Titulares28 de septiembre de 2005

En Puerto Rico, decenas de miles de personas asistieron al velorio y funeral del líder independentista puertorriqueño, Filiberto Ojeda Ríos, que fue asesinado el viernes de un balazo por agentes del FBI. Se cree que fue uno de los funerales más grandes en la historia de Puerto Rico. El Diario informó que más de 1.000 vehículos participaron en la caravana desde San Juan hasta el pueblo de Naguabo, donde fue enterrado.

Amnistía Internacional pide una investigación independiente sobre el tiroteo. Esa organización afirmó que el asesinato debe ser considerado una ejecución extrajudicial si el FBI mató deliberadamente a Ojeda Ríos, o si deliberadamente lo dejó morir, cuando podría haberlo arrestado. Los agentes del FBI le dispararon en su casa en la noche del viernes, pero esperaron 20 horas antes de ingresar a la vivienda. El informe de la autopsia muestra que murió desangrado. Su esposa, Elma Rosado Barbosa, dijo el lunes que los agentes del FBI dispararon primero, pero el FBI lo niega. Ojeda Ríos había vivido durante 15 años en la clandestinidad y era buscado por su participación en el robo de siete millones de dólares a un banco.

El grupo militante que Ojeda Rios lideraba, llamado Los Macheteros, dio a conocer el martes una declaración en la que promete vengar su muerte. El asesinato ha enfurecido a puertorriqueños de las más diversas posiciones políticas, especialmente porque ocurrió el 23 de setiembre, aniversario de un levantamiento contra la dominación española en 1868. El diputado José Serrano, de Nueva York, dijo que le preocupa que esto sea el comienzo de una nueva represión del gobierno al movimiento por la independencia puertorriqueña. El lunes, el Director del FBI, Robert Mueller, respondió a las crecientes críticas anunciando una investigación independiente sobre el tiroteo.

En Washington, el ex director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), Michael Brown, defendió la respuesta de su agencia al huracán Katrina, y atribuyó gran parte de la culpa a lo que él describió como gobiernos estatal y local disfuncionales de Louisiana. Brown compareció el martes en una audiencia del Congreso boicoteada en gran medida por los demócratas, que exigen una investigación independiente. Brown dijo también que la respuesta de la FEMA fue perjudicada por la prioridad que el gobierno de Bush otorga a la llamada guerra contra el terror, en desmedro de las operaciones de emergencia interna. Brown afirmó que a FEMA le faltaron 500 personas, y la FEMA cuenta con unas 2.500.

Otra noticia acerca del huracán Katrina. El periódico Times-Picayune, de Nueva Orleáns, informa que la gran mayoría de los reportes sobre atrocidades cometidas por los evacuados resultaron ser falsos. El diario dijo que la mayor parte de las historias de terror que surgieron del Superdome nunca fueron confirmadas. La policía dice ahora que seis personas murieron dentro del Superdome, cuatro por causas naturales, uno por sobredosis de drogas y el otro por suicidio. No hay informes oficiales sobre violaciones y no hay testigos oculares de ataques sexuales. El periódico Los Angeles Times informa que criterios racistas pueden haber sido “un factor influyente” en los rumores salvajes que se esparcieron en gran parte de los medios.

En Irak, al menos seis personas murieron en un ataque a un centro de reclutamiento militar en el norte del país, y se sospecha que la responsable fue una bombardera suicida. La BBC indica que si esto se confirma, sería el primer caso de una mujer utilizada como bombardera en Irak .

Lynndie England fue sentenciada a tres años de prisión por su participación en abusos contra prisioneros iraquíes en Abu Ghraib. Su sentencia fue mucho menor que la pena máxima de 10 años que podía recibir. La reservista del ejército, de 22 años, fue fotografiada sosteniendo una correa atada al cuello de un prisionero iraquí desnudo y señalando los genitales de otro recluso. Mientras tanto, un capitán del ejército acusó al Pentágono de preocuparse más por rastrear a los soldados que informan sobre el abuso a los detenidos que por investigar las acusaciones. El capitán del ejército, Ian Fishback, ayudó recientemente a proporcionar información a Human Rights Watch acerca de nuevos casos de abuso y tortura en las cárceles estadounidenses en Irak. Fishback dijo que el ejército lo está amenazando con levantar cargos en su contra si desobedece la orden de revelar los nombres de dos sargentos del ejército que también hablaron con Humans Right Watch. Fishback dijo al New York Times: “Revelamos esta información por el gran tema de que el abuso contra prisioneros es sistemático en el ejército. Me preocupa que esto tenga un nuevo giro, y que ellos traten de usar como chivos expiatorios a algunos de los soldados más jóvenes. Esto es un problema de liderazgo”

El ejército investiga quejas de que soldados publicaron fotografías de cadáveres iraquíes en un sitio en Internet, a cambio de acceso libre a imágenes pornográficas en ese sitio. Muchas de las fotos mostraban cadáveres descuartizados y partes de cuerpos. Algunas fueron proporcionadas por soldados desplegados en Afganistán.

Un juez estadounidense de inmigraciones dictaminó que el exiliado cubano Luis Posada Carriles no será deportado a Cuba ni a Venezuela, donde es requerido por su participación en un atentado con explosivos contra un avión cubano en 1976, que mató a 73 personas. El ex agente de la CIA intentó desestabilizar y derrocar al gobierno cubano durante cuatro décadas, mediante intentos de asesinato y colocación de bombas. Permanece detenido en Estados Unidos desde mayo, luego de haber ingresado ilegalmente al país. Venezuela había solicitado la extradición de Posada para ser llevado a juicio. El martes, el juez de inmigraciones dispuso que Posada no sea deportado a ninguno de los dos países donde era requerido, debido a la posibilidad de que sea torturado. La ley de la Convención Contra la Tortura prohíbe que Estados Unidos deporte personas a países donde podrían ser torturadas. Venezuela condenó la decisión. El fallo del juez no descartó el traslado de Posada a otro país.

Israel comenzó a lanzar proyectiles de artillería contra el norte de la franja de Gaza, intensificando una ofensiva que lleva cinco días. Haaretz informa que se trata de la primera vez que Israel ha disparado cañones contra objetivos en Gaza desde la Guerra de los Seis Días, en 1967. Gran parte de la ciudad de Gaza carece de energía eléctrica tras una serie de ataques aéreos israelíes. Haaretz reporta que un misil impactó en un edificio utilizado por el gobernante partido Fatah para dar clases a niños en edad escolar, y brindar ayuda económica y alimentaria a las familias. Israel justificó los ataques diciendo que son necesarios para impedir que los palestinos lancen misiles a Israel. Mientras tanto, en Cisjordania, Israel ha cerrado 15 oficinas de organizaciones de bienestar social, alegando que canalizan fondos para familias de personas que murieron en ataques suicidas con coches-bomba o fueron encarceladas en prisiones israelíes. Más de 400 palestinos fueron arrestados en los últimos días.

En materia laboral, líderes de los sindicatos que se han separado de la AFL-CIO (siglas en inglés de Federación Estadounidense de Trabajadores-Congreso de Organizaciones Industriales) se reunieron para formar oficialmente una nueva federación de trabajadores, denominada federación Change to Win (Cambio para Ganar). Anna Burger, del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) fue elegida presidenta de la nueva federación, y Edgar Romney, de UNITE HERE, fue elegido tesorero. Se trata de la primera vez que una mujer y un afrodescendiente, respectivamente, alcanzan cargos tan altos de liderazgo en el movimiento de trabajadores de Estados Unidos. El grupo anunció que una de sus principales metas será organizar a trabajadores de Wal-Mart.

La Corte Suprema accedió a considerar un caso que podría determinar el futuro de las leyes de financiamiento de campañas políticas del país. Hace 30 años, la Corte estableció que el gobierno puede limitar la cantidad de dinero de las donaciones a candidatos, pero no la cantidad de dinero que gastan los candidatos. El caso se centra en una ley estatal de Vermont, que establece un límite al gasto en las campañas, de 300.000 dólares por cada candidato a gobernador, y límites de menor monto para los candidatos a otros cargos estatales. Quienes apoyan esa disposición dicen que si la Corte Suprema rechaza esas limitaciones, podría impulsar el creciente gasto de grandes cantidades de dinero en la política. Los críticos de la ley dicen que limitar el gasto en las campañas afectará en forma impropia la libertad de expresión.

En Texas, los abogados del líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom DeLay, expresaron su preocupación por la posibilidad de que DeLay sea acusado de conspiración, por su participación en el uso de dinero corporativo para apoyar a candidatos estatales, violando de ese modo la ley estatal. Dos personas asociadas con Delay ya fueron acusadas. Las normas de los republicanos de la Cámara de Representantes exigen que todo ocupante de cargos electivos de dirección partidaria los abandone temporalmente si es acusado, y correspondería a los demás miembros de la Cámara seleccionar un reemplazante interino.