Titulares14 de febrero de 2020

El Senado de Estados Unidos aprobó por 55 votos contra 45 una resolución que limita la autoridad del presidente Trump para atacar a Irán sin la aprobación del Congreso. La votación se produce más de un mes después de que Trump ordenara el asesinato selectivo del general iraní Qasem Soleimani en el aeropuerto internacional de Bagdad, lo que provocó una crisis que llevó a Irán y a Estados Unidos al borde de una guerra abierta. Estas son las palabras expresadas el jueves por la senadora demócrata del estado de Illinois Tammy Duckworth.

La senadora Tammy Duckworth afirmó: “Han pasado cinco semanas desde que el presidente Trump pisoteó la Constitución, eludió el Congreso y puso en marcha un ataque que mató al general Soleimani. Y aunque me alegro de que el hombre esté muerto, me alegro de que haya ido a encontrarse con su creador, les diré que esa decisión expuso a los estadounidenses a un mayor riesgo, porque [Trump] no tenía un buen plan sobre cómo reaccionar a las consecuencias de la guerra”.

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, criticó el jueves al presidente Trump, afirmando que los tuits publicados por el mandatario sobre el caso en contra de su ex asesor de campaña y viejo amigo Roger Stone están haciendo imposible que Barr realice su trabajo. Estas son las palabras del fiscal general en una entrevista brindada a la cadena televisiva ABC News.

William Barr sostuvo: “Las declaraciones públicas y tuits sobre el Departamento [de Justicia], sobre las personas que se desempeñan en el departamento, nuestros hombres y mujeres, sobre los casos pendientes del departamento y sobre los jueces ante los que tenemos casos me hacen imposible hacer mi trabajo y asegurar a los tribunales, a los fiscales y al departamento que estamos haciendo nuestro trabajo con integridad”.

A principios de esta semana, Barr intervino en el caso Stone luego de que Trump arremetiera vía Twitter a altas horas de la noche atacando a fiscales federales y calificando la sentencia inicial de entre siete y nueve años como un “error judicial”. Cuatro fiscales federales se retiraron del caso Stone, y uno renunció a su cargo por completo a causa de la intervención. Legisladores demócratas están criticando al fiscal general Barr, entre ellos la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien se refirió a Barr como uno de los “secuaces” de Trump, y el senador de Connecticut Richard Blumenthal, quien solicitó la renuncia de Barr.

Michael Bloomberg, precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, enfrenta críticas relativas a un video recientemente resurgido que lo muestra culpando de la crisis financiera e hipotecaria ocurrida en el país en 2008 a la eliminación de una antigua política racista de préstamos bancarios conocida como “segregación residencial”. Estas son las palabras de Bloomberg hablando con el rector de la Universidad de Georgetown, John DeGioia, en 2008.

Mike Bloomberg dijo: “Probablemente todo comenzó cuando se ejerció mucha presión sobre los bancos para que otorgaran préstamos a todos. “Segregación residencial”, si recuerdan, era el nombre que se le daba a la práctica en la que los bancos tomaban vecindarios enteros y decían: ‘Las personas en estos vecindarios son pobres, no podrán pagar sus hipotecas, díganles a sus vendedores que no entren en esas áreas’. Y luego el Congreso se involucró, así como funcionarios locales electos, y dijeron: ‘Oh, eso no es justo, estas personas deberían poder obtener crédito’. Y una vez que se comenzó a presionar en esa dirección, los bancos comenzaron a otorgar más y más préstamos en los que el crédito de la persona que compraba la propiedad no era tan bueno como era deseable”.

Historiadores condenaron el comentario hecho por Bloomberg como ampliamente inexacto. Como Ta-Nehisi Coates ha explicado, la larga historia de prácticas discriminatorias de vivienda, como la segregación residencial, en realidad ayudó a disponer las bases de la crisis financiera, no la eliminación de estas políticas racistas. El galardonado autor y profesor Ibram X. Kendi sostuvo que el audio recientemente resurgido de Bloomberg “excede el racismo y la descalificación. […] La segregación residencial detuvo nuestra creación de riqueza. La crisis de 2008 condujo a la mayor pérdida de riqueza negra en la historia [de Estados Unidos]. Esto es un doble golpe en las entrañas históricas de los afroestadounidenses”.
Mientras tanto, la revista GQ informa que en las últimas décadas Bloomberg y sus compañías han enfrentado casi 40 demandas por acoso sexual y discriminación presentadas por 64 mujeres.

En más noticias sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el exvicepresidente Joe Biden celebró el jueves por la noche dos eventos para recaudar fondos en Manhattan junto a altos ejecutivos de Wall Street. En la lista de invitados, obtenida por el canal de noticias CNBC, estaban: Jonathan Gray, de Blackstone; Alan Hartman, de Centerview Partners; Ray McGuire, de Citigroup, y John Mack, ex director ejecutivo de Morgan Stanley. Los eventos para recaudar fondos se producen al tiempo que Biden se situó muy rezagado en las primeras dos elecciones primarias, celebradas en Iowa y New Hampshire. Mientras tanto, el presidente del Partido Demócrata de Iowa renunció, luego de que los resultados de los caucus se retrasaran y estuvieran plagados de errores e inconsistencias.

En Estados Unidos, el exluchador de la Universidad Estatal de Ohio Adam DiSabato acusó a Jim Jordan, congresista republicano de ese estado, de rogarle que no corroborara el abuso sexual generalizado perpetrado por el médico universitario Richard Strauss, después de que el hermano de DiSabato, Mike, expusiera dicho abuso. Estas son las palabras de Adam DiSabato testificando el miércoles en una audiencia pública en la Asamblea Legislativa estatal de Ohio.

Adam DiSabato expresó: “Jim Jordan me llamó llorando, humillándose, el 4 de julio, rogándome que me pusiera en contra de mi hermano, rogándome, llorando durante media hora. Ese es el tipo de encubrimientos que están sucediendo allí”.

En noticias medioambientales, una serie de recientes mediciones están haciendo sonar las alarmas sobre la aceleración de la crisis climática. Las temperaturas en la Antártida se dispararon la semana pasada a 21 grados centígrados. La Organización Meteorológica Mundial está analizando la lectura de temperatura para determinar si califica como la temperatura más alta registrada en el continente. Mientras tanto, mediciones tomadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos muestran que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó niveles récord el lunes. Y el mes pasado fue el enero más caluroso registrado. La Administración Nacional Oceánica afirma que los eneros de los últimos cuatro años son los más calurosos que se hayan registrado.

Las protestas y los bloqueos de los indígenas en todo Canadá han obligado a CN Rail y a Via Rail a cerrar extensos tramos de sus líneas ferroviarias, mientras las naciones originarias de todo Canadá se resisten a la construcción del oleoducto Coastal GasLink, de casi 650 kilómetros de largo y un costo de 4.700 millones de dólares, por parte de la empresa TransCanada. Los bloqueos han paralizado el transporte ferroviario en todo Canadá, ya que los mohawk y otros defensores de las tierras indígenas exigen que la Real Policía Montada de Canadá se retire del territorio soberano Wet’suwet’en, en el norte de la Columbia Británica. Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura completa de la lucha contra el oleoducto.

El medio The Intercept reveló cómo una empresa canadiense de combustibles fósiles básicamente compró una unidad del Departamento del Sheriff del estado de Oregón para vigilar la oposición a su propuesta de construir un gasoducto de gas natural líquido y una terminal de exportación. La investigación revela cómo Pembina Pipeline Corporation, propietaria del proyecto Jordan Cove, fue la única fuente de financiación de la unidad de la Oficina del Sheriff del condado de Coos, en Oregón, que ha pasado años vigilando la oposición a la construcción del proyecto en el sur de Oregón. El año pasado, el personal de la Comisión Federal Reguladora de la Energía dijo que el proyecto Jordan Cove afectaría negativamente a por lo menos 18 especies amenazadas y en peligro de extinción de la Bahía Coos y sus alrededores.

Un juez federal bloqueó temporalmente un contrato de diez mil millones de dólares entre Microsoft y el Pentágono relacionado con tecnología en la nube. El fallo se produce después de que Amazon presentara una demanda para bloquear el contrato, alegando que el Departamento de Defensa no evaluó de forma justa la oferta de Amazon porque Trump había intervenido, diciéndole al ex secretario de Defensa James Mattis que “sacara a Amazon” del acuerdo en 2018. Esta acusación salió a la luz en un libro del ex escritor de discursos de Mattis. Amazon argumentó que su oferta no fue evaluada de manera justa porque Trump considera al director de la compañía, Jeff Bezos, quien también es dueño del periódico The Washington Post, su “enemigo político”.

El segundo mayor grupo editorial estadounidense de periódicos locales se ha declarado en bancarrota, en la última señal de la crisis financiera en el mundo del periodismo. McClatchy es propietario de los medios Miami Herald, The Kansas City Star, The Sacramento Bee, The Charlotte Observer, The News & Observer, en Raleigh, Carolina del Norte, y Fort Worth Star-Telegram, en Texas, entre otros periódicos locales. McClatchy ganó recientemente un premio Pulitzer por la cobertura del periódico Miami Herald del caso de Jeffrey Epstein, pero ha estado plagado de despidos y problemas financieros. La compañía dice que planea seguir en el negocio, y utilizará la bancarrota para deshacerse de la deuda heredada y de las obligaciones en materia de jubilaciones.

En California, al menos 17 personas fueron detenidas durante el tercer día de un paro no organizado de estudiantes de posgrado de la Universidad de California de Santa Cruz. Los manifestantes exigen un ajuste según el costo de vida de 1.412 dólares al mes, que los estudiantes que trabajan como docentes dicen que es necesario para no vivir al borde de quedar sin techo, mientras dan clases y ofrecen un trabajo esencial para mantener la universidad en funcionamiento en una de las ciudades menos asequibles para vivir del país. La huelga no está autorizada por el sindicato local de la United Automobile Workers, que representa a los trabajadores estudiantiles de todos los campus de la Universidad de California.

El Gobierno de Donald Trump está recibiendo críticas generalizadas por una propuesta para debilitar la aplicación de la Ley Nacional de Política Ambiental. La ley se promulgó en 1970 para abordar la creciente preocupación por la contaminación descontrolada y los posibles impactos de grandes proyectos como carreteras, represas y minas. El Gobierno de Trump está intentando acelerar la aprobación de nuevas normas que rijan cómo se implementará la ley, recortando el tiempo de revisión medioambiental y eliminando toda consideración del cambio climático como posible impacto de los proyectos. Los partidarios de los cambios incluyen a la Cámara de Comercio de Estados Unidos y al Instituto Americano del Petróleo, que está financiado por los hermanos Koch.

A principios de esta semana el Consejo de Calidad Ambiental celebró una audiencia pública en Denver sobre el cambio en la norma. Cerca del lugar se celebró una protesta liderada por indígenas que se oponen al retroceso en la ley, criticando las normas propuestas, así como el acceso limitado que el público tenía a la propia audiencia, que requirió una inscripción anticipada y que quedó sin plazas disponibles en dos minutos. Entre los pocos que tuvieron acceso para hacer una declaración formal en la audiencia estaba Alma Sánchez, del grupo Defenders of Wildlife.

Alma Sánchez sostuvo: “Soy una mexicana guatemalteca de 28 años que se preocupa mucho por el medioambiente, la vida silvestre, las tierras públicas de nuestra nación y la salud de todas nuestras comunidades. Aunque sólo tengo 28 años, sé lo suficiente como para entender y soy lo suficientemente adulta para haber sido testigo de que son las comunidades de color y las económicamente desfavorecidas las que desproporcionadamente son víctimas de la contaminación ambiental y la polución. Existen más probabilidades de que las carreteras, las refinerías, las centrales eléctricas y los residuos tóxicos acaben en mi comunidad y no en otras. Nuestros hijos tienen más probabilidades de tener asma. La Ley Nacional de Política Ambiental es fundamental para proteger la salud y los derechos de las minorías y las comunidades marginadas. La ley obliga al Gobierno federal a dar a conocer sus acciones e informar sobre los efectos ambientales. La norma le da al público una voz en la toma de decisiones. Ese no será el caso con las nuevas reglas que se proponen. El Gobierno no estará obligado a considerar y revelar la gama completa de efectos ambientales. Peor aún, especialmente para mi generación, que ha heredado las consecuencias y cargas del cambio climático, el Gobierno no tendrá que decirnos cómo sus acciones, por ejemplo, el arrendamiento de tierras para la explotación de petróleo y gas, afectarán el cambio climático. Para mí, esto es inaceptable. Todos tenemos derecho a saber lo que el Gobierno está haciendo y cuáles serán las consecuencias para el medioambiente. Este reglamento es otro regalo para los contaminadores y otro golpe para un medioambiente limpio y unas comunidades saludables. El Gobierno de Trump debe retirar esta propuesta nociva y dejar de dañar a comunidades como la mía”.

Esto fue lo que dijo Alma Sánchez, de Defenders of Wildlife, el lunes en la audiencia realizada en Denver contra el retroceso que se plantea para la Ley Nacional de Política Ambiental. La segunda y última audiencia pública está programada para el 25 de febrero en Washington D. C.