En Detroit, hay un enfrentamiento entre un grupo de legisladores progresistas y las autoridades de la ciudad por las políticas habitacionales racistas que despojaron a los afroestadounidenses de sus hogares y ampliaron la brecha racial de la riqueza. El jueves 13 de febrero, la Coalición por un Impuesto a la Propiedad Justo anunció que iniciaría un juicio colectivo contra la ciudad de Detroit, el condado de Wayne y el estado de Michigan en respuesta a las ejecuciones hipotecarias por falta de pago de impuestos a la propiedad injustos. Una de cada cuatro propiedades ubicadas en Detroit fueron objeto de ejecuciones hipotecarias por falta de pago de impuestos a la propiedad. Esta tasa es solo similar a la de la Gran Depresión. De acuerdo a expertos legales, muchas de las ejecuciones hipotecarias fueron provocadas por el aumento ilegal de los impuestos a la propiedad violatorios de la Constitución del estado, en la que se afirma que ninguna propiedad puede ser valuada por un monto que exceda el 50% de su valor de mercado. En la actualidad, el 80% de los residentes de Detroit son afroestadounidense y el 40% de los residentes de la ciudad viven por debajo de la línea federal de pobreza. Pero mientras que el centro de Detroit se ocupa cada vez por sectores pudientes, miles de personas que han vivido en esa ciudad mucho tiempo, la mayoría de ellos familias afroestadounidenses, perdieron sus hogares por ejecuciones hipotecarias ante la falta de pago del impuesto a la propiedad. Este impuesto, sin embargo, no se les deberían haber cobrado porque la exención impositiva a las personas que están debajo de la línea de pobreza libera a esta de ese pago.
Para saber más de este tema, puede ver la conversación que mantuvimos (en inglés) con la representante demócrata Rashida Tlaib de Michigan y Bernadette Atuahene. Tlaib, que se comunica con nosotros desde Detroit, Michigan, trabajó en este juicio desde antes de ingresar al Congreso. Atuahene es profesora en la Facultad de Derecho Chicago-Kent del Instituto de Tecnología de Illinois y profesora investigadora en la Fundación Estadounidense de Abogados. Además, es miembro de la Coalición por un Impuesto a la Propiedad Justo. Su próximo estudio será publicado en la revista UC Berkeley Law Review y se titula “Predatory Cities” (Ciudades predatorias).
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