Titulares11 de enero de 2006

En Capitol Hill, las audiencias del Senado para la confirmación del candidato a la Corte Suprema Samuel Alito entraron hoy en su tercer día. El martes, gran parte de las preguntas de los Senadores se centraron en dos temas: el aborto y las potestades presidenciales en tiempos de guerra. Con respecto al aborto, Alito admitió que en 1985 escribió que la Constitución no consagra el derecho al aborto, pero prometió que si fuera confirmado en la Corte Suprema “abordaría el tema con una actitud abierta”. Alito dijo que el presidente no estaba por encima de la ley, pero evitó contestar preguntas sobre si el presidente podía evadir las leyes que prohíben la tortura o si el presidente podía ordenarle a la Agencia de Seguridad Nacional que lleve a cabo operaciones de espionaje dentro del país sin orden judicial.

En otras noticias, USA Today informa que menos de tres semanas antes de que se produjera la explosión de la pasada semana en la mina Sago de Virginia Occidental, la compañía propietaria de la misma, International Coal Group, había recibido una intimación por: tener sus instalaciones en condiciones de “riesgo de combustión” que suponían “un alto grado de negligencia respecto a la salud y seguridad de los mineros”. El año pasado la Administración de Seguridad y Salud Minera de Estados Unidos (MSHA, por sus siglas en inglés) había intimado más de 16 veces a la compañía minera por condiciones inseguras. En la mayoría de los casos, el polvo de carbón y otros materiales inflamables habían comenzado a endurecerse y cubrir el piso y las paredes de la mina. Los documentos también indican que MSHA multó a la compañía con sólo 1.221 dólares por las violaciones.

En Haití, los dirigentes empresariales cumplieron la huelga que tenían prevista como forma de presionar a la Organización de las Naciones Unidas para que lleve a cabo una ofensiva contra los barrios pobres. Según la policía, se han producido cerca de 2.000 secuestros en Haití en los últimos diez meses. El sector empresarial culpa de los secuestros a los seguidores de Lavalas, partido del depuesto Presidente Jean Bertrand Aristride. Jeanne Martineau, un vendedor ambulante, dijo a Reuters: “Creo que hicieron la huelga sólo porque son blanco de secuestros y no porque se preocupen por las masas pobres”. Reuters informa que hubo varios ataques contra residentes que intentaban ir a trabajar, en un aparente intento de persuadirlos a que adhirieran a la huelga.

Estos reclamos de ofensiva surgen justo cuando, según una investigación interna a la que tuvo acceso el periódico London Independent, la ONU admite por primera vez haber matado a varias personas inocentes en una redada realizada en julio en la localidad pobre de Cite Soleil. En aquel entonces, Democracy Now transmitió imágenes gráficas de la redada. Soldados de la fuerza de paz mataron a por lo menos 20 personas, entre los que se encontraban dos niños pequeños. A pesar de su admisión, la ONU sostuvo que la mayoría de los muertos fueron en realidad asesinados por otros pandilleros, y dijo que las filmaciones eran un “ejemplo manifiesto” de desinformación. Pero Kevin Pina, un periodista estadounidense que reside en Haití, dijo: “Yo le entregue personalmente una copia de ese video a[l enviado especial de la ONU, Juan] Valdés en el aeropuerto internacional de Nueva York. El lo tildó de propaganda y mentiras sin siquiera mirarlo. Están predispuestos a decir esto. No quieren mirar la evidencia”.

En Panamá, el Ministro de Desarrollo Agropecuario, Laurentino Cortizo, renunció el martes, alegando que Estados Unidos estaba presionando para que se bajaran las normas de inspección agrícolas, lo cual expondría a su país a “consecuencias catastróficas por plagas y enfermedades”. En su carta de renuncia, Cortizo escribió: “Panamá no debe, bajo ninguna circunstancia, establecer el precedente de no imponer las leyes de inspección sanitaria que tenemos vigentes, simplemente porque otro país quiere vender sus productos”. Su renuncia fue presentada en momentos en que funcionarios estadounidenses y panameños están negociando un acuerdo comercial en Washington.

Esta noticia es sobre Irán. El gobierno iraní quitó los precintos de la ONU de sus equipos de enriquecimiento de uranio y reanudó las investigaciones nucleares, provocando así una gran protesta de Estados Unidos y Europa. Los líderes occidentales amenazan con llevar a Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU para forzarlo a cumplir con la resolución de suspender las investigaciones nucleares durante dos años. Irán insiste que quitó los precintos para reanudar las actividades de investigación, y que no planea enriquecer uranio.

En Ucrania, el parlamento nacional resolvió el martes disolver el gobierno debido a un acuerdo de energía que el país firmó con Rusia la semana pasada. En virtud del acuerdo, Ucrania le compraría gas natural a Rusia y Turkmenistán a precios que, según los opositores, son muy elevados.

En Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones confirmó un veredicto de 54 millones de dólares contra dos generales salvadoreños retirados que fueron acusados de cometer torturas en su país de origen hace dos décadas. En febrero del año pasado, el Tribunal de Apelaciones del 11° Distrito de Atlanta, revirtió un fallo anterior contra los Generales Carlos Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García. En 2002, ambos militares fueron hallados culpables en virtud de la Ley de Protección a las Victimas de Tortura de 1991 en una demanda entablada por un trabajador de la iglesia, médico y profesor que debió huir a Estados Unidos tras ser torturado brutalmente por soldados salvadoreños.

Esta noticia es sobre el programa de espionaje nacional del gobierno de Bush. El sitio web RawStory.com obtuvo documentos del gobierno que indican que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) espió al grupo Pledge of Resistance de Baltimore, un grupo pacifista vinculado a los cuáqueros. Los documentos indican que el grupo fue intensamente vigilado, con registros detallados de sus viajes, rutas de traslado y hasta los globos de helio que utilizaron en una manifestación. Incluso un día se registraron los movimientos del grupo cada 15 minutos. Y en una manifestación durante la “Semana a favor de Mantener el Espacio para la Paz” (Keep Space for Peace), la NSA tenía previsto realizar una vigilancia aérea y tener cerca un Equipo de Respuesta Rápida a Armas de Destrucción Masiva.

Por otra parte, ABC News informa que la Agencia Nacional de Seguridad ha rechazado el pedido del denunciante Russell Tice de testificar ante el Congreso. A Tice, un ex agente secreto de la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Inteligencia de Defensa que denunció el programa de espionaje interno, se le informó que no podrá testificar debido a que los miembros del personal de Capitol Hill no tienen suficiente autorización de seguridad para escuchar la información secreta que revelaría. Tice hizo públicas sus revelaciones por primera vez en declaraciones oficiales publicadas la semana pasada por Democracy Now.

Y los demócratas de la Cámara de Representantes han fijado fecha para una audiencia informal sobre el programa de espionaje de la NSA. El congresista de Michigan John Conyers anunció este martes que la audiencia se realizará el 20 de enero. Conyers, el representante demócrata de más alto rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, afirmó que los representantes republicanos han ignorado las convocatorias a una audiencia formal.

En su anuncio, Conyers también hizo pública una carta de Laurence Tribe, un destacado profesor de Harvard, especializado en cuestiones jurídicas. Refiriéndose al argumento del gobierno de Bush de que su programa era legal, Tribe dice: “Creo que el término jurídico técnico para eso sería paparruchas.”

En otras noticias, una defensora de contribuyentes nacionales reveló que el Servicio Impositivo Interno (IRS, por sus siglas en inglés) congeló los reembolsos de impuestos de 120.000 trabajadores, en su gran mayoría de bajos ingresos, sin notificarlos ni darles oportunidad de responder. La defensora de contribuyentes Nina Olson, que trabaja en la órbita del IRS, llegó a esa cifra luego de analizar un muestreo de contribuyentes que se habían quejado de no recibir sus reembolsos. El estudio de Olson determinó que al 66 por ciento de los reclamantes se le adeudaba el monto total de sus reembolsos o incluso más de lo que ellos creían que les correspondía. En promedio, el ingreso medio de aquellos que no habían cometido fraude era de poco más de 13.330 dólares. El reintegro promedio que se les negó inicialmente fue de casi 3.700 dólares — lo cual constituye una parte significativa de sus ingresos. En su informe, Olson declara que: “Como mínimo, este procedimiento constituye una flagrante violación de los derechos de los contribuyentes y de un trato justo hacia los mismos. En nuestra opinión, también estaría constituyendo una violación del debido proceso legal”.

Esta noticia es sobre Irak — En un artículo publicado en la revista del ejército Military Review, un alto oficial británico hace una crítica mordaz de la actuación militar estadounidense en Irak, según el Washington Post. El Brigadier británico Nigel Aylwin-Foster, que ocupó el puesto de subcomandante en un programa de entrenamiento de militares iraquíes, dijo que los oficiales estadounidenses en Irak se mostraron “culturalmente insensibles”, a tal punto que “se podría decir con propiedad que [su accionar] alcanzó el grado de racismo institucional” y “agravó la tarea que ahora enfrenta [el ejército] al alienar a sectores significativos de la población”.

Y en Washington este martes, la Comisión sobre Crímenes de Bush, un grupo de acción pública, presentó ante la Casa Blanca un conjunto de 5 acusaciones. Las acusaciones sostienen que el gobierno de Bush ha cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Las acusaciones fueron elaboradas en la primera Comisión Internacional de Investigaciones sobre Crímenes de Lesa Humanidad Cometidos por el Gobierno de Bush, reunida en la Ciudad de Nueva York en octubre. La segunda comisión de investigación se reunirá en la Universidad de Columbia a partir del 20 de enero.