se suma al reciente dictamen de la Corte Suprema, dominada por una mayoría conservadora, que le otorga a Trump —y a los presidentes estadounidenses en general— una inmunidad casi completa frente al procesamiento judicial por medidas tomadas “oficialmente” durante sus mandatos. Analizamos el fallo de la jueza Cannon junto al periodista de investigación ganador del Premio Pulitzer David Cay Johnston, quien lleva décadas cubriendo la trayectoria de Trump. “Éste dictamen tuvo una intención concreta”, señala Johnston. “Es totalmente ofensivo y supongo que será revocado, pero su resultado real es que se agotan las posibilidades de que Donald Trump sea juzgado antes de las elecciones de noviembre”.
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