Titulares09 de abril de 2025

Las bolsas de valores de diferentes partes del mundo se están desplomando, después de que en la medianoche del martes entraran en vigor los aranceles sin precedentes que el presidente Trump impuso a las importaciones procedentes de la mayoría de los países del mundo. El plan arancelario del presidente de Estado Unidos incluye aranceles del 104% sobre productos chinos, lo que llevó a China a tomar represalias con gravámenes del 84% sobre las importaciones de productos estadounidenses. El índice de referencia Hang Seng de Hong Kong cayó más del 13%, lo que constituye su mayor caída en un día desde 1997, mientras que el índice Nikkei de Japón cayó casi un 8%. Los mercados de la India y el Medio Oriente también se desplomaron.

El martes por la noche, Trump celebró el caos que desató su guerra comercial durante la gala anual del Comité Nacional Republicano del Congreso, donde dijo ante una audiencia que los líderes extranjeros estaban haciendo fila para llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

Presidente Donald Trump: “Les digo que estos países nos están llamando, están besándome el trasero. Se mueren por llegar a un acuerdo. 'Por favor, señor, hagamos un trato. Haremos lo que sea. Haremos lo que sea necesario, señor'”.

En Wall Street, el banco de inversión Goldman Sachs ha incrementado a un 45% la probabilidad de que Estados Unidos entre en una recesión en los próximos doce meses. Una encuesta de la cadena CNBC ha revelado que el 66% de los ejecutivos de empresas estadounidenses creen que la guerra comercial de Trump provocará una recesión.

Una serie de ataques aéreos israelíes contra el este de la ciudad de Gaza se cobró la vida de al menos 29 personas y causó heridas a decenas, al tiempo que 80 permanecen desaparecidas. Según se cree, decenas de personas quedaron atrapadas entre los escombros después de que dichos ataques arrasaran diez edificios residenciales.

En Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, António Guterres, volvió a exigir el martes que Israel ponga fin a su asedio total de Gaza, que ya lleva seis semanas.

Secretario general António Guterres: “Hace más de un mes que no llega ni una gota de ayuda humanitaria a Gaza, no llegan alimentos, ni combustible, ni medicamentos ni suministros comerciales. Al agotarse la ayuda humanitaria, se han reabierto las compuertas del horror. Gaza es un campo de exterminio, y los civiles viven en un círculo vicioso de muerte”.

Una autopsia ha revelado que es probable que la causa de muerte de un joven palestino que falleció en marzo en una prisión israelí haya sido inanición. Walid Khaled Abdullah Ahmad, de 17 años, murió el 22 de marzo en la tristemente célebre prisión israelí de Megiddo, donde había estado detenido, sin ser juzgado, durante seis meses por presuntamente arrojar piedras a soldados israelíes. Un médico israelí que revisó la autopsia dijo que Ahmad había sufrido una grave pérdida de masa muscular y grasa, al tiempo que padecía sarna y presentaba signos de tortura.

En el estado de Nueva Jersey, la familia de un adolescente palestinoestadounidense de 14 años al que mataron las fuerzas armadas israelíes exige que el Gobierno de Estados Unidos investigue su muerte. Los familiares afirman que Omar Mohammad Rabea recibió once disparos durante una incursión militar israelí que se llevó a cabo el domingo cerca de la localidad de Turmus Aya, en los territorios ocupados de Cisjordania.

El Programa Mundial de Alimentos está pidiendo al Gobierno de Trump que revoque los recortes que fueron implementados a la ayuda alimentaria de emergencia de 14 países que enfrentan condiciones de hambruna. El importe de la ayuda recortada asciende a 1.300 millones de dólares. En un comunicado, el Programa Mundial de Alimentos dijo al respecto: “Si se implementa, esto podría equivaler a una sentencia de muerte para millones de personas que enfrentan condiciones de hambre extrema y de hambruna”. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había prometido preservar los fondos.

En noticias de inmigración, el Gobierno de Trump ha revocado las protecciones contra la deportación de más de 900.000 inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos con un permiso de permanencia temporal, conocido en inglés como “parole”, durante el mandato del expresidente Biden. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha ordenado a los inmigrantes que obtuvieron protecciones temporales en virtud de una aplicación para teléfonos inteligentes del Gobierno de Biden conocida como CBP One que abandonen el país en los próximos días o, de lo contrario, serán arrestados y deportados.

La directora en funciones del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, Melanie Krause, ha presentado su dimisión después de que la agencia aceptara compartir con agentes federales de inmigración los datos fiscales personales de inmigrantes indocumentados. Con la renuncia de Krause, ya son al menos tres los altos funcionarios que han dimitido de su cargo en el Servicio de Impuestos Internos desde que Trump asumió la presidencia del país.

En Nueva York, el alcalde Eric Adams ha ordenado que se vuelva a abrir la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dentro del complejo carcelario de Rikers Island. Adams dio a entender por primera vez que implementaría dicha medida después de reunirse en febrero con el llamado “zar de la frontera” de Trump, Tom Homan. La Unión para las Libertades Civiles de Nueva York criticó al Gobierno de Adams por “vender a los neoyorquinos al peligroso régimen de deportaciones de Trump”. En un comunicado, la organización dijo al respecto: “La presencia del Servicio de Inmigración en Rikers no tiene ningún propósito legítimo y abre la puerta a una complicidad ilegal entre las fuerzas del orden locales y los funcionarios federales de inmigración, lo que viola las protecciones de refugio de nuestra ciudad santuario, que han sido establecidas hace mucho tiempo. […] Los neoyorquinos ven esto como lo que es: el alcalde Adams elude el Concejo Municipal, se acerca a Trump y pone en peligro a los neoyorquinos que son inmigrantes”.

La jueza federal de inmigración Jamee Comans dictaminará el viernes si el Gobierno de Trump tiene motivos para deportar a Mahmoud Khalil, un activista propalestino que lideró las protestas de solidaridad con Gaza que se llevaron a cabo en el campus de la Universidad de Columbia, o si este debe ser liberado. En una audiencia que se llevó a cabo el martes en el estado de Luisiana, Comans les dio a los funcionarios de Trump poco más de 24 horas para presentar sus evidencias en el caso. Solo diez periodistas pudieron asistir a la audiencia del martes, mientras que otros afirmaron que se les negó la entrada y debieron verla de forma remota. La esposa de Khalil, la doctora Noor Abdalla, publicó el martes una carta en la que escribió: “Hace exactamente un mes, me separaron de ti. Este es el tiempo más largo que hemos estado separados desde que nos casamos. Te extraño cada día más y, a medida que se acerca el nacimiento de nuestro bebé, me atormenta la incertidumbre que se cierne sobre mí”.

Un juez federal del estado de Vermont ha denegado una solicitud para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos libere bajo fianza a la estudiante de doctorado de la Universidad Tufts Rumeysa Ozturk mientras su caso se resuelve en los tribunales. Esto se produjo después de que una jueza dictaminara que su caso podía trasladarse de la ciudad de Boston al estado de Vermont. Ozturk permanece encarcelada en un centro de detención privado del Servicio de Inmigración que se encuentra ubicado en el estado de Luisiana, después de que agentes federales de inmigración enmascarados y vestidos de civiles la abordaran en las calles de la ciudad de Somerville, en el estado de Massachusetts, y se la llevaran por la fuerza a fines de marzo.

Esto se produce al tiempo que el Departamento de Estado del Gobierno de Trump ha revocado las visas de casi 300 estudiantes extranjeros que actualmente residen en diferentes partes de Estados Unidos. Dichos estudiantes, entre los que se encuentran estudiantes de la Universidad de California, de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, de la Universidad de Harvard y de otros centros educativos, ahora se enfrentan a la deportación.

En Estados Unidos, ha salido a la luz un video del arresto de Badar Khan Suri, un profesor y estudiante de posdoctorado de la Universidad de Georgetown que, en marzo, fue emboscado por agentes enmascarados del Departamento de Seguridad Nacional frente a la casa de su familia en Rosslyn, estado de Virginia. Tras haber sido trasladado repetidas veces a al menos cinco instalaciones del Servicio de Inmigración diferentes, actualmente se encuentra encarcelado en una cárcel para inmigrantes del estado de Texas. El equipo legal que representa a Suri dijo que su cliente fue recluido durante dos semanas en una celda sin cama y con un televisor al que ponían a todo volumen 21 horas del día, al tiempo que se le negó comida y agua a fin de que no pudiera romper su ayuno de la celebración musulmana del Ramadán. Asimismo, el equipo legal que representa a Suri dijo que su hijo lloró desconsoladamente durante días tras el arresto de su padre, y que ahora ha dejado de hablar.

El Gobierno de Trump está congelando 790 millones de dólares en fondos federales para la Universidad Northwestern y más de 1.000 millones de dólares en subvenciones para la Universidad de Cornell. Este es el ataque más reciente del Gobierno estadounidense contra la educación superior, y se produce cuando decenas de universidades enfrentan investigaciones por acusaciones de antisemitismo y discriminación racial en medio de los esfuerzos de Trump para desmantelar las políticas de diversidad, equidad e inclusión.

China ha acusado al Gobierno de Trump de chantajear al Gobierno panameño con reiteradas amenazas de tomar el control del canal de Panamá a fin de disminuir la influencia china en la región. La Embajada de China en Panamá dijo en redes sociales que las relaciones entre ambos países constituyen una “decisión soberana de Panamá […] y algo en lo que Estados Unidos no tiene derecho a interferir”. Las declaraciones de la Embajada se produjeron después de que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, visitara el martes Panamá para participar en la ceremonia de inauguración de un nuevo muelle financiado por Estados Unidos en la base naval Vasco Núñez de Balboa.

Secretario de Defensa Pete Hegseth: “Juntos, recuperaremos el canal de Panamá de la influencia de China”.

Hegseth también se reunió con el presidente panameño, José Raúl Mulino. En respuesta, se llevaron a cabo protestas en las calles de la ciudad de Panamá. Los manifestantes calificaron a Mulino de traidor por reunirse con funcionarios de Trump.

Saúl Méndez: “Tanto Trump como Rubio y ahora Pete Hegseth han indicado que ellos van a tomar el canal, y obviamente esto no lo puede aceptar el pueblo panameño. Por eso estamos en la calle un puñado de patriotas hoy rechazando la presencia del 'secretario de guerra' en Panamá y repudiando a Mulino, el vendepatria, que a espaldas del pueblo está entregando nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. Por eso estamos aquí en la calle hoy”.

Las fuerzas armadas rusas lanzaron durante la madrugada del martes ataques con drones contra las ciudades ucranianas de Dnipró y Járkov, donde hirieron al menos a 17 personas. El alcalde de Járkov dijo que los ataques tenían como objetivo aterrorizar a la población civil de Ucrania para que esta se someta a las fuerzas armadas rusas.

Alcalde Ihor Terekhov: “Esta es la nueva táctica de nuestro enemigo para asustar a los civiles. Esto es infraestructura civil de la ciudad. Estas son empresas de producción. Estos son empresarios de Járkov. Por supuesto que tienen miedo. Además, cuando la gente se va a dormir por la noche, cuando los niños y niñas se van a dormir y se encuentran con ataques tan fuertes, el objetivo es asustar a la gente”.

Las autoridades ucranianas afirman que la próxima semana enviarán negociadores a Washington D.C. para mantener conversaciones sobre un acuerdo minero mediante el cual Estados Unidos continuaría armando a Ucrania a cambio de valiosos recursos minerales del país europeo.

La Corte Suprema de Estados Unidos permitirá que el Gobierno de Trump concrete el despido de 16.000 trabajadores federales en período de prueba. El fallo del martes no determinó si el Gobierno había despedido ilegalmente a los trabajadores, como argumentó en una demanda el sindicato que los representa, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales; en su lugar, los jueces dictaminaron, con siete votos a favor y dos en contra, que los demandantes carecían de capacidad legal para presentar su caso.

La Casa Blanca ha hecho caso omiso a una pelea entre el asesor comercial del presidente Trump Peter Navarro y el hombre más rico del mundo, Elon Musk. El martes, Musk usó su red social X para insultar a Navarro, a quien llamó “idiota”, “Peter Retarrdo” y “más tonto que un saco de ladrillos”, después de que el asesor comercial de Trump defendiera los aranceles implementados por el Gobierno a las importaciones de la mayor parte del mundo y dijera que la compañía Tesla no “fabricaba automóviles”, sino que “ensamblaba automóviles”. El periódico The Washington Post informa que Musk ha intentado en repetidas ocasiones presionar a Trump para que revoque los aranceles, lo cual no ha logrado concretar. El martes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desestimó la pelea entre Musk y Navarro.

Secretaria de Prensa Karoline Leavitt: “Los hombres seguirán siendo hombres, y dejaremos que sus enfrentamientos públicos continúen. Y ustedes deberían estar muy agradecidos de que tengamos el Gobierno más transparente de la historia”.

El juez federal de distrito Trevor McFadden ha ordenado a la Casa Blanca revocar la prohibición impuesta a los periodistas de Associated Press de ingresar al Despacho Oval y al avión presidencial Air Force One, una medida que fue implementada por el Gobierno estadounidense después de que la agencia se negara a adoptar el nuevo nombre de Trump para el golfo de México. McFadden, quien fue designado por Trump durante su primer mandato presidencial, emitió el martes una medida cautelar preliminar después de determinar que la Casa Blanca probablemente había violado las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución al prohibir a los periodistas de Associated Press participar en los actos del presidente estadounidense.