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Una operación fallida para rastrear el flujo de armas desde Estados Unidos a México ha resultado en la destitución del director interino de la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, y Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés) y la renuncia del fiscal federal para el Distrito de Arizona. En el marco del programa secreto conocido como “Operación Rápido y Furioso”, agentes federales de EE.UU. alentaron a tiendas de armas de Estados Unidos a vender miles de armas a intermediarios de los cárteles mexicanos de la droga. El programa estaba destinado a tener acceso a las figuras de alto nivel dentro de las organizaciones criminales mexicanas, pero los agentes perdieron la pista de hasta 2.500 armas de fuego. La semana pasada, el Departamento de Justicia reconoció ante el Congreso que las armas de fuego relacionadas con la controvertida operación encubierta de la ATF se utilizaron en al menos 11 crímenes violentos en Estados Unidos, incluyendo el asesinato de un agente de la patrulla fronteriza EE.UU. Mientras tanto, el programa nunca ha conducido a ninguna detención, y tres supervisores claves de la ATF fueron promovidos a principios de este mes. Hablamos con Vicente Cefalu, un agente especial de la ATF que ayudó a revelar el funcionamiento de la Operación Rápido y Furioso y desde entonces ha enfrentado represalias. “Permitimos que estas armas salieran y continuaran su camino con la esperanza de establecer algún tipo de cadena, o pasamanos, algo que estaba muy lejos de la verdad”, dice Cefalu. “La única manera de volver a hallar las armas fue encontrarlas en escenas de crimen, al lado de un cadáver”.
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