Titulares08 de abril de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el lunes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca, donde Trump reiteró su propuesta de expulsar de forma permanente a los palestinos de la Franja de Gaza. Durante un encuentro con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en presencia de Netanyahu, el vicepresidente J.D. Vance y altos funcionarios de su gabinete, Trump describió a Gaza como “un terreno inmobiliario increíblemente importante” que quiere que esté bajo propiedad y control estadounidense.

Presidente Donald Trump: “Ya saben lo que opino sobre la Franja de Gaza. Creo que es un terreno inmobiliario increíblemente importante y creo que es algo en lo que deberíamos involucrarnos. Tener una fuerza de paz como la de Estados Unidos, que posea y controle la Franja de Gaza, sería algo bueno, porque lo único que he escuchado de allí durante años y años es sobre matanzas, Hamás y problemas. Si trasladamos a los palestinos a diferentes países, y hay muchos que los recibirán, realmente tendremos una zona de libertad”.

Esta fue la segunda visita de Netanyahu a la Casa Blanca desde la investidura presidencial de Trump, a pesar de que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza. Durante la reunión, Trump afirmó que Estados Unidos mantendrá conversaciones directas con Irán sobre su programa nuclear, que se llevarán a cabo en Omán a partir de este fin de semana. El mandatario estadounidense, quien ha amenazado repetidas veces con bombardear territorio iraní, advirtió que “Irán va a estar en gran peligro” si las conversaciones fracasan.

En Gaza, el periodista palestino Ahmed Mansour murió un día después de sufrir graves quemaduras a causa de un ataque israelí contra una tienda de campaña que albergaba a periodistas, situada en Jan Yunis. Mansour fue una de las tres personas que perdieron la vida en el ataque, en el que también murió un reportero del medio Palestine Today. La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza informa que los ataques israelíes contra la Franja han matado al menos a 211 trabajadores de prensa palestinos desde octubre de 2023.

Mientras tanto, durante las últimas 24 horas, las fuerzas armadas israelíes han matado al menos a 58 palestinos en Gaza, entre los que se encuentran varios menores. Naciones Unidas advierte que los ataques israelíes contra Gaza están matando o dejando heridos a “100 menores por día”. Estas fueron las palabras expresadas por Ghada Dabebech, una niña de seis años que perdió un brazo en un ataque israelí ocurrido la semana pasada.

Ghada Dabebech: “Estaba jugando en la escuela. Estaba jugando en el columpio. Me bombardearon. Me hirieron aquí en el brazo. Me amputaron el brazo”.

La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina ha exigido que se lleve a cabo una investigación independiente sobre la muerte de 15 médicos y trabajadores de emergencias palestinos a manos de las fuerzas armadas israelíes. Los cuerpos de las víctimas del ataque, ocurrido el 23 de marzo cerca de Rafah, fueron hallados en una fosa común, en la que también estaban enterrados sus vehículos. Una portavoz de la Media Luna Roja calificó el ataque como un “crimen de guerra en toda regla”.

Nebal Farsakh: “Necesitamos que haya justicia para las víctimas y asegurarnos de que todos los responsables rindan cuentas. De lo contrario, estos crímenes seguirán ocurriendo; los ataques sistemáticos contra trabajadores humanitarios y personal médico seguirán ocurriendo”.

Continúan las protestas contra la guerra que Israel está librando en Gaza, con el respaldo de Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York, manifestantes por los derechos del pueblo palestino se congregaron el lunes en la estación ferroviaria Grand Central. Frente a la sede de la ONU, durante un evento que se celebraba allí sobre salud materna y neonatal con motivo del Día Mundial de la Salud, grupos de manifestantes se congregaron para exigir la protección de las madres y las mujeres embarazadas en Gaza.

Por otra parte, el grupo Taxpayers Against Genocide (Contribuyentes contra el genocidio) presentó el lunes un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que expone la complicidad de Estados Unidos en las injusticias y las violaciones a los derechos humanos que se cometen de manera sistémica contra la población palestina.

Mientras tanto, en la Universidad de Princeton, en el estado de Nueva Jersey, decenas de estudiantes protestaron contra un evento que se estaba celebrando en ese centro educativo con la participación del ex primer ministro israelí Naftali Bennett. Estas fueron las palabras expresadas por Emanuelle Sippy, una estudiante de Princeton de 21 años, que es hija de un rabino y presidenta de la Alianza de Judíos Progresistas de Princeton.

Emanuelle Sippy: “Bennett ha permitido la violencia en los niveles más altos del Gobierno y de la vida pública e intenta justificar una violencia que no se puede justificar, una matanza que no se puede comprender. Su presencia en nuestro campus es una profanación del nombre de Dios. Los judíos de Princeton rechazamos su apoyo al apartheid, el genocidio y la ocupación [de Palestina] y le decimos: 'No en nuestro nombre'”.

Microsoft despidió a dos empleadas que interrumpieron la celebración del 50 aniversario de la compañía para protestar por los vínculos de la empresa con los ataques israelíes contra Gaza. Microsoft suministra servicios de inteligencia artificial y tecnología en la nube a las fuerzas armadas israelíes a través de la plataforma Microsoft Azure. La ingeniera de software Ibtihal Aboussad, organizadora de la coalición de empleados de Microsoft denominada “No Azure para el Apartheid” confrontó al director ejecutivo de inteligencia artificial de Microsoft, Mustafa Suleyman.

Mustafa Suleyman: “La pregunta que quería abordar hoy es muy sencilla: ¿Qué significa todo esto?”.

Ibtihal Aboussad: “Mustafa, ¡debería darle vergüenza! Usted dice que le preocupa que la inteligencia artificial se utilice para hacer el bien, pero Microsoft vende armas [impulsadas por] inteligencia artificial al Ejército israelí. Unas 50.000 personas han muerto [en Gaza] y Microsoft está impulsando este genocidio en nuestra región, Mustafa”.

Mustafa Suleyman: “Gracias por su protesta. La escucho”.

Ibtihal Aboussad: “Su familia siria está enterada de esto, Mustafa. Usted es un mercader de la guerra”.

Mustafa Suleyman: “Escucho su protesta. Muchas gracias”.

Ibtihal Aboussad: “¡Debería darle vergüenza! ¡Usted es un mercader de la guerra!”.

Mustafa Suleyman: “Escucho lo que dice. Muchas gracias”.

Ibtihal Aboussad: “¡Deje de usar la inteligencia artificial para el genocidio, Mustafa!”.

La semana pasada, el Comité Nacional del movimiento por los derechos del pueblo palestino Boicot, Desinversiones y Sanciones anunció que Microsoft es un “objetivo prioritario” y exhortó a los consumidores a suspender las suscripciones de juegos y productos de la compañía, como Xbox.

En otras noticias sobre tecnología, una investigación de la cadena Al Jazeera concluye que Facebook dio espacio a más de 100 anuncios pagados que promocionaban asentamientos ilegales en los territorios ocupados de Cisjordania. En los anuncios, aprobados por Meta, la empresa matriz de Facebook, se pedía la demolición de viviendas, escuelas y parques infantiles palestinos, y se hacían llamamientos para recaudar fondos para el Ejército israelí.

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el lunes al Gobierno de Trump expulsar a migrantes y solicitantes de asilo venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVIII que fue promulgada en una época de guerras. Sin embargo, el alto tribunal estadounidense dictaminó que las personas objeto de deportación deben tener derecho a una audiencia judicial. El mes pasado, el Gobierno de Trump envió a El Salvador tres aviones con 238 ciudadanos venezolanos a bordo, a pesar de una orden judicial que lo impedía. Los migrantes venezolanos fueron trasladados luego a una megacárcel de máxima seguridad de dicho país.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, también suspendió temporalmente el fallo de un tribunal inferior que ordenaba al Gobierno de Trump traer de vuelta a su casa en el estado de Maryland a un padre de familia salvadoreño que fue enviado erróneamente a la megaprisión de El Salvador, a pesar de tener un estatus migratorio legal que le protegía de una posible deportación.

Haga clic aquí para obtener más información sobre el caso de Kilmar Abrego García, el ciudadano salvadoreño a quien el Gobierno estadounidense afirma que no puede traer de regreso a Estados Unidos.

Mientras tanto, familiares y amigos de Andry Hernández Romero, un solicitante de asilo venezolano gay que también fue enviado a El Salvador, afirman que temen por la seguridad de este en la tristemente célebre megacárcel salvadoreña, denominada CECOT. Aparentemente, Romero fue expulsado de Estados Unidos debido a los tatuajes en sus antebrazos: una corona con la palabra “mamá” y otra con la palabra “papá”. Expertos señalan que los tatuajes no son un identificador de pertenencia al grupo criminal Tren de Aragua, como afirman falsamente las autoridades migratorias.

En otras noticias sobre inmigración, una madre y sus tres hijos fueron liberados de un centro de detención del estado de Texas, casi dos semanas después de que fueran detenidos por agentes del Servicio de Inmigración de Estados Unidos durante una redada que estos llevaron a cabo en una planta de producción lechera situada en la localidad de Sackets Harbor, en el estado de Nueva York. La redada se realizó cerca de la residencia del llamado “zar de la frontera” del Gobierno de Trump, donde grupos de activistas llevaron a cabo protestas para exigir la liberación de la familia. Testigos presenciales afirmaron que al menos siete personas, incluida la madre y los tres hijos, fueron sacadas con esposas de una vivienda ubicada en la granja lechera y trasladadas luego a una camioneta. Los tres menores asisten a una escuela pública y uno de ellos está cursando tercer grado.

La República Dominicana ha impuesto una nueva serie de restricciones fronterizas contra solicitantes de asilo provenientes de Haití en momentos en que miles de personas continúan abandonando ese país debido a la inestabilidad política y una crisis humanitaria cada vez más grave. El domingo, el presidente dominicano, Luis Abinader, anunció el despliegue de cientos de soldados adicionales y ordenó intensificar la vigilancia a lo largo de la frontera de la República Dominicana con Haití. Abinader también se comprometió a acelerar la construcción de un muro fronterizo. Las autoridades dominicanas han sido acusadas repetidas veces de cometer actos de violencia generalizados y violaciones contra los derechos humanos de los inmigrantes haitianos.Todo esto se produce al tiempo que organizaciones humanitarias continúan alertando acerca de la creciente espiral de violencia que se vive en Haití, donde más de 260 personas han muerto durante los recientes ataques cometidos por bandas armadas en dos comunidades de la ciudad de Puerto Príncipe, según un informe de la ONU publicado el lunes.
 El informe detalla preocupaciones sobre el accionar de las autoridades haitianas y de las fuerzas armadas kenianas desplegadas en Haití, que en una ocasión tardaron al menos cinco horas en responder a un ataque de grupos armados. La población haitiana ha salido varias veces a las calles para protestar por la incapacidad del Gobierno para abordar la crisis de seguridad. Actualmente, las bandas armadas tienen el control de alrededor del 85% de la capital del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con aumentar un 50% adicional los aranceles estadounidenses a importaciones de productos chinos, si el Gobierno de China no revoca los aranceles que impuso en represalia a productos estadounidenses. Trump afirmó que los nuevos aranceles entrarían en vigor el miércoles. Esta medida elevaría al 104% los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos chinos. En respuesta, el Ministerio de Comercio de China prometió luchar contra el plan arancelario de Trump “hasta el final”.

Haga clic aquí para ver cómo trabajadores automotrices de Estados Unidos y México están respondiendo a la guerra comercial impulsada por Trump.

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos revocó el despido de dos altas funcionarias laborales federales por parte del Gobierno de Trump y ordenó que sean restituidas en sus cargos. En enero, Trump despidió abruptamente a Gwynne Wilcox, miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Cathy Harris, que dirigía la Junta de Protección de Sistemas de Mérito de Estados Unidos, un organismo judicial que supervisa las protecciones para los trabajadores federales, fue destituida semanas después. La ley federal establece que los miembros de la Junta de Relaciones Laborales y la Junta de Protección de Sistemas de Mérito solo pueden ser despedidos en caso de negligencia o mala conducta en el cumplimiento de sus tareas. Se anticipa que los funcionarios del Gobierno de Trump harán caso omiso de este fallo y que el caso será llevado entonces a consideración de la Corte Suprema de Estados Unidos. En 2021, Wilcox se convirtió en la primera mujer negra en ocupar un puesto en la Junta de Relaciones Laborales tras ser nominada por el presidente Biden y confirmada por el Senado estadounidense.

Una abogada del Departamento de Justicia de Estados Unidos que fue destituida de su cargo acusó a su antiguo empleador de utilizar tácticas de intimidación después de que el departamento planeara enviar alguaciles federales armados a su casa para entregarle una carta en la que se le advertía que no testificara ante el Congreso sobre lo que ella ha llamado la “corrupción en curso” del Gobierno de Trump. Liz Oyer dijo el lunes a legisladores del Senado y la Cámara de Representantes de EE.UU. que los alguaciles cancelaron finalmente sus planes de visitar su casa después de que ella confirmara que también había recibido la carta de advertencia por correo electrónico. Oyer se desempeñó durante diez años como defensora pública federal antes de que el entonces presidente Biden la nombrara abogada de indultos hace tres años. La abogada testificó ante una audiencia conjunta convocada por los miembros demócratas del Comité Judicial del Senado y del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Liz Oyer: “En la carta se me advertía sobre los riesgos de testificar aquí hoy. Pero estoy aquí porque no voy a dejarme intimidar para que guarde silencio sobre los actos de corrupción y abuso de poder que están ocurriendo en el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia tiene la misión de mantenernos a salvo, defender el Estado de derecho y proteger nuestros derechos civiles. No es un banco de favores personales para el presidente”.