Una jueza federal en Detroit decretó que el programa de vigilancia sin garantías del gobierno de Bush es inconstitucional y debe ser detenido. Este jueves, la Jueza de distrito de Estados Unidos Anna Diggs Taylor encontró que el programa violaba la libertad de expresión, las protecciones contra vigilancia irracional y el control constitucional del poder presidencial. En su fallo de 43 páginas, Taylor escribe: “No hay reyes hereditarios en Estados Unidos ni facultades que no hayan sido creadas por la Constitución”. El juicio de escuchas telefónicas fue presentado en Michigan por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en nombre de varios periodistas, abogados, académicos y trabajadores por los derechos, quienes creen que sus comunicaciones han sido monitoreadas. El Departamento de Justicia presentó una apelación y se fijó una audiencia para el 7 de septiembre. El fallo está en espera mientras transcurre el proceso de apelación.
La ONU ha presentado una petición de 60 millones de dólares para ayudar a limpiar el derrame masivo de petróleo a lo largo de la costa mediterránea al este del Líbano. Más de 15.000 toneladas de petróleo se han derramado en el mar, luego de que Israel bombardeara una central eléctrica en el sur de Beirut el mes pasado. Este jueves, el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Achim Steiner, advirtió que el problema ambiental está creciendo día a día.
En otras noticias del Líbano, la ONU prometió más de 3.500 soldados para una nueva fuerza de paz. Dos mil de los soldados vendrán desde Bangladesh. El jueves, el gobierno francés frustró las esperanzas de un despliegue inmediato, al anunciar que sólo va a comprometer 200 soldados, mucho menos de lo que se esperaba. Mientras tanto, el comandante de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) Alan Pellegrini, prometió una presencia más fuerte.
Una nueva encuesta muestra que aparentemente la mayoría de los estadounidenses han tomado una posición distinta a la de la Casa Blanca y a la de los dos partidos políticos más importantes sobre la guerra de Israel en el Líbano. Según Zogby International, el 52% de los estadounidenses creen que Estados Unidos debería permanecer neutral en el conflicto de Israel con Hezbolá. El mes pasado, legisladores republicanos y demócratas apoyaron de manera abrumadora resoluciones apoyando el ataque de Israel.
En Irak, el periódico New York Times informa que una investigación militar sobre la muerte de 24 civiles en la localidad de Hadita descubrió que varios oficiales de la marina estadounidense destruyeron u ocultaron evidencia. Los investigadores dicen que los infantes de marina alteraron los libros de registro de sus unidades y se aferraron a un video incriminador tomado por un avión no tripulado el día de los asesinatos.
En Afganistán, diez oficiales de policía murieron el jueves, en lo que oficiales militares denominan un bombardeo accidental de las tropas dirigidas por Estados Unidos. Otros cuatro oficiales resultaron heridos.
En otras noticias, un ex contratista de la CIA fue condenado por haber golpeado de gravedad a un prisionero afgano. Según testigos, el contratista, David Passaro, golpeó al joven agricultor afgano Abu Wali con sus puños y una linterna. Como consecuencia de la golpiza, Wali resultó muerto al día siguiente. El equipo de defensa de Passaro intentó citar a altos funcionarios estadounidenses, en un esfuerzo por demostrar que los golpes estaban implícitamente autorizados al más alto nivel. Passaro es el primer civil que es condenado por maltratar a un prisionero en custodia de Estados Unidos, por lo que afronta hasta once años en prisión.
En Cuba, el Presidente interino Raúl Castro realizó sus primeros comentarios públicos desde que remplazó provisoriamente a su hermano Fidel. En una entrevista con el diario oficial Granma, Raúl Castro dijo que su hermano se está recuperando y que miles de soldados fueron movilizados para prepararse para una posible interferencia del gobierno de Estados Unidos.
En Estados Unidos, ocho importantes empresas tabacaleras lograron escapar del pago de millones de dólares en sanciones, a pesar de un fallo que indica que violaron varias leyes de actividades ilícitas. El jueves, una jueza federal determinó que las empresas conspiraron durante décadas para engañar a los consumidores sobre los peligros de fumar. Pero la jueza de distrito de Estados Unidos Gladys Kessler dijo que no podía aplicar sanciones, en virtud de los términos de un fallo de un tribunal de apelaciones que revirtió sanciones por millones de dólares en daños y perjuicios el año pasado. La jueza Kessler dispuso que las empresas deben dejar de utilizar términos como “bajo alquitrán”, “light” y “suave” al promocionar sus productos. El Departamento de Justicia pretendía obtener 280 mil millones de dólares por concepto de daños y perjuicios.
En materia de inmigración, la ACLU presentó la primera impugnación judicial de las nuevas leyes dirigidas a inmigrantes indocumentados. En Nueva Jersey, la ACLU impugna una ley en la localidad de Riverside, que establece sanciones severas a la contratación de trabajadores indocumentados. La localidad de Hazleton en Pennsylvania impuso una ley similar, que también establece el inglés como lengua oficial. En la demanda, la ACLU establece: “Si se permite que se mantenga la normativa, cualquier persona que parezca o suene 'extranjera'(…) no podrá participar significativamente en la vida de Hazleton, volviendo a los días en que las leyes discriminatorias prohibían que ciertas clases de personas fueran propietarias de tierra, administraran empresas o vivieran en determinados lugares”.
Un ex líder haitiano de un escuadrón de la muerte que vivía en Estados Unidos fue hallado culpable en un juicio civil presentado por varias de sus víctimas. El miércoles, un juez falló en contra de Emmanuel “Toto” Constant porque no respondió al caso dentro del plazo estipulado. El juicio fue presentado en diciembre de 2004 por un grupo de mujeres que sufrieron violaciones colectivas y otros abusos por parte de las fuerzas de Constant. Emmanuel “Toto” Constant lideró el grupo paramilitar Frente para el Avance y el Progreso de Haití (FRAPH), que mató a miles de partidarios del ex Presidente haitiano Jean Bertrand Aristide. Se le permitió vivir libremente en Estados Unidos luego de que amenazara con revelar el alcance de sus vínculos con la CIA. El gobierno estadounidense no hizo caso a varios pedidos para su extradición. Constant fue arrestado en un caso diferente el mes pasado, que no implicaba la violación de derechos humanos sino el haber cometido fraude hipotecario.
En Nueva Orleáns, activistas del distrito devastado Lower 9th Ward exigen respuestas acerca de por qué hay partes de su barrio que carecen de agua potable. Los llamados tienen lugar casi un año después de que el huracán Katrina azotó Nueva Orleáns. Líderes comunitarios se reunieron con funcionarios de la ciudad, pero dijeron que aún no recibieron una explicación adecuada.
En Florida, el gobierno cerró cinco clínicas abortivas administradas por un médico con el que ha existido enemistad desde hace varios años. Funcionarios estatales dicen que el Dr. James Pendergraft no siguió los procedimientos adecuados al practicar abortos tardíos. Sin embargo, el Dr. Pendergraft niega las acusaciones, y afirma que es objeto de los intentos de limitar el acceso al aborto de las mujeres de Florida. El Dr. Pendergraft tiene una historia de disputas con las autoridades de Florida. En 2001, fue condenado por intento de extorsión luego de que prometió demandar al gobierno por amenazas contra una de sus clínicas. La condena fue posteriormente anulada.
Activistas de Nueva York se movilizan previo a audiencia sobre leyes de manifestación
Por último, en Nueva York continúan las protestas contra una nueva serie de reglamentaciones que penalizaría una gran cantidad de manifestaciones y acontecimientos. El jueves, miembros del consejo de la ciudad se unieron a los organizadores, presentadores y abogados en la Iglesia de San Marcos para un Foro Público Popular.
El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) quiere que se exijan permisos policiales para cualquier congregación de más de 35 personas en las calles de la ciudad. Asimismo, el NYPD quiere que se vuelva ilegal que los ciclistas circulen en grupos de más de veinte personas sin un permiso policial. Los activistas dicen que las normas fueron diseñadas para evitar paseos en bicicleta de “masa crítica”, que atraen a cientos de personas todos los meses. Se programó una audiencia pública para el 23 de agosto.