Titulares18 de diciembre de 2018

El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que no apoyará un proyecto de ley de gastos de una o dos semanas que evitaría el cierre del gobierno durante los días festivos, al tiempo que la Casa Blanca continúa exigiendo que se destinen al menos 5.000 millones de dólares para ampliar el muro que separa la frontera entre Estados Unidos y México. Los demócratas ofrecieron aprobar alrededor de una cuarta parte de la cifra solicitada. Cuando se aproxima la celebración de la Navidad, más de 380.000 empleados federales enfrentan la posibilidad de recibir licencias laborales no pagas, mientras que otros 420.000 de los llamados empleados federales “esenciales” podrían ser obligados a trabajar sin remuneración. David Cox, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, dijo: “El Congreso y el presidente no deben mantener a los organismos de financiación como rehenes de políticas controvertidas que no están relacionadas con el presupuesto. […] Nuestros miembros preguntan cómo se supone que deben pagar el alquiler, la comida y la gasolina si se les exige que trabajen sin remuneración. La temporada de festividades hace que estas inquietudes sean especialmente desgarradoras”.

En Yemen, un acuerdo de alto el fuego en el que la Organización de las Naciones Unidas actuó como mediadora parecía mantenerse en la madrugada del martes, luego de que la coalición liderada por Arabia Saudí mantuvo duras batallas con los rebeldes hutíes en la estratégica ciudad portuaria de Hodeidah horas después de que, a medianoche, entrara en vigencia la tregua. El frágil cese del fuego se produce al tiempo que Naciones Unidas advierte que decenas de miles de yemeníes sufren condiciones de hambruna, mientras que la mitad de los 28 millones de habitantes del país se encuentran al borde de la inanición. La semana pasada, el Senado de Estados Unidos votó por 56 votos contra 41 en favor de poner fin al apoyo de ese país a la guerra en Yemen; sin embargo, no se espera que un proyecto de ley similar sea aprobado este año en la Cámara de Representantes.

En Estados Unidos, el Gobierno del presidente Donald Trump, ha prohibido que una mujer yemení, madre de un niño de dos años que sufre una rara enfermedad cerebral, visite por última vez a su hijo moribundo, quien se encuentra internado en un hospital en el estado de California. Los médicos han puesto a Abdullah Hassan en sistemas de soporte vital y afirman que el niño no sobrevivirá por mucho tiempo. Abdullah y su padre, Ali Hassan, son ciudadanos estadounidenses, pero la madre del niño, Shaima Swileh, es una ciudadana yemení que ahora reside en Egipto. Bajo la restricción de viaje impuesta por el gobierno de Trump –que fue ratificada en junio por la Corte Suprema estadounidense– las personas originarias de cinco países mayoritariamente musulmanes (Irán, Libia, Yemen, Siria y Somalia) tienen prohibido el ingreso a Estados Unidos. La familia solicita que se apruebe una exención para que Swileh pueda visitar a su hijo en un hospital situado en la ciudad de Stockton, en California. Ali Hassan le dijo al periódico San Francisco Chronicle: “Lo único que ella desea es sostener la mano [de su hijo] por última vez”.

Un juez federal de Estados Unidos fijará la condena para Michael Flynn, el exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, quien se declaró culpable de mentirle al FBI con respecto a las conversaciones que mantuvo con el embajador de Rusia en Estados Unidos antes de que Trump asumiera el cargo. En una recomendación de sentencia presentada a principios de este mes, el fiscal especial Robert Mueller afirmó que no solicita una pena de cárcel para Flynn, y citó su “colaboración sustancial” con la investigación acerca de la posible interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016, así como en al menos otra investigación. El lunes, el FBI arrestó a dos de los antiguos socios de Flynn y los acusó de influir ilegalmente en los legisladores estadounidenses en nombre del gobierno turco. La fiscalía sostiene que Bijan Kian y Ekim Alptekin no se registraron como agentes extranjeros y mintieron ante el FBI sobre sus intentos de obtener la extradición a Turquía del clérigo turco Fethullah Gülen, quien reside en las montañas Pocono, en el estado de Pennsylvania, en Estados Unidos.

El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos afirma que las compañías de redes sociales, entre las que se encuentran Google, Facebook y Twitter, tergiversaron el grado en que las cuentas falsas creadas por los rusos intentaron difundir noticias falsas y sembrar la discordia antes de las elecciones estadounidenses celebradas en 2016. Dos informes bipartidistas publicados el lunes por el Comité afirman que el gobierno de Rusia se enfocó particularmente en el público afroestadounidense, en un intento de reducir la participación de aquellos electores que probablemente votarían a la candidata por el Partido Demócrata Hillary Clinton. Los informes fueron publicados al tiempo que la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color comunicó que comenzaría hoy una protesta digital de una semana de duración, bajo el hashtag #LogOutFacebook (“Cierren la sesión de Facebook”, en español). La agrupación de defensa de los derechos civiles sostiene que Facebook cuenta con un historial de violaciones de datos personales que ha afectado de forma desproporcionada a los usuarios de color en Estados Unidos y que la compañía carece de diversidad étnica entre sus directivos.

En Nicaragua, grupos de defensa de la libertad de prensa condenaron al gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega después de que la policía allanara el jueves pasado la oficina de un periodista y crítico del gobierno, rompiendo las cerraduras para apoderarse del equipamiento. La redada en las oficinas del periódico Confidencial se produjo al tiempo que la policía nicaragüense también requisó la sede de un destacado grupo de defensa de los derechos humanos, y después de que los legisladores declararan ilegales a nueve organizaciones no gubernamentales que critican al gobierno de Ortega. Estas son las palabras de Carlos Fernando Chamorro, destacado presentador de noticias de televisión y director del periódico Confidencial.

Carlos Fernando Chamorro expresó: “El objetivo es silenciarnos. La intención es que quieren acabar con las ideas, quieren callar y cerrar un medio de comunicación. Pero no tendrán éxito. Vamos a seguir informando [al público], continuaremos denunciando e investigando los abusos de la dictadura de Daniel Ortega”.

En Palestina, la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamamiento para obtener 350 millones de dólares en ayuda humanitaria de emergencia, después de que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, recortó los fondos de la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas de ayuda para los refugiados palestinos. Naciones Unidas señala que los fondos se necesitan con urgencia para asistir a los 1,4 millones de palestinos que sufren mayor carencia de alimentos, refugio, atención médica, agua potable y saneamiento.

Al tiempo que la Organización de las Naciones Unidas pidió ayuda humanitaria de emergencia para Palestina, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, reconoció formalmente a Jerusalén como la única capital de Israel, a pesar de que Israel ha ocupado ilegalmente Jerusalén Oeste desde 1967.

Scott Morrison expresó: “Australia reconoce ahora a Jerusalén Oeste como la capital de Israel, dado que alberga al Knéset y a numerosas instituciones gubernamentales. Jerusalén Oeste es la capital de Israel. Esperamos trasladar nuestra embajada a Jerusalén occidental cuando sea práctico, en apoyo esta decisión y después de una determinación final de su estatus”.

En mayo, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, provocó la condena internacional al trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, una ciudad que los palestinos reclaman como parte de un futuro Estado.

En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos votó el lunes en contra de un acuerdo marco que apunta a proteger los derechos de los refugiados de todo el mundo. La votación sobre el Pacto Mundial sobre Refugiados fue de 181 países a favor y 2 en contra; solamente el gobierno de extrema derecha de Hungría se unió al Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, en su rechazo al pacto sobre los refugiados. Entre otras cosas, el pacto apunta a buscar alternativas al encarcelamiento de los solicitantes de asilo, especialmente cuando se trata de menores de edad. El Gobierno de Trump tiene actualmente a más de 15.000 menores migrantes detenidos bajo custodia gubernamental.

Miles de manifestantes tomaron las calles de Hungría el lunes, en el quinto día consecutivo de protestas contra el autoritario primer ministro de extrema derecha Viktor Orban. Las manifestaciones se originaron cuando el Gobierno de Orban creó un nuevo sistema judicial que es controlado por su partido. Los manifestantes también están furiosos por las nuevas normativas que permiten a los empleadores exigir a sus trabajadores hasta 400 horas extras, y que les brindan un plazo de hasta tres años para pagar el salario correspondiente. Los críticos calificaron las normativas de “leyes esclavistas”. Las siguientes son las palabras de Andy, una estudiante de 26 años de Budapest.

Andy expresó: “Creo que no solo el malestar, la furia y la frustración van en aumento, sino también las voces de aquellos que buscan un cambio. Creo que este es un proceso en el que intentamos pensar en nuevas ideas”.

Las protestas del lunes se dirigieron a estaciones de radio y televisión estatales por su apoyo unilateral al primer ministro Orban. Los guardias expulsaron a dos legisladores independientes del edificio de la estación de televisión estatal húngara, luego de que estos exigieron que el presentador de la emisora leyera una petición de los manifestantes.

En Estados Unidos, el Gobierno encabezado por el presidente Donald Trump está en proceso de eliminar un programa de vigilancia nacional llamado “Cielos Silenciosos”, a pesar de que los agentes federales aéreos continuarán vigilando a aquellos pasajeros que consideren sospechosos. En julio, el periódico The Boston Globe reveló la existencia de un programa de vigilancia nacional gestionado por la Autoridad de Seguridad del Transporte (TSA, por su sigla en inglés), que ha rastreado a ciudadanos estadounidenses en aviones y aeropuertos desde 2012. Bajo el programa “Cielos Silenciosos”, los agentes federales aéreos recopilaban información sobre comportamientos comunes de los viajeros estadounidenses, como usar el baño varias veces, dormir en los vuelos o transpirar mucho. En virtud de los cambios anunciados el lunes, los agentes aéreos continuarán elaborando perfiles sobre los pasajeros, pero dejarán de reportar gran parte de sus observaciones a otras agencias de inteligencia.

La cadena de televisión CBS anunció el lunes que retendrá la indemnización por años de servicio de 120 millones de dólares que tenía previsto otorgar a Les Moonves, ex director ejecutivo del gigante de los medios. Moonves renunció en septiembre, luego de que la revista The New Yorker publicó un artículo que detallaba una serie de denuncias de agresión sexual y acoso sexual que pesaban contra él y que no habían sido reportadas anteriormente. Su renuncia se produjo al tiempo que Jeff Fager, quien durante mucho tiempo se había desempeñado como el productor ejecutivo del programa “60 minutos”, de la cadena CBS, fue despedido por hostigar y acosar sexualmente a las empleadas; y menos de un año después de que el presentador estrella de la CBS Charlie Rose también fuera destituido tras haber sido acusado de agresión y acoso sexual.

Fiscales generales de 45 estados están pidiendo información a la fiscalía de Pensilvania, en Estados Unidos, sobre las conductas sexuales inapropiadas de curas católicos y sobre el intento de la jerarquía eclesiástica de encubrir los abusos cometidos por ellos. Esto ocurre al tiempo que las provincias jesuitas del estado de Maryland y del medio oeste del país divulgaron los nombres de 85 integrantes del clero acusados con pruebas creíbles de haber abusado sexualmente de niños. Con las listas recientes, el número de sacerdotes jesuitas acusados de delitos sexuales desde los años 50 asciende a 230.

En el estado de Virginia Occidental, en Estados Unidos, el administrador de un colegio de enseñanza secundaria enfrenta duras críticas por el supuesto acoso de un estudiante transgénero que utilizó el baño de varones. El estudiante de segundo año Michael Critchfield, de 15 años, quien se identifica como hombre, afirma que fue arrinconado en el baño de varones de la secundaria Liberty, que hasta ese momento estaba vacío, por el subdirector Lee Livengood, quien lo retó a usar el urinario para demostrar que era un hombre y luego le dijo: “No voy a mentirte, me aterras”. El superintendente de la Junta Escolar del Condado de Harrison afirmó que Livengood actuó “inapropiadamente” y “de manera insensible” durante el encuentro. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) advierte que más del 50% de los hombres transgénero intentan suicidarse durante su adolescencia.

En el estado de Missouri, en Estados Unidos, un juez ordenó a un cazador furtivo en serie que disparó y mató ilegalmente a cientos de venados ver la película de animación “Bambi”, de Walt Disney, al menos una vez por mes durante el curso de un año en prisión. Según las autoridades, a lo largo de un período de tres años, David Berry Jr. dejó cientos de cadáveres de venados pudriéndose, luego de decapitarlos para llevarse sus cabezas como trofeos de caza.

En la provincia de la Columbia Británica, en Canadá, un grupo de activistas indígenas que han estado bloqueando físicamente la construcción del mayor proyecto de fracking en la historia del país se prepara para una redada policial que se espera que tenga lugar en su campamento. Miembros del clan Unist’ot’en impidieron que los trabajadores de la compañía TransCanada Corporation ingresaran a su territorio el 20 de noviembre para construir el oleoducto planificado Coastal Gas Link, cuyo costo estimado es de 4.700 millones de dólares, pero un juez sentenció que TransCanada puede comenzar la construcción en las tierras de las Naciones Originarias.

La lucha de los activistas indígenas que bloquean la construcción del oleoducto CoastalGas Link, en la provincia canadiense de la Columbia Británica, atrajo defensores tanto de Estados Unidos como de Canadá. El viernes, en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos, unos 60 manifestantes colocaron un oleoducto de 15 metros de longitud a través del lobby de la sede ejecutiva de la financiera JPMorgan Chase en la región del Noroeste del Pacífico estadounidense y crearon una imitación de derrame de petróleo en protesta porque el banco financia a TransCanada y a otras compañías de oleoductos. Las siguientes son las palabras de Rachel Heaton, una integrante de la tribu Muckleshoot que se unió a la protesta.

Rachel Heaton expresó: “Esto es acerca de nuestras futuras generaciones. Y es por eso que tengo a mi hijo de cinco meses y medio aquí. Es porque, en última instancia, las decisiones que toman estos bancos, las que estamos tomando, tienen que ver con su futuro. Y la posibilidad de que no tengan aire limpio para respirar o agua limpia es una cosa horrible en la que pensar, pero el hecho es que simplemente a algunas personas no les molesta… Y por eso, tenemos que venir y hablar de esto. Realmente, esta lucha no se trata solo de atacar el problema de los oleoductos, sino que también se trata de lo que estamos haciendo para nuestras generaciones futuras”.