Tres personas murieron hoy en un ataque con un avión no tripulado estadounidense en el noroeste de Pakistán. Se trata del primer ataque de ese tipo desde que el Primer Ministro paquistaní Nawaz Sharif exhortó públicamente al Presidente Barack Obama a poner fin a los ataques la semana pasada. No se ha confirmado la identidad de las víctimas, pero funcionarios de inteligencia paquistaníes afirman que se sospecha que eran militantes, como suele alegarse cada vez que Estados Unidos realiza un ataque con avión no tripulado. El Centro de Periodismo de Investigación afirma que al menos 400 civiles han muerto en ataques con aviones no tripulados de la CIA en Pakistán desde 2004. Sin embargo el miércoles, en un giro inesperado, el gobierno paquistaní disminuyó considerablemente su cálculo de muertes civiles. Información anterior detallaba la amplia cooperación del gobierno paquistaní en los ataques con aviones no tripulados. El ataque perpetrado hoy tuvo lugar mientras miembros de una familia paquistaní se encuentran en Estados Unidos para exhortar al gobierno a que ponga fin a los ataques con aviones no tripulados, que sostienen están matando a personas inocentes.
La Organización para la Prohibición de Armas Químicas afirma que Siria ha finalizado el proceso de destrucción de sus equipos de fabricación, relleno y mezcla de armas químicas. El anuncio fue realizado un día antes de que venciera el plazo establecido en el acuerdo para impedir un ataque militar estadounidense. El organismo afirma que el 15 de noviembre vence el plazo para la aprobación del plan de Siria para eliminar su arsenal de armas químicas. Mientras tanto, un nuevo informe de Amnistía Internacional concluyó que cientos de personas que intentan huir desde Siria hacia Jordania y otros países vecinos están siendo rechazadas en la frontera. El informe sostiene que a quienes no se les permite el acceso son refugiados palestinos e iraquíes y personas que no tienen documento de identidad.
El Washington Post informa que la Agencia de Seguridad Nacional ingresó en forma secreta en los principales enlaces que conectan los centros de datos de Google y Yahoo en el mundo, lo que le permite al organismo obtener millones de registros cada día, entre ellos registros de estadounidenses. Citando documentos publicados por Edward Snowden, el Post afirma que la NSA está trabajando con su contraparte británica para operar un proyecto denominado “MUSCULAR”, que implica la eliminación de grandes cantidades de datos que pasan a través de los cables de fibra óptica entre los centros de datos, que cuentan con vigilancia estricta. En una declaración, el director de asuntos jurídicos de Google sostuvo que la empresa está “indignada por el límite al que el gobierno parece haber llegado para interceptar datos de nuestras redes privadas de fibra óptica”.
Altos funcionarios de seguridad e inteligencia alemanes se reunieron con sus homólogos estadounidenses el miércoles en la Casa Blanca, como parte de un intento de obtener respuestas acerca del espionaje de Estados Unidos, que incluye información de que la NSA interceptó el teléfono de la Canciller alemana Angela Merkel. La reunión del miércoles tuvo lugar después de que legisladores europeos mantuvieran conversaciones con funcionarios estadounidenses. El miembro del Parlamento Europeo Elmar Brok, de Alemania, habló en Washington.
Brok dijo: “El daño, el daño a la imagen de Estados Unidos es tan grande que es preciso que se haga algo al respecto. Y espero que funcione, porque necesitamos mensajes para nuestra población de que no se espiará a Merkel ni a los ciudadanos sin un propósito, no se trata solo de los líderes, sino también de los ciudadanos”.
Una revista italiana informó el miércoles que la Agencia de Seguridad Nacional espió las llamadas telefónicas del Vaticano, posiblemente también las llamadas acerca de quién sucedería al Papa Benedicto. La revista Panorama afirmó en un comunicado de prensa que la NSA había “interceptado las llamadas del Papa”. Un portavoz de la NSA negó las afirmaciones al sostener que “el Vaticano no es un objetivo” de la agencia.
La Secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos Kathleen Sebelius asistió a una audiencia el miércoles en Capitol Hill, donde recibió críticas por las fallas técnicas en el lanzamiento de la nueva ley de asistencia de salud, conocida como “Obamacare”. Al declarar ante el panel de la Cámara de Representantes, Sebelius afirmó que el gobierno gastó 118 millones de dólares en el sitio web Healthcare.gov y 56 millones de dólares más en el soporte técnico. Sebelius no brindó cifras exactas sobre cuántas personas se habían inscrito efectivamente, pero reconoció que “debido al lanzamiento fallido del sitio (…) es un número muy bajo”, y pidió disculpas por la demora.
Sebelius dijo: “Estoy tan decepcionada y enojada como todos ustedes con el lanzamiento fallido del sitio Healthcare.gov. De modo que permítanme decir directamente a los estadounidenses: merecen un mejor servicio. Les pido disculpas. Soy responsable ante ustedes de solucionar estos problemas y me comprometo a recuperar su confianza al arreglar los problemas del sitio. Estamos trabajando día y noche y continuaremos haciéndolo hasta que el sitio funcione”.
La Secretaria Sebelius también fue interrogada acerca de un memorando interno del gobierno obtenido por Associated Press que muestra a funcionarios gubernamentales expresando preocupación acerca de un “alto” riesgo de seguridad en el sitio debido a falta de verificación suficiente. El memorando tiene fecha de 27 de septiembre, apenas cuatro días antes de que el sitio estuviera habilitado. Sebelius afirmó que el sitio es seguro. También se mostró confiada de que el sitio Healthcare.gov estará “funcionando a la perfección” a partir del 30 de noviembre, dos meses después de su lanzamiento.
El Presidente Obama defendió la inscripción del programa de salud el miércoles, en un discurso pronunciado en Boston. Obama fue interrumpido por un grupo de manifestantes que lo exhortaron a rechazar el oleoducto Keystone XL, que transportaría arenas alquitranadas de Alberta (Canadá) a Texas.
Los manifestantes dijeron: “¡Sr. Presidente! ¡Rechace el proyecto Keystone XL! ¡Detenga el cambio climático! Por nuestra generación, ¡detenga el oleoducto!”.
Obama dijo: “Está bien, está bien. Hoy estamos hablando de la salud, pero …”.
Los manifestantes dijeron: “Sr. Presidente, ¡rechace Keystone XL! ¡Detenga el cambio climático!”.
Obama dijo: “Están en el acto equivocado. Tuvimos un acto sobre cambio climático en verano. Este acto es sobre la salud”.
Obama habló de los problemas que el gobierno tuvo que afrontar durante el lanzamiento de la ley de reforma de salud en Massachusetts, promulgada por el ex gobernador Mitt Romney en 2006. Romney, que perdió la campaña por la presidencia contra Obama el año pasado, rechazó la comparación al publicar en Twitter: “Si el Presidente Obama realmente hubiera aprendido las lecciones de la asistencia de salud en Massachusetts (…) el lanzamiento del programa [de salud federal] no hubiera sido vergonzoso”.
Las manifestaciones contra el oleoducto Keystone XL tuvieron lugar al tiempo que surgían informes acerca de que un oleoducto de Texas perteneciente a la Koch Pipeline Company habría vertido unos 400 barriles de crudo en las cercanías de Austin. La compañía es filial de Koch Industries, dirigida por los multimillonarios donantes republicanos Charles y David Koch. Un informe reciente del Foro Internacional sobre la Globalización sostiene que de completarse el oleoducto Keystone los hermanos Koch podrían percibir unos 100.000 millones de dólares en nuevas ganancias.
La Reserva Federal afirma que continuará con su programa de estímulo económico haciendo referencia a las altas tasas de desempleo y a la lenta recuperación del sector vivienda. Desde el mes de septiembre de 2012 la Reserva viene comprando 85.000 millones de dólares en bonos por mes en un intento por reducir las tasas de interés a largo plazo e incentivar el gasto. En un comunicado del miércoles, funcionarios de la Reserva Federal expresaron que esperarían a tener más evidencia de crecimiento sostenido antes de reajustar las compras.
El Senado confirmó los nombramientos del Presidente Obama para cargos clave de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Se aprobó a Richard Griffin como asesor general de la junta tras los esfuerzos republicanos por demorar su confirmación. El Senado confirmó también a Tom Wheeler como comisionado de la FCC luego de que el Senador Ted Cruz levantara su oposición al nombramiento. Wheeler fue inversor de capital de riesgo, recaudador de fondos de la campaña de Obama y dirigió anteriormente dos poderosos grupos industriales representantes de compañías de cable e Internet.
Obama nombrará a otros dos altos recaudadores de fondos para desempeñarse como embajadores de Estados Unidos. Robert Barber, elegido como embajador en Islandia, y Mark Gilbert, ex jugador de los Chicago White Sox escogido como embajador en Nueva Zelanda, recaudaron más de medio millón de dólares cada uno para la campaña de reelección de Obama.
Reguladores de Japón dieron su aprobación definitiva a un proyecto para trasladar más de 1.500 barras de combustible ubicadas en una pileta de enfriamiento de la damnificada planta nuclear Fukushima Daiichi. Se prevé que el proceso comience el mes próximo. Sin embargo, el director de la entidad reguladora nuclear japonesa advirtió acerca de un posible desastre si las barras se dañaran o rompieran durante el proceso de remoción. Al escribir para el sitio web Common Dreams, el activista anti energía nuclear Harvey Wasserman sostuvo que el proyecto constituye “el momento más peligroso para la humanidad desde la Crisis de los Misiles de Cuba”. Según expresó, el combustible que actualmente se encuentra sobre un reactor dañado podría liberar 15.000 veces más radiación que la bomba nuclear lanzada por Estados Unidos sobre Hiroshima.
Un grupo de manifestantes se concentró a la entrada de la tienda Barneys de la ciudad de Nueva York para condenar la supuesta discriminación racial por parte de la tienda. El Fiscal General de Nueva York Eric Schneiderman inició una investigación luego de que clientes afroestadounidenses denunciaran que empleados de las tiendas Barneys y Macy’s alertaron a la policía ante sospechas basadas en prejuicios raciales de que no podrían pagar sus costosas compras. En las puertas de Barneys, dos jóvenes dijeron que la discriminación es generalizada.
Tyreik expresó: “En especial a mí, como adolescente, cuando entro a tiendas como Barney’s, me ponen mucha atención porque soy negro, afro estadounidense y adolescente. Por lo tanto, siento que debo defender mis derechos. Porque sólo por mirarme no sabes quién soy”.
Rashawn sostuvo: “Bueno, dado que soy joven y afroestadounidense, había muchos ojos sobre mí, pero no sé… Básicamente, estoy acostumbrado a eso. Y como vengo a gastar dinero, no debería recibir ese trato, con gente vigilándome”.
El actor Rob Brown, que protagoniza la serie de HBO “Treme”, entabló una demanda contra Macy’s y el Departamento de Policía de Nueva York argumentando que padeció discriminación racial mientras realizaba compras en Nueva York. Brown, también conocido por su papel en la película “Descubriendo a Forrester”, dijo al periódico New York Daily News que lo “pasearon” esposado por Macy’s y lo tuvieron detenido durante una hora mientras la policía lo acusaba de usar una tarjeta de crédito falsa para comprar un reloj a su madre.
La supuesta discriminación racial por parte de las tiendas ha sido denominada “comprar y cachear”, en referencia a las políticas de “detener y cachear” del Departamento de Policía de Nueva York. Estas tácticas policiales enfrentaron sus propias manifestaciones esta semana en la Universidad Brown. El Jefe de Policía de Nueva York Ray Kelly estaba parado en un estrado junto a una funcionaria de la universidad a punto de pronunciar un discurso sobre la llamada “policía proactiva” cuando los manifestantes interrumpieron el evento.
Un manifestante dijo: “Estamos aquí para decirles que la comunidad no va a aceptarlo”.
Otro manifestante agregó: “¡El racismo no está en discusión!”.
Un tercer manifestante dijo: “¡Ya basta! ¡Ya basta!”.
La funcionaria dijo: “Les pedimos que lo dejen hablar y que hagan sus comentarios en el marco de la ronda de preguntas y respuestas prevista en el programa”.
Un manifestante dijo: “¡Nosotros les pedimos que dejen de detener y cachear a la gente!”.
La manifestación obligó a la cancelación del discurso del Jefe de Policía de la ciudad de Nueva York, Ray Kelly.
Y el Concejo de la Ciudad de Nueva York aprobó una medida por la que se aumentará la edad para comprar cigarrillos de 18 a 21 años de edad. El alcalde Michael Bloomberg prometió promulgar la ley. Nueva York es la primera gran ciudad que aprueba esta decisión luego de que municipalidades más pequeñas adoptaran medidas similares. El Concejo aprobó además establecer un precio mínimo de 10,50 dólares por paquete de cigarrillos.