En Siria, 33 soldados turcos murieron el jueves en un ataque aéreo perpetrado por las fuerzas sirias respaldadas por Rusia en la provincia de Idlib, controlada por los rebeldes, en una importante intensificación de la ofensiva sin cuartel desplegada por el régimen de Bashar al-Assad. Turquía prometió responder del mismo modo, al tiempo que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, solicitó un inmediato alto el fuego y sostuvo que “el riesgo de una escalada aún mayor aumenta cada hora”. Los enfrentamientos en Idlib han desplazado a aproximadamente 900.000 personas desde diciembre, y muchos menores han muerto congelados en esas terribles condiciones. Estas son las palabras de la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, quien testificó el jueves ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Henrietta Fore sostuvo: “Decenas de miles de personas ahora viven en tiendas de campaña improvisadas, en edificios públicos, al aire libre, refugiándose bajo árboles, expuestos a la lluvia y la nieve, en el frío bajo cero del duro invierno sirio. Los recientes ataques a estos campamentos improvisados en Idlib, y a los menores y docentes asesinados horriblemente hace solo dos días cuando fueron atacadas 10 escuelas, son tanto reprensibles como moralmente repugnantes. Además, estos actos demuestran claramente las aterradoras condiciones de la vida diaria de quienes viven esta pesadilla.”
Visite democracynow.org/es para acceder a más información sobre la catástrofe humanitaria que se desarrolla en Siria, en nuestra entrevista con la presidenta de Médicos sin Fronteras de Estados Unidos.
Agrupaciones en favor de los derechos de los inmigrantes expresan su indignación luego de que el Gobierno de Trump anunciara el miércoles que está creando un grupo de trabajo para despojar de su ciudadanía a estadounidenses naturalizados que nacieron en el extranjero. Los críticos sostienen que la llamada “Sección de Desnaturalización” del Departamento de Justicia es probablemente inconstitucional. En respuesta, la agrupación en favor de los derechos de los inmigrantes CHIRLA aseveró que “Trump está usando al Departamento de Justicia como un arma para hacer que los inmigrantes naturalizados sean percibidos como ciudadanos de segunda clase”.
El exvicepresidente estadounidense Joe Biden continúa hoy haciendo campaña en Carolina del Sur antes de las primarias presidenciales que se celebrarán el sábado en ese estado. Esta semana, Biden obtuvo el respaldo del jefe de disciplina demócrata de la Cámara de Representantes, Jim Clyburn, el legislador afroestadounidense más importante de Carolina del Sur. El respaldo de Clyburn se produjo al tiempo que el equipo de campaña de Biden admitió que el entonces senador Biden no fue arrestado en Sudáfrica durante un viaje de delegación del Congreso en la década de 1970, como Biden afirmó falsamente al menos tres veces este mes en el curso de su campaña. La afirmación fue hecha por primera vez en 2013 por Biden, quien afirmó: “tuve el gran honor de ser arrestado con nuestro embajador ante la ONU en las calles de Soweto” al intentar entrar en contacto con Mandela en su prisión situada en la isla Robben, la cual se encuentra a más de 1.200 kilómetros del municipio de Soweto. El equipo de campaña de Biden sostiene ahora que el expresidente fue separado de sus colegas afroestadounidenses en el aeropuerto de Johannesburgo.
Bernie Sanders, quien se perfila como favorito en la interna demócrata estadounidense, celebró un mitin masivo el jueves por la mañana en la ciudad de Spartanburg, en Carolina del Sur, donde se refirió a su campaña como “un movimiento que nadie puede detener”.
Bernie Sanders expresó: “Es un movimiento por la justicia económica, por la justicia social, por la justicia racial, por la justicia ambiental, y cuando millones de personas se ponen de pie y se defienden, nada en la Tierra puede detenernos.”
Luego, Sanders asistió a un mitin en la Universidad Estatal de Winston-Salem en Carolina del Norte, donde encabezó una marcha de cientos de estudiantes a un centro de votación anticipada. Más tarde el jueves, miles de simpatizantes de Sanders abarrotaron un mitin en Richmond, Virginia, otro estado donde se celebrará el llamado “supermartes”.
La creciente popularidad de Sanders se produce al tiempo que el periódico The New York Times entrevistó a docenas de líderes pertenecientes a la clase dirigente demócrata que se desempeñarán en julio como “superdelegados” en la convención que nominará al candidato del partido y halló que la gran mayoría se opone tanto a la candidatura de Bernie Sanders que están dispuestos a arriesgarse a perjudicar al Partido Demócrata. De los 93 superdelegados encuestados por The New York Times, casi todos dijeron que votarían en contra de Sanders en una Convención Abierta si Sanders llegara con una mayoría simple, y no una mayoría absoluta, de delegados comprometidos. Muchos de los superdelegados son cabilderos corporativos que tienen como clientes empresas de servicios de salud que se oponen a la legislación de “Medicare para Todos” de Sanders. Lee Fang del medio The Intercept informa que uno de ellos, el miembro del Comité Nacional Demócrata William Owen, realizó donaciones exclusivamente a candidatos republicanos al Senado durante el último ciclo electoral, incluyendo una contribución de 8.500 dólares a un comité conjunto de recaudación de fondos diseñado para beneficiar al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Owen respalda al exvicepresidente Joe Biden para la nominación demócrata en 2020.
El multimillonario exalcalde de la Ciudad de Nueva York y precandidato a la presidencia, Michael Bloomberg, se negó el jueves a disculparse por supervisar un programa secreto de inteligencia del Departamento de Policía de Nueva York cuyo blanco fueron las comunidades musulmanas. Durante años, la llamada “Unidad Demográfica” de la policía de Nueva York se infiltró en grupos de estudiantes musulmanes, envió informantes a mezquitas, escuchó a escondidas conversaciones en restaurantes, peluquerías y gimnasios y construyó una vasta base de información. El programa se creó con ayuda de la CIA, aunque la agencia tiene prohibido el espionaje interno. El ex jefe de la División de Inteligencia de la policía de Nueva York declaró en 2012 que el programa de vigilancia no consiguió descubrir ni una sola pista delictiva. Esto fue lo que dijo el alcalde Bloomberg a Judy Woodruff del programa PBS NewsHour.
Michael Bloomberg afirmó: “Usted habla del momento inmediatamente posterior al 11 de septiembre, cuando todo el mundo estaba petrificado por temor a otro ataque terrorista. Fuimos súper cuidadosos siempre en acatar la ley. Número uno, era lo que había que hacer. Y número dos, se sabía que la gente estaría pendiente de ello. Enviamos algunos oficiales a algunas mezquitas a escuchar el sermón que daba el imán. Los tribunales determinaron que eso estaba perfectamente dentro de la ley. Y que era lo que debíamos hacer”.
La directora ejecutiva del Instituto Árabe-Estadounidense, Maya Berry, escribió en respuesta: “Como alcalde, Michael Bloomberg investigó dónde comían, socializaban, se reunían, rezaban y estudiaban los musulmanes estadounidenses. El Departamento de Policía de Nueva York literalmente trazó un mapa de nuestras comunidades en tres estados, lo que provocó una autocensura sistémica, generó desconfianza en cualquier interacción con el Gobierno y causó un daño incalculable a nuestras comunidades”.
Una cinta de audio de 2009 recientemente aparecida registró al entonces alcalde de la Ciudad de Nueva York, Mike Bloomberg, comparando la seguridad social con la compañía de inversiones del estafador de Wall Street Bernie Madoff.
El alcalde Michael Bloomberg expresó: “La seguridad social utiliza un Esquema Ponzi. No sé si Bernie Madoff sacó su idea de ahí, pero si hablamos de los Esquemas Ponzi, ¿se podría decir que Madoff fue el más grande? No es así. La seguridad social lo es, por lejos”.
El entonces alcalde Bloomberg hizo el comentario en 2009 en su programa de radio “Live from City Hall”, donde repetidamente pedía recortes a la seguridad social y a los programas públicos Medicare y Medicaid, que garantizan asistencia sanitaria a las personas de bajos recursos y a las personas mayores de 65 años o con discapacidades.
ProPublica informa que Michael Bloomberg se reunió en 2017 con Mortimer Sackler, hijo de un cofundador de la productora de OxyContin, Purdue Pharma, para discutir las formas en que la multimillonaria familia Sackler podría combatir la creciente indignación por el papel de la compañía en la crisis de los opiáceos. Bloomberg supuestamente remitió a la familia a un especialista en comunicación de crisis que había sido su secretario de prensa en la alcaldía de Nueva York.
En Georgia, aparecieron nuevos correos electrónicos que muestran que el entonces secretario de Estado de Georgia, Brian Kemp, se burló de los informes sobre la supresión de votantes durante la contienda por la gobernación de 2018. Kemp es un republicano que ganó por poco las elecciones a Stacey Abrams, quien competía por convertirse en la primera mujer afroestadounidense gobernadora de Estados Unidos. La contienda se vio empañada por las acusaciones generalizadas de supresión de votantes por parte de Kemp. En un correo electrónico, Kemp usó el emoji que llora de risa para responder a un comunicado de prensa de un legislador que advertía que Georgia había anulado medio millón de registros de votantes en una purga que apuntaba sistemáticamente a los demócratas. En otro correo electrónico, Kemp elogió a los funcionarios de la campaña que fueron entrevistados en un artículo sobre la supresión de votantes del periódico The Atlanta Journal-Constitution por restarle fuerza a dicho artículo. En el email Kemp escribió: “Buen trabajo, esta historia es tan compleja que la gente no podrá entenderla del todo”.
El inspector general de la Administración de Veteranos de Guerra investiga acusaciones de que el secretario del Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra, Robert Wilkie, buscó “información perjudicial” para manchar la reputación de una asesora superior de políticas relacionadas con los veteranos, después de que denunciara que había sido agredida sexualmente en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos en Washington D.C. Andrea Goldstein, miembro del personal del Grupo de Trabajo de Mujeres Veteranas del Comité de Veteranos de Guerra de la Cámara de Representantes, informó en septiembre pasado que un hombre la tomó bruscamente por debajo de la cintura y presionó su cuerpo contra el de ella mientras ella intentaba comprar un bocadillo en la cafetería del centro médico. En el momento de la supuesta agresión, Goldstein acababa de llegar del Capitolio donde trabajaba en un proyecto de ley destinado a frenar los casos de agresión y acoso sexual. En enero, el secretario del Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra, Robert Wilkie, calificó de “infundadas” las alegaciones de agresión sexual en una carta que envió al jefe de Goldstein. Goldstein respondió en un artículo de opinión en la página web Jezebel: “Él usó un lenguaje cifrado, pero las palabras todavía duelen. El secretario de la segunda agencia federal más grande del país sabía cómo repercutirían sus palabras. …Él estaba insinuando que yo era una mentirosa”.
Una investigación federal ha concluido que la Universidad del Sur de California manejó en forma incorrecta decenas de denuncias por agresión sexual presentadas contra el ginecólogo del centro de salud estudiantil George Tyndall, lo que pudo haber permitido que los abusos continuaran durante años. Más de 400 víctimas dicen que el Dr. Tyndall las violó o las tocó por la fuerza, e hizo comentarios racistas y misóginos mientras abusaba sexualmente de ellas.
En Colombia, el líder social Cristóbal Anaya González, de 51 años de edad, fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza el lunes, cuatro días después de haber desaparecido en una zona rural del departamento colombiano de Santander. Anaya González era cofundador de una organización que atiende a las víctimas de las minas terrestres antipersona en el este de Colombia. Esta semana, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que hubo 108 asesinatos de defensores de los derechos humanos en Colombia el año pasado, incluyendo 15 mujeres y dos miembros de la comunidad LGBTQ. Esta cifra representó un aumento de casi el 50% desde 2018. En lo que va del año 2020, más de 50 líderes sociales han sido asesinados en Colombia.
En Costa Rica, el defensor de la tierra Yehry Rivera, de 45 años de edad, miembro de la comunidad indígena Brörán, fue asesinado el lunes por un grupo de hombres armados, después de que se uniera a una campaña de familias indígenas para reocupar sus tierras ancestrales. Este fue el segundo asesinato de un defensor de tierras indígenas en el último año. En virtud de una ley aprobada en 1977, los 24 grupos indígenas legalmente reconocidos de Costa Rica tienen derecho a reclamar las tierras que les fueron arrebatadas a sus antepasados, pero la ley nunca se ha aplicado.
En México, uno de los hombres que participó en el asesinato del galardonado periodista Javier Valdez fue condenado el jueves a casi 15 años de prisión. Heriberto Picos Barraza fue el conductor del vehículo en el que se fugaron otros dos hombres acusados de sacar a Valdez de su coche y dispararle 12 veces. El asesinato perpetrado en mayo de 2017 tuvo lugar a menos de una cuadra de la oficina de Ríodoce, el periódico que Valdez cofundó en el estado mexicano de Sinaloa.
En California, cientos de estudiantes de posgrado sindicalizados que trabajan en la Universidad de California en Santa Barbara abandonaron las clases y realizaron piquetes el jueves para exigir un ajuste acorde al costo de vida. Los estudiantes de posgrado, que trabajan como asistentes de los profesores, dicen que están muy agobiados por el alto costo de los alquileres y los bajos salarios. Mientras tanto, los estudiantes de posgrado de la Universidad de California en Davis dicen que se negarán a entregar las calificaciones de los estudiantes de las clases en las que trabajan como asistentes de cátedra a menos que la administración de la universidad acepte remunerar a los estudiantes de posgrado con un estipendio mensual para ayudar a compensar el aumento de los alquileres en el área de Davis.