Acuerdo de paz en Colombia debe abordar los delitos sexuales cometidos por ambas partes, afirman activistas

JUAN GONZÁLEZ: Comenzamos el programa de hoy con el histórico Acuerdo de Paz en Colombia entre funcionarios del gobierno y los rebeldes de las FARC, el cual es el último paso en los intentos por poner fin a uno de los conflictos más duraderos del mundo. La lucha comenzó en 1964 y se ha cobrado unas 220.000 vidas. Se estima que más de 5 millones de personas han sido desplazadas. El lunes en la mañana el líder de las FARC, Timoleón Jiménez, ordenó a sus subalternos que depusieran las armas.

TIMOLEÓN JIMÉNEZ: “En mi condición de comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, ordeno a todos nuestros mandos, a todas nuestras unidades, a todos y cada uno de nuestros y nuestras combatientes, que cesen el fuego y las hostilidades definitivamente contra el Estado colombiano a partir de las 24 horas de la noche de hoy”.

AMY GOODMAN: El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aplaudió el acuerdo, diciendo que vaticina un capítulo brillante y nuevo en la turbulenta historia del país.

PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS: Esta mañana, a las cero horas, comenzó el cese al fuego bilateral y definitivo en esta guerra con las FARC. Hoy, horas más tarde, estamos inaugurando el centro de rehabilitación más importante y completo de toda América latina. Es una grata coincidencia porque demuestra el cierre de un periodo y el inicio de uno nuevo, muy diferente al que todos los colombianos han experimentado y sufrido durante los últimos 50 años.

AMY GOODMAN: El cese al fuego que pondría fin al conflicto armado más largo de América Latina debe ser aprobado ahora en un referéndum en Colombia, que enfrentará una fuerte oposición de los sectores de derecha liderados por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Para ampliar la información, contamos con dos invitados. Mario Murillo es un activista colombiano de largo recorrido, profesor de comunicación en la Universidad de Hofstra, autor del libro “Colombia y Estados Unidos: guerra, inquietud y desestabilización”. También nos acompaña Adriana Benjumea, directora de Humanas Colombia, una ONG con sede en Bogotá que promueve los derechos humanos y, en particular, los derechos de la mujer. Benjumea es abogada feminista, especializada en derecho internacional humanitario.

Les damos la bienvenida a ambos a Democracy Now! Mario, vamos a empezar con usted. ¿Cuál es su opinión sobre este histórico acuerdo que se alcanzó en La Habana, Cuba?

MARIO MURILLO: Sin lugar a dudas, se trata de un acontecimiento muy importante que está siendo celebrado por la mayoría de los colombianos. Es un avance histórico que todo el mundo debería estar aplaudiendo. Pero tenemos que dejar claro que para llamar a esto un proceso de paz, debemos considerar que un acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno es un paso, pero todavía queda un largo camino por recorrer antes de que veamos un verdadero progreso hacia una paz estable y duradera. Este es el final de un conflicto militar entre un grupo armado, las FARC, uno de los más grandes, obviamente, quizás la mayor organización guerrillera en América Latina, y un gobierno. Pero hay evidencias suficientes para saber que la violencia armada continuará por lo menos hasta que se resuelvan los problemas en el campo.

JUAN GONZÁLEZ: Mario, mencionábamos que este es posiblemente el conflicto más duradero en el mundo, pero se remonta aún más atrás, porque, en realidad, esta guerra de guerrillas comenzó en el año 64, pero estuvo precedida por 10 años de guerra civil, un período conocido como “La Violencia”, que se remonta a 1948, ¿verdad?

MARIO MURILLO: Correcto, las raíces del conflicto interno se remontan a la primera parte del siglo XX, pero sin duda la violencia en el campo y el germen de la guerrilla de las FARC como consecuencia de los problemas irresueltos en el campo: desarrollo rural, problemas de seguridad, de infraestructura, y de derechos humanos; todas esas cuestiones que las FARC exponen en la década de los sesenta, tienen origen en décadas anteriores. Y seguirán teniendo vigencia aun cuando las FARC depongan las armas, cosa que ojalá ocurra en los próximos seis meses, aproximadamente. Así que se trata de un largo conflicto histórico que afortunadamente va a empezar a sufrir algunos cambios que van a contribuir de forma muy favorable a la construcción de la paz en el país.

AMY GOODMAN: Explique cuáles son los siguientes pasos, porque esos cambios aún no se han alcanzado. Tiene que realizarse un referéndum, ¿verdad?

MARIO MURILLO: Aquí es donde se complica todo. Como ya he dicho, esta es una gran noticia para Colombia. Quiero ser claro en eso. El acuerdo fue dado a conocer públicamente, o, más bien, el acuerdo final en su totalidad fue publicado la semana pasada por [el presidente] Santos y los rebeldes, de modo que el acuerdo de paz es ahora oficial. El alto al fuego está en vigor. En los últimos 18 meses hemos visto una reducción drástica de la violencia en el campo entre los dos bandos, entre el Ejército y las FARC. Así que hay cierta calma.

En unas semanas, las FARC se reunirán en su campamento para celebrar lo que han denominado su “último congreso”. La comandancia de las FARC y sus líderes tendrán que aprobar el acuerdo de paz. Es bastante probable que lo aprueben. La comandancia de las FARC ha dicho, casi unánimemente, que están comprometidos con la paz. La cuestión de los combatientes desmovilizados es otro tema, que podemos abordar más adelante, porque es una complicación para el proceso debido a que un gran número de combatientes rasos de las FARC no están necesariamente de acuerdo con el acuerdo y con lo que va a ocurrir con ellos en el futuro y con las garantías de que eso se cumpla, entre otras cosas.

Al tiempo que las FARC aceptan el acuerdo, el Congreso tendrá que ocuparse de otros asuntos, en particular los referidos a la justicia y la justicia transicional. Y al mismo tiempo se debe aprobar una legislación para determinar quién va a recibir la llamada amnistía, y es ahí de donde parten muchas de las críticas al acuerdo de paz: ¿Se trata acaso de que los años de violencia y del llamado terrorismo queden impunes? Pero parece que aquellos combatientes que no se vieron involucrados en crímenes contra la humanidad recibirán amnistía y tomarán parte activa en la vida política. Todavía hay cierta incertidumbre en cuanto a lo que les sucederá a aquellos que están implicados en masacres y en delitos contra la humanidad, un problema que preocupa a los grupos de derechos humanos. Ellos plantearon cuestiones similares en relación a los grupos paramilitares que se desmovilizaron en 2006 y 2007. Y luego está la cuestión del narcotráfico. ¿Se considera acaso ese problema como un crimen político debido a que el narcotráfico jugó un papel esencial en la financiación de la insurgencia armada? ¿O se trata de algo más? ¿Está considerado como un crimen que no puede ser amnistiado? Por lo tanto, esos problemas han de resolverse en el Congreso. Mientras, el 2 de octubre, según se anunció la semana pasada, el país irá a votar en el llamado referéndum por el sí o por el no. Y se trata de una pregunta simplista, pero muy complicada: ¿Apoya usted la paz? Los comentaristas colombianos dicen: “Somos el único país en el mundo que tenemos que preguntar si queremos o no vivir en paz”. De modo que eso es lo que se supone que ocurrirá el 2 de octubre.

JUAN GONZÁLEZ: Me gustaría invitar a la conversación a Adriana Benjumea. Usted ha sido desde hace mucho tiempo abogada por los derechos humanos en Colombia. ¿Cuál es su opinión sobre el acuerdo y sobre la cuestión del castigo para aquellos que cometieron delitos contra los derechos humanos durante la guerra?

ADRIANA BENJUMEA: Bueno, en Colombia,

ADRIANA BENJUMEA: Bueno, en Colombia, hombres y mujeres estamos muy felices por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Colombiano y la Guerrilla de las FARC. Un avance importante Un avance importante en justicia para las mujeres es que la violencia sexual cometida en el conflicto armado no es un delito ni amnistiable ni de indulto. No será perdonado. Todos los actores armados que han participado del conflicto armado en Colombia han cometido delitos sexuales, y eso no será parte de la amnistía ni del indulto y la justicia juzgará eso. Es un avance importante para los derechos humanos de las mujeres, y por eso las mujeres y las víctimas están tan bien contentas con el Acuerdo de Paz en Colombia, y tenemos mucha esperanza en que el 2 de octubre votemos ‘’sí”, digamos “sí” al Plebiscito por la Paz.

JUAN GONZÁLEZ: ¿Pero cuál es el proceso para juzgar a aquellos que han cometido delitos sexuales u otras violaciones graves contra los derechos humanos?

ADRIANA BENJUMEA: Se ha creado una justicia especial

ADRIANA BENJUMEA: Se ha creado una justicia especial que tiene varios tribunales. Hay un primer momento donde quienes han cometido delitos, miembros de los militares —de la fuerza pública— y de la guerrilla, tendrán que confesar todo lo que han hecho. Si confiesan, tienen una pena comunitaria, social, no irían a la cárcel. Hay un segundo momento, en el que si confiesan tarde, porque hay pruebas, tienen una pena un poco más dura, más fuerte, y tienen cárcel de hasta cinco u ocho años. Aquellos que no confiesan tendrán que ir a un juicio, y podrán tener penas de hasta 20 años.

AMY GOODMAN: ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan hoy en día los sobrevivientes de la violencia sexual en Colombia?

ADRIANA BENJUMEA: Hay retos muy importantes:

ADRIANA BENJUMEA: Hay retos muy importantes: que todo lo que está escrito, pueda cumplirse. Que un delito como la violencia sexual, que muy difícilmente confiesan las niñas, y las mujeres, pueda ser juzgado. Y que el gobierno colombiano tenga oídos, escuche y crea a las víctimas, y se comprometa para que la violencia sexual no sea tolerable, ni en tiempos de guerra, ni en tiempos de paz.

JUAN GONZÁLEZ: ¿Cuál ha sido el impacto para la sociedad colombiana de una guerra tan duradera? ¿Cuál es el impacto en la vida diaria del ciudadano común en Colombia?

ADRIANA BENJUMEA: En Colombia hay mucha esperanza, en los lugares más pobres, en los pueblos más pobres, que ven las balas y que viven la vida cotidiana en medio de la guerra, tienen esperanza, pero también hay mucho miedo, porque la derecha avanza con mucha fuerza, y también hay un riesgo de que digamos “No a la Paz”. Sería un día muy triste para Colombia, pero se ve con mucha alegría el anuncio en la televisión, en la prensa, y soñamos con un día en que nuestros hijos y nuestras hijas despierten con un país que ha firmado el fin del conflicto y que va en camino a la construcción de la Paz.

JUAN GONZÁLEZ: Mario, yo quería preguntarle sobre las milicias de la extrema derecha que tan infames fueron durante la mayor parte de la guerra civil, muchas de las cuales fueron desmovilizadas hace unos años. ¿Cuáles han sido las consecuencia de las acciones de los escuadrones de la muerte y de la contraviolencia hacia las guerrillas y hacia los partidarios del movimiento guerrillero?

MARIO MURILLO: Sí, es una realidad interesante y cómoda que la oposición al voto por el sí, es decir, las personas que están en contra de este proceso de paz, personificadas por Álvaro Uribe, expresidente y actual senador, está obviando convenientemente, porque cuando están hablando sobre negociar y firmar un acuerdo con las FARC, describiéndolos como terroristas con una larga historia de violencia en contra de una población civil en el campo, y argumentando que no se pueda negociar con los terroristas, con estos comunistas, narcotraficantes terroristas, ellos están obviando que eso es exactamente lo que Uribe hizo en 2006 y 2007, cuando era presidente, en contra de la opinión de muchos… a pesar de la gran oposición a ello, precisamente debido a los vínculos entre las fuerzas gubernamentales y los paramilitares. Era algo así como negociar una desmovilización con ellos mismos. En el proceso de desmovilización, la AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, que ya no existe como organización, pero que gran parte de sus combatientes…

JUAN GONZÁLEZ: Esta era la principal organización derechista.

MARIO MURILLO: Ese era algo así como la infraestructura paramilitar que, en muchos aspectos, modeló las infraestructuras que las FARC tenían en el campo, creando así frentes por todo el país. Y lo que ocurrió fue que muchos de esos grupos siguen manteniendo sus armas y continúan llevando a cabo actos de violencia, agresiones, y presionando a las comunidades locales. Lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo —y esto es algo que no se está discutiendo en absoluto—, es que están atacando a organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, movimientos sociales y organizaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas que están apoyando el proceso de paz y que quieren que las armas se silencien, y que el conflicto entre las FARC y el gobierno termine, pero tienen graves reservas sobre la forma en que eso va a ocurrir y sobre cómo les va a impactar. Y muchos de estos líderes, que están llevando a cabo acciones, denunciando las agresiones de los grupos de derecha en sus territorios, están siendo abatidos. Hubo un informe que decía que en el primer semestre, en la primera mitad de 2016, 36 activistas por la justicia social y los derechos humanos han sido asesinados, detenidos arbitrariamente, y algunos de ellos desaparecidos en el país. Recientemente se publicó un informe en Pueblos en Camino, que es una página web maravillosa centrada de verdad en los movimientos sociales en Colombia, que informó que hasta un 78 % de estos crímenes se llevan a cabo por los resquicios de grupos paramilitares o por las mismas fuerzas de seguridad.

AMY GOODMAN: ¿Qué hay de los tres activistas medioambientales que se estaban organizando en contra de la minería ilegal, y que fueron asesinados en Cauca, provincia del sudoeste, esta misma semana, uno de los cuales era el fundador de la organización campesina CIMA?

MARIO MURILLO: Bien, ahí está la contradicción principal, ¿cierto? Porque, por un lado, los acuerdos de paz tienen unos objetivos muy progresistas, optimistas y nobles, para que en el campo se haga frente a las muchas, muchas décadas, como hemos señalado anteriormente, de problemas de desarrollo económico, de autonomía de las comunidades, derechos territoriales, etc., infraestructuras, pero por otro lado, este gobierno está absolutamente cómodo con la agroindustria multinacional, con la minería, con la industria de extracción minera. Y, de hecho, las protestas y la oposición a todo esto se han ido centrando en cómo este gobierno ha cedido agresivamente contratos mineros y licencias mineras en territorios supuestamente protegidos constitucionalmente porque están en zonas indígenas o afrocolombianas protegidas en la Constitución. Por lo que estos activistas y muchos otros que han estado protestando por eso y tratando de llamar la atención hacia la contradicción en este proceso, están siendo abatidos por las fuerzas de seguridad y por fuerzas oscuras que son vestigios de los grupos paramilitares.

JUAN GONZÁLEZ: Entonces, esencialmente, la izquierda y los guerrilleros se están desarmando, pero los grupos paramilitares de la derecha, los restos de estos, todavía están armados y siguen aterrorizando a la población.

MARIO MURILLO: Sí, yo estuve recientemente en Cauca. Pasé tres o cuatro semanas en Colombia hace apenas un mes; regresé hace unas tres semanas. Pero no estuve allí trabajando, se trataba más bien de un viaje personal. Estuve visitando a amigos con los que he trabajado durante mucho tiempo en el movimiento indígena del sur de Colombia. Me contaron cómo, efectivamente, y al igual que Adriana señaló, absolutamente apoyan la desmovilización de las FARC, pero también señalaron que muchos de los rebeldes en las FARC son jóvenes, campesinos, muy pobres, muchos indígenas, sin opciones. No tienen posibilidades. Y entregar las armas no entra necesariamente dentro de sus intereses. Entonces, ellos me contaban cómo algunos de esos combatientes se están poniendo un brazalete diferente, el del ELN, la otra insurgencia armada que en este momento no se encuentra en acuerdos de paz con el gobierno. Algunos de ellos van a continuar y a participar en lo que llaman bandas criminales, estas bandas criminales y el tipo de delincuencia común que todavía ejerce una gran influencia en algunos de estos territorios. Por lo tanto, ahí está la preocupación: ¿Qué va a ocurrir con las FARC una vez se desmovilicen? Lo que no quiere decir que no haya que luchar por ello. De hecho, el movimiento indígena está presionando mucho para lograr eso, al igual que todos los movimientos de justicia social. Como ya señaló Adriana, creo que la principal oposición, que es muy poderosa, y que ejerce una fuerte influencia en los medios de comunicación colombianos, está dirigida por Álvaro Uribe, que es, en muchos aspectos, una especie de semidiós para la derecha en Colombia. Y se trata mayoritariamente de la clase media alta. Hay una gran cantidad de videos de movimientos sociales de mujeres vestidas con sus camisas de Prada y con sus perlas, hablando a las puertas de sus rascacielos en Bogotá, hablando de cómo no se puede entregar este país al comunismo, de cómo vamos a convertirnos en la próxima Venezuela, la próxima Cuba, y de que hay que votar por el no en este referéndum. Pero la gente del campo, la mayoría de la gente del campo, y una amplio sector de la población urbana de Colombia, apoyan el acuerdo con las FARC.

JUAN GONZÁLEZ: Adriana, yo quería preguntarle, respecto a todo esto, y como parte de los acuerdos, sobre cómo los rebeldes que se desarmen recibirán cada uno alrededor de 200 dólares al mes de parte del gobierno, imagino, para poder mantenerse a sí mismos, y se les permitirá formar un partido político. ¿Cree usted que el partido político de las FARC se convertirá en una fuerza importante en la sociedad colombiana, o va a ser solo una especie de organización marginal?

ADRIANA BENJUMEA: Yo espero que el partido político que conforman quienes dejan la guerra sea un partido político importante, que construyamos la democracia del país todos y todas juntos, que el debate ya no va a ser con las armas, el debate va a ser en el ámbito de la política, y yo creo que muchas mujeres y hombres que dejan la guerra van a tener opciones en partidos políticos, y en elecciones de los pueblos, de los municipios, incluso en las ciudades más grandes. Entonces no creo que sería un partido marginal: sería muy duro para la democracia en Colombia. Tendría que ser muy importante que toda la sociedad entienda que la democracia la construimos sin armas, en el debate político de los partidos políticos.

AMY GOODMAN: ¿Y qué hay sobre el papel de la mujer en las conversaciones de paz?

ADRIANA BENJUMEA: Esa pregunta es muy importante para las mujeres en Colombia. Al principio del Proceso de Paz, es un Proceso de Paz de cuatro años, durante los dos primeros años no hubo mujeres. Solo después del tercer año se crea una Subcomisión de Género, y, en el tercer año, el año pasado, las organizaciones de mujeres y mujeres expertas fuimos invitadas a La Habana a hablar con las FARC y con el Gobierno Nacional, para hablar por ejemplo de los temas de violencia sexual, y de las víctimas, mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, y podemos decir que la Mesa de Conversaciones de La Habana escuchó y recogió esos avances en el Acuerdo de Justicia que se presentó al País. Entonces decir que en un primer momento el Acuerdo de Paz no vinculó mujeres, no tomó acciones sobre las mujeres, ni de la calidad de las mujeres que tenía el país. Pero decir que poco a poco las mujeres, los movimientos de mujeres en Colombia, hemos incidido para que se recoja en los acuerdos, las propuestas de las mujeres, en participación política, en tierras y en justicia.

AMY GOODMAN: Queremos agradecer enormemente a ambos el haber estado con nosotros. Y, Mario, antes de que nos vayamos, queremos ofrecerle nuestras condolencias, porque es la primera vez le vemos en el programa desde la muerte de su esposa, María Victoria Maldonado, una maravillosa activista por los derechos de Colombia y artista, una pérdida para todos.

MARIO MURILLO: Se lo agradezco. Muchas gracias, Amy y Juan.

AMY GOODMAN: Mario Murillo, activista de Colombia y profesor de la Universidad de Hofstra, y Adriana Benjumea, una abogada feminista y directora de Humanas Colombia, una ONG con sede en Bogotá que promueve los derechos humanos, en particular, los derechos de la mujer. Esto es Democracy Now! Después de la pausa, una mujer cuenta la historia de la devolución de un cheque de $1.07 para una barra de pan y la forma en que creció hasta convertirse en cientos de dólares y terminó llevandola a la cárcel. Y ella no está sola. ¿Existen prisiones para deudores en este país? Quédense con nosotros.

Segmento producido por Vanessa Londoño, Carolina Flórez, Clara Ibarra y Democracy Now!