Titulares18 de marzo de 2025

Israel ha puesto fin unilateralmente al acuerdo de alto el fuego en Gaza y ha lanzado durante la madrugada del martes una serie de ataques aéreos a gran escala que mataron al menos a 404 personas y dejaron heridas a más de 560. Se espera que el número de víctimas aumente debido a que aún hay decenas de personas atrapadas bajo los escombros. Los ataques comenzaron sin previo aviso, aunque este martes por la mañana las fuerzas armadas israelíes advirtieron a los residentes de varias regiones fronterizas de Gaza que “evacuen de inmediato”, ya que sus vecindarios son “zonas de combate peligrosas”. Sobrevivientes de los ataques afirmaron que familias enteras fueron exterminadas y que entre los muertos había niños, niñas y personas de edad avanzada.

Testigo presencial de los ataques en Gaza: “Casi toda la familia fue martirizada, todos quedaron desmembrados, y nuestra casa se derrumbó sobre nosotros. Nuestra vivienda está justo al lado de la de ellos. También hay heridos en la casa de los Sattari. Todavía están sacando gente de debajo de los escombros. Estábamos durmiendo, justo antes del desayuno del suhur, y la casa casi se nos cae encima”.

La Casa Blanca afirmó que Israel avisó con anticipación a Estados Unidos acerca de la reanudación de los ataques contra Gaza. Antes de los bombardeos, la población palestina ya llevaba más de dos semanas bajo un bloqueo impuesto por Israel, que impedía la llegada de combustible y ayuda humanitaria a Gaza. Unicef informó el domingo que un tercio de los menores de corta edad que viven en el norte del enclave palestino sufren de desnutrición aguda y agregó: “Un millón de niños y niñas viven, una vez más, sin los elementos básicos que necesitan para sobrevivir”.

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Debido a la reanudación de los ataques contra Gaza, fiscales israelíes acordaron cancelar una audiencia prevista para este martes en el marco del juicio por corrupción que enfrenta el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En dicha audiencia, Netanyahu debía prestar testimonio. El domingo, el primer ministro israelí afirmó que destituirá al principal funcionario de la inteligencia interna de Israel, Ronen Bar. Bar es el director de Shin Bet, una agencia de inteligencia que ha estado investigando a dos asesores de Netanyahu por filtraciones de documentos y vínculos con Catar. La noticia desencadenó varias protestas en Israel y se prevén más para esta semana.

Motti Diletkol: “Esto va a perjudicar las negociaciones para liberar a todos los rehenes [retenidos en Gaza]. Creo que Bibi [Netanyahu] no quiere que liberen a todos los rehenes, porque él ha declarado que la guerra terminará cuando eso ocurra, lo que también pondría fin a su liderazgo político”.

Mientras tanto, la agencia de noticias Associated Press informó el viernes que funcionarios israelíes y estadounidenses afirmaron haber contactado a sus homólogos de Sudán, Somalia y Somalilandia para discutir la posibilidad de que esos países acojan a palestinos expulsados de Gaza. Según la agencia, Sudán ha rechazado la propuesta, mientras que Somalia y Somalilandia afirman no tener conocimiento de ninguna conversación al respecto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abogado repetidas veces por llevar a cabo una limpieza étnica de Gaza.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que Israel ha ampliado y consolidado de manera significativa los asentamientos ilegales en los territorios ocupados de Cisjordania, en violación del derecho internacional. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró en un comunicado: “El hecho de que Israel traslade partes de su propia población civil al territorio que ocupa constituye un crimen de guerra”. Los comentarios de Türk se produjeron en medio de una oleada de ataques perpetrados por colonos israelíes contra comunidades palestinas en Cisjordania y en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental. La semana pasada, colonos israelíes atacaron la aldea de Khirbet al-Marjam, donde dispararon munición real, arrojaron bombas de gas lacrimógeno y prendieron fuego a varios automóviles y a tres viviendas palestinas.

Maysoon Msalam: “Abu Mohammed cerró la puerta y luego subieron al techo de la casa y comenzaron a tirar piedras. Rompieron la puerta y las ventanas. Después quemaron esta puerta y entraron y prendieron fuego dentro de la casa. Nosotros entramos para sacar a los niños de la vivienda. No encontramos a los niños. ¡Se llevaban a los niños con ellos! Cuando nos vieron, los dejaron”.

En Yemen, Unicef ha confirmado que al menos dos menores murieron en ataques que las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron en el marco de su operación militar a gran escala contra los hutíes. Los hallazgos de la agencia de la ONU refutan la afirmación hecha por un portavoz del Pentágono.

Teniente general Alexus Grynkewich: “En cuanto a las bajas civiles, no hay indicios de que haya habido víctimas entre la población civil. Por supuesto, hemos visto algunas de las acusaciones que han hecho los hutíes al respecto. Las evaluamos a fondo cuando las recibimos, pero no tenemos indicios creíbles de víctimas civiles”.

El Pentágono afirmó que la operación militar estadounidense contra los hutíes no tiene un plazo definido y que los ataques continuarán “hasta que se logren los objetivos del presidente”. Decenas de miles de personas se manifestaron el lunes en Saná, la capital de Yemen controlada por los hutíes, para protestar contra los ataques estadounidenses, que ya han matado, según se informa, a decenas de civiles. Mientras tanto, los hutíes han reivindicado la autoría de un nuevo ataque contra un buque naval de Estados Unidos, en represalia por los bombardeos que ese país está lanzando contra Yemen. Los hutíes anunciaron la semana pasada que iban a reanudar sus ataques contra barcos vinculados con Israel en el mar Rojo, en protesta por el bloqueo y los ataques israelíes contra Gaza.El presidente Trump advirtió que Estados Unidos hará que Irán rinda cuentas por cualquier nuevo ataque de represalia lanzado por los hutíes y afirmó en redes sociales que Teherán “sufrirá las consecuencias”.
 En una carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador de Irán en Estados Unidos expresó su “profunda preocupación y enérgica condena” por las declaraciones de Trump.

El Líbano y Siria alcanzaron un acuerdo de alto el fuego después de que una escaramuza transfronteriza escalara y acabara en dos días de enfrentamientos que, según el Ministerio de Salud del Líbano, causaron la muerte de siete civiles, entre ellos una niña de cuatro años. El Gobierno interino de Siria acusó a Hizbulá de haber iniciado los combates al secuestrar y matar a tres soldados sirios, pero Hizbulá negó tal acusación. Por otra parte, la agencia de noticias estatal siria informó que tres personas murieron y 19 resultaron heridas el lunes por la noche a causa de ataques aéreos perpetrados por Israel en la provincia de Daraa, al sur de Siria. Los bombardeos tuvieron como objetivo una instalación militar anteriormente utilizada por el régimen de Assad, pero que ahora está bajo el control del Gobierno interino de Siria.

En Washington D.C., un juez federal escuchó el lunes los argumentos de un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos luego de que el Gobierno de Trump desafiara la medida cautelar dictada el sábado por el juez que ordenaba el retorno de dos vuelos con destino a El Salvador que transportaban ciudadanos venezolanos deportados. El juez también disponía la cancelación de un tercer vuelo que despegó después de emitida la orden. Durante un tenso intercambio, el abogado del Departamento de Justicia se negó varias veces a responder muchas de las preguntas formuladas por el juez James Boasberg, alegando que no estaba “autorizado” a hacerlo. La demanda al respecto había sido presentada por la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles. Tras la audiencia del lunes, Lee Gelernt, abogado de la organización, calificó la situación de “crisis constitucional”.

Lee Gelernt: “A esta altura, el Gobierno [estadounidense] da la impresión de acudir al tribunal solo para argumentar que un tribunal federal no tiene facultades para revisar las pruebas ni frenar sus decisiones, al tiempo que sus funcionarios critican públicamente a los jueces federales y afirman que no tienen autoridad. Creo que Estados Unidos está entrando así en un terreno peligroso”.

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El juez Boasberg estableció el mediodía de este martes como fecha límite para que el Departamento de Justicia proporcionara más información sobre los vuelos de deportación, incluyendo cuántas personas considera que están cubiertas por la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación promulgada en 1798 que el Gobierno de Trump invocó para justificar las deportaciones. El Departamento de Justicia está ahora intentando retirar al juez Boasberg del caso por completo. El llamado “zar de la frontera” del Gobierno de Trump, Tom Homan, dijo al canal Fox News que el juez no tenía autoridad para ordenar el retorno de los vuelos de deportación porque estos estaban sobre aguas internacionales cuando emitió su orden por escrito. Homan añadió al respecto: “No me importa lo que piensen los jueces”. Mientras tanto, el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller afirmó falsamente a la cadena de noticias CNN que el Gobierno de Trump tiene el derecho de violar las órdenes judiciales con las que no está de acuerdo.

Stephen Miller: “Esperamos que la Corte Suprema de Estados Unidos confirme lo que siempre ha sido el caso: que las decisiones del presidente en su rol de comandante en jefe no están sujetas a revisión judicial. […] ¿Cómo vamos a expulsar de nuestro país a los invasores inmigrantes ilegales que están violando niñas, que están asesinando niñas, si cada deportación tiene que ser evaluada por un juez federal de distrito? Eso significa que no tenemos país, que nuestro país no es soberano. Significa que no tenemos futuro”.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó el lunes que había detenido y deportado a la doctora Rasha Alawieh, profesora de la Universidad de Brown, a pesar de la orden emitida por un juez que establecía que no debía ser expulsada de Estados Unidos. El equipo legal de Alawieh argumentó que el Gobierno federal desobedeció “deliberadamente” la orden judicial. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que deportó a Alawieh porque la profesora había asistido, durante un viaje a su país natal del Líbano, al funeral del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, que fue asesinado por Israel en 2024. El funeral fue un gran acontecimiento en Beirut, al que asistieron cientos de miles de personas. La deportación, que se llevó a cabo durante el fin de semana, desencadenó gran indignación, incluido entre la comunidad médica. La doctora Alawieh trabaja en la nefrología de trasplantes, una técnica quirúrgica altamente especializada que se necesita con urgencia.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos está planeando eliminar su oficina de investigación y desarrollo científico, y ha despedido a unos 1.155 químicos, biólogos, toxicólogos y otros científicos. Así lo indican documentos revisados por los demócratas en el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, ha dicho que quiere recortar el 65% del presupuesto de la EPA con este tipo de despidos masivos de personal.

En la ciudad de Houston, estado de Texas, cientos de manifestantes se congregaron el lunes frente al Centro Espacial Johnson para una protesta liderada por sindicatos en rechazo a los despidos masivos y las suspensiones impuestas a la NASA por Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental. El medio Ars Technica informa que Trump está considerando imponer recortes de hasta el 50% del presupuesto científico de la NASA, una medida que la organización Sociedad Planetaria ha calificado como “una amenaza existencial para la ciencia espacial”.

Miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental, flanqueados por agentes de policía de Washington D.C., irrumpieron el lunes en el Instituto de la Paz de Estados Unidos tras una confrontación con empleados de alto rango de la organización. El director ejecutivo del instituto, el exembajador estadounidense en Senegal George Moose, quien fue despedido el viernes, afirmó que la medida constituye una adquisición ilegal de una organización sin fines de lucro.

George Moose: “Habíamos estado hablando con ellos durante muchas semanas anticipando precisamente esta posibilidad y también para recordarles que somos una corporación privada sin fines de lucro en el Distrito de Columbia y, por lo tanto, no somos una agencia federal. Así que el Gobierno federal no tiene derecho a venir aquí y a tomar control de nuestro edificio”.

También fue removida toda la junta directiva del Instituto de la Paz de Estados Unidos, a excepción de algunos miembros recién designados por Trump: el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y el presidente de la Universidad de Defensa Nacional, Peter Garvin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación este martes con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre su propuesta de acuerdo de alto el fuego de 30 días en la guerra en Ucrania. Antes de la conversación, Trump dijo que los negociadores estaban considerando “dividir ciertos activos”. Es probable que esto incluya presionar a Ucrania para que acepte los reclamos de Moscú sobre los territorios ocupados por Rusia y el control de la planta de energía nuclear de Zaporiyia, que desde 2022 ha estado bajo control ruso. Rusia también exige garantías de que Ucrania nunca se unirá a la OTAN. Las autoridades ucranianas han dicho repetidas veces que Rusia debe restituir todos los territorios ucranianos que ha ocupado.

En la República Democrática del Congo, el grupo armado M23, que cuenta con el apoyo de Ruanda, anunció el lunes que ya no participará en las conversaciones de paz programadas para este martes en la capital de Angola. El cambio de postura del M23 se produjo luego de que el grupo se opusiera a las sanciones que la Unión Europea les impuso a sus líderes, así como a varios oficiales militares ruandeses, por las graves violaciones contra los derechos humanos cometidos durante la ofensiva del grupo rebelde en el este de la República Democrática del Congo, que ha matado, desde enero, a más de 7.000 personas.

En el estado de Texas, una partera fue arrestada por realizar abortos. Se trata de la primera vez que un proveedor de servicios de aborto enfrenta cargos penales bajo la prohibición casi total del aborto en dicho estado. María Margarita Rojas poseía y operaba una red de clínicas de salud en los suburbios de Houston. Uno de sus empleados, José Ley, también fue acusado. Ambos también están acusados de ejercer sin licencia médica. El cargo por brindar servicios de aborto es un delito grave de segundo grado en Texas y se castiga con hasta 20 años de prisión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recorrió el lunes el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas y asistió a su primera reunión de junta desde que asumió como presidente de la misma. Trump criticó las famosas instalaciones de la sede, diciendo que estaban “en terribles condiciones, como gran parte del resto de nuestro país, en gran parte debido a una mala gestión”. En febrero, Trump ordenó una reestructuración completa del Centro Kennedy y destituyó a todas las personas designadas por los demócratas en la junta y nombró en su lugar a sus aliados políticos y donantes de campaña, así como también a esposas de estos, entre ellas la segunda dama de Estados Unidos, Usha Vance. Un número creciente de artistas se han negado a actuar en dicho centro o han utilizado sus apariciones para protestar contra el Gobierno de Trump.

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El documental titulado “Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud” (Armado solo con una cámara: la vida y muerte de Brent Renaud), que se estrenó la semana pasada en el festival de cine South by Southwest en la ciudad de Austin, estado de Texas, recibió el Premio del Público del festival en la competición de cortometrajes documentales. Dirigida por Craig Renaud, la película cuenta la historia de su hermano Brent Renaud, el primer periodista occidental que murió a manos de soldados rusos durante las primeras semanas de la invasión rusa de Ucrania, el 13 de marzo de 2022. Brent también recibió un crédito póstumo como director de la película. El documental fue producido por Downtown Community Television y HBO.