El martes, la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. escuchó los argumentos de un caso que cuestiona los planes del Gobierno de Trump de incluir una pregunta de ciudadanía en el censo del 2020. Los activistas a favor del derecho al voto temen que el agregado de la pregunta desaliente la participación de las comunidades de inmigrantes en el censo y eso lleve a un enorme subregistro en estados donde la población inmigrante es alta. Funcionarios del censo estimaron que 6,5 millones de personas no harán el censo si se agrega la pregunta de ciudadanía. Este subregistro podría afectar muchos aspectos, desde el rediseño de los mapas para el Congreso hasta la asignación de fondos federales. El caso se centra en si el secretario de comercio Wilbur Ross tenía autoridad para agregar la pregunta al censo. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) junto a diecisiete estados iniciaron una demanda por considerar que la medida de Ross estaba destinada a desalentar la participación de inmigrantes en el censo. Durante los argumentos orales, la mayoría conservadora parecía estar del lado del Gobierno de Trump, mientras que la mayoría liberal cuestionó los motivos y los métodos del Gobierno. La jueza Sonia Sotomayor dijo “No hay duda de que la gente responderá menos. Si habla en términos de predicciones, casi cien por ciento segura de que la gente responderá menos”.
Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que les hicimos (en inglés) a Thomas Saenz y Ari Berman. Saenz es presidente y asesor general del Fondo mexicano estadounidense para la educación y defensa legal (MALDEF). El MALDEF representa a los querellantes que cuestionan la inclusión de la preguntas de ciudadanía en el censo. Berman, escribe para la revista Mother Jones. Su nuevo artículo se titula “In Census Case, Supreme Court Suddenly Cares a Lot About Voting Rights Act” (En el caso del censo, la Corte Suprema de repente se preocupa mucho por la Ley del Derecho al Voto).
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