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Un tribunal federal de apelaciones emitió un fallo, según el cual el gobierno puede seguir intentando conseguir en secreto información privada de usuarios de Internet, sin una orden judicial y como parte de la investigación de WikiLeaks. El caso involucró a tres personas conectadas con el sitio web de revelación de datos secretos, cuyos registros de Twitter fueron buscados por el gobierno. Entre los afectados están el investigador en seguridad informática Jacob Appelbaum y la legisladora islandesa Birgitta Jónsdóttir. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y la Fundación de Fronteras Electrónicas, que representaban a los usuarios de las cuentas, sostuvieron que la citación violaba los derechos a la privacidad de estas personas; además indicaron que se debería informar a estas personas por qué el gobierno quiere su información.
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