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Las agrupaciones de derechos civiles condenan un proyecto de ley aprobado por el Senado de Florida el viernes 3 de mayo por considerarlo un nuevo impuesto al sufragio. El proyecto de ley obligaría a las personas que estuvieron en la cárcel con condenas por delitos graves a pagar todas las multas y aranceles a los tribunales, antes de recuperar el derecho al voto. Esto ocurre seis meses después de que los votantes en Florida aprobaran una medida destinada a restablecer los derechos electorales a 1,4 millones de personas condenadas por delitos graves no violentos que hayan cumplido con el total de sus condenas. La medida anuló una ley de la época Jim Crow destinada a impedir que los afroestaodunidenses votaran. Casi el 65 por ciento de los votantes aprobaron la enmienda constitucional para restablecer los derechos electorales a personas que tuvieron condenas por delitos graves, en noviembre. Se la consideró la mayor victoria en el campo de los derechos electorales en décadas, con potencial de influir la elección de 2020 así como elecciones posteriores. Pero la votación en la legislatura de Florida amenaza con dejar a decenas de miles de personas lejos de las urnas.
Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos (en inglés) a Desmond Meade. Meade que es presidente de la Coalición por la Restitución de Derechos Civiles de Florida y director de la organización Floridians for a Fair Democracy, fue quien inició la Cuarta Enmienda, que le devolvió el derecho al voto a 1,4 millones de personas, entre ellos, a él mismo.
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