Titulares09 de julio de 2019

El multimillonario administrador de fondos de inversión Jeffrey Epstein compareció el lunes ante un tribunal federal de Manhattan donde se le imputaron cargos por tráfico sexual y conspiración. Se le acusa de haber agredido sexualmente y traficado a decenas de mujeres menores de edad entre los años 2002 y 2005 en sus mansiones de la ciudad de Nueva York y de Palm Beach, Florida, donde les pagaba cientos de dólares para llevar a cabo actos sexuales y ayudarlo a contactar a otras menores de las que él pudiera abusar. Epstein se declaró inocente.

La fiscalía incautó una cantidad de fotografías de mujeres y menores desnudas o parcialmente desnudas en la casa de Epstein de la ciudad de Manhattan el sábado, el mismo día en que fue arrestado en el aeropuerto Teterboro de Nueva Jersey. La fiscalía informó que continúan apareciendo más personas que lo acusan. Las siguientes son las palabras del agente del FBI William Sweeney.

William Sweeney dijo: “Entre las decenas de víctimas estimadas, había menores de apenas catorce años de edad al momento de ser reclutadas. Eran menores que daban masajes a Epstein mientras estaban desnudas o parcialmente desnudas. Menores a quienes se les solicitaba participar en actos sexuales en forma directa o indirecta a cambio de dinero. Menores persuadidas a hacer todas esas cosas por un hombre casi tres veces mayor que ellas”.

Epstein se benefició en el pasado de lo que ha sido calificado como “uno de los acuerdos más complacientes otorgados a un agresor sexual de menores en la historia” por agredir sexualmente y traficar probablemente a cientos de mujeres menores de edad. El acuerdo lo realizó con el entonces fiscal federal de Florida, Alexander Acosta, que se desempeña actualmente como secretario de Trabajo del presidente estadounidense, Donald Trump. Fiscales de Nueva York sostienen que su caso no se ve limitado por ese acuerdo. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, solicitó la renuncia de Acosta. El fiscal general William Barr informó el lunes que se recusó a sí mismo del caso debido a que su ex despacho jurídico, Kirkland & Ellis, representó a Epstein. William Barr no mencionó que su padre, el exdirector del colegio privado de Nueva York Dalton School, contrató a Epstein en la década de 1970 para que se desempeñara como docente a pesar de que no poseía un título universitario. La fiscalía solicita que el juez niegue a Epstein la posibilidad de salir en libertad bajo fianza ya que se correría el riesgo de que se diera a la fuga. Visite democracynow.org/es para ver una entrevista con el editor del Miami Herald, el periódico que en 2018 publicó varios artículos sobre Jeffrey Epstein y el Secretario de Trabajo de Trump, Alexander Acosta.

El fiscal general William Barr sostuvo que el Gobierno de Trump halló una vía por la cual incluir una pregunta sobre ciudadanía en el Censo de 2020 que sería aceptada por la Corte Suprema de Estados Unidos. Barr no dio más detalles al respecto. El Departamento de Justicia anunció también el lunes que reemplazaría a integrantes del equipo legal encargado de defender el caso del Gobierno. Expertos afirman que no está claro si en esta etapa el Gobierno podría siquiera reformar o incluir algo en el censo cuya obligatoriedad está establecida en la Constitución. Al ser consultada acerca de la batalla en torno al Censo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó que la Casa Blanca intenta “hacer que Estados Unidos sea blanco otra vez”.

El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo promulgó un proyecto de ley el lunes que dará a tres comités claves del Congreso acceso a las declaraciones de impuestos de Nueva York de Trump. La reciente normativa, que exige a los funcionarios fiscales de Nueva York dar a conocer declaraciones de impuestos para todo “propósito legislativo específico y legítimo”, se aplicará también al personal del presidente, así como a funcionarios electos y jueces de la ciudad de Nueva York.

Legisladores demócratas no habían logrado hasta el momento obtener los registros financieros de Trump con citaciones u otros medios. La semana pasada, el Comité de Medios y Arbitrios demandó al Departamento del Tesoro y al Servicio de Impuestos Internos por negarse a entregar los documentos.

El lunes, legisladores demócratas emitieron decenas de citaciones a empresas de Trump, entre ellas, la Organización Trump, en el marco de una demanda judicial por posibles remuneraciones ilegales recibidas por Trump. Los legisladores afirman que Trump está obteniendo ganancias para sus muchas empresas mediante la presidencia. El Departamento de Justicia solicitó a un tribunal de apelaciones que detenga las citaciones y la demanda judicial.

Manifestantes de Hong Kong prometieron continuar su lucha luego de que la titular del ejecutivo, Carrie Lam, anunciara hoy que el controvertido “proyecto de ley de extradiciones” está “muerto”. Los manifestantes pedían a Lam que retirara el proyecto de ley y la acusaban de utilizar deliberadamente un discurso confuso así como de realizar promesas vacías para apaciguar los disturbios. Los manifestantes han solicitado además la renuncia de Lam y han afirmado que pretenden que el Gobierno escuche la totalidad de sus demandas.

El manifestante Ken Hui dijo: “Mucha gente se queja de que la policía ha abusado de su poder y también existen cuestionamientos básicos sobre la gobernanza institucional. El Gobierno no escucha la voluntad del pueblo y por eso creo que es un muy buen momento para retomar la lucha por un verdadero sufragio universal”.

Los organizadores afirman que cientos de miles de personas se lanzaron a las calles nuevamente el domingo, incluyendo una multitudinaria marcha en Kowloon, donde van de compras muchas personas de China Continental. La manifestación terminó con varias personas arrestadas y enfrentamientos con la policía antidisturbios, que en cierto momento arremetió con porras contra un grupo de personas.

En China, un nuevo informe elaborado por la BBC encontró evidencia de que las autoridades están arrebatando sistemáticamente a menores musulmanes —muchos de ellos pertenecientes la comunidad uigur— de sus familias, en la región occidental de Xinjiang. Según el informe, China está construyendo apresuradamente internados donde los menores son apartados deliberadamente de su idioma y cultura. Mientras tanto, aproximadamente un millón de adultos de la comunidad uigur están siendo encarcelados en campos que China afirma que son “centros de capacitación profesional”, diseñados para combatir el extremismo. Muchos de los niños cuyos padres o familiares han sido detenidos son más vulnerables a ser separados. El autor del informe concluye que “la evidencia apunta a lo que debemos llamar genocidio cultural”.

Dos activistas en favor de los derechos de los pueblos indígenas y protectores de tierras fueron asesinados el viernes en el este de Guatemala. Isidro Pérez y Melecio Ramírez asistían a una acción pacífica organizada por la agrupación en favor de los derechos de los campesinos CODECA, cuando 15 hombres armados irrumpieron y comenzaron a disparar contra los miembros de la agrupación. La líder de CODECA, Thelma Cabrera, se postuló para la presidencia en las elecciones guatemaltecas que tuvieron lugar el mes pasado, ubicándose en el cuarto lugar de la contienda. El año pasado, seis miembros de CODECA fueron asesinados en Guatemala por su activismo. Nadie ha sido arrestado por dichos crímenes.

En Italia, 24 personas fueron condenadas a cadena perpetua por su papel en la Operación Cóndor, en la que 6 países sudamericanos conspiraron para matar a decenas de miles de opositores políticos en los años setenta y ochenta. Veintitrés italianos se encontraban entre las personas que murieron como parte de la campaña de terror coordinado y asesinatos llevada a cabo por las dictaduras de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, que contaron con el respaldo de Estados Unidos. La Operación Cóndor fue coordinada desde el territorio chileno, bajo el entonces dictador Augusto Pinochet y con el conocimiento del Gobierno estadounidense, y en particular, del entonces secretario de Estado Henry Kissinger. Entre los sentenciados se encontraban el expresidente peruano Francisco Morales Bermúdez, el ex ministro del Interior boliviano, el ex ministro de Relaciones Exteriores uruguayo y un ex jefe de inteligencia chileno. De los 24 acusados, 23 fueron sentenciados in absentia.

Un barco de rescate alemán recogió hoy a 44 personas —entre los que se encontraban bebés y niños— en la costa de Libia, después de que quedaron varados en el mar. La embarcación humanitaria, operada por la organización Sea-Eye, recientemente trasladó a otros 65 migrantes a Malta después de que Italia se negara a permitir que la nave entrara a sus puertos.

Esto ocurre al tiempo que agrupaciones en favor de los derechos humanos y autoridades alemanas criticaron a Italia por arrestar a la capitana alemana de la nave de rescate de refugiados “Sea Watch 3”, Carola Rackete, de 31 años, mientras intentaba poner a salvo a decenas de solicitantes de asilo. Desde entonces, Rackete ha sido liberada y afirma que planea demandar al ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, por difamación. Durante el fin de semana, miles de personas marcharon en ciudades alemanas para apoyar a Rackete y para denunciar la criminalización de la ayuda humanitaria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que ese país “ya no tratará” con el embajador británico en Estados Unidos Kim Darroch, luego de una reciente filtración de cables diplomáticos en los que el embajador se refiere al Gobierno encabezado por Trump como “inepto” y “disfuncional”. En cables que se remontan hasta 2017, Darroch puso en duda si el Gobierno de Trump “logrará ser competente alguna vez”. Trump también atacó a la primera ministra saliente, Theresa May, por crear “un desastre” alrededor del Brexit. En un comunicado, la oficina de la primera ministra sostuvo que continúa respaldando a Darroch.

La alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, condenó las condiciones extremas en que se encuentran recluidos los migrantes encarcelados en Estados Unidos, así como la continua separación de los menores de sus familias. En una declaración publicada el lunes, Bachelet advirtió que la detención de menores migrantes “puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante que está prohibido por el derecho internacional”. Estas son las palabras de la portavoz de derechos humanos de Naciones Unidas, Ravina Shamdasani.

Ravina Shamdasani sostuvo: “Lo que aparentemente estamos viendo en Estados Unidos son políticas que se basan en la detección, la detención y la deportación expedita de migrantes, sin prestar mucha atención a sus derechos humanos. Esto parece ser tomado como una política de disuasión, sin embargo, esto es una total violación de las obligaciones del Estado en cuanto a derechos humanos”.

El senador Bernie Sanders y los congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Earl Blumenauer están presentando hoy una resolución conjunta que declara una “emergencia climática”. De ser aprobada, la resolución en sí misma no obligaría a llevar a cabo ninguna acción práctica; no obstante, apunta a presionar al Congreso para que promulgue una “movilización nacional, social, industrial y económica de los recursos y el trabajo de Estados Unidos a una escala masiva”.
En declaraciones hechas al periódico The Guardian, un portavoz de la oficina del senador Sanders aseveró: “El presidente Trump ha declarado rutinariamente emergencias nacionales falsas para avanzar con una agenda que es profundamente impopular, que incluye vender bombas a Arabia Saudí, una decisión que había sido bloqueada por el Congreso. Sobre la amenaza existencial del cambio climático, Trump insiste en catalogarla como un engaño”.

La presentación de la resolución que declara una emergencia climática en EE.UU. surge un día después de que Trump pronunciara un discurso en el que promocionó el “liderazgo medioambiental” de su Gobierno. Según informes, Trump pronunció dicho discurso luego de que los consultores de su campaña para las elecciones presidenciales de 2020 dijeron que le faltaba el apoyo de varios grupos demográficos clave que se hallan preocupados por el cambio climático. Tanto científicos como agrupaciones ecologistas han condenado repetidamente los ataques perpetrados por Trump contra al medio ambiente, los cuales incluyen el abandono del Acuerdo Climático de París, la reducción de las protecciones para el agua limpia y el aire, así como la promoción de la producción de carbón. El año pasado se registró un aumento del 3,4% en las emisiones de gases de efecto invernadero, el mayor incremento registrado desde 2010.

En el estado de Arizona, en Estados Unidos, un hombre admitió haber apuñalado el 4 de julio a un joven de 17 años, causándole la muerte, porque la música de rap del adolescente lo hizo sentir “inseguro”. Michael Paul Adams, de 27 años de edad, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Anteriormente, Adams había sido acusado de asalto y robo, así como de infracciones relacionadas con drogas, y había sido puesto en libertad solo 2 días antes del ataque acaecido el jueves que tuvo consecuencias mortales. La víctima, Elijah Al-Amin, habría cumplido 18 años en dos semanas, y planeaba mudarse a la ciudad de Seattle y trabajar en administración hotelera, según afirmó su padre.

En la ciudad de Nueva York, la contienda primaria demócrata para la fiscalía del distrito de Queens tendrá un recuento manual después de que un conteo de papeletas electorales efectuado la semana pasada dejara a la presidenta del condado, Melinda Katz, con una ventaja de solo 16 votos por delante de la novata socialista demócrata Tiffany Cabán, defensora pública de 31 años de edad. Originalmente, Cabán se declaró victoriosa en la noche de las elecciones, ya que los primeros resultados la ubicaron por delante de Katz por alrededor de 1.000 votos. Cabán, que cuenta con el respaldo de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y del senador Bernie Sanders, presentó un programa progresista para poner fin al pago de fianzas en efectivo, detener el enjuiciamiento por delitos menores, despenalizar el trabajo sexual e ir tras los abusos perpetrados por caseros, policías y autoridades de inmigración y aduanas. Los partidarios de Cabán afirman que más de 2.000 votos provisionales fueron desechados y reclaman que se computen en el conteo final de votos.