El presidente Trump ha ampliado su ofensiva contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) y ha revocado una orden ejecutiva que firmó hace 60 años el entonces presidente Lyndon B. Johnson para prohibir la discriminación en las prácticas de contratación de contratistas federales.
El miércoles, el Gobierno de Trump también ordenó a los empleados federales que denuncien a los colegas que se nieguen a cumplir la directiva de eliminar las políticas de diversidad, equidad e inclusión, y amenazó con “consecuencias adversas” para aquellos que no denuncien a sus compañeros de trabajo. Esto ocurre un día después de que el Gobierno de Trump ordenara otorgar licencia administrativa paga con “efecto inmediato” a todos los empleados que trabajan en programas federales de diversidad, equidad e inclusión.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ordenado a la División de Derechos Civiles que paralice todos los litigios pendientes. Los casos en curso, incluidos los acuerdos para llevar a cabo reformas policiales en importantes ciudades, estarán sujetos al criterio de los jueces. El Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley calificó la orden como una medida “sin precedentes” que “debería enfadar y preocupar profundamente a los estadounidenses”.
Por otra parte, el Departamento de Justicia ha ordenado a los funcionarios federales que lleven a juicio a los funcionarios estatales y locales que se resistan a implementar los planes de deportaciones en masa del Gobierno de Trump.
La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda contra el Gobierno de Trump, en nombre de la organización Make the Road New York, por su plan de incrementar las deportaciones por la vía rápida al tiempo que les niega a los solicitantes de asilo un proceso legal justo. La política de deportaciones aceleradas afecta a los inmigrantes que no puedan demostrar haber estado en Estados Unidos durante al menos dos años seguidos.
En más noticias sobre inmigración, ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaron la versión final de la Ley Laken Riley, que requerirá que las autoridades federales de inmigración detengan a inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos no violentos. La legislación pasará ahora a la Casa Blanca, donde será promulgada como la primera ley de Trump.
Esto ocurre al tiempo que el Pentágono dice que desplegará otros 1.500 soldados en servicio activo en la frontera entre Estados Unidos y México.
El presidente Trump ha firmado órdenes ejecutivas que revierten los subsidios federales para la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) y amenazan la atención sanitaria de decenas de millones de personas. Una orden revierte los esfuerzos del Gobierno de Biden de reducir el costo de los medicamentos recetados para los beneficiarios de Medicare y Medicaid, dos programas públicos de salud que garantizan el acceso a la atención sanitaria a millones de personas pobres, discapacitadas o de edad avanzada en Estados Unidos. Otra orden acorta el período de inscripción abierta para contratar un seguro médico. Otra orden ejecutiva revierte un programa del Gobierno de Biden que hizo que más progenitores con hijos e hijas pequeños fueran elegibles para Medicaid. Asimismo, Trump está eliminando gradualmente un programa que reducía el costo de las primas de los seguros de salud para las familias de bajos ingresos. Mientras tanto, Trump ha cancelado reuniones y paneles científicos en las agencias federales de salud y ha ordenado a todos los empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos suspender las comunicaciones externas, incluidos consejos de salud pública sobre enfermedades como la COVID-19, la gripe y el norovirus.
En noticias relacionadas, un sitio web del Gobierno, que fue creado en 2022 y ofrecía información sobre el acceso y derecho al aborto, ha sido eliminado. “ReproductiveRights.gov” no figura en internet desde al menos el lunes, día en que Trump asumió la presidencia de Estados Unidos.
Los demócratas del Comité de Presupuesto del Senado de Estados Unidos interrogaron el miércoles al designado por Trump para dirigir la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, sobre los planes del presidente de recortar la asistencia nutricional federal y el presupuesto del programa público de salud Medicaid para ofrecer más recortes impositivos a los ricos. En un tenso intercambio con el senador del estado de Oregón Jeff Merkley, Vought promovió las políticas que establecen requisitos laborales para los beneficiarios de programas sociales y la reforma de los programas de bienestar social aprobada durante el Gobierno de Clinton, que fue respaldada por los republicanos y terminó duplicando la pobreza extrema y privando a los más necesitados de apoyo gubernamental esencial.
Russell Vought: “Esto dio lugar a reducciones en el número de casos, a que la gente dejara de recibir prestaciones sociales y volviera a trabajar. Y creemos que ese tipo de pensamiento debería aplicarse a otros programas federales. Y esto aplica no solo a Medicaid, sino también a otros programas, para poder alentar a las personas a volver a formar parte de la fuerza laboral, aumentar la participación en la población activa y devolverles a las personas la dignidad del trabajo”.
Senador Jeff Merkley: “¿Y usted cree que implementar recortes en la atención sanitaria anima a la gente a trabajar cuando, en realidad, necesita mejorar su salud para poder trabajar? Esto no tiene sentido”.
Russell Vought: “De nuevo, Senador…”.
Senador Jeff Merkley: “Y ese ha sido un experimento fallido”.
Russell Vought fue uno de los autores del denominado “Proyecto 2025”, una iniciativa impulsada por la institución ultraderechista Heritage Foundation que propone una reforma radical de las agencias federales.
Donald Trump ha designado a Andrew Puzder, el ex director ejecutivo de una cadena de comida rápida que se postuló sin éxito en 2017 para secretario de Trabajo, como embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea. Puzder se vio obligado a retirarse de su consideración como secretario de Trabajo en el primer gabinete de Trump en medio de acusaciones de violencia doméstica, así como informes de acoso sexual generalizado, y violaciones relacionadas con las normas de seguridad alimentaria y con los derechos laborales en sus cadenas de restaurantes Carl’s Jr. y Hardee’s.
Las organizaciones de ayuda humanitaria en Gaza informan que más de 3.200 camiones de reparto de ayuda humanitaria han ingresado al territorio palestino en los primeros cuatro días posteriores a la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego. Los trabajadores de defensa civil han recuperado los cadáveres de 162 personas, que se encontraban atrapadas bajo los escombros de casas y negocios destruidos, y están trabajando para recuperar miles más. Funcionarios palestinos informan que Israel lanzó alrededor de 100.000 toneladas métricas de explosivos sobre Gaza durante su ofensiva de 15 meses y destruyó el 88% de la infraestructura del enclave. Alrededor de 20.000 niños y niñas han quedado huérfanos, ya que perdieron a uno o ambos progenitores. Más del 40% de las familias de Gaza se hacen cargo de niños y niñas ajenos. El miércoles, familias palestinas desplazadas regresaron a la ciudad de Gaza, muchas de ellas por primera vez en meses, para encontrar un páramo de escombros.
Safaa Dahdouh: “Nuestras familias regresarán del sur a su bendita tierra de la ciudad de Gaza. Sin embargo, no encontrarán sus hogares, ya que fueron destruidos por [las fuerzas de] ocupación sionistas. Encontrarán tiendas de campaña que montamos para cubrir nuestras necesidades básicas. Estas tiendas de campaña acogerán a las familias desplazadas, con la esperanza de curar parte del dolor que le genere el ver sus casas destruidas y reducidas a escombros, mientras que antes estaban llenas de familias”.
En los territorios ocupados de Cisjordania, los residentes del campamento de refugiados de Yenín informan sobre constantes disparos y explosiones al tiempo que la mortífera operación militar israelí entra en su tercer día. Miembros del personal médico y testigos presenciales afirman que las fuerzas armadas israelíes están sitiando dos hospitales, donde los trabajadores médicos están siendo atacados y el personal de las ambulancias tiene bloqueado el paso hacia donde están los muertos y heridos. Unos 600 trabajadores médicos y pacientes se encuentran refugiados en el hospital gubernamental Khalil Suleiman de Yenín, donde los suministros de alimentos y agua son cada vez más escasos. El director del hospital informó que, esta semana, tres trabajadores médicos y dos miembros del personal de enfermería fueron alcanzados por disparos en la carretera que conduce al hospital. Por otra parte, dos palestinos murieron durante un operativo militar israelí en la localidad de Burqin, en las afueras de Yenín. Los residentes dicen que las fuerzas armadas israelíes han comenzado a obligar a las familias a abandonar sus hogares como parte de una campaña destinada a eliminar la resistencia palestina.
Adel Besher: “Lo que no lograron en Gaza, lo están intentando hacer aquí en Yenín, y no solo en Yenín. Yenín es el centro de la resistencia y la lucha. Si acaban con la resistencia en Yenín, acabarán con la resistencia en toda Cisjordania”.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo el miércoles que la operación militar en Cisjordania, que ha sido denominada “Muro de Hierro”, representa “un cambio en la estrategia de seguridad” tras lo aprendido en la ofensiva en Gaza.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido que los líderes israelíes han desviado su atención de la Franja de Gaza a Cisjordania, con la esperanza de anexar de una vez por todas dicho territorio. Guterres habló el miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos.
Secretario general António Guterres: “Israel, envalentonado por los éxitos militares que ha tenido, piensa que este es el momento de anexar Cisjordania y mantener a Gaza en una especie de limbo con una forma de gobierno poco clara. Para mí está claro que el interés principal de Israel no es Gaza. Su principal interés es Cisjordania”.
El presidente Trump ha vuelto a designar a los combatientes hutíes de Yemen como “organización terrorista extranjera”. La medida revierte la orden emitida por Biden en febrero de 2021, que eliminó a los hutíes de la lista de organizaciones terroristas, y restablece dicha etiqueta, impuesta por primera vez por el anterior secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, cuando el primer Gobierno del actual presidente estadounidense se preparaba para dejar el mandato. Los combatientes hutíes han atacado buques de carga en el mar Rojo y han disparado proyectiles contra Israel en medio de su guerra contra Gaza. Al igual que en 2021, organizaciones de ayuda humanitaria advierten que la designación de “terrorista” por parte de Estados Unidos podría aumentar las crisis humanitarias de hambre y enfermedades que azotan Yemen.
En la República Democrática del Congo, miles de personas más han sido desplazadas en los últimos días después de que combatientes del grupo rebelde M23 tomaran el control de la localidad oriental de Minova, una ruta de suministro clave para Goma, la capital de la provincia de Kivu del Norte.
Marceline Kacharanga: “Yo vivía en Minova. Cuando nos dijeron que los enemigos se acercaban, mi hermana y yo huimos el viernes pasado a pie hacia Nzulo. Ahora el enemigo está en Bugulube y estamos huyendo sin saber a dónde vamos, como si no tuviéramos a dónde regresar. Miren, mi hermana mayor dio a luz ayer. Ella tiene un bebé y no sabemos qué hacer”.
Las organizaciones de ayuda humanitaria advierten sobre una crisis humanitaria cada vez más profunda en el este de la República Democrática del Congo, debido a que la intensificación de los combates ha desplazado desde principios de 2025 a casi un cuarto de millón de personas, la mitad de las cuales son niños y niñas.
Bélgica ha nombrado esta semana a un juez para investigar una denuncia penal contra Apple que la República Democrática del Congo presentó en diciembre en Francia y Bélgica, acusando al gigante tecnológico de utilizar minerales de zonas de conflicto en sus cadenas de suministro. Más de 200 grupos armados, incluido el grupo rebelde M23, que es respaldado por Ruanda, han estado involucrados en un prolongado conflicto violento por el control de las minas de donde se extraen minerales como el estaño, el tungsteno y el tantalio.
En el sur del estado de California, otras 31.000 personas recibieron órdenes de evacuación obligatoria, después de que se desatara un nuevo incendio forestal al norte de Los Ángeles, que, el miércoles, arrasó rápidamente más de 4.000 hectáreas. Organizaciones de defensa de los derechos humanos están instando a las autoridades a evacuar completamente el Centro de Detención de Pitchess, que alberga a unos 4.700 reclusos y está en la zona que debe ser evacuada debido al incendio Hughes.
Mientras tanto, expertos en salud están advirtiendo a los habitantes del condado de Los Ángeles que perdieron sus hogares en los incendios de Eaton y Palisades que tomen precauciones adicionales si regresan a recuperar artículos personales de entre los escombros, ya que es probable que las cenizas contengan productos químicos tóxicos como plomo, asbesto y arsénico. Los datos de calidad del aire revelan que las concentraciones atmosféricas de plomo, que es una neurotoxina, alcanzaron niveles 100 veces superiores a los niveles promedio en Los Ángeles durante el peor momento de los incendios forestales.
En los Países Bajos, activistas ambientales de la organización Greenpeace celebraron el miércoles después de que un tribunal ordenara al Gobierno neerlandés reducir drásticamente las emisiones de óxido de nitrógeno para 2030. Greenpeace argumentó de manera exitosa que el Gobierno de los Países Bajos no cumplió con las reglamentaciones europeas que limitan las emisiones de óxido de nitrógeno provenientes del sector agrícola, los fertilizantes y los automóviles.
Hilde Anna de Vries: “Esta es definitivamente una victoria, después de décadas de inacción. Creo que este veredicto demuestra realmente que los planes de los gabinetes anteriores no son adecuados, y ahora realmente tienen que elaborar un plan. Y creo que eso es muy necesario dado el estado actual de la naturaleza”.
Se espera que la medida sea fuertemente rechazada por los partidos de derecha, que forman la actual coalición gobernante de los Países Bajos, y los ganaderos, que temen tener que reducir el tamaño de su ganado.