Luego de haber sembrado conflictos y violencia en Centroamérica, EE.UU. deporta a los niños migrantes

JUAN GONZÁLEZ: Esta semana vimos partir al primer avión cargado de niños deportados a Honduras, resultado del compromiso del presidente Obama de acelerar la expulsión de los más de 57.000 jóvenes que habían huido a Estados Unidos desde América Central en los últimos meses. Fueron 38 los deportados en este primer grupo, incluyendo 21 niños de entre 18 meses y 15 años de edad, que se fueron junto a 17 mujeres de sus familias.

Una de estas mujeres es Victoria Córdova, que llegó a Estados Unidos con su hija de nueve años. Después de un viaje de 25 días, fueron detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos y ahora están de vuelta en San Pedro Sula, ciudad que tiene la tasa de asesinatos más alta del mundo. El mes pasado, el promedio de niños y niñas asesinadas en Honduras fue de más de uno por día. Córdova relató a la prensa el calvario por el que tuvo que pasar.

VICTORIA CÓRDOVA: No tengo trabajo. Ya llevo cuatro meses sin trabajo. Ese es uno de los motivos por los que me fui, la pobreza, la situación que tenemos aquí, esta inseguridad en la que vivimos. Vemos niños por aquí, que son muy jóvenes, de 12 o 13 años, drogándose. Es terrible vivir así. Estamos en una situación en la que ni siquiera podemos llamar a la policía, porque está controlada por las maras.

Cuando pasamos el río y nos atraparon, no pensamos lo que pasaría. Teníamos algo de esperanza. Y después, cuando llegamos a McAllen, tuvimos que estar sentadas en el piso. Estaba lleno de polvo y había un montón de gente. Estuvimos allí varias horas. A ese lugar lo llaman “hielera”, porque hace mucho frío. Estuvimos allí dos días. Luego nos llevaron a El Paso, Texas en avión, y ahí en El Paso estuvimos dos días durmiendo en el suelo, con mucho frío.

JUAN GONZÁLEZ: El martes, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest dijo que la experiencia de Córdova y de las otras personas deportadas debería servir para mostrar a los centroamericanos que “en este país no serán recibidos con los brazos abiertos”.

Mientras tanto, el miércoles funcionarios hondureños pidieron una mayor ayuda de Estados Unidos a América Central. La ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Mireya Agüero, pidió un “mini Plan Marshall”, similar a los programas contra el narcotráfico que EE.UU. implementó con Colombia y México.

AMY GOODMAN: En realidad, ya hace mucho tiempo que el financiamiento y la política exterior de Estados Unidos vienen marcando la vida de la gente centroamericana. El 28 de junio se cumplió el quinto aniversario del golpe militar que derrocó al presidente de Honduras Manuel Zelaya, que había sido elegido democráticamente. Golpe de Estado al que Estados Unidos no mostró oposición. Según nuestra próxima invitada, fue el golpe de Estado, más que el tráfico de drogas y las pandillas, lo que abrió las puertas a la violencia en Honduras, desatando una ola de represión estatal que no se detiene.

Estamos con Dana Frank, profesora de historia de la Universidad de California, en Santa Cruz, y especialista en derechos humanos y política estadounidense en Honduras. Recientemente escribió un artículo titulado: “Who’s Responsible for the Flight of Honduran Children?” (¿Quién es responsable por los niños hondureños deportados?) Y en febrero, la revista Político publicó su artículo, “The Thugocracy Next Door “The Thugocracy Next Door” (La 'matóncracia' en la puerta de al lado).

Dana Frank, bienvenida a Democracy Now!

DANA FRANK: Muchas gracias.

AMY GOODMAN: Gracias por comunicarte con nosotros desde los estudios de la Universidad de Stanford. Explícanos cuál es el contexto que hace que tanta gente —y tantos niños— esté huyendo de la violencia en Honduras.

DANA FRANK: Sí, o sea, creo que venimos escuchando que la gente se está escapando de la violencia y de las pandillas o maras, pero no sin analizar o debatir por qué hay tanta violencia y pandillas tan fuertes en Honduras. Y la respuesta es que lo que abrió la puerta a esta tremenda criminalidad fue el golpe militar de 2009, que derrocó al presidente Manuel Zelaya, electo democráticamente. Por supuesto, el golpe de Estado fue en sí mismo un acto criminal y realmente abrió la puerta a la corrupción espectacular de la policía que hay actualmente y que atraviesa al gobierno de arriba a abajo y para todos los costados. Y eso, a su vez, da lugar a que sea posible para algunos matar a quien quieran, prácticamente, sin castigo alguno. Hay mucha documentación que muestra la corrupción generalizada de la policía. Incluso un funcionario del Gobierno encargado de sanear el cuerpo policial admitió, el año pasado, que el 70% de la policía hondureña es insalvable Y recién escuchábamos el relato de esta mujer, la Señora Córdova, diciendo que la propia policía está vinculada con el crimen organizado y el narcotráfico. Por lo tanto, cuando hablamos de la violencia, es muy importante entender que el sistema de justicia penal casi no está funcionando y las autoridades no tienen la voluntad política para hacer algo al respeto.

El presidente, el nuevo presidente, Juan Orlando Hernández, que llegó al poder en enero, fue un importante patrocinador del golpe de Estado, como presidente, desde el cargo que ocupaba en ese momento, como presidente de una comisión parlamentaria clave en Honduras. Y hace un año y medio, como presidente del Congreso hondureño, destituyó ilegalmente una parte de la Corte Suprema y hace un año participó en el nombramiento ilegal de un nuevo fiscal general, leal a él, al que se dio un mandato ilegal de cinco años. Y desarrolló su campaña presidencial, no en torno a la reforma de la policía, sino promoviendo la creación de una nueva policía militar, que está expandiendo la militarización de la sociedad hondureña. Además, esta misma policía militar está cometiendo graves violaciones de derechos humanos, como la reciente golpiza y detención, en mayo, de uno de los principales defensores de los derechos de los niños y niñas en Honduras.

JUAN GONZÁLEZ: Dana Frank, recuerdo cuando estuve en San Pedro Sula a principios de la década del 90, y bueno, no solo había una corrupción altísima en las fuerzas policiales, sino que también había, estaba el ejército patrullando las calles constantemente. También se trata de uno de los países más pobres de todo el continente americano. Tú señalas el impacto que tuvo el tratado de libre comercio DR-CAFTA en Honduras y sus niveles de pobreza.

DANA FRANK: Ah sí, desde luego, no es que alguna vez haya habido una edad de oro en Honduras. Pero bueno, como dijo el senador Tim Kaine en la audiencia de designación del nuevo embajador de Honduras, según la gente de Honduras, el nivel de militarización, así como, —dijo él— el nivel de represión y terror por parte del ejército es peor ahora que a principios de la década del 80, en el pico de del ataque de los Contras en Nicaragua, que estaban financiados por Estados Unidos y usaban a Honduras como base. Así que tenemos que tener en cuenta que, relativamente, lo que pasa ahora es aún más aterrador que lo de ese momento, lo cual es decir mucho.

Entonces, cuando hablamos de la gente que huye de las pandillas y la violencia, también es por la tremenda pobreza que hay. Y la pobreza no viene de la nada. Es, en sí misma, un resultado directo de las políticas implementadas, tanto por el gobierno de Honduras como por el gobierno de Estados Unidos, incluyendo las privatizaciones, los despidos masivos de trabajadores estatales y una nueva ley, en Honduras, que ha sido sancionada definitivamente ahora y que convierte empleos de tiempo completo en medio tiempo, sin derecho a la sindicalización, al salario mínimo y al seguro de salud. Y muchas de estas políticas económicas son impulsadas ​​por organismos financiados por Estados Unidos, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que es quien está dando financiamiento a la corrupta policía hondureña. El Tratado de Libre Comercio de América Central (DR-CAFTA) es otra pieza de todo esto. Al igual que el NAFTA entre Estados Unidos y México, este tratado abre la puerta a una competencia abierta entre pequeños productores agrícolas de Honduras, pequeños fabricantes, y muchos empleos están desapareciendo como resultado.

Así que cuando vemos que la gente huye de esta pobreza, no es que la gente piense: “vamos a cumplir el sueño americano”. Casi no hay trabajo para los jóvenes. Sus padres lo saben. Entonces se trata de morir de hambre, esa es la alternativa, o meterse en pandillas en las que hay una tremenda violencia sexual. La situación aquí es muy, muy trágica. Pero no es que trágicamente surgió de la nada. Es el resultado directo de políticas implementadas muy deliberadamente por los gobiernos de Estados Unidos y Honduras.

AMY GOODMAN: Profesora Frank, quisiera entrar en el tema de la responsabilidad de Estados Unidos sobre esto y hablar también del ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, derrocado hace cinco años. En 2011, tuvimos la oportunidad de conversar con él en su casa de Tegucigalpa. Yo había volado con él hasta Honduras. Fue después del golpe de Estado, cuando se eligió un nuevo presidente. Su familia voló a Honduras desde Nicaragua. Por primera vez regresaba a su casa después de varios años.

MANUEL ZELAYA: El Departamento de Estado de Estados Unidos siempre ha negado, y sigue negando, su vinculación con el golpe de Estado. Sin embargo, todas las pruebas lo incriminan. Y todas las acciones que hace el gobierno de facto, el régimen golpista, es para favorecer la política industrial, militar y financiera de Estados Unidos en Honduras.

AMY GOODMAN: Escuchábamos al ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Profesora Dana Frank, él está convencido de que Estados Unidos estuvo involucrado en el golpe de Estado. ¿Qué pruebas hay de eso?

DANA FRANK: Bueno, la evidencia más grande que tenemos es que el avión que lo llevaba se detuvo en la base aérea de Palmerola, ahora conocida como Base Aérea Soto Cano, una base militar conjunta de Estados Unidos y Honduras. Ese avión no podría haber parado allí sin permiso de Estados Unidos. No tenemos ninguna prueba concluyente de la participación de EE.UU. Pero podemos ciertamente tomar en cuenta la actitud del Departamento de Estado y de la Casa Blanca después del golpe, que fue legitimar el gobierno golpista, dándole un reconocimiento equivalente al de Zelaya, e incluso superior. Nunca denunciaron la tremenda represión que tuvo lugar después del golpe. Y trataron a Zelaya como un niño malo por tratar de regresar a su propio país. Y después de eso, reconocieron; anunciaron que iban a avalar el resultado de las elecciones ilegítimas de noviembre, incluso antes del conteo de votos. Y quedaba claro que querían dar por terminada la cuestión.

O sea, claramente, en muchos sentidos, Zelaya fue el eslabón más débil de la centro-izquierda, de todos los gobiernos de izquierda que habían llegado al poder en América Latina en los últimos 15 años. Y su derrocamiento fue un mensaje para esos gobiernos: EE.UU. va a respaldar los golpes de Estado y podemos derrocar también a ustedes. Entonces, Estados Unidos apoyó al presidente Lobo, que fue el ganador de las elecciones de noviembre de 2009, y se creó la ficción de que se trataba de un gobierno de reconciliación nacional. Y a partir de ahí siguieron haciendo la vista gorda, casi totalmente, frente a las espectaculares violaciones de derechos humanos que vienen sucediendo, incluyendo los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado y la tremenda falta de voluntad política que hay para hacer frente a la corrupción en lo más alto del gobierno. Y Estados Unidos sigue actuando como si con este gobierno todo marchara sobre ruedas, y se lo sigue considerando un aliado.

O sea, a mí me dio escalofríos leer los informes periodísticos y ver en los medios las noticias sobre ese avión lleno de niños deportados a Honduras, y Estados Unidos trabajando con el gobierno de Honduras, que les dio la bienvenida a los niños con los brazos abiertos, cuando es el propio gobierno que está dando lugar a que pasen estas cosas. Fue el propio gobierno quien golpeó, bueno, que ha avalado el ataque al principal activista independiente por los derechos de la niñez que hay en el país. El propio gobierno no tiene la voluntad política para sanear la policía. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con un gobierno así para ayudar a estos niños hondureños?

JUAN GONZÁLEZ: También nos acompaña Jennifer Harbury, activista de derechos humanos y abogada de Weslaco, Texas, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Su esposo, Efraín Bámaca Velásquez, era un comandante guerrillero de origen maya que desapareció después de ser capturado por el ejército guatemalteco, en la década de 1980. Harbury es autora del libro “Searching for Everardo: A Story of Love, War & the CIA in Guatemala” [Buscando a Everardo: una historia sobre el amor, la guerra y la CIA en Guatemala] y lleva décadas demandando que se desclasifique la información sobre su marido. Bienvenida, Jennifer Harbury.

JENNIFER HARBURY: Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes.

JUAN GONZÁLEZ: Cuéntanos acerca de, bueno, recién hablábamos sobre la situación en Honduras, y sabemos que muchos de los niños deportados venían también de Guatemala. Así que quisiéramos profundizar también en la intervención de Estados Unidos en Guatemala, especialmente en los últimos años.

JENNIFER HARBURY: Sí. Nos horroriza la idea de que se esté enviando de vuelta a todos estos niños, ya que según el derecho internacional, y también nacional, casi todos ellos califican para ser considerados como refugiados.

Ciertamente, puedo dar cuenta del correlato guatemalteco de lo que Dana estaba comentando para Honduras. A veces se dice que tal vez la solución sea enviar más fondos, como ella decía, un nuevo Plan Marshall para los países centroamericanos. Pero eso sería, de hecho, echar más leña al fuego, especialmente en Guatemala, donde varios oficiales y ex oficiales de alto rango del ejército son justamente señores de la droga. Algunos de ellos ya salieron del ejército; algunos todavía están dentro. Se involucraron en el narcotráfico durante el conflicto armado, ya que tenían pistas de aterrizaje muy valiosas para los señores de la droga colombianos. Se hicieron muy ricos de esa manera y ahora tienen lo que llamamos estructuras paralelas. Y ellos mismos organizan, arman y entrenan a las pandillas para que hagan su trabajo sucio.

Por ejemplo, el cártel de los Zetas, que aterroriza la franja fronteriza donde vivo yo ahora, que es casi llegando a Brownsville, a unos 16 kilómetros del Río Grande. Los Zetas son uno de los cárteles más temidos donde sea, totalmente brutales. Fueron armados, entrenados y organizados por las fuerzas especiales del ejército guatemalteco, a quienes se conoce como Kaibiles, que, por supuesto, a su vez fueron armados, entrenados, organizados y todo por las redes de inteligencia de Estados Unidos, y muchos de ellos se formaron en la Escuela de las Américas. Otro ejemplo es Julio Roberto Alpirez, un coronel que está entre los muchos militares de alto rango incluidos en la lista de oficiales corruptos de la DEA, pero como también era un informante pagado por la CIA, nadie ha podido ir tras él. Entonces, igual que Honduras, Guatemala tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. La tasa de femicidios es unas 10 veces más alta que en Ciudad Juárez.

Y cuando estos refugiados llegan masivamente a Estados Unidos, se toman todo tipo de medidas para justificar su deportación, alegando que no son refugiados. Pero la forma de hacer eso es acelerar los procedimientos, procesar todo tan rápidamente que esta gente no puede contar realmente su historia. Y por supuesto, no tienen ninguna asesoría legal. Así que, básicamente, termina dependiendo de que un niño de 10 años de edad, al ser detenido por un agente de la Patrulla Fronteriza, o una joven madre al ser detenida por un agente de la Patrulla Fronteriza, sean capaces y fuertes para decir: “Vengo a solicitar asilo político. Estoy en peligro por la persecución o agresiones de parte de los señores de la droga y las maras”. Y todos ellos saben que si llegan a decir esas palabras, van a morir cuando regresen a casa. Hay una pena de muerte, básicamente, por delatar a las pandillas y a los capos de la droga, de la forma que sea. Por lo tanto, al no tener abogados, los van a mandar a casa en cuestión de días, por medio de estos procedimientos acelerados.

Y esto es una violación de la ley internacional y también de leyes de Estados Unidos. Si cumplen con los requisitos para el asilo político o entran en los parámetros de la Convención Contra la Tortura, si están en peligro de ser atacados por gente que forma parte del Estado o bien que actúa sin que el gobierno sea capaz o —textualmente— tenga la voluntad de proteger a la población, entonces son refugiados. No pueden ser deportados. Y barrer el problema bajo la alfombra sacándolos del país tan rápido que no pueden contar su historia ni recibir asesoramiento legal, es una doble violación del derecho humanitario, y es algo por lo que vamos a tener que rendir cuentas durante mucho tiempo. Desde luego, nadie se enorgullece en este país de haber mandado barcos llenos de judíos de regreso a la Alemania nazi, pero al menos no llegamos al punto de navegar a alta mar, abordar los barcos y tirar a la gente por la borda. Aquí estamos hablando de niños. Estamos hablando de refugiados. Tenemos que dejarlos entrar.

Hay muchos programas que podríamos implementar para lidiar con esta situación, tal como se ha hecho en otras ocasiones. Podemos aplicar una acción diferida, una ejecución diferida, otorgarles el estatus de protección temporal. Estas cosas ya se han hecho con Honduras y Haití. Daría a la gente un plazo de un año o dos para quedarse y luego revaluar el peligro existente en sus países de origen. Mientras tanto, podrían trabajar y generar su propio sustento. Esto aliviaría la congestión en los juzgados. Hay muchas alternativas. Pero estamos eligiendo fingir que no son refugiados y enviarlos a casa, violando así la ley.

AMY GOODMAN: Vamos a tener que dejarlo aquí. Les damos las gracias a ambas por estar con nosotros. Pondremos en nuestro sitio el enlace a sus trabajos.

Jennifer Harbury, activista de derechos humanos y abogada, está hablando con nosotros desde Weslaco, Texas, cerca de la frontera con México. Su esposo, Efraín Bámaca Velásquez, era un comandante guerrillero de origen maya que desapareció luego de ser capturado por el ejército de Guatemala, en la década de 1980. Fue torturado y asesinado. Los responsables de su asesinato habían sido entrenados por Estados Unidos, específicamente por la Agencia Central de Inteligencia.

Dana Frank, también le damos las gracias por comunicarse con nosotros desde los estudios de la Universidad de Stanford. Frank es profesora de historia en la Universidad de California, en Santa Cruz, experta en la política estadounidense sobre Honduras. Haremos el enlace a su último artículo: “Who’s Responsible for the Flight of Honduran Children?” (¿Quién es responsable por los niños hondureños deportados?), y al anterior, “The Thugocracy Next Door: “The Thugocracy Next Door”(La 'matóncracia' en la puerta de al lado), publicado en la revista Politico.

Esto es Democracy Now! Después de la pausa, hablaremos con el economista ganador del Premio Pulitzer, Joe Stiglitz. Quédense con nosotros.

Traducido por Elia Gran. Editado por Verónica Gelman y Democracy Now! en Español.