Titulares04 de octubre de 2005

Por segunda vez está semana, un Gran Jurado de Texas decidió que corresponde acusar a Tom Delay, el influyente legislador del Partido Republicano que hasta la semana pasada era el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes. El lunes, Delay fue acusado de lavado de dinero. Si es declarado culpable, podría ser sentenciado a cadena perpetua. Delay está acusado de canalizar hacia políticos de Texas 190.000 dólares donados por empresas. La semana pasada, otro Gran Jurado resolvió acusarlo de conspiración. Mientras tanto, el gobierno de Bush confirmó que el Departamento de Justicia pidió a la policía británica que interrogara a la ex Primera Ministra británica, Margaret Thatcher, sobre una reunión que mantuvo con Delay en 2000, organizada por Jack Abramoff, lobbista de Washington. Abramoff, a quien Delay llamó uno de sus “amigos más cercanos y queridos”, es blanco de otra amplia investigación del Departamento de Justicia por corrupción. Según el New York Times, el pedido de interrogar a Thatcher es la primera evidencia del Departamento de Justicia revelada públicamente de que Delay estaba bajo escrutinio en la investigación sobre Abramoff.

La postulación de Harriet Miers para integrar la Corte Suprema, por parte del Presidente Bush, ha despertado nuevos cuestionamientos debido a su falta de experiencia en materia judicial y a sus estrechos lazos con el presidente. Miers, de 60 años de edad, ha pertenecido al círculo íntimo de Bush por una década, primero como su abogada personal en Texas y luego como asesora de la Casa Blanca. Durante las horas siguientes al anuncio de Bush, algunas de las críticas más severas contra Miers fueron formuladas por conservadores. William Kristol, el editor de Weekly Standard, dijo que estaba “decepcionado, deprimido y desmoralizado” por la selección, que según él, muestra favoritismo. El Vicepresidente Dick Cheney utilizó programas de radio conservadores para apoyar a Miers. En el programa de radio de Sean Hannity, Cheney prometió que Miers encajaría en el molde de las juezas Antonin Scalia y Clarence Thomas. El Legal Times la describió como una “devota de la iglesia”. Miers fue criada en una familia católica, pero ahora pertenece a una iglesia descrita por sus ministros como “conservadora, basada en la Biblia y evangelista” Mientras tanto, el demócrata Harry Reid, líder de la minoría del Senado, apareció al lado de Miers y alabó sus aptitudes. La semana pasada, durante una conferencia telefónica con responsables de blogs, Reid presuntamente anunció que había pedido al Presidente Bush que considerara a Miers para el cargo. Miers nunca ejerció como jueza y no se conoce su posición sobre varios asuntos cruciales. Como presidenta del Colegio de Abogados de Texas, lideró una lucha sin éxito para lograr que la Asociación de Abogados de Estados Unidos reconsiderara su posición favorable al derecho al aborto. Es la primera vez desde 1971 que el Presidente postula a alguien sin experiencia como juez para ocupar un cargo en la Corte Suprema. Si es confirmada, Miers se convertirá en la tercera mujer integrante de ese organismo en la historia de Estados Unidos.

En los últimos cuatro días, Estados Unidos lanzó su segundo gran ataque en el oeste de Irak. Cerca de 2.500 infantes de marina, soldados y marineros, así como también cientos de soldados iraquíes, formaron parte de la llamada Operación River Gate. Los puentes que cruzan el Río Eufrates, entre Haglanaiyah y Haditha, fueron bombardeados para evitar que insurgentes los usen. La Associated Press informa que éste es el mayor ataque del año en la provincia de Anbar, un bastión sunita. El sábado, cerca de 1.000 soldados estadounidenses lanzaron otro ataque cerca de la frontera con Siria.

Mientras tanto, los líderes sunitas amenazan con boicotear el referéndum constitucional del 15 de este mes, luego de que las autoridades iraquíes cambiaron las normas de ratificación, de un modo que hará casi imposible rechazar el proyecto de Constitución. De acuerdo con las nuevas normas, el proyecto sólo será descartado si dos tercios de los habilitados para votar la rechazan en por lo menos tres de las 18 provincias. Originalmente, la Constitución podía ser derrotada si era rechazada en tres provincias por dos tercios de los votantes. Los líderes sunitas acusan a la dirigencia chiita de manipular el referéndum constitucional. Una diputado sunita, Adnan al-Janabi, dijo: “Esto es una burla a la democracia, una burla a la ley. Muchos sunitas me han dicho que no creían en este proceso democrático, y ahora creo que están en lo cierto”. La normativa fue cambiada el domingo, en una votación parlamentaria que no había sido anunciada.

En la ciudad de Gaza, más de tres docenas de oficiales de la policía palestina irrumpieron en el edificio del Parlamento para protestar por la falta de balas y equipamiento apropiado. La manifestación del lunes se produjo un día después de que integrantes de Hamas atacaron una estación de policía con rifles y granadas. Murieron tres personas, entre ellas un subjefe de policía, y otras 50 fueron heridas durante el combate más cruento en más de una década entre Hamas y la policía de Gaza.

Human Rights Watch exige a las autoridades de Louisiana que investiguen denuncias de que los prisioneros evacuados de la prisión de Jefferson Parish debido al huracán Katrina recibieron golpes y fueron maltratados luego de ser trasladados al establecimiento penitenciario Jena. Los prisioneros dijeron a Human Rights Watch que los funcionarios de la prisión les dieron golpes de puño, puntapiés y otros golpes mientras estaban esposados. También dijeron que los funcionarios rociaron las paredes con productos químicos y luego obligaron a los reclusos a apoyar sus rostros contra ellas. Cuando algunos de los reclusos se enfermaron y vomitaron, los funcionarios les refregaron el rostro y el cabello en el vómito. Corinne Carey, de Human Rights Watch, dijo: “Parece que los hombres que han sufrido los horrores del Katrina fueron luego sometidos a otros horrores por los funcionarios de la prisión”.

En Haití, al menos dos periodistas fueron golpeados por guardaespaldas del presidente interino Boniface Alexandre. Según Associated Press, los guardaespaldas eran empleados estadounidenses de la empresa privada de seguridad DynCorp. Esa compañía fue contratada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para proteger a Alexandre, que no fue elegido por voto popular. Alexandre asumió el gobierno tras el golpe de Estado que derrocó al presidente haitiano Jean Bertrand Aristide. Los periodistas fueron golpeados mientras intentaban cubrir una ceremonia para conmemorar la reapertura de los tribunales luego de las vacaciones de verano. La policía dijo que los periodistas llegaron tarde y luego intentaron ingresar al edificio por la fuerza.

El Departamento de Justicia confirmó el lunes que investigará el asesinato del líder independentista puertorriqueño Filiberto Ojeda Ríos, cometido por el FBI. Ese asesinato suscitó indignación generalizada en Puerto Rico. El 23 de septiembre, más de 100 agentes del FBI rodearon la casa de Ojeda Ríos, que tenía 72 años de edad. Luego de dispararle, el FBI lo dejó herido en su casa durante casi un día, mientras moría desangrado. El FBI afirmó que Ojeda Ríos disparó primero, pero su esposa dijo que eso no es verdad. Ojeda Ríos había estado en la lista de las personas más buscadas por el FBI, por su participación en el robo de siete millones de dólares a un banco, pero era una figura legendaria en Puerto Rico, debido a que resistió durante toda su vida contra el colonialismo de Estados Unidos. Decenas de miles de puertorriqueños asistieron a su funeral la semana pasada.

La Comisión de Inteligencia del Senado aprobó un nuevo proyecto de ley que permitiría a funcionarios de inteligencia del Pentágono recopilar información acerca de ciudadanos estadounidenses sin revelar su calidad de espías del gobierno. Según el Los Angeles Times, el proyecto de ley pondría fin al viejo requisito de que los funcionarios militares de inteligencia revelen sus vínculos con el gobierno al dirigirse a cualquier ciudadano estadounidense en Estados Unidos.

Al menos 460 inmigrantes indocumentados murieron en los últimos 12 meses al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, es decir que la cifra aumentó veinte por ciento con respecto al año anterior. La Patrulla de la Frontera dijo que la mayor parte de las muertes ocurrieron en la frontera entre Arizona y México.