Titulares01 de febrero de 2017

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció cuál será su candidato para llenar la vacante que dejó el fallecido Antonin Scalia en la Corte Suprema de Justicia: se trata del juez Neil Gorsuch. Los senadores demócratas prometieron pronunciar discursos obstruccionistas contra la nominación del jurista conservador. Como juez del Décimo Circuito, Gorsuch falló a favor de la empresa Hobby Lobby en el caso que decidía si la compañía podía negarse a cumplir con la disposición establecida por el sistema de salud conocido como Obamacare de proporcionar métodos anticonceptivos a sus empleadas. El juez Gorsuch también tiene un amplio historial de fallos contra empleados en casos de discriminación por raza, género, edad, discapacidad y orientación política, y en demandas por represalias. Aparentemente Gorsuch habría ratificado una decisión que negaba prestaciones de seguro a largo plazo a un trabajador que sufrió una lesión laboral por la que debían practicarle una operación de columna. También se informa que no estuvo de acuerdo en un fallo a favor del conductor de un camión que fue despedido ilegalmente luego de que abandonara un remolque para no morir congelado. Gorsuch integra la ultraconservadora Sociedad Federalista, que cree en la restricción extrema del poder que tienen las agencias federales, tal como la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés), para reglamentar a las empresas. La madre de Gorsuch, Anne Gorsuch Burford, ocupó brevemente el cargo de administradora de la EPA durante el gobierno del presidente Ronald Reagan, período en el que despidió personal y derogó medidas contra la contaminación, antes de renunciar en medio de un escándalo. Visite www.democracynow.org/es para acceder a más información sobre el juez Neil Gorsuch.

Continúa en aumento la resistencia contra los candidatos al gabinete de Donald Trump en el Capitolio y en todo Estados Unidos. Senadores demócratas boicotearon dos votaciones previstas y decenas de personas fueron arrestadas en una serie de protestas a nivel nacional. Encabezados por el senador por el estado de Oregon Ron Wyden, los legisladores demócratas del Comité de Finanzas del Senado suspendieron las confirmaciones del candidato a secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y del candidato a secretario de Salud y Servicios Humanos, Tom Price, al negarse a asistir a la reunión del comité. En el marco de las normas del comité, si ningún legislador demócrata asiste a la audiencia, no se puede llevar a cabo la votación. Los legisladores acusaron a Mnuchin y a Price de mentirles a los comités durante sus audiencias de confirmación. Mientras tanto, un grupo de manifestantes llevó a cabo una sentada y obstruyó la entrada a la oficina del presidente del Comité de Finanzas, Orrin Hatch, senador republicano por el estado de Utah, en una medida de protesta contra la nominación de Price. Al menos 47 personas fueron arrestadas. El martes, los legisladores demócratas del Comité Judicial del Senado también retrasaron la votación para confirmar a Jeff Sessions como fiscal general y pronunciaron discursos dilatorios. Estas son las palabras de la senadora demócrata por California Dianne Feinstein.

La senadora Dianne Feinstein declaró: “En su lugar ha sido el promotor más acérrimo, más dedicado y más leal del Congreso a favor del programa de Trump y ha desempeñado un papel crítico en la cámara de compensación a favor de políticas y filosofías que tienen como fin afianzar la implementación de este programa. Con esto en mente, debo votar no”.

La confirmación de Sessions enfrentó una serie de protestas a raíz de su rechazo a la ley de Derechos Electorales y sus antecedentes de comentarios racistas. El lunes, aproximadamente 10 miembros de la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, por su sigla en inglés), entre ellos el presidente de la organización, Cornell William Brooks, fueron arrestados cuando realizaban una sentada en la oficina de Sessions en Mobile, Alabama. Se trató de la segunda sentada organizada por la NAACP contra la confirmación de Sessions. El martes, la coronel retirada Ann Wright interrumpió la sesión del Comité Judicial del Senado en protesta contra Sessions.

Ann Wright expresó: “¡No al racismo, no a la prohibición de refugiados! ¡Espere, espere! Me iré, no tienen que arrastrarme. Tengo una prótesis de cadera. Tengo 70 años, puedo salir sola. Pero no al racismo. No al odio. ¡No a Jeff Sessions y no a la prohibición de refugiados!”

El martes se llevaron a cabo más protestas contra Sessions y los demás candidatos al gabinete de Trump. En la ciudad de Nueva York, miles de manifestantes se reunieron frente a la casa del senador Chuck Schumer para exigirle que se oponga a los candidatos de Trump al gabinete. En otra protesta en la misma ciudad, 11 manifestantes, entre ellos Gwen Carr, la madre de Eric Garner, fueron arrestados mientras bloqueaban el tránsito frente a la Torre Trump como protesta contra las nominaciones. En Chicago, al menos siete manifestantes fueron arrestados luego de que cientos llevaran a cabo una sentada en el Edificio Federal para exigirles a los senadores de Illinois Dick Durbin y Tammy Duckworth que votaran en contra de la candidata multimillonaria Betsy DeVos para ocupar el cargo de secretaria de Educación, lo que finalmente ocurrió. Sin embargo, DeVos es una de los tres candidatos al gabinete de Trump que fueron aprobados por los respectivos comités del Senado el martes. El Comité de Educación del Senado aprobó la nominación de DeVos con 12 votos a favor y 11 en contra, en una votación de todos los candidatos del partido, aunque según The Washington Post, DeVos habría plagiado partes de sus respuestas presentadas por escrito al Comité del Senado. También el martes, el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado aprobó con 16 votos a favor y 7 en contra al exgobernador de Texas Rick Perry para el cargo de secretario de Energía y con 16 votos a favor y 6 en contra al congresista de Montana Ryan Zinke para encabezar el Departamento del Interior. DeVos, Perry y Zinke enfrentarán ahora la votación de todo el Senado para ser confirmados. El Senado entero votó el martes también para confirmar a Elaine Chao como secretaria de Transporte.

También continuaron las protestas en ciudades de todo el país contra la orden ejecutiva de Trump de prohibir temporalmente la entrada a Estados Unidos de todos los refugiados y de los ciudadanos de siete países con mayoría musulmana: Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. En Minneapolis, aproximadamente 5.000 personas inundaron las calles cercanas al Edificio Federal. El Anti-War Committee (Comité contra la Guerra, en español), organizador de la protesta, expresó: “Es un delito que Estados Unidos bombardee y ataque a otros países y luego rechace a los refugiados cuando ha sido el responsable de destruir sus territorios”. En Columbia, Carolina del Sur, más de 600 personas se reunieron ante la Cámara de Representantes estatal para expresar su rechazo a la prohibición de Trump contra los musulmanes. También sigue aumentando la cantidad de impugnaciones legales presentadas contra la prohibición. Los estados de Washington, Massachusetts, Virginia y Nueva York se adhirieron a la presentación de demandas legales contra la orden ejecutiva de Trump. Estas son las palabras de la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey.

Maura Healey sostuvo: “La orden ejecutiva es perjudicial, discriminatoria e inconstitucional. Discrimina sobre la base de la religión y el origen nacional, niega a nuestros residentes el acceso al debido proceso y a la protección igualitaria de la ley, y viola la ley federal de inmigración. El papel de esta oficina es defender la ley y la constitución de este estado y de Estados Unidos”.

Cerca de mil diplomáticos y funcionarios del Departamento de Estado firmaron un memorando de desacuerdo que condena la prohibición musulmana de Trump. Este memorando reúne muchos más suscriptores que cualquier otro memorando de desacuerdo que se haya firmado en los últimos años. El martes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, intentó afirmar que la orden ejecutiva no es una “prohibición”, a pesar de que tanto Spicer como el presidente Trump la han llamado “prohibición” en diferentes ocasiones; por ejemplo, lo hicieron varias veces el lunes. El martes, Spicer también intentó defender la decisión de las autoridades de esposar a un ciudadano estadounidense de cinco años de edad durante horas en el aeropuerto internacional de Dulles, en Virginia, cuando el niño volvía de un viaje a Irán, alegando que podría haber planteado una amenaza a la seguridad. Trump ha afirmado falsamente que sólo se les ha negado la entrada al país a 109 personas desde que se impuso la prohibición. En realidad, funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza declararon el martes que se les ha negado el ingreso a Estados Unidos a por lo menos 721 personas.

Donald Trump canceló un viaje a Milwaukee, en medio de la planificación de protestas masivas. La Casa Blanca anunció el martes que Trump no visitará una fábrica de Harley-Davidson el jueves, según estaba programado. En respuesta, la Coalición Milwaukee en contra de Trump dijo: “Las políticas impopulares de Trump han encendido un movimiento de resistencia sin precedentes que bloqueará todos sus movimientos. Esperamos que nuestro éxito en Milwaukee fije el tono para el resto de la presidencia de Trump; ¡donde quiera que vaya, habrá resistencia!”.

Legisladores en todo Estados Unidos están impulsando más leyes contra la protesta, en el marco de la ola de manifestaciones masivas que se oponen a la presidencia de Donald Trump. En Iowa, los legisladores presentaron un proyecto de ley por el que el bloqueo de tránsito pasaría a ser considerado un delito grave punible con hasta cinco años de cárcel. Los legisladores de Minnesota impulsan un proyecto de ley antiprotesta que permitiría a las ciudades demandar a los manifestantes con el fin de cobrarles por el costo de vigilar las manifestaciones. En Dakota del Norte, los legisladores presentaron un proyecto de ley para proteger a los conductores de responsabilidad si lesionan o matan a un manifestante que obstruya el tráfico. Por su parte, los legisladores del estado de Washington impulsan un proyecto de ley que catalogaría las protestas como “terrorismo económico”. Y en Indiana, los legisladores republicanos presentaron un proyecto de ley que autorizaría a la policía a retirar a los manifestantes que bloqueen el tránsito usando “cualquier medio necesario”. Los activistas que defienden esta legislación han apodado el proyecto “bloquea el tránsito y muere”. Estos proyectos nuevos se producen al tiempo que más de 200 activistas enfrentan la posibilidad de recibir condenas de hasta diez años de cárcel por cargos de disturbios, por protestar en contra de la toma de posesión de Donald Trump en Washington DC.

En Rumanía, más de 20.000 personas protestaron en la capital, Bucarest, y otras ciudades, después de que el gobierno aprobara una ordenanza de emergencia que despenalizaba la mala conducta oficial. Los manifestantes afirman que la medida autoriza la corrupción. Este es uno de los manifestantes.

Un manifestante declaró: “Venimos a protestar contra este tipo de métodos inmorales y mafiosos. Votan en la noche como ladrones, [por] una ley que le da el derecho a los políticos y funcionarios públicos a que roben 44.000 euros”.

Volviendo a Estados Unidos, los legisladores republicanos presentaron una nueva legislación que propone vender 1,3 millones de hectáreas de terreno público, un área del tamaño del estado de Connecticut. El terreno abarca diez estados diferentes. El proyecto de ley está siendo impulsado por el congresista republicano de Utah Jason Chaffetz.

Y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos parece estar dispuesto a aprobar el permiso final requerido para construir el oleoducto Dakota Access, un proyecto valuado en 3.800 millones de dólares, que ha enfrentado meses de resistencia de cientos de naciones indígenas y aliados no nativos. El senador de Dakota del Norte John Hoeven dijo el martes que había hablado con el secretario interino del ejército, Robert Speer, quien había ordenado al cuerpo de Ingenieros del Ejército que emitiera el permiso para poder perforar bajo el río Missouri a la empresa responsable del oleoducto, Energy Transfer Partners. La tribu sioux de Standing Rock y muchos más temen que un derrame del oleoducto contamine el río, que es fuente de agua potable para millones de personas. Los protectores del agua afirman que, si se otorga el permiso, el gobierno estaría evitando ilegalmente el proceso de una Declaración de Impacto Ambiental que fue ordenada en diciembre, bajo el gobierno del expresidente Barack Obama. La tribu sioux de Standing Rock dijo que “abandonar la [Declaración de Impacto Ambiental] sería un cambio totalmente inexplicable y arbitrario, basado en las opiniones personales del presidente y, potencialmente, en sus inversiones personales”. Los miembros del campamento de resistencia de Sacred Stone, en la reserva sioux de Standing Rock en Dakota del Norte, han pedido a los protectores del agua que se hagan presentes para apoyar la resistencia contra el oleoducto Dakota Access.