Titulares10 de junio de 2005

Luego de semanas de rebelión encabezada por manifestantes indígenas, Bolivia tiene un nuevo presidente. A las 11:47 de la noche de ayer, el presidente de la Suprema Corte de Bolivia fue investido luego de una jornada marcada por protestas masivas y miedos generalizados al derramamiento de sangre y guerra civil. Aunque la situación del país sigue siendo tensa, muchos consideran que se evitó que sucediera lo peor. En el día de ayer, el senador de derecha y presidente del senado boliviano, Hormando Vaca Diez, realizaba maniobras de todo tipo para asumir el control del país. Por otra parte, líderes indígenas y grupos de oposición se comprometían a derrocar a Vaca Diez por la fuerza, en caso de que asumiera el poder. A principios de esta semana, el presidente Carlos Mesa renunció en medio de masivas movilizaciones contra su gobierno, posibilitando que Vaca Diez asumiera el poder como su sucesor constitucional. Tras la renuncia, Mesa se unió a los llamados de la oposición para que Vaca Diez y el vocero del Congreso se alejaran y permitieran que el presidente de la Suprema Corte asuma la presidencia y llame a nuevas elecciones. En el día de ayer, Vaca Diez debía reunir al Congreso en La Paz, lo cual fue imposible debido a las protestas masivas. Luego trasladó los legisladores a la capital histórica, Sucre, para lograr que se reunieran, pero una vez más las protestas impidieron que el Congreso sesionara hasta altas horas de la noche.
Antes de la reunión, Vaca Diez fue trasladado por fuerzas militares a una base segura, donde anunció que no buscaría la presidencia. Luego de un día lleno de tensiones, que incluyeron la muerte de un manifestante y rumores de un golpe de estado, Eduardo Rodríguez asumió como nuevo presidente. Luego de tomar el juramento para asumir el cargo, el graduado en derecho en Harvard se dirigió brevemente al país.
“La democracia y el sentido de unión y paz es el mejor destino para los bolivianos.”
Escuchábamos al nuevo presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez. Asumió ayer a las 23:47. Tendremos más noticias sobre este tema en un momento.

El congresista de Michigan, John Conyers, anunció que como demócrata evaluador de la Comisión Judicial del Senado, programó audiencias sobre el llamado Memorándum de Downing Street y señaló el “esfuerzo del gobierno por alterar los libros con información anterior a la guerra”.
La audiencia está programada para el 16 de junio y Conyers advirtió que piensa aportar nuevos documentos que confirman la veracidad del memorándum de Downing Street, que son de hecho actas clasificadas de una reunión realizada el julio de 2002 con Tony Blair y sus principales asesores. Las actas muestran que el gobierno ya se había comprometido a atacar Irak, que manipulaba información y que ya había iniciado bombardeos a ese país para preparar la invasión al territorio. Esto sucedió casi un año antes del comienzo de la invasión. Conyers expresó ayer que la audiencia del próximo jueves procurará responder lo que denominó “serias preguntas constitucionales surgidas a partir de estas revelaciones”. Entre las personas que prestarán declaración, se encuentran el ex embajador estadounidense en Irak, Joe Wilson, el ex analista de la CIA Ray McGovern, Cindy Sheehan, que perdió a su hijo en Irak y el abogado John Bonifaz, quien exige un proceso de impugnación contra el presidente Bush. Conyers afirma que finalizadas las audiencias, presentará a la Casa Blanca una solicitud firmada por medio millón de personas. La solicitud exige que el presidente Bush responda sobre su plan secreto de invadir Irak.

Un informe recientemente publicado del Departamento de Justicia revela que el FBI desaprovechó al menos 5 oportunidades antes de los atentados del 11 de septiembre, de develar lo que denomina información vital sobre los secuestradores. El informe, realizado por el Inspector General del departamento, señala que el FBI no analizó exhaustivamente los datos que tenía. El informe responsabiliza al FBI de desconocer la presencia en Estados Unidos de dos supuestos secuestradores y de no seguir la teoría que Osama bin Laden estaba enviando estudiantes a academias de aviación en Estados Unidos. Si bien el informe ya tiene un año, su publicación se demoró a raíz de una lucha entre abogados por el caso de Zacarías Moussaoui, acusado de conspiración en los atentados del 11 de septiembre.

El líder de la minoría del Senado, Harry Reid, indicó ayer que los demócratas no votarán al candidato del presidente Bush como embajador ante la ONU. Ponen como condición que la Casa Blanca entregue documentos de llamadas telefónicas interceptadas, que Bolton extrajo de la Agencia Nacional de Seguridad. Reid expresó a CNN que “si quieren a John Bolton como embajador ante las Naciones Unidas, nos tendrán que dar esa información. Si no lo hace, no habrá Bolton”. Los senadores Joe Biden y Christopher Dodd exigen al gobierno que entregue unas diez comunicaciones interceptadas de la Agencia Nacional de Seguridad, que Bolton solicitó en el 2001 como subsecretario del Departamento de Estado para el control de armas.

Mientras tanto, los legisladores republicanos amenazaron nuevamente con recortar los fondos de las Naciones Unidas. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley esta semana, que de ser aprobado, requerirá que Washington retenga fondos si la ONU no modifica algunas de sus políticas. El proyecto implicaría que la ONU financie buena parte de sus programas a través de contribuciones voluntarias, en lugar de las deudas obligatorias de sus 191 estados miembros. De esta manera, Washington podrá elegir los programas que desea financiar. Implicaría además que la ONU establezca juntas de supervisión para investigar la burocracia de la ONU y de sus órganos específicos y que adopte normas que excluyan a los gobiernos a los que Washington se opone a servir en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Por otra parte, retendría el apoyo a nuevos operativos de la ONU para mantener la paz y a la extensión de los ya existentes, hasta que se implementen reformas específicas. La no implementación de cualquiera de estas pautas, llevaría a la retención de la mitad de las obligaciones de Estados Unidos, que este año ascendieron a 438 millones de dólares. Se espera que el proyecto de ley se presente a toda la cámara la próxima semana.

Ahora pasamos a la lucha por la libertad de expresión. Una ex co-presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) es la principal candidata para asumir la dirección de la Corporación para la Difusión Pública (CPB, por sus siglas en inglés). Se trata de una institución financiada con impuestos de los contribuyentes estadounidenses y que financia los medios públicos en el país. Se informó que Patricia de Stacy Harrison es la candidata favorita del presidente de la CPB, Kenneth Tomlinson. Harrison es actualmente una funcionaria de alta jerarquía en el Departamento de Estado. Fue la co-presidenta del RNC desde 1997 hasta enero de 2001. Contribuyó en la recaudación de fondos para candidatos republicanos, incluyendo a George W. Bush. En su rol en el Departamento de Estado, Harrison elogió el trabajo de la Oficina de Servicios de Difusión, que a principios de 2002 comenzó a producir informes, algunos coordinados con la Casa Blanca, que promovían los argumentos de la administración a favor de las invasiones a Afganistán e Irak. Los informes fueron distribuidos en forma gratuita a estaciones de televisión nacionales e internacionales. En su declaración frente al Congreso el año pasado, Harrison dijo que el gobierno de Bush consideraba el segmento de estas “buenas noticias” como “herramientas estratégicas poderosas” para manipular la opinión pública.

Los abogados del depuesto presidente de Irak, Saddam Hussein, no presentaron formalmente ninguna acusación contra el ex líder y dicen que no se les dio acceso a ninguno de los alrededor de 8 millones de documentos vinculados al caso, a pesar de que funcionarios iraquíes anunciaron que su juicio podría comenzar en 60 días. Saddam Hussein pudo reunirse solo dos veces con sus abogados desde su captura en diciembre de 2003.

El índice de aprobación del presidente Bush disminuyó al mínimo desde que Associated Press comenzó su encuesta en diciembre de 2003. Solamente el 43 % de los adultos aprueba la gestión de Bush y tan solo el 41 % expresó que apoyaba su manejo de la guerra de Irak.