Titulares21 de diciembre de 2020

En Estados Unidos, el domingo, los legisladores llegaron a un acuerdo sobre un paquete de ayuda económica por el coronavirus de 900 mil millones de dólares después de meses de negociaciones estancadas y solo a unos pocos días de que expiraran las prestaciones del anterior paquete de ayuda, vitales para millones de estadounidenses en todo el país. La medida incluye un pago directo de 600 dólares para los contribuyentes que ganan menos de 75.000 dólares por año. Además, los padres que ganen menos de esa cantidad recibirán un pago adicional de 600 dólares por hijo. Los inmigrantes indocumentados no recibirán beneficios, pero sus cónyuges sí podrían calificar para recibirlos.

La legislación también incluye prestaciones federales por desempleo mejoradas; asistencia para pequeñas empresas, escuelas y guarderías; y dinero para la distribución de las vacunas contra la COVID-19. El proyecto de ley también extiende por un mes una moratoria a los desalojos de viviendas e incluye 25 mil millones de dólares en asistencia de emergencia para inquilinos. El paquete de estímulo no incluyó ayuda financiera para Gobiernos estatales y locales, una medida por la que luchaban los miembros del Partido Demócrata, ni protección para las empresas por el pago de compensaciones por COVID-19, una medida que exigían los republicanos.

El Congreso de Estados Unidos tiene programado celebrar una votación este lunes para aprobar el proyecto de ley. La Casa Blanca anunció el domingo que el presidente Trump tiene planeado firmar el acuerdo.

Se anticipa que este lunes se administrarán las primeras inyecciones de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por el fabricante de medicamentos Moderna, ya que el domingo comenzaron a distribuirse millones de dosis de la segunda vacuna aprobada en Estados Unidos a más de 3.700 ubicaciones. El viernes, la Administración de Alimentos y Medicamentos emitió una autorización de uso de emergencia de la vacuna de Moderna para personas de 18 años de edad y mayores. El domingo, un panel de asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijo que los trabajadores esenciales, como docentes, trabajadores de supermercados, personal de guardería, agentes de policía y bomberos, además de las personas mayores de 75 años, deberían ser los siguientes en recibir la vacuna. La primera tanda se está administrando a los trabajadores sanitarios que están en la primera línea de la lucha contra la pandemia y a los residentes de asilos de adultos mayores.

Estados Unidos registró el viernes más de 250 mil casos de coronavirus en un solo día por primera vez desde el inicio de la pandemia. Casi una de cada 200 personas fue diagnosticada con COVID-19 en la última semana en el país, aunque es probable que la cantidad real de estadounidenses que han contraído la enfermedad sea mucho mayor. En el estado de Tennessee, que ahora tiene el mayor número de casos nuevos en relación con su población, casi uno de cada 100 residentes dio positivo por coronavirus en la última semana. El gobernador republicano Bill Lee todavía se niega a exigir el uso obligatorio de mascarilla en el estado. En la ciudad de Los Ángeles, los hospitales están planificando racionar la atención médica si los contagios continúan aumentando de manera vertiginosa en las próximas semanas.

Canadá, Rusia e India se han sumado a una lista cada vez mayor de países que están prohibiendo los viajes desde y hacia el Reino Unido después de que las autoridades sanitarias británicas advirtieran que una nueva variante muy contagiosa del coronavirus está propagándose rápidamente por todo el país y está “fuera de control”. Londres y el sureste de Inglaterra han iniciado un estricto confinamiento por el coronavirus. Los funcionarios británicos afirman que la nueva cepa podría ser un 70 % más contagiosa que la primera variante, pero no se cree que sea más mortal. Muchos científicos se muestran escépticos ante estas afirmaciones, que aún no han sido evaluadas por expertos; y los investigadores dicen que no hay pruebas de que la mutación tenga un impacto sobre la eficacia de las vacunas contra la COVID-19.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, hizo la presentación formal del equipo, que, según él, se encargará de abordar la amenaza “existencial” de la crisis del cambio climático. Estas fueron las palabras expresadas por Brenda Mallory, quien ha sido nominada para dirigir el Consejo de Calidad Ambiental.

Brenda Mallory: “El Consejo de Calidad Ambiental trabajará con una amplia variedad de colaboradores para abordar una amplia gama de cuestiones, lidiará con el cambio climático en todos los sentidos, preservará los tesoros naturales de nuestra nación, centrará la justicia medioambiental y ayudará a más comunidades a superar las consecuencias medioambientales que hemos heredado”.

Según se informa, el presidente Trump está pensando en formas cada vez más desesperadas de revocar los resultados de las elecciones presidenciales. En una acalorada reunión que se realizó el viernes en el Despacho Oval y que incluyó al exasesor de Seguridad Nacional recientemente indultado, Michael Flynn, y a su abogada Sidney Powell, Trump consideró designar a Powell, quien ha promovido teorías conspirativas sobre la manipulación de las máquinas de votación, como fiscal especial para investigar el presunto fraude electoral. Powell había sido destituida del equipo legal de la campaña del presidente por hacer comentarios escandalosos. Según se informa, Trump también conversó sobre la invocación de la ley marcial, una idea que Flynn había sugerido a principios de semana. Se volvió a ver a Sidney Powell en la Casa Blanca el domingo por la noche.

En noticias relacionadas, la campaña de Trump está pidiendo a la Corte Suprema que anule la decisión de los jueces de Pensilvania e invalide más de 100.000 boletas de voto por correo en otro intento desesperado por revocar su derrota electoral.

En otras noticias sobre las elecciones, una jueza federal rechazó el viernes una solicitud de los dos senadores republicanos del estado de Georgia, Kelly Loeffler y David Perdue, para evitar que los nuevos residentes de Georgia votaran en las elecciones de segunda vuelta del 5 de enero si habían votado en otro estado en las elecciones de noviembre.

En Irak, al menos una persona resultó herida el domingo cuando atacantes lanzaron misiles contra la embajada estadounidense en la Zona Verde fuertemente fortificada de Bagdad. La embajada anunció que un sistema antimisiles interceptó los misiles en pleno vuelo, lo que evitó que se produjeran aún más daños. El ataque se produjo en víspera del primer aniversario de la muerte del general iraní Qassem Soleimani, quien fue asesinado el 3 de enero en un ataque estadounidense ordenado por Trump con aviones no tripulados cerca del aeropuerto internacional de Bagdad.

En Afganistán, un coche bomba explotó el domingo en la capital del país, Kabul, y dejó nueve víctimas y 15 heridos, incluido un parlamentario. La explosión siguió a un atentado llevado a cabo con explosivos el viernes en una reunión religiosa en la provincia de Ghazni, que dejó 15 muertos y 20 heridos. Había menores entre las víctimas. Los ataques se produjeron pocos días después de que el principal general de Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, mantuviera conversaciones no anunciadas previamente con los negociadores de paz talibanes en Qatar.

En India, más de dos docenas de personas han muerto desde que comenzaron las protestas multitudinarias de noviembre contra la decisión del primer ministro Narendra Modi de desregular los mercados agrícolas. Las autoridades dicen que alrededor de la mitad de las muertes han sido causadas por las duras condiciones del invierno, ya que decenas de miles de agricultores están acampando en el frío en las afueras de Nueva Delhi.

Se declaró el estado de desastre natural en Fiyi después de que el ciclón Yasa arrasara pueblos enteros y matara al menos a cuatro personas, incluido un bebé de tres meses. El primer ministro Frank Bainimarama hizo una advertencia sobre la creciente frecuencia y fuerza de los ciclones en Fiyi y dijo lo siguiente: “Esto no es normal. Es una emergencia climática”.

En Estados Unidos, un nuevo informe de un organismo de vigilancia reveló que los agentes de policía de la ciudad de Nueva York recurrieron al uso excesivo de la fuerza y no estaban preparados para responder a las manifestaciones por la justicia racial que se desataron en mayo luego de la muerte de George Floyd a manos de la policía. Más de 2000 personas fueron arrestadas en las protestas de mayo y junio, a la vez que se difundían montones de informes y videos de violencia policial por Internet. Estas fueron las palabras pronunciadas al respecto por la comisionada del Departamento de Investigaciones de la Ciudad de Nueva York, Margaret Garnett.

Margaret Garnett: “Las tácticas, que incluían acorralamientos, también conocidos como encapsulamientos, detenciones masivas y el uso de porras y gas pimienta, reflejaron la falta de un equilibrio adecuado entre la válida defensa de la seguridad pública o de la seguridad de los agentes y los derechos de los manifestantes a reunirse y expresar sus opiniones”.

En noticias relacionadas, un sargento de policía de la ciudad de Boston recibió una suspensión temporal de su empleo mientras se lleva a cabo una investigación sobre abusos llevados a cabo durante las protestas de Black Lives Matter en la ciudad. El medio de comunicación The Appeal publicó la semana pasada un informe y grabaciones de cámaras corporales de agentes de policía que muestran que algunos oficiales recurrieron al uso excesivo de la fuerza para dispersar las protestas, como el uso indiscriminado de gas pimienta, y que se jactaban de atacar a los manifestantes.

En el estado de Georgia, se han hecho públicas nuevas imágenes de las cámaras corporales de la policía que muestran los minutos siguientes al asesinato de Ahmaud Arbery, un hombre afroestadounidense que había salido a correr cuando fue atacado por tres hombres blancos. Las grabaciones revelan que Arbery todavía estaba vivo cuando la policía llegó al lugar, pero los agentes no lo ayudaron de inmediato. Además, los oficiales se negaron a esposar a Travis McMichael a pesar de que él admitió haberle disparado a Arbery. Lee Merritt, abogado de la familia de Arbery, se pronunció sobre los videos que acaban de ser publicados: “Nunca en la historia ha habido un sospechoso de asesinato negro que haya recibido la deferencia que recibieron estos hombres”.

El viernes, la policía de la ciudad de Seattle allanó y desmanteló un campamento de personas sin vivienda en un parque público y arrestó a más de 20 personas. A los residentes del campamento solo se les dieron 15 minutos para que recogieran sus pertenencias. La policía también utilizó balas de goma para dispersar a los manifestantes del parque. En respuesta, la organizadora comunitaria y abogada Nikkita Oliver publicó lo siguiente en Twitter: “Dispersar el campamento del parque Cal Anderson en invierno, durante una pandemia, es inhumano. ¿Por qué no le ofrecen a la gente comida, apoyo y servicios, asistencia para el alquiler, lugares para vivir? La @alcaldesaJenny debe hacer un mejor trabajo. Los residentes sin hogar [de esta ciudad] siguen siendo humanos y siguen siendo residentes”. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han aconsejado a las ciudades que no desmantelen campamentos de personas sin hogar durante la pandemia si no pueden realojar a los residentes en lugares seguros.

En el estado de Arizona, miembros de la Nación Apache de San Carlos han convocado una movilización el día lunes para oponerse a la propuesta de construir una mina de cobre en una parte sagrada del bosque nacional de Tonto. La tribu argumenta que la mina planeada devastaría un antiguo bosque conocido como Oak Flat y contaminaría una enorme franja de terreno en el sur de Arizona.

El Gobierno de Donald Trump se está apresurando a aprobar el proyecto minero como parte de una transferencia masiva de tierras federales a empresas de petróleo, gas y minería durante los últimos días de la presidencia de Trump. Los planes incluyen propuestas para una mina de uranio en el estado de Dakota del Sur, una mina de litio a cielo abierto en el estado de Nevada y un gasoducto para transportar gas natural, que atravesaría los estados de Virginia y Virginia Occidental y cruzaría el sendero de los Apalaches.

En noticias de ciberseguridad, la vulneración masiva de datos del Gobierno de Estados Unidos continúa tomando mayores dimensiones. Los funcionarios federales afirman ahora que el ataque estuvo dirigido contra la agencia que supervisa el arsenal de armas nucleares del país, además de otras cinco entidades gubernamentales. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo el viernes que estaba “claro” que Rusia estaba detrás del ataque. Apenas unas horas después de que Pompeo hiciera esa afirmación, el presidente Trump rompió su silencio sobre la cuestión y dijo que China podría haber sido el responsable, no Rusia, además de restarle importancia al alcance del ataque informático. El presidente publicó en Twitter que “todo está bajo control”. El exalto asesor de Trump en materia de Seguridad Nacional Tom Bossert le dijo al periódico The New York Times que podría llevar años subsanar los efectos del ciberataque y que “deberán construirse redes completamente nuevas”.

La Corte Suprema desestimó el viernes una demanda que impugnaba el plan de Trump de excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo final del censo. El alto tribunal argumentó que sería “prematuro” pronunciarse sobre el caso, que está “plagado de contingencias y especulaciones”. Los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes prometieron seguir luchando contra el plan inconstitucional del presidente.