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La Corte Suprema inicia hoy el período de sesiones 2012-2013 con un caso histórico, en el que tendrá que decidir si los sobrevivientes a las violaciones de derechos humanos en países extranjeros pueden iniciar acciones legales contra las grandes empresas en tribunales estadounidenses. El caso se centra en una acusación a la empresa matriz de la gigante petrolera Shell, Royal Dutch Petroleum, por complicidad en la tortura y asesinato de activistas nigerianos. Algunos analistas legales están relacionando este caso —Kiobel contra Royal Dutuch Petroleum— con el histórico fallo del caso Citizens United que autoriza a las empresas a financiar campañas políticas. En 2010, la Corte Suprema decidió que las grandes empresas tienen amplios derechos, conforme a la primera enmienda constitucional, y pueden financiar campañas políticas de manera directa. Ahora se le pide a la Corte Suprema que decida si las grandes empresas tienen las mismas responsabilidades que las personas, por violaciones de las leyes internacionales. El fallo de la Corte también tendrá un gran impacto en muchos otros casos de derechos humanos alojados en tribunales de primera instancia. Desde Nueva York se comunica con nosotros Baher Azmy, director legal del Centro para los Derechos Constitucionales.
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