Titulares16 de mayo de 2013

El gobierno de Barack Obama removió de su cargo a Steven Miller, comisionado interino del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) en medio de protestas por el análisis más exhaustivo que recibieron el Tea Party y otros grupos de derecha que deseaban obtener exoneraciones de impositivas. El IRS eligió organizaciones en cuyos nombres aparecían los términos “Tea Party” o “patriotas” durante la investigación efectuada a quienes pretenden ser consideradas como organizaciones de beneficencia en virtud de la ley tributaria de Estados Unidos. En la Casa Blanca, el Presidente Barack Obama prometió castigar a los responsables.

Obama expresó: “Es imperdonable y los estadounidenses tienen derecho a estar enojados por ello y yo mismo estoy enojado por ello. No voy a tolerar este tipo de conducta en ningún organismo, especialmente en el IRS, considerando las facultades que tiene y el alcance que tiene en la vida de todos nosotros. Hoy, el Secretario [del Tesoro, Jack] Lew dio el primer paso al solicitar y aceptar la renuncia del comisionado interino del IRS ya que dada la polémica en torno a su auditoría es importante establecer un nuevo liderazgo que contribuya a restaurar la confianza al seguir adelante”.

El IRS inició el polémico proceso de investigación luego de haber sido inundado de solicitudes de exoneraciones de impuestos tras el fallo de la Corte Suprema sobre Citizens United, en 2010. Grupos como Crossroads GPS, de Karl Rove, afirmaron ser organizaciones de beneficencia al tiempo que gastaban decenas de millones de dólares en operaciones políticas.

El Fiscal General Eric Holder compareció ante el Congreso el miércoles en medio de las polémicas relativas al espionaje de la agencia de noticias Associated Press (AP) llevado a cabo por el gobierno. El Departamento de Justicia admitió haber tomado en su poder los registros de las líneas telefónicas del trabajo, el hogar y los celulares de casi 100 periodistas y editores de AP. La acción tuvo lugar en el marco de una investigación por la información filtrada detrás de una historia de AP sobre la manera en que inteligencia estadounidense desbarató la conspiración de Al Qaeda, con sede en Yemen, que planificaba un atentado en un avión con destino a Estados Unidos. En declaraciones al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Holder sostuvo nuevamente que la orden judicial no fue su decisión dado que había renunciado al caso el año pasado.

El Fiscal General Eric Holder declaró: “La decisión de emitir esta orden fue tomada por las personas que actualmente se ocupan del caso. El asunto es supervisado por el Fiscal General Adjunto. No estoy al tanto de las razones que llevaron a emitir la orden de la manera en que fue estructurada porque sencillamente no formo parte del caso”.

Holder prosiguió y confirmó que el funcionario que suscribió la orden de monitoreo es su subordinado directo y viejo amigo, el Fiscal General Adjunto James Cole. Al ser interrogado respecto a su punto de vista sobre la situación hipotética de que se solicitaran los registros telefónicos de cientos de periodistas, Holder expresó que no podría descartarlo.

Durante una entrevista para la National Public Radio, Holder declaró no estar seguro de cuántas veces se solicitaron registros telefónicos de periodistas bajo su supervisión.

Holder declaró: “No estoy seguro de en cuántos de esos casos efectivamente participé. Los tomo muy en serio. Sé que me negué a suscribir algunos y que remití otros para que fueran modificados.”

El periódico New York Times informa que la gigante de las telecomunicaciones Verizon entregó los registros de teléfonos celulares de dos periodistas de AP sin realizar intento alguno de informarles que estaban siendo investigados.

En medio de las acusaciones por violación de la libertad de prensa en la persecución de AP, el gobierno de Obama anunció el miércoles que solicitó al senador demócrata Chuck Schumer de Nueva York que presente nuevamente la ley federal escudo para amparar a los medios de citaciones judiciales.

Durante la comparecencia ante el Congreso del miércoles, Holder fue interrogado acerca de varios temas, entre ellos, el hecho de que el gobierno no haya clausurado la prisión de Guantánamo y el actual escándalo que rodea al IRS. El congresista demócrata Steve Cohen, de Tennessee, criticó duramente a Holder por el informe del Departamento de Justicia sobre la guerra contra las drogas, incluyendo la continua campaña contra dispensarios de marihuana para fines médicos.

El congresista Cohen afirmó: “El Centro de Investigación Pew muestra que el 52% de la gente no cree que la marihuana debiera ser ilegal. Y aún así hay personas encarceladas, y su Departamento de Justicia continúa llevando personas a la cárcel por la venta y utilización ocasional de marihuana. Se trata de algo que la opinión pública estadounidense finalmente ha tomado. Era una demora cultural. Y ha sido una injusticia durante los pasados 40 años que en este país se privara de libertad a las personas por algo que era similar al alcohol. Usted ha perpetuado lo que otorga poder a los cárteles mexicanos, y el poder de hacer dinero, que arruina México y perjudica a nuestro país por existir una prohibición a fines de siglo XX y en el siglo XXI. Vimos que eso no funcionó en este país en la década de 1920. Y lo remediamos. Es hora de remediar esta prohibición”.

En respuesta, Holder dijo que aún planea anunciar una nueva política del Departamento de Justicia respecto a la manera de responder a la legalización de la marihuana con fines recreativos de Washington y Colorado.

Un atentado suicida perpetrado en la capital afgana, Kabul, según se informó habría causado la muerte de al menos cuatro miembros de la OTAN y seis civiles afganos, algunos de los cuales serían niños. La policía afgana afirma haber hallado los cuerpos de cuatro estadounidenses. Un grupo militante declaró haber creado una nueva célula para atacar a estadounidenses y a otros soldados de la coalición a la agencia de noticias AP, en respuesta a los informes de que Estados Unidos planea mantener bases y soldados en Afganistán con posterioridad al retiro previsto para el año próximo. Estados Unidos negó tener intenciones de mantener bases permanentes en Afganistán.

Naciones Unidas señala que la cantidad de víctimas de la guerra civil de Siria, que ya lleva dos años, ha alcanzado las 80.000, lo que representa un aumento de aproximadamente 20.000 personas desde enero. La cifra fue revelada mientras la Asamblea General de la ONU aprobaba una medida condenando al gobierno sirio por los ataques a civiles. La embajadora suplente de Estados Unidos, Rosemary Dicarlo, apoyó la resolución.

Dicarlo dijo: Adoptar esta resolución enviará un mensaje claro de que la solución política que todos buscamos es la mejor forma de acabar con el sufrimiento del pueblo de Siria. Apoyamos esta resolución, la hemos copatrocinado y urgimos a los estados miembro a votar a favor de ella”.

El miércoles hubo manifestaciones a lo largo de los territorios palestinos ocupados por el 65º aniversario de la “Nakba”, o “catástrofe”, que marca cuando cientos de miles de palestinos fueron evacuados de sus casas durante el período de la declaración de la independencia estatal de Israel en 1948. Surgieron enfrentamientos entre los manifestantes y soldados israelíes en varias áreas de los Territorios Ocupados de Cisjordania.

Hasta seis trabajadores han muerto en el derrumbe de una fábrica de calzado en Camboya. La fábrica producía calzado para la empresa japonesa Asics.

La Casa Blanca publicó 100 correos electrónicos mostrando las discusiones iniciales del gobierno sobre cómo describir el ataque fatal del recinto estadounidense en Benghazi, Libia, el pasado año. Los republicanos acusaron a la Casa Blanca de no representar bien el ataque para salvaguardar la campaña de reelección del Presidente Barack Obama. Pero los correos electrónicos no muestran interferencias políticas de la Casa Blanca y no hay objeciones en vincular el ataque a grupos militantes. Se quitó una referencia al grupo Ansar al-Sharia tras discusiones entre el FBI y la CIA que arrojaron preocupaciones sobre divulgar información clasificada y comprometer la investigación en curso.

Nuevas cifras demuestran que el gobierno estadounidense está cosechando una gran y sorpresiva ganancia de los intereses en préstamos estudiantiles. La Oficina de Presupuesto del Congreso pronostica una ganancia de 50,6 mil millones de dólares del interés que se le cobra a los estudiantes que pagan su deuda universitaria. La cifra es un 43% más alta que la estimación inicial de 35,5 mil milones de dólares. La noticia viene días después de que la senadora demócrata Elizabeth Warren introdujera una medida que bajaría las tasas de interés estudiantiles al 0,75%, la misma tasa que se le da a los grandes bancos. Las tasas para los préstamos de estudiantes subsidiados por el gobierno de Stafford están programadas para ser duplicadas en julio al 6,8%.

Los reguladores federales se inclinan ante la negativa de Wall Street contra las nuevas reglas para supervisar el comercio de derivados. La Comisión de Comercialización de Futuros y Materias Primas (CFTC, por su sigla en inglés) había estado planeando imponer una regla que requería a los administradores de fondos que buscaran cotizaciones de cinco bancos diferentes para contratos de derivados. Los que apoyan la regla dicen que hubiera aumentado la competitividad y disminuido el control de un puñado de firmas en más del 90% del mercado. Pero tras objeciones de bancos importantes, la CFTC dice que bajará el requerimiento para solicitar derivados de cinco bancos a dos.

Cientos de trabajadores de restaurantes de comida rápida y tiendas minoristas organizaron una huelga de un día en Milwaukee el miércoles, como parte de un esfuerzo nacional por un salario de 15 dólares la hora y derecho a sindicalizarse sin intimidación.

Jennifer Epps-Addison dijo: “Comida rápida y ventas minoristas, son de las industrias de crecimiento más rápido, de las más beneficiosas con 200 mil millones de dólares de ganancias. Aún así, tienen los trabajadores peor pagos de nuestra economía. Ahora se alzan y dicen: 'nuestras familias no pueden sobrevivir con $7,25 la hora'”.

Los trabajadores se congregaron en grandes números fuera de cadenas como McDonald’s, Burger King, Wendy’s y Taco Bell, llevando carteles y cantando eslóganes. Milwaukee es la quinta ciudad que contempla una huelga de trabajadores de comida rápida en las últimas seis semanas, siguiendo a Detroit, St. Louis, Chicago y Nueva York.

La única clínica de abortos en Dakota del Norte inició una demanda contra una nueva ley que podría forzar su clausura. La medida dice que los médicos proveedores de abortos deben tener privilegios de admisión en un hospital cercano. El miércoles, la Red River Women’s Clinic inició una demanda considerando la ley como inconstitucional. La clínica afirma que es poco probable que sus médicos consigan privilegios en los tres hospitales locales. Uno es para veteranos, otro es católico y el tercero requiere que los médicos ingresen al menos cinco pacientes al año. En quince años de funcionamiento, la clínica solamente envió una paciente al hospital en ambulancia. Una medida similar que amenaza la única clínica de abortos en Mississippi ha sido puesta en espera, restando el fallo final.

Un juez de Nueva York desestimó los cargos de homicidio contra un oficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por su sigla en inglés) acusado de matar en un tiroteo a un adolescente afroestadounidense que iba desarmado. A Ramarley Graham le dispararon a corta distancia el 2 de febrero de 2012, tras ser perseguido por oficiales de narcóticos camino a su edificio. La policía dice que Graham intentaba vaciar una bolsita de marihuana en el inodoro antes de su muerte. El oficial, Richard Haste, recibió cargos de homicidio el año pasado. El miércoles, la acusación fue desestimada en base a que la fiscalía dio lineamientos equivocados al gran jurado. En su fallo, el juez Steven Barret dijo que llegó a la decisión renuentemente, solamente por el procedimiento y no por falta de pruebas. No se sabe si la fiscalía va a apelar. La madre de Graham, Constance Malcolm, fue hospitalizada tras dejar el juzgado hecha un mar de lágrimas. La familia Graham inició su propia demanda contra el NYPD este año.

Los abogados defensores de un inmigrante indocumentado sentenciado a pena de muerte en Florida han presentado nuevas pruebas de ADN que afirman que lo dejarán libre. Clemente Aguirre Jarquin fue condenado por los asesinatos en 2004 de dos vecinas, una madre y su hija, en el campamento de casas rodantes donde vivía. Aguirre siempre sostuvo que encontró los cuerpos ensangrentados de las víctimas pero no llamó a la policía por miedo a ser deportado a su país nativo, Honduras. Innocence Project dice que las nuevas pruebas de ADN demuestran que ocho manchas de sangre en la escena del crimen coincidían con el ADN de la hija y nieta de las víctimas, Samantha Williams, y ninguna coincidía con el de Aguirre. Los testigos dicen que Williams desde entonces ha confesado en dos ocasiones ser la autora de los asesinatos.