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Democracy Now! acaba de regresar de Puerto Rico, donde entrevistamos a Ángel Figueroa Jaramillo, presidente del sindicato Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico, justo cuando ell gobernador Ricardo Roselló declaró que le había ordenado a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico que cancelara el polémico contrato por valor de 300 millones de dólares con la pequeña empresa Whitefish Energy, que tiene sus oficinas centrales en Montana. La decisión del gobernador se produjo después de gran presión y escrutinio del contrato para reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico, devastada por el huracán María. La empresa Whitefish tiene su sede en la pequeña ciudad natal del secretario del Interior, Ryan Zinke, y el jefe de la empresa de capital privado que respalda Whitefish fue donante de la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A fines de la semana pasada, una copia filtrada del contrato desató aún más indignación, cuando se vio que los términos prohibían sanciones por demoras en el trabajo e impedían que el proyecto fuera auditado.
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