Titulares21 de agosto de 2019

En Brasil, la indignación pública está aumentando por los incendios forestales masivos que han consumido partes de la Amazonia durante varias semanas. El hashtag #PrayForAmazonia fue tendencia el martes mientras circulaban imágenes de los furiosos incendios en las redes sociales. El cielo de la ciudad de São Paulo se oscureció durante aproximadamente una hora durante el mediodía del lunes, luego de que los vientos transportaran el humo de los incendios forestales que azotaban a casi 2.500 kilómetros de distancia. Se cree que los incendios fueron directamente causados o exacerbados por la explotación agrícola y la deforestación. La agencia brasileña de investigación espacial ha registrado casi 73.000 incendios forestales en lo que va de año, lo que representa un aumento del 83% con respecto al mismo período del año pasado. El presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, ha trabajado para desregular y abrir la Amazonia a los agronegocios, la tala y la minería desde que asumió el cargo en enero, a pesar de la preocupación internacional sobre el impacto ambiental de la deforestación. Datos recientes muestran que Brasil ha perdido más de 3.300 kilómetros cuadrados de cubierta forestal este año. Los científicos expertos en clima dicen que la protección de la selva amazónica es crucial en el esfuerzo global para combatir el cambio climático.

Según varios informes, se espera que el Gobierno estadounidense de Donald Trump anuncie nuevas normas que permitan a las autoridades detener a menores migrantes durante más tiempo y en condiciones posiblemente más peligrosas. La Casa Blanca está planeando rescindir el Acuerdo Flores de 1997, que limita el encierro de menores y familias migrantes a 20 días antes de que deban ser liberados o transferidos a un centro de cuidados autorizado. El Gobierno de Trump culpa al Acuerdo Flores de impulsar la política de separación familiar al crear una “laguna” en materia migratoria que trajo más familias a Estados Unidos para buscar asilo. La organización de derechos de los inmigrantes y de servicios legales RAICES calificó la medida prevista de “más cruel de lo que uno puede imaginar”.

En más noticias sobre inmigración, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que no vacunará a las familias migrantes antes de la próxima temporada de gripe. Varios médicos enviaron recientemente una carta a los legisladores instándolos a investigar las condiciones de salud en las cárceles de migrantes de la frontera, después de informar que al menos tres niños han muerto a causa de la gripe. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan la vacunación anual contra la gripe de todas las personas mayores de 6 meses de edad.

Esto se produce al tiempo que se han presentado o se presentarán múltiples demandas por las condiciones que viven los migrantes encarcelados en Estados Unidos. Una demanda colectiva fue presentada en California el lunes, en la que se acusa al Gobierno estadounidense de negar alimentos suficientes, atención médica y otras necesidades básicas a los prisioneros migrantes en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La demanda expone que las condiciones extremas dentro de las cárceles de migrantes equivalen a la tortura, y destaca el maltrato que sufren las personas con discapacidades. El Centro Legal contra la Pobreza en el Sur de Estados Unidos, uno de los grupos que presentaron la demanda, dijo que los inmigrantes encarcelados están “en riesgo de sufrir enfermedades, discriminación por motivos de discapacidad y la imposición arbitraria de confinamiento solitario como resultado de la dependencia del Servicio de Inmigración en los encarcelamientos masivos y su indiferencia ante las condiciones en sus prisiones”.

Mientras tanto, una investigación conjunta entre Associated Press y el programa Frontline de PBS revela que docenas de familias que fueron separadas en la frontera sur se están preparando para demandar al Gobierno por abuso sexual, físico y emocional de niños pequeños que se encontraban en hogares de acogida financiados por el Gobierno federal.

Italia se ha visto sumida en una crisis política tras el anuncio de la dimisión del primer ministro, Giuseppe Conte, el martes. La noticia se conoció después de que el ministro del Interior y vice primer ministro, Matteo Salvini, retirara su apoyo a la coalición populista de derecha gobernante y pidiera un voto de censura. Conte criticó a Salvini cuando se dirigió ayer al Parlamento.

El primer ministro Giuseppe Conte dijo: “Está claro quién es el responsable de la crisis del Gobierno, pero si le falta valor, valor político, no hay problema, yo lo asumiré. Creo que esta es la única conclusión, la única conclusión necesaria, transparente, coherente y directa. Muchas gracias”.

Conte se dirigió entonces al palacio presidencial para presentar formalmente su renuncia. Si no se puede formar una nueva coalición de alcance la mayoría para dirigir el gobierno, el presidente probablemente convocará a elecciones anticipadas. Si bien los analistas políticos sostienen que es poco probable que Salvini llegue a la presidencia, su línea dura contra la inmigración podría ganar más poder en tanto que su popularidad continúa creciendo.

En otras noticias procedentes de Italia, los inmigrantes a bordo de un buque de rescate español desembarcaron el martes en la isla italiana de Lampedusa, después de que el martes un fiscal italiano ordenara a las autoridades confiscar y evacuar el barco, poniendo fin a un enfrentamiento de casi tres semanas entre Italia y la organización benéfica que opera la embarcación. El Open Arms declaró el fin de semana el estado de “emergencia humanitaria”, después de que unos 100 migrantes quedaron varados en el barco luego de que Italia se negara a concederle permiso para atracar. Algunos pasajeros saltaron por la borda en los últimos días, incluyendo al menos 15 personas el martes, e intentaron nadar hasta la orilla, antes de ser rescatados y devueltos a la embarcación.

Donald Trump canceló su próximo viaje a Dinamarca ante la negativa de ese país a discutir la venta de Groenlandia a Estados Unidos. El domingo, Trump confirmó a los periodistas su interés de comprar el territorio autónomo danés y no descartó negociar a cambio un territorio estadounidense por la isla. “Esencialmente, es un gran negocio de bienes raíces”, dijo Trump. Los políticos daneses de todo el espectro político expresaron su incredulidad ante la repentina cancelación de Trump. La primera ministra, Mette Frederiksen, calificó de “absurda” la idea de comprar Groenlandia. “Afortunadamente, el tiempo en que se compraban y vendían otros países y poblaciones ha terminado”, dijo a los periodistas. Un ex ministro de negocios cuestionó en Twitter: “¿Alguna parte de Estados Unidos está a la venta? ¿Alaska? Por favor, muestre más respeto”. El lunes, Trump tuiteó una foto editada en Photoshop de una dorada y brillante torre Trump sobre una imagen de un pueblo de Groenlandia, y escribió: “¡Prometo no hacer esto a Groenlandia!”. Se dice que Trump está interesado en los abundantes recursos naturales de Groenlandia y su importancia geopolítica, pero la isla también está en el centro de la crisis climática.

A principios de este mes, la capa de hielo de Groenlandia sufrió su mayor derretimiento en un solo día en la historia. En julio, el mes más caluroso jamás registrado, la capa de hielo de Groenlandia perdió 197.000 millones de toneladas de hielo, el equivalente a unos 80 millones de piscinas olímpicas. Los expertos dicen que además del aumento del nivel del mar en todo el mundo, el retroceso del hielo podría exponer los desechos nucleares tóxicos que quedaron en los sitios militares de Estados Unidos durante la Guerra Fría.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está intensificando sus ataques contra las congresistas Rashida Tlaib e Ilhan Omar luego de la prohibición de ingreso a Israel que les fue impuesta por ese país a instancia de Trump. Trump se burló de la congresista Tlaib por llorar mientras hablaba de su abuela durante una conferencia de prensa. Israel le otorgó a Tlaib permiso para visitar a su familia en los territorios ocupados de Cisjordania por razones “humanitarias”, pero solo con la condición de que no promueva el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones. Tlaib rechazó el ofrecimiento.

Trump también atacó a los judíos estadounidenses que votaron al Partido Demócrata. Estas son las palabras expresadas por Trump ante la prensa desde la Oficina Oval, durante una visita del presidente de Rumania.

El presidente Donald Trump afirmó: “¿A dónde ha ido a parar el Partido Demócrata? ¿Dónde han ido a parar, defendiendo a estas dos personas en lugar de al Estado de Israel? Y creo que cualquier persona judía que vote por un demócrata muestra una total falta de conocimiento o una gran deslealtad”.

El senador Bernie Sanders respondió en Twitter a los comentarios hechos por Trump: “Permítanme decirle esto al presidente: soy una orgullosa persona judía y no me preocupa votar por los demócratas. Y de hecho, tengo la intención de votar por un hombre judío para que sea el próximo presidente de Estados Unidos”.

Un grupo de precandidatos a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2020 se dirigió esta semana a las comunidades indígenas en el primer foro presidencial sobre temas relacionados a los nativos indígenas estadounidenses llevado a cabo en Sioux City, en el estado de Iowa. Marcella LeBeau, de 99 años, veterana del Cuerpo de Enfermeras del Ejército estadounidense y miembro de la Tribu Sioux del Río Cheyenne, le preguntó el martes a Bernie Sanders si respaldaría la “Ley de eliminación de máculas”, que tiene como objetivo revocar las 20 Medallas de Honor del Congreso otorgadas a soldados que participaron en la masacre de 1890 en Wounded Knee, en la que fueron asesinados cientos de indígenas, muchos de ellos mujeres y niños. Sanders dijo que respaldaría dicha legislación.

El senador Bernie Sanders sostuvo: “Las medallas de honor son muy inusuales, y se otorgan a personas que muestran gran valentía. Masacrar mujeres y niños no es un acto de gran valentía, es un acto de depravación”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dando marcha atrás en su respaldo a la implementación de nuevas medidas relativas al control de armas. Tras los tiroteos masivos acaecidos a principios de este mes en la ciudad de Dayton, Ohio, y en la ciudad de El Paso, Texas, Trump exhortó a los legisladores a unirse y aprobar nuevas leyes de verificación de antecedentes; no obstante, según los informes, en una conversación telefónica mantenida el martes con el jefe de la Asociación Nacional del Rifle, Wayne LaPierre, Trump le aseguró que el control universal de antecedentes estaba “fuera de discusión”. En cambio, Trump está poniendo el foco en las enfermedades mentales como principal causa de la violencia con armas, a pesar de los datos que demuestran que las personas que padecen enfermedades mentales son mucho más propensas a ser víctimas de la violencia con armas que perpetradores. Los demócratas reclaman cada vez más la prohibición de las armas de asalto como parte de una reforma integral de armas.

En noticias relacionadas, el autor del tiroteo masivo de El Paso que causó la muerte de 22 personas fue puesto bajo vigilancia de suicidio. El sospechoso les dijo a las autoridades que estaba “apuntando a los mexicanos” cuando atacó a los compradores en un supermercado Walmart cercano a la frontera mexicana. Desde los tiroteos acaecidos en El Paso y Dayton a principios de mes, que dejaron como saldo la muerte de 32 personas, al menos 26 personas —entre las que se incluye el pistolero de Dayton— han sido arrestadas tras amenazar con cometer ataques en masa.

Dos miembros de la agrupación de ultraderecha Proud Boys fueron condenados el lunes en la ciudad de Nueva York por agredir a manifestantes antifascistas el año pasado durante una pelea callejera ocurrida tras un evento en el Club Republicano Metropolitano, en el que participó el escritor Gavin McInnes. Otras ocho personas fueron arrestadas en relación con el altercado, en el que miembros de la agrupación de extrema derecha fueron captados por las cámaras agrediendo físicamente a manifestantes antifascistas. Maxwell Hare y John Kinsman serán sentenciados en octubre.

Visite democracynow.org/es para ver nuestra discusión sobre la agrupación Proud Boys y su mitin en la ciudad de Portland, en el estado de Oregon, el pasado fin de semana.

Donald Trump afirmó estar considerando “varias reducciones impositivas”, entre las que se incluyen recortes tributarios sobre las nóminas salariales. Trump y funcionarios de la Casa Blanca, sin embargo, han desestimado las preocupaciones suscitadas por una posible recesión, a pesar de que los economistas advierten sobre una próxima desaceleración económica. El presidente sostuvo que los recortes de impuestos son algo que él “siempre” tiene en mente. Trump culpó a China de la guerra comercial en curso que, según los economistas, está causando incertidumbre en los mercados y es la mayor amenaza para la economía estadounidense. Los analistas políticos manifiestan que los asesores de la Casa Blanca y los políticos del Partido Republicano están cada vez más preocupados de que un debilitamiento en la economía perjudique a Trump y las probabilidades del partido en las elecciones de 2020.

En Estados Unidos, los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont iniciaron el martes una demanda judicial para impedir la entrada en vigencia de la normativa de carga pública impuesta por Trump. La medida, anunciada por Trump la semana pasada, penaliza a los inmigrantes documentados de bajos ingresos que busquen obtener beneficios como Medicaid, cupones de alimentos y subsidios de vivienda, y permitiría que los funcionarios de inmigración negaran las tarjetas verdes de residencia permanente y las solicitudes de visa a esas personas. La demanda alega que la nueva normativa discrimina deliberadamente a latinos e inmigrantes de color y es parte de un intento continuo de “reducir la población de residentes permanentes de color en Estados Unidos”. Estas son las palabras de la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

La fiscal general Letitia James afirmó: “La norma penaliza a los inmigrantes por el uso de programas vitales de beneficios no monetarios. Y nuevamente, estos son programas diseñados para fomentar la movilidad ascendente, promover la autosuficiencia y reducir la carencia de vivienda, la pobreza y las visitas de alto costo a la sala de emergencias”.