Titulares16 de agosto de 2018

En Afganistán comenzaron los funerales de 37 personas que fallecieron luego del ataque perpetrado por un terrorista suicida, el miércoles, en un centro educativo de la capital, Kabul. La mayoría de los fallecidos eran jóvenes, mujeres y hombres, que se preparaban para rendir exámenes de ingreso a la universidad. Después de ese bombardeo, hoy se produjo un ataque a una base del servicio de inteligencia afgano en Kabul, llevado a cabo por hombres armados que disparaban granadas propulsadas por cohetes. Mientras tanto, combatientes talibanes invadieron un puesto militar en la provincia de Baghlan, en el norte del país, y causaron la muerte de 44 soldados y policías. Por otra parte, las fuerzas afganas, que cuentan con el respaldo de Estados Unidos, afirmaron que el miércoles tomaron el control de la mayor parte de la ciudad de Ghazni, como resultado de los combates más intensos que Afganistán haya visto en los últimos años. La Organización de las Naciones Unidas calcula que 150 civiles murieron durante esos enfrentamientos, que duraron cinco días, y los hospitales locales informan que están desbordados debido al alto número de heridos y fallecidos. Estas son las palabras de Omid, un residente de Ghazni.

Omid: “Han pasado casi cuatro días de insurgencia en la ciudad, pero el gobierno no ha prestado atención a la gente de aquí y, como pueden ver, la mayoría de los mercados se han incendiado en la ciudad”.

Las situaciones de violencia se produjeron al tiempo que los talibanes señalaban que ya no permitirían el paso seguro a los trabajadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, ya que acusan a la agencia de no asistir a los prisioneros talibanes que se encuentran en poder del gobierno de Kabul, que es respaldado por Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump revocó la acreditación de seguridad de uno de sus críticos acérrimos, el exdirector de la CIA John Brennan, quien repetidamente ha calificado a Trump de no apto para ejercer la presidencia. Brennan se desempeñó como director de la CIA durante el mandato del expresidente Barack Obama y mientras ocupó ese cargo supervisó el programa de asesinatos con drones de la agencia. En respuesta a la pérdida de autorización de Brennan, Ben Wizner, integrante de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), expresó: “Hemos sido implacables en nuestra crítica a la defensa [de John Brennan] del programa de tortura de la CIA y su papel en ataques ilegales letales en el extranjero. Pero la revocación de Trump de la acreditación de seguridad de Brennan, y sus amenazas de revocar las acreditaciones de seguridad de otros exfuncionarios, por la única razón de que han criticado su conducta y sus políticas, constituyen represalias inconstitucionales”. En la Casa Blanca, la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders señaló que otros exfuncionarios de la rama ejecutiva que han sido críticos de Trump serían los siguientes que verían revocada su acreditación de seguridad.

La secretaria de Prensa Sarah Huckabee Sanders declaró: “James Clapper, James Comey, Michael Hayden, Sally Yates, Susan Rice, Andrew McCabe, Peter Struck, Lisa Page y Bruce Ohr. Las acreditaciones de seguridad –para aquellos que aún las tienen– pueden ser revocadas, y quienes ya hayan perdido su acreditación de seguridad pueden no obtener aprobación para renovarla”.

Entre los exfuncionarios del gobierno cuya acreditación de seguridad no está siendo revisada por la Casa Blanca se encuentra Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional de Trump, quien se declaró culpable de mentir al FBI acerca de sus conversaciones con funcionarios rusos.

Todo esto se produce mientras un jurado delibera sobre el destino del expresidente de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, quien enfrenta 18 cargos relacionados con la investigación encabezada por el fiscal especial Robert Mueller, incluidos fraude fiscal, fraude bancario y lavado de dinero. Esto se produce después de que la exasesora de la Casa Blanca Omarosa Manigault Newman dijera que Trump fue grabado repetidamente utilizando insultos racistas y compartiera una grabación que registra a una funcionaria de la Casa Blanca discutiendo las posibles consecuencias del uso de insultos racistas por parte de Trump.

Mientras tanto, el equipo legal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que podría llegar hasta la Corte Suprema en su intento de anular una posible citación proveniente del fiscal especial Robert Mueller para una entrevista con el presidente, en caso de que esta se produjera. Hasta ahora, Trump se ha negado a ser interrogado por Mueller; su abogado Rudy Giuliani declara que el fiscal especial debería presentar su informe antes del 7 de septiembre, y amenaza: “Si no lo hace en las próximas dos o tres semanas, simplemente le caeremos con todo”.

Más de 300 periódicos y medios de comunicación lanzaron una campaña para contrarrestar los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la prensa libre. La iniciativa fue dirigida por el periódico The Boston Globe, que escribió en un editorial: “Durante más de dos siglos, este principio fundamental estadounidense [la libertad de prensa] ha protegido a los periodistas en su país y ha servido como modelo para las naciones libres en el exterior. Hoy está bajo seria amenaza. Y de este modo se envía una señal alarmante a los déspotas desde Ankara hasta Moscú, desde Beijing hasta Bagdad: que los periodistas pueden ser tratados como un enemigo doméstico”.

En Turquía, un tribunal liberó al presidente honorario de la filial turca de Amnistía Internacional, Taner Kiliç, más de un año después de que fuera arrestado junto con otros activistas por los derechos humanos por presuntamente haber apoyado el fallido intento de golpe de Estado ocurrido en 2016. El arresto de Kiliç provocó la condena internacional, debido al progresivo incremento de la represión que Turquía ejerce contra los defensores de los derechos humanos. Estas son las declaraciones de Taner Kiliç inmediatamente después de su liberación.

Taner Kiliç expresó: “Espero que prevalezca la justicia para todos. Espero que el poder judicial independiente e imparcial sirva para todos. No soy el que está en la peor situación. Hay personas en una situación peor que la mía. Espero que haya un juicio justo para todo el mundo”.

La liberación de Kiliç se produjo en medio de una creciente guerra comercial entre Washington y Ankara, y luego de que el gobierno estadounidense encabezado por el presidente Donald Trump aplicara sanciones contra Turquía. Estados Unidos exige la liberación del misionero estadounidense Andrew Brunson, una de las miles de personas detenidas en Turquía tras el fallido golpe de Estado de 2016.

En Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se encuentra en prisión, se registró formalmente como el candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, a pesar de que la Corte Electoral de Brasil amenaza con invalidar su candidatura. Actualmente Lula cumple una sentencia de 12 años en la cárcel tras ser condenado por corrupción, en un fallo que su partido atribuye a intereses políticos. Las encuestas lo colocan como el candidato con mayor porcentaje de intención de voto para las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre. El miércoles, 10.000 simpatizantes de Lula marcharon por las calles de la capital, Brasilia. Entre ellos se encontraban la expresidenta Dilma Rousseff y Fernando Haddad, candidato a la vicepresidencia.

Dilma Rousseff expresó: “Hoy hemos ganado con nuestra fuerza y nuestra convicción, y con la certeza de que Lula es inocente”.

Fernando Haddad expresó: “Sabemos que han incriminado a Lula. Sabemos que el juicio, con el que han intentado remover a Lula de la campaña presidencial, fue un juicio falso. Un juicio en el que no se demostró ningún crimen ni se presentó ninguna clase de evidencia contra el presidente Lula”.

En el mar Mediterráneo, una embarcación de ayuda humanitaria que llevaba a 141 migrantes rescatados en la costa de Libia atracó el miércoles en la isla de Malta. De esta manera se le puso fin al calvario que sufrieron los migrantes que viajaban en la embarcación, a raíz de que los países miembros de la Unión Europea les negaron un puerto seguro durante cinco días. La mayoría de los migrantes son eritreos y somalíes, y decenas de ellos son menores de edad. La organización no gubernamental Médicos sin Fronteras, que ayuda a operar el barco de rescate Aquarius, sostiene que muchos de los migrantes fueron víctimas de violencia sexual y de trabajo esclavo en Libia. El mes pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, elogió al primer ministro recientemente electo de Italia, Giuseppe Conte, por negarle la autorización para atracar al barco de rescate Aquarius cuando se aproximó a Italia llevando 629 migrantes a bordo.

En el estado de Massachusetts, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) anunció el hallazgo de correos electrónicos que demuestran cómo dos agencias federales de inmigración trabajaron juntas para atrapar y arrestar a inmigrantes que se presentaban a entrevistas para solicitar la residencia permanente. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles sostiene que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas trabajaron junto con funcionarios de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, en toda la región de Nueva Inglaterra, para capturar a los inmigrantes cuando se presentaban, junto con sus cónyuges, que son ciudadanos estadounidenses, a las oficinas de ciudadanía para solicitar “tarjetas verdes” de residencia permanente. Según se informó, las agencias programaban los arrestos en momentos en que no llamaran demasiado la atención del público.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron la cifra récord de 72.000 estadounidenses que murieron por sobredosis de drogas y medicamentos el año pasado, al tiempo que la epidemia de opiáceos alcanza nuevos niveles. La cifra de muertes por sobredosis en 2017 aumentó en un 10% respecto del año anterior y supera el total de muertes causadas por accidentes de tránsito, violencia con armas de fuego y el SIDA.

Dos senadores demócratas que se postulan para la reelección en estados en los que el presidente Donald Trump resultó vencedor en 2016 se reunieron el miércoles con el juez federal Brett Kavanaugh, el candidato designado por Trump para la Corte Suprema, de filiación política de extrema derecha. Esto reduce aun más las posibilidades de los candidatos que compiten con él. Las reuniones con Heidi Heitkamp, de Dakota del Norte, y Joe Donnelly, de Indiana, se llevaron a cabo previo a las audiencias de confirmación de Kavanaugh, que están previstas para el 4 de setiembre. Esto ocurre al tiempo que algunos legisladores demócratas criticaron duramente el proceso para la revisión de Kavanaugh. El senador de Massachusetts Ed Markey tuiteó el miércoles: “Chairman [Chuck] Grassley determinó unilateralmente que un tercio de los archivos de Kavanaugh sean ‘Confidenciales del Comité’, lo que significa que nadie que no forme parte del Comité Judicial puede acceder a ellos. Eso excluye a los 79 senadores y a toda la sociedad estadounidense. Es un nivel de secretismo sin precedentes. ¿Qué están ocultando?”.

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, conocida como PREPA, anunció el miércoles que ha finalizado la restauración de la energía eléctrica en toda la isla, más de 11 meses después de que el huracán María destruyera la mayor parte de la red eléctrica. Los críticos sostienen que la red aún es vulnerable a posibles tormentas, al tiempo que se aproxima la temporada alta de huracanes.

La Federación de Maestros de Puerto Rico marchó el miércoles por las calles de la capital, San Juan, en el marco de una huelga de un día que coincidió con el inicio del curso escolar en medio de recortes presupuestarios impuestos por una junta de control fiscal designada por el gobierno federal de Estados Unidos. Los maestros exigen que se reconsidere el cierre de más de 250 escuelas públicas, que se otorgue un aumento salarial a los maestros y que se ponga fin a la privatización de las escuelas públicas. Las siguientes son palabras de la maestra huelguista Noelanie Fuentes Cardona.

Noelanie Fuentes Cardona expresó: “Quitan un presupuesto, pero en los puestos gerenciales o administrativos se botan millones y miles de dólares en sueldos, mientras que en la sala de clase no se invierte como se debe. Entonces, tenemos la contradicción de que cerramos plazas, pero entonces contratamos otras plazas gerenciales o distribuimos el dinero en otros lugares que no son necesarios. Si hay recortes… pero se tiene que distribuir el poco dinero que quede o el que quede en necesidades reales del departamento de educación, en más maestros, en facilidades y estructuras, en materiales para nuestros estudiantes. Si ellos dicen y hablan de que nuestros niños están primero, vamos a llevar esa palabra a la acción. Vamos a demostrar realmente si nuestros niños están primero o su bolsillo está primero”.