En la Franja de Gaza, una serie de ataques israelíes ha matado a más de 60 personas desde la madrugada del jueves, por lo que, desde que Israel rompió unilateralmente en marzo el acuerdo de alto el fuego con Hamás, el número de muertes en el enclave asciende a 2.000. Entre quienes fallecieron recientemente se encuentra una familia de cinco miembros, una madre embarazada, un padre y sus tres hijos, quienes murieron a causa de un ataque con drones que Israel lanzó contra su tienda de campaña en el sur de la Franja de Gaza. Otro ataque del jueves por la mañana destruyó una vivienda de la ciudad de Gaza y se cobró la vida de un exprisionero palestino, así como la de toda su familia.
Ahmed Mourad: “Nuestro vecino estuvo en prisión durante 13 años y, después de ser liberado, se casó y tuvo hijos. Su hija mayor tiene ocho años y su hijo menor tiene un año y medio, nació durante la guerra. Toda la familia de Ali Al-Sarafiti murió y fue borrada del registro civil, junto con sus hermanos y él. […] Todos murieron”.
Las fuerzas armadas israelíes ofrecieron el jueves un inusual pedido de disculpas a las Naciones Unidas, después de que Israel bombardeara en marzo una casa de huéspedes situada en Gaza, donde mató a un miembro del personal de la ONU e hirió a otros seis. Israel inicialmente había negado cualquier responsabilidad en el ataque. Desde octubre de 2023, los ataques israelíes han matado al menos a 285 trabajadores de la ONU.
El enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, ha llegado a Moscú para mantener conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin. Su visita se produce un día después de que el presidente Trump hiciera una inusual reprimenda contra Putin, después de que un importante ataque aéreo ruso contra la ciudad ucraniana de Kiev dejara doce muertos y decenas de heridos. En redes sociales, Trump escribió al respecto: “¡Vladimir, DETÉNTE!”, la palabra “detente” en mayúsculas. A lo que agregó: “¡CONCRETEMOS el acuerdo de paz!”. Sin embargo, más tarde el jueves, Trump insistió en que Putin ha hecho una gran contribución para ayudar a que se establezca la paz con Ucrania.
Periodista: “¿Qué concesiones ha ofrecido Rusia hasta ahora para acercarse a la paz?”.
Presidente Donald Trump: “Detener la guerra, dejar de tomar el control de todo el país. [Esa es] una concesión bastante grande”.
En la noche del martes, un ataque ruso con drones contra un edificio de apartamentos de la ciudad de Pavlohrad, situada en el sureste de Ucrania, mató a tres civiles e hirió a otros 14. Mientras tanto, los medios rusos informan que un alto mando militar ruso murió en la mañana de este viernes en un atentado con coche bomba que se produjo en las afueras de Moscú.
El Gobierno de Trump está a punto de ofrecer a Arabia Saudí un acuerdo armamentístico por un valor de más de 100.000 millones de dólares. La agencia de noticias Reuters divulgó la noticia e informó que el presidente Trump anunciará el acuerdo durante un viaje que realizará en mayo a Arabia Saudí, el primer país que visitará durante su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. En 2017, Trump realizó un viaje similar a la ciudad de Riad, lo que constituyó la primera visita al extranjero de su primer mandato; ese mismo año, el mandatario estadounidense propuso un acuerdo de armas a Arabia Saudí por un valor de 110.000 millones de dólares.
Las fuerzas armadas de la India y Pakistán intercambiaron disparos a través de la frontera entre ambos países, al tiempo que aumentan las tensiones entre las dos potencias nucleares tras el ataque mortal que se produjo el martes en la región administrada por la India de Cachemira, donde 26 personas murieron. El jueves, Pakistán cerró su espacio aéreo a la India y amenazó con detener todos los acuerdos bilaterales con dicho país. Una milicia denominada Frente de Resistencia se ha atribuido la autoría de la masacre, mientras que las autoridades en la ciudad de Islamabad han rechazado las afirmaciones de la India de que el ataque fue respaldado por Pakistán.
El jueves, los habitantes de Cachemira salieron a las calles para pedir el fin de los actos de violencia.
Mukhra Javed: “Condenamos enérgicamente este terrible acto [de violencia] que se ha cometido anteayer. Y solo queremos decir que el terrorismo no tiene una religión en particular, y nosotros, como cachemires comunes, defendemos la paz, y siempre defenderemos la paz”.
Una jueza federal bloqueó el jueves parte de la orden ejecutiva de Trump que exige que los votantes presenten una prueba de ciudadanía estadounidense al momento de registrarse para votar en las elecciones federales. Trump emitió la orden con el objetivo de eludir la aprobación del Congreso. A principios de abril, la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, aprobó la medida como parte de la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE, por sus siglas en inglés), pero los demócratas del Senado se comprometieron a bloquear dicho proyecto de ley mediante una regla de obstruccionismo legislativo. En un comunicado, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles dijo al respecto: “Esta orden ejecutiva es parte de un ataque más amplio contra nuestras elecciones democráticas, ya que promueve teorías conspirativas nativistas sin fundamento. Hoy, el tribunal bloqueó una estrategia clave de este ataque”.
El presidente Trump está pidiendo al Departamento de Justicia que investigue ActBlue, la plataforma de recaudación de fondos en internet que utilizan la mayoría de los políticos demócratas. Trump acusó a ActBlue de permitir donaciones fraudulentas. Por su parte, ActBlue calificó las afirmaciones del mandatario estadounidense de “infundadas”. WinRed, la plataforma republicana de recaudación de fondos, también ha enfrentado reportes de problemas relacionados con los donantes, aunque no figura en el memorando que Trump le envió a la fiscal general Pam Bondi. La directora ejecutiva de ActBlue, Regina Wallace-Jones, calificó la investigación de Trump como “la próxima versión de 'la gran mentira'”, al referirse a las afirmaciones del mandatario estadounidense de fraude electoral en las elecciones de 2020.
Un juez federal del estado de California ha prohibido al Gobierno de Trump negar o imponer condiciones a los fondos federales de las ciudades y condados santuario que limitan la cooperación con las agencias federales de inmigración.
La jueza federal de distrito del estado de Maryland Stephanie Gallagher ha ordenado al Gobierno de Trump facilitar el regreso de un inmigrante venezolano de 20 años que formaba parte del grupo de más de 200 personas que, en marzo, fueron trasladadas de Estados Unidos a El Salvador. Gallagher, quien fue nombrada por Trump, dijo que su expulsión de Estados Unidos violaba un acuerdo judicial anterior que lo protegía de la deportación mientras se resolvía su solicitud de asilo. El caso de este solicitante de asilo, que ha sido identificado solo como Cristian, formaba parte de una demanda colectiva que fue presentada en 2019 por un grupo de inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos como menores no acompañados.
Tres jueces federales bloquearon el jueves los planes de Trump de interrumpir el financiamiento federal de las escuelas públicas de enseñanza primaria y secundaria que tengan programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). En un caso, la jueza Landya McCafferty calificó la medida de Trump como “un ejemplo clásico de discriminación de punto de vista” y dijo que el Departamento de Educación “ni siquiera define qué es un 'programa de diversidad, equidad e inclusión'”.
El presidente Trump firmó esta semana una orden ejecutiva dirigida a los organismos acreditadores que supervisan las universidades y otros tipos de centros de educación superior; es decir, las empresas privadas que determinan si estas instituciones educativas cumplen con los requisitos para recibir financiamiento federal. Trump acusó a dichos organismos acreditadores de respaldar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) y de permitir que las “universidades sean dominadas por maníacos marxistas”. Esta orden permitirá al Gobierno de Trump revocar la aprobación de los permisos de los organismos acreditadores que tengan en cuenta las políticas de diversidad, equidad e inclusión en sus evaluaciones.
Estudiantes del City College de Nueva York se manifestaron el jueves en el campus de dicho centro educativo para exigir que su administración deje de invertir en empresas que se benefician de la ocupación de Palestina por parte de Israel y priorice la seguridad de los estudiantes, en medio de la creciente represión en los centro de educación superior. Los estudiantes establecieron lo que denominaron “Zona Liberada de Hilmi al-Faqaawi”, en honor a un periodista de Gaza que murió cuando Israel bombardeó a principios de abril una tienda de campaña donde se refugiaban trabajadores de la prensa en Jan Yunis. El personal de seguridad del campus y la policía de Nueva York irrumpieron en el sector para reprimir la acción de protesta pacífica y rociaron con gas pimienta a los estudiantes que se manifestaban.
Las fuerzas armadas del Gobierno congoleño y el grupo rebelde M23, que es respaldado por Ruanda, han acordado un alto el fuego temporal mientras continúan negociando un acuerdo de paz más amplio para el este de la República Democrática del Congo. Dichas conversaciones están siendo auspiciadas por Catar. Desde principios de 2025, el M23 ha tomado el control de dos importantes ciudades del este del país, Goma y Bukavu, donde ha matado a más de 7.000 personas y forzado el desplazamiento de 1,2 millones de personas.
Las autoridades tunecinas desmantelaron el jueves un campamento improvisado situado en la ciudad de Sfax, un importante centro de tránsito para los refugiados de la región del África subsahariana. Este es el segundo campo de refugiados destruido en lo que va del mes de abril. Los campamentos demolidos llegaron a albergar conjuntamente a unas 7.000 personas. La medida forma parte de un plan más amplio para expulsar, sin ofrecer ninguna alternativa ni derechos básicos, a los africanos subsaharianos indocumentados que se encuentran en Túnez. Estas fueron las palabras expresadas por un inmigrante.
Aykini: “Cuando vine, estaba en la ciudad, pero hay momentos en los que quiero venir aquí para usar este lugar como punto de partida hacia Europa. Cada vez [que vengo], se produce el desmantelamiento de los campamentos, y tenemos que cambiar de campamento. Estas son las diferentes dificultades que enfrentamos aquí. Cuando las autoridades tunecinas vienen, destruyen todas las casas, y pierdes todo lo que tienes en un abrir y cerrar de ojos. Y esas son las diferentes dificultades que enfrentamos ahora”.
En Guatemala, las autoridades arrestaron al líder indígena Luis Pacheco, a quien acusaron de terrorismo. Sus simpatizantes afirman que Pacheco fue arrestado en represalia por liderar en 2023 una serie de protestas que se llevaron a cabo en diferentes partes del país contra los intentos de alterar la transición pacífica de poder para la asunción del actual presidente Bernardo Arévalo. Pacheco se desempeña actualmente como viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas del Gobierno de Arévalo. Asimismo, Pacheco es expresidente de los 48 Cantones, la autoridad gobernante que representa a las comunidades indígenas del altiplano occidental de Totonicapán.
El presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva para acelerar la aprobación de permisos para la explotación minera en el fondo del océano, tanto en aguas estadounidenses como internacionales. Esto ocurre a pesar de las regulaciones relativamente estrictas sobre la explotación minera en aguas profundas que fueron establecidas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1994. Estados Unidos es el único país costero importante que no ha ratificado el tratado. Organizaciones ecologistas están pidiendo una moratoria a la minería en aguas profundas para proteger los ecosistemas vulnerables en uno de los pocos hábitats vírgenes que quedan en el planeta, que contiene depósitos de minerales como cobalto, zinc y oro.
El hombre que abrió fuego en 2022 durante un desfile del 4 de julio en la localidad estadounidense de Highland Park, estado de Illinois, fue condenado el jueves a siete cadenas perpetuas consecutivas, una por cada una de las personas que mató. Robert Crimo III se había declarado culpable en marzo.