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La Corte Suprema de EE.UU. escuchará el martes los alegatos finales en un caso en que se plantea la posibilidad de demandar en tribunales de EE.UU. a empresas estadounidenses por abusos a los derechos humanos cometidos en el extranjero. El caso involucra a nueve activistas nigerianos, entre ellos a Ken Saro Wiwa, ejecutado por protestar contra Royal Dutch Shell. Hablamos con Marco Simons, director jurídico de Earth Rights International, que presentó una opinión legal no vinculante ante el tribunal y ha sido un pionero en el uso del llamado “Alien Tort Statute” para demandar a empresas que han cometido violaciones a los derechos humanos en Birmania, Nigeria, Colombia y otros países. Algunos analistas jurídicos comparan este caso con el histórico fallo sobre el financiamiento de las campañas electorales en el caso Citizens United, que determinó que las empresas tienen amplios derechos bajo la Primera Enmienda y que pueden financiar campañas políticas directamente. “Este caso se trata de determinar si una empresa que ha participado en graves violaciones de los derechos humanos, como crímenes contra la humanidad, genocidio o la tortura patrocinada por el Estado, puede beneficiarse de esos abusos y mantener esas ganancias a resguardo cuando las víctimas logran llevarlos a juicio”, afirma Marco.