Titulares11 de diciembre de 2014

La Casa Blanca se enfrenta nuevamente a presiones a nivel nacional e internacional para que los funcionarios responsables de las torturas de la CIA rindan cuentas por sus actos. Los hallazgos del Senado publicados esta semana presentan nuevos detalles sobre los abusos de la CIA a prisioneros extranjeros, así como las importantes medidas que se tomaron para engañar al gobierno federal, al Congreso y a la población. El miércoles, el senador demócrata saliente Mark Udall pidió una purga de altos funcionarios de la CIA implicados en los abusos y su posterior encubrimiento. Entre dichos funcionarios se encuentra el actual director de la agencia, John Brennan. Con duras palabras, Udall acusó a la CIA de haber mentido.

El senador Udall enunció: “La CIA mintió a sus supervisores y a la población, destruyó e intentó retener pruebas, espió al Senado, hizo acusaciones falsas en contra de nuestro personal y mintió sobre la tortura y los resultados de la tortura. Y nadie ha tenido que rendir cuentas… En este momento hay personas en cargos de alto nivel en la agencia que aprobaron, dirigieron o cometieron actos relacionados con el programa de detención e interrogación de la CIA. Ya es bastante malo no imputar a estos funcionarios; premiarlos o promoverlos y arriesgar la integridad del gobierno de Estados Unidos para protegerlos es incomprensible. El Presidente debe purgar su gobierno de los funcionarios de alto nivel que fueron fundamentales para el desarrollo y ejecución de este programa”.

Las declaraciones de Udall hicieron eco en todo el mundo al revelarse los detalles del programa de tortura. En Ginebra, Rupert Colville, portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que la obligación de Estados Unidos de enjuiciar a los culpables de ejercer tortura es “clara como el agua”.

Colville expresó: “Está tan claro como el agua: la tortura está absolutamente prohibida, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. No se puede practicar en la guerra, en la paz, en situaciones de emergencia, durante la inestabilidad interna, ni en ninguna circunstancia. Y el corolario de esto es que quienes la llevan a la práctica deben ser enjuiciados”.

Calificando las prácticas de “horrendas”, el Ministro de Justicia de Alemania dijo que “todos los involucrados deben ser imputados”. El Presidente afgano Ashraf Ghani calificó los abusos de la CIA como “inhumanos” y en violación de “todas las normas de derechos humanos aceptadas en el mundo”. Los comentarios de Ghani se producen al tiempo que Estados Unidos anunció, sin gran difusión, el cierre de la última cárcel restante en Afganistán, situada en la base aérea de Bagram. El anuncio fue realizado apenas un día después de la publicación del informe sobre tortura. Al cerrar Bagram, Estados Unidos entregó los últimos prisioneros que se conoce que estaban bajo su custodia en Afganistán; entre ellos, un preso cuya tortura se detalla en el informe del Senado.

Por su parte, el gobierno de Barack Obama sostiene su tradicional postura de rechazo a enjuiciar a los funcionarios del gobierno de George W. Bush por llevar a cabo las prácticas de tortura. El miércoles, el Departamento de Justicia dijo que los resultados del Senado no ofrecen ninguna información nueva para justificar la reapertura de una investigación previa. En la Casa Blanca, el Secretario de Prensa Josh Earnest dijo que el Presidente Obama tomó suficientes medidas para poner fin al programa de tortura cuando asumió el cargo.

Josh Earnest aseveró: “La autoridad moral de Estados Unidos de América es una de las herramientas más poderosas en nuestro arsenal para proteger y promover los intereses estadounidenses en todo el mundo. Y es la opinión del Presidente que el uso de estas técnicas, sin importar que obtengan información de inteligencia nacional o no, socavan nuestra capacidad de utilizar esta poderosa herramienta. Y es por eso que el Presidente prohibió estas técnicas en su primer o segundo día en el cargo”.

A medida que se suceden las reacciones por el informe de tortura, uno de los dos psicólogos que ayudaron a crear el programa de la CIA salió a hablar en su propia defensa. James Mitchell declaró a Vice News que el abuso de prisioneros era preferible a la continua guerra de aviones no tripulados del gobierno de Obama, que está cobrando vidas civiles.

Mitchell declaró: “A mí me parece totalmente irrazonable que abofetear a KSM [Khalid Sheikh Mohammed] esté mal, pero que sin embargo esté bien lanzar un misil Hellfire a un picnic familiar donde mueran todos los hijos, y la abuela, y todo el mundo, por muchas razones. Una de las razones es, ¿qué pasa con las muertes incidentales? Y la otra es que si los matas, no los puedes interrogar”.

Según el informe del Senado, Mitchell y su colega, Bruce Jessen, recibieron un contrato de 81 millones de dólares para ayudar a diseñar métodos de tortura para la CIA, entre ellos algunas de sus tácticas más abusivas. Mitchell y Jessen no tenían experiencia previa en interrogatorios.

Con nuevos detalles expuestos sobre el rol de Mitchell y Jessen, la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por su sigla en inglés) ha reiterado su pedido de que rindan cuentas por ello. Rhea Farberman, directora ejecutiva de comunicaciones de APA, habló el miércoles al respecto.

Farberman dijo: “Quedamos disgustados y francamente asqueados por algunos de los brutales detalles. Las técnicas descritas son evidentemente torturas, van contra todo lo que defiende nuestra disciplina. Claramente violaron derechos humanos y leyes internacionales. Como dije antes, los dos psicólogos que al parecer estuvieron involucrados, no son miembros de nuestra asociación. Están fuera del alcance de nuestro programa de ética. Pero más allá de eso, deberían rendir cuentas por ello. Si estas alegaciones son ciertas, deberían rendir cuentas por serias violaciones a leyes estadounidenses e internacionales”.

En otras noticias, una paralización del gobierno se volvió a poner hoy sobre la mesa, cuando los principales demócratas se opusieron a incluir medidas a favor de las compañías en una ley general de gastos. La medida de 1,1 billones de dólares fue negociada antes del plazo límite de la medianoche de hoy, para financiar al gobierno e impedir que los organismos federales cierren sus puertas. Pero los demócratas se oponen ahora a varias disposiciones de último momento, incluyendo una que revocaría una norma clave en la reforma financiera Dodd-Frank, que limita las transacciones comerciales de riesgo por parte de bancos asegurados por el gobierno federal. El miércoles, la senadora Demócrata Elizabeth Warren acusó al gigante financiero Citigroup de ser el autor del cambio.

Warren dijo: “Citigroup es grande y poderoso. Pero es una sola compañía privada, no debería tener al gobierno entero como rehén y amenazar con una paralización de servicios para desmantelar protecciones importantes que mantienen a salvo nuestra economía. Esto es una democracia, y el pueblo estadounidense no nos eligió para defender los intereses de Citigroup, nos eligió para defender los intereses de todo el pueblo”.

Otra enmienda multiplicaría por diez la cantidad de dinero destinada a ciertas donaciones políticas. Los republicanos dicen estar dispuestos a aceptar una extensión de uno o dos días, pero rechazaron la postura de los demócratas de eliminar las disposiciones a favor de las compañías. Pero con los demócratas aún teniendo el control del Senado, los republicanos no podrán aprobar la ley de gastos sin el apoyo bipartito.

Las protestas continúan en todo el país una semana después de que el gran jurado decidiera no procesar al policía de Nueva York que mató por asfixia a Eric Garner. El miércoles, estudiantes de unas 70 escuelas de medicina de todo el país realizaron en conjunto un simulacro de muerte, echados en el suelo y vistiendo túnicas blancas. En la ciudad de Nueva York, el grupo Picture the Homeless organizó una manifestación en el ala derecha del Instituto de Manhattan antes de marchar a la Estación Penn, en donde hicieron un simulacro de muerte por once minutos; el número simbolizaba las veces que Garner repitió la frase “no puedo respirar”. Los manifestantes pidieron que se revoque la política de “ventanas rotas” del Departamento de Policía de Nueva York.

Scott Andrew Hudson dijo: “No es una teoría válida. Se utiliza para hostigar a los pobres, personas de color e indigentes”.

Marcus Moore dijo: “Básicamente se centra en conflictos que en realidad no son un crimen. Puedes simplemente recibir una multa en lugar de ser esposado y llevado a la estación para que te fichen. Es ridículo”.

También el miércoles, el grupo New York Justice League presentó una serie de reclamos a funcionarios estatales, en una manifestación en el ayuntamiento de la ciudad. La agenda de Justice League incluye el despido del policía que mató a Garner, Daniel Pantaleo, y la asignación de un fiscal especial para investigar el caso. El grupo estuvo acompañado por destacados artistas de hip hop como Nas, Common y Q-Tip, así como por el activista y magnate de la música Russell Simmons.

Un juez federal estableció el martes como plazo límite para que la Casa Blanca decida si procesará al periodista James Risen, del New York Times. El gobierno le ordenó a Risen que testificara en el juicio de un ex funcionario de la CIA, Jeffrey Sterling, acusado de proporcionarle información clasificada sobre la operación fallida de la agencia al intentar entregarle prototipos de bombas nucleares defectuosas a Irán. Risen se resistió a la citación por años, pero fracasó en su intento de llevar el caso a la Suprema Corte en junio. Si el gobierno de Obama lo obliga a testificar ahora, Risen dice preferir que se lo encarcele antes de tener que revelar su fuente.