Funcionarios estadounidenses e iraníes se reunieron en Bagdad el martes, para la segunda ronda de conversaciones sobre la situación que se vive en Irak. El periódico The London Telegraph informa que ambas partes acordaron formar un comité de seguridad que posicionará al gobierno iraquí como el encargado de derrotar a los insurgentes sunitas. Sin embargo, en sus primeros comentarios públicos tras las negociaciones, el embajador estadounidense Ryan Crocker acusó a Irán de apoyar a los insurgentes chiítas que atacan a los soldados estadounidenses.
En otra noticia de Irak, miles de personas marcharon en Bagdad el martes para protestar contra el ataque estadounidense en Husseiniya. Esta localidad chiíta ha estado completamente sitiada por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde el sábado. Los residentes dicen que helicópteros estadounidenses destruyeron tres hogares, causando la muerte de dieciocho personas, entre ellas mujeres y niños.
Mientras tanto, al menos cuatro civiles murieron y otros diez resultaron heridos hoy temprano, en un ataque estadounidense contra el barrio de Sadr City, en Bagdad. Los habitantes dicen que helicópteros estadounidenses dispararon contra esta área densamente poblada, destruyendo hogares y autos que estaban estacionados. Los residentes en duelo colocaron los ataúdes de las víctimas sobre los autobuses para transportar los cuerpos hasta el lugar del entierro.
Mientras los bombardeos estadounidenses continúan, el Presidente Bush pidió más apoyo público en Estados Unidos para la guerra de Irak. El Presidente habló en la Base de la Fuerza Aérea en Charleston, en Carolina del Sur, donde reiteró lo que ahora prácticamente se ha convertido en su discurso diario: la vinculación entre la guerra de Irak y los atentados del 11 de septiembre.
Los comentarios de Bush tuvieron lugar mientras las encuestas siguen indicando que podría terminar siendo el Presidente menos querido en la historia electoral moderna. El Washington Post informa que el índice de desaprobación pública de la gestión de Bush llegó al 65%. Sólo el Presidente Richard Nixon tuvo una reputación peor, con un índice de desaprobación del 66%. Ese récord no duró mucho tiempo, ya que Nixon renunció cuatro días después.
El Fiscal General Alberto Gonzáles compareció el martes ante el Comité Judicial del Senado para seguir respondiendo preguntas sobre su participación en la destitución de fiscales estadounidenses, y en el programa de espionaje a nivel nacional del gobierno de Bush. Gonzáles debió responder preguntas comprometedoras sobre una visita que hizo en 2004 al entonces Fiscal General John Ashcroft, mientras éste se encontraba hospitalizado. Gonzáles fue acusado de intentar presionar a Ashcroft para que aprobara un programa de vigilancia clasificado mientras se recuperaba de una gran intervención quirúrgica en el hospital. El Fiscal General negó haber intentado obtener la aprobación de Ashcroft, y afirmó que los líderes del Congreso ya habían acordado que el programa continuara en una reunión de la Casa Blanca. Tres legisladores que estuvieron presentes en la reunión inmediatamente desmintieron la declaración de Gonzáles. La Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que se había hablado sobre el programa pero que no se había llegado a un consenso. Las declaraciones de Gonzáles fueron criticadas reiteradas veces por los miembros del Comité Judicial. El senador republicano Arlen Specter dijo: “Sus declaraciones no me parecen creíbles”. El Presidente del Comité, el senador Patrick Leahy, fue aún más directo cuando le dijo a Gonzáles “no confío en usted”.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) anunció que revisará sus políticas con relación a las casas rodantes que le proporciona a los evacuados del Huracán Katrina. Esta medida fue tomada tras la noticia de la semana pasada de que altos funcionarios de la FEMA suprimían de forma rutinaria las advertencias internas sobre los peligrosos niveles de gas formaldehído que había en las casas rodantes habitadas por los evacuados. No obstante, los correos electrónicos indican que a los funcionarios de la FEMA sólo les preocupaba evitar cualquier tipo de responsabilidad legal con respecto a los problemas de salud que pudieran sufrir los evacuados. 120.000 familias vivían en las casas rodantes. Los funcionarios de FEMA inicialmente afirmaron que no reverían su política, pero revirtieron su postura tras fuertes protestas públicas.
En materia sanitaria, nuevas cifras indican que el número de beneficiarios de Medicaid ha disminuido desde el año pasado, cuando el Presidente Bush aprobó requisitos estrictos de documentación para excluir a los trabajadores indocumentados. En virtud de las nuevas normas, se le exige a los beneficiarios de Medicaid que presenten pruebas de que son ciudadanos estadounidenses para poder recibir asistencia médica financiada por el gobierno. Los críticos advirtieron que además de castigar a los trabajadores indocumentados, estos requisitos perjudicarían a los estadounidenses de bajos ingresos a los que no les fuera posible obtener la documentación necesaria. Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, la mitad de los estados encuestados proporcionaron información que señala que el número de beneficiarios de Medicaid ha disminuido desde que estas normas entraron en vigor. La mayoría de los datos indicó que esta disminución se debe a las demoras en la cobertura o a la pérdida de cobertura de los ciudadanos estadounidenses que cumplían con los requisitos.
Un miembro de los cinco presos cubanos conocidos como “los 5 cubanos” habló previo a una audiencia ante un tribunal federal de apelaciones que tendrá lugar el mes próximo. Gerardo Hernández fue uno de los cinco cubanos procesados en 2001 por espiar para el gobierno cubano. Sus procesamientos fueron anulados hace casi dos años, cuando un juez estuvo de acuerdo en que la tendencia anticastrista en Miami les había impedido recibir un juicio justo. No obstante, la decisión fue posteriormente revertida. Hernández habló en una entrevista desde una prisión de máxima seguridad en California.
La Liga Árabe envió su primera delegación formal a Israel. Hoy temprano, los ministros de asuntos exteriores de Egipto y Jordania llegaron a Tel Aviv para presentar oficialmente el ofrecimiento de paz de la Liga Árabe que implicará el pleno reconocimiento de Israel a cambio de su retirada de los Territorios Ocupados y de la creación de un Estado palestino. La Liga Árabe ofreció un acuerdo por primera vez en 2002, pero Israel lo rechazó y es probable que lo vuelva a hacer ahora. El periódico israelí Haaretz informa que el Primer Ministro Ehud Olmert envió al Presidente palestino Mahmoud Abbas un “Acuerdo de Principios”, que incluye el control israelí de grandes bloques de asentamientos en Cisjordania y prácticamente el control total israelí del este de Jerusalén. Mientras tanto, el ex Primer Ministro británico Tony Blair continúo su primera visita como enviado del Cuarteto de Medio Oriente con reuniones en Jerusalén y Ramallah. Blair dijo que era optimista con respecto a las posibilidades de paz.
En Afganistán, un supuesto portavoz Talibán dijo hoy que se rompieron las negociaciones sobre las vidas de 23 rehenes surcoreanos, por lo que un número indeterminado de ellos podría ser ejecutado. Se han cumplido tres fechas límite fijadas por el Talibán sin consecuencias. Los rehenes, entre ellos dieciocho mujeres, fueron secuestrados la semana pasada en la provincia de Ghazni. Mientras tanto, funcionarios afganos anunciaron que un periodista alemán y dos afganos fueron secuestrados por militantes Talibán de una casa en el este de Afganistán.
En Estados Unidos, la futura esposa y dos amigos de Sean Bell -quien fue una víctima de las fuerzas policiales–presentaron una demanda federal contra el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Bell, que estaba desarmado, fue asesinado en un tiroteo en el que la policía le disparó cincuenta balas cuando él y dos amigos salían de una discoteca en Queens la noche anterior a su boda. Trent Benefield y Joseph Guzman, que presentarán la demanda junto con Nicole Paultre Bell, resultaron heridos en el tiroteo.
Surgieron novedades en el caso de los Seis de Jena, denominación con que se conoce a los estudiantes afrodescendientes de una escuela en Louisiana acusados de intento de homicidio, por una pelea escolar en la que un estudiante blanco fue golpeado. El lunes, uno de los Seis de Jena, Theo Shaw, fue finalmente liberado bajo una fianza que superó los cien mil dólares.
El único miembro de los Seis de Jena que se encuentra actualmente en prisión es Mychall Bell, el primero del grupo que afronta un juicio. Fue hallado culpable de agresión y conspiración agravadas por un jurado conformado únicamente por miembros blancos. El martes, un juez postergó la condena de Bell —- que estaba programada para fines de este mes— hasta el 20 de septiembre. Bell afronta hasta 22 años en prisión.