Titulares12 de enero de 2021

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos están avanzando con el proceso de destitución del presidente Trump, después de que el miércoles pasado el mandatario incitara a sus partidarios a atacar el Capitolio. El lunes, la Cámara de Representantes aplazó la sesión del día después de que miembros del Partido Republicano se opusieran a que se llevara a cabo un voto cantado sobre una medida que solicitaba que el vicepresidente
Mike Pence invocara la vigesimoquinta enmienda de la Constitución. La cámara tiene programado votar sobre esa medida el martes. Pence ha señalado que es poco probable que él declare a Trump incapaz de ejercer sus funciones, y tal medida también requeriría el apoyo de la mayoría de los integrantes del gabinete del presidente.

Los líderes demócratas han programado una votación sobre la destitución del mandatario para el miércoles. Más de 218 legisladores ya se han comprometido a aprobar un único artículo de destitución que acusa a Trump de “incitar a la violencia contra el Gobierno de Estados Unidos”. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, aplazó la sesión de la cámara legislativa hasta el 19 de enero, lo que imposibilita que el Senado vote sobre el juicio político antes de la investidura presidencial de Joe Biden el 20 de enero.

Biden cuestionó el lunes si el Senado podría “bifurcar” sus deberes durante sus primeros 100 días e insinuó que los senadores podrían posponer el juicio político con el fin de confirmar a los miembros del gabinete.

Mientras tanto, al menos 47 legisladores están copatrocinando una resolución de Cori Bush, la recién electa congresista de Misuri, que pide la destitución de los republicanos que alentaron la insurrección de la semana pasada en el Capitolio.

El FBI advierte que se están planificando “manifestaciones armadas” para la próxima semana en las 50 capitales estatales y en la ciudad de Washington D. C., antes y durante la toma de posesión presidencial de Joe Biden.

En el estado de Michigan, las autoridades han prohibido la portación visible de armas de fuego dentro del Capitolio estatal, con la esperanza de evitar que ocurran los mismos acontecimientos que en abril de 2020, cuando integrantes de grupos paramilitares fuertemente armados amenazaron a los legisladores durante una votación para extender las medidas de salud pública durante la pandemia.

En la ciudad de Washington D. C., los funcionarios del Pentágono dicen que se podrían desplegar hasta 15.000 miembros de la Guardia Nacional para evitar que se produzca un suceso similar al de la insurrección de la semana pasada. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, está pidiendo al Departamento de Seguridad Nacional y a otros organismos federales que aumenten drásticamente la seguridad para la investidura presidencial, pero sostiene que el evento debe seguir siendo público. El presidente electo Biden dijo el lunes que jurará su cargo en un acto público.

El periódico The Washington Post informa que, durante la insurrección del miércoles, dirigentes del Partido Republicano intentaron en repetidas ocasiones, sin éxito, que Trump le pidiera a la turba, a la que él mismo había incitado, que desistiera de su intento de atacar el Capitolio de EE. UU. Según se informa, no fue posible comunicarse con Trump porque él estuvo demasiado ocupado durante horas observando cómo se desataba la crisis por televisión. El senador demócrata del estado de Connecticut Chris Murphy dijo el lunes que Trump continúa boicoteando los intentos de celebrar una investidura presidencial segura el 20 de enero.

Senador Chris Murphy: “El presidente Trump todavía está al mando. Parte del motivo por el que el Congreso está considerando iniciar un juicio político en este momento es porque él no está ayudando a garantizar la seguridad de la investidura presidencial. De hecho, parece que su aporte es más perjudicial que beneficioso”.

El lunes, el fiscal general de la ciudad de Washington D. C. anunció que está considerando presentar cargos de incitación a disturbios contra el presidente Trump y su hijo Donald Trump Jr., así como contra el abogado Rudy Giuliani y contra el congresista republicano de Alabama Mo Brooks por incitar a la turba de partidarios de Trump a la violencia.

El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, dimitió el lunes y pasó a ser el tercer secretario del gabinete en abandonar su cargo desde que la turba de partidarios de Trump atacó el Congreso la semana pasada. En su carta de renuncia, Wolf no hizo ninguna referencia directa al ataque al Capitolio, sino que anunció que dimitía debido a que se han iniciado batallas legales sobre su autoridad para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional sin la confirmación del Senado.

Las autoridades estadounidenses todavía están buscando a los responsables de colocar bombas caseras el miércoles fuera de la sede del Comité Nacional Republicano y del Comité Nacional Demócrata y de herir mortalmente al oficial de policía del Capitolio Brian Sicknick, quien murió tras ser golpeado en la cabeza con un extintor antincendios.

El Ejército de Estados Unidos está investigando a una oficial en servicio activo de Operaciones Psicológicas que lideró un contingente de insurrectos a la ciudad de Washington D. C. la semana pasada. La capitana Emily Rainey, del 4.º Grupo de Operaciones Psicológicas, dice que condujo a 100 miembros de un grupo conservador a la ciudad para oponerse al presunto fraude electoral.

Asimismo, el departamento de policía del Capitolio ha suspendido a varios agentes por su participación o apoyo en la insurrección de la semana pasada. Entre los oficiales suspendidos, se encuentran un agente que se puso una gorra roja con la inscripción de la campaña de Trump ”MAGA”, que en inglés es acrónimo de “Volvamos a hacer que Estados Unidos sea grandioso”, y dirigió a los alborotadores por el interior del edificio; y otro agente que posó para sacarse selfies con insurrectos. Más de una docena de agentes están siendo investigados por el incidente.

El lunes, Estados Unidos registró 223 mil nuevos casos de coronavirus, además de más 2.000 muertes por COVID-19. Estados Unidos ha registrado en promedio más de 3.000 muertes por COVID-19 por día durante la última semana, y podría superar las 400 mil muertes por la enfermedad antes de que el presidente electo Joe Biden preste juramento el 20 de enero.

El estado de Arizona sigue siendo el más afectado, pero el gobernador republicano Doug Ducey continúa negándose a exigir el uso obligatorio de mascarilla a nivel estatal. El lunes, cientos de docentes del Distrito Escolar Unificado de Peoria, en el estado Arizona, organizaron una “baja colectiva por enfermedad” para protestar por la falta de condiciones seguras en las aulas durante la pandemia. Las manifestaciones se producen al tiempo que muchos bares y restaurantes de todo el estado siguen permitiendo que las personas ingresen a comer en espacios cerrados.

Asimismo, gorilas del zoológico de la ciudad de San Diego, en el estado de California, dieron positivo por coronavirus y presentaron síntomas leves. Los cuidadores del zoológico dicen que este es el primer caso conocido de transmisión natural del virus a los grandes simios.

Al menos dos miembros del Congreso han contraído COVID-19 después de la insurrección del miércoles. La demócrata Bonnie Watson Coleman, del estado de Nueva Jersey, una sobreviviente de cáncer de 75 años de edad, cree que estuvo expuesta al virus mientras se refugiaba en una sala para ser protegida de los partidarios de Trump que invadieron el Capitolio. Videos muestran a varios legisladores republicanos negándose a usar mascarilla dentro de la abarrotada sala.

También dio positivo la congresista Pramila Jayapal, quien ocupa un escaño de la Cámara de Representantes en representación del estado de Washington, y quien ha estado haciendo cuarentena en su casa desde los disturbios. Jayapal dijo que los legisladores que se nieguen a usar mascarilla deben ser multados y que deben ser retirados de la cámara por el sargento de armas.

Seis legisladores, todos republicanos, han dado positivo por coronavirus desde que el 117.º Congreso de Estados Unidos prestó juramento el 3 de enero. La mayoría de los legisladores han recibido una dosis de la vacuna contra la COVID-19 fabricada por la farmacéutica estadounidense Pfizer, pero aún no se les ha administrado la segunda inyección, que confiere una mayor protección contra la enfermedad.

En el estado de Delaware, el lunes, el presidente electo Joe Biden recibió su segunda inyección de la vacuna de dos dosis contra la COVID-19 fabricada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa de biotecnología alemana BioNTech. Pfizer dice que espera aumentar la producción de la vacuna a dos mil millones de dosis en 2021 debido a la creciente demanda. Estados Unidos se ha asegurado contratos para obtener 200 millones de esas dosis, y otras 600 millones se le han prometido a la Unión Europea.

En Ginebra, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud advirtieron el lunes que es poco probable que la mayoría de los países alcancen la inmunidad colectiva mediante la vacunación en 2021. El asesor de la Organización Mundial de la Salud Bruce Aylward pidió a los países ricos y a las compañías farmacéuticas que tomen más iniciativas para proporcionarles vacunas a las naciones más pobres del mundo.

Dr. Bruce Aylward: “Más de 40 países han iniciado la vacunación contra la COVID-19 utilizando cinco vacunas diferentes. Sin embargo, hasta el momento esa campaña, o prácticamente toda esa campaña, como ha resaltado el director general, se ha realizado en países de ingresos altos o de ingresos medianos altos”.

Los casos de coronavirus siguen aumentando rápidamente en el sur de África. Los funcionarios de Zimbabue han prohibido los funerales tradicionales en medio de un aumento vertiginoso de los casos de COVID-19 asociado a los ritos funerarios. En Sudáfrica, en la ciudad de Johannesburgo, un hospital administrado por el Gobierno ha trasladado a pacientes con COVID-19 a un estacionamiento después de que se ocuparan todas las camas disponibles en las instalaciones hospitalarias.

En el Líbano, las autoridades han ordenado un toque de queda de once días de duración que tendrá vigencia las 24 horas del día a partir del jueves. La medida generó pánico a realizar compras en las tiendas de alimentos debido a temores de que los mercados abarrotados conduzcan a una mayor propagación del virus en la comunidad.

Mientras tanto, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunció el lunes que dio positivo por coronavirus y que está aislado en su residencia oficial en Lisboa sin presentar síntomas. Portugal tiene actualmente una de las tasas de contagios más altas de Europa, con un total de casi 8.000 muertes desde el inicio de la pandemia.

El Gobierno de Donald Trump ha vuelto a incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, lo que revierte la decisión tomada hace más de cinco años durante el mandato de Obama de retirar al país de la lista. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó el lunes a Cuba de “dar refugio a terroristas” y atacó el apoyo del país a Venezuela. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó la medida como “hipócrita” y “cínica”. Rodríguez publicó lo siguiente en Twitter: “El oportunismo político de esta acción es reconocido por todo el que tenga una preocupación honesta ante el flagelo del terrorismo y sus víctimas”.

Ayer se cumplieron 19 años desde que el expresidente George W. Bush envió a los primeros reclusos a la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba, después del atentado del 11 de septiembre. El sombrío aniversario se produce al tiempo que activistas en defensa de los derechos humanos continúan exigiendo el cierre de la prisión militar de Estados Unidos, donde 40 personas continúan detenidas de manera indefinida, la mayoría sin ser acusada de cargos penales ni tener acceso a un juicio justo.

En un comunicado, el Centro de Derechos Constitucionales instó al Gobierno de Biden a cerrar el centro de detención y declaró lo siguiente: “Hoy se inicia el vergonzoso vigésimo año de la encarcelación ilegal de hombres musulmanes en Guantánamo. Incluso en un panorama nacional de encarcelamiento brutal y extremo, las detenciones de estos hombres en Guantánamo (…) no tienen precedentes y, sin embargo, en la actualidad son en gran medida invisibles”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado la construcción de unas 800 viviendas para colonos israelíes en Cisjordania. Las autoridades palestinas han acusado a Israel de “ir a contrarreloj” para construir asentamientos ilegales antes de que el presidente Trump concluya su mandato la próxima semana. En 2019, el Gobierno de Donald Trump dijo que los asentamientos israelíes en Palestina no infringían el derecho internacional, a pesar de que una resolución de Naciones Unidas de 2016 los considera una “violación flagrante”.

Esto se produce al tiempo que el principal grupo israelí de derechos humanos, B’Tselem, denuncia el control de Israel sobre los territorios palestinos como un “régimen de apartheid” que perpetúa la supremacía de los israelíes sobre los palestinos mediante la violencia. En una declaración, el grupo dijo: “Israel no es una democracia que realiza una ocupación temporal; es un único régimen entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, y debemos considerar todo el panorama y verlo por lo que es: un apartheid”.

Un tribunal de Corea del Sur ordenó a Japón que indemnizara a mujeres que fueron forzadas a la esclavitud sexual por las tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación colonial japonesa de Corea del Sur, que comenzó en 1910. El fallo histórico se deriva de una demanda presentada en 2016 por una docena de sobrevivientes. Japón ha argumentado que los dos países resolvieron esos reclamos en un tratado de 1965. Algunos cálculos indican que hasta 200.000 niñas y mujeres coreanas fueron sometidas a la esclavitud sexual por parte de soldados japoneses.

Un juez federal ha suspendido la ejecución de Lisa Montgomery, la única mujer condenada a la pena de muerte federal en Estados Unidos, que estaba programada para la noche del martes. El tribunal ordenó una audiencia para determinar la capacidad mental que tiene Montgomery para enfrentar la ejecución. El Gobierno ya ha presentado una apelación del fallo. De llevarse a cabo la ejecución, Montgomery sería la primera mujer en ser ejecutada por el Gobierno federal en casi 70 años.

Esto se produce al tiempo que cuatro exoficiales penitenciarios del estado de Indiana elaboraron una carta instando con urgencia al fiscal general en funciones Jeffrey Rosen a posponer tres ejecuciones federales programadas para esta semana debido a inquietudes de seguridad por la COVID-19. La carta, publicada en conjunto con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, sostiene que las ejecuciones realizadas en la penitenciaría de Terre Haute han provocado un aumento en los casos de coronavirus entre los reclusos y el personal. Dos hombres cuya ejecución está programada para finales de esta semana, Dustin Higgs y Cory Johnson, contrajeron recientemente COVID-19. Visite democracynow.org/es para ver una entrevista con la hermana Helen Prejean, una activista de larga trayectoria contra la pena de muerte.

El fiscal general del estado de Colorado está iniciando una investigación liderada por un gran jurado sobre la muerte a manos de la policía de Elijah McClain, un hombre afroestadounidense de 23 años de la ciudad de Aurora. McClain fue detenido por agentes de policía mientras regresaba caminando a su casa en agosto de 2019. Los oficiales lo sujetaron con una maniobra de estrangulamiento y, más tarde, los paramédicos que lo atendieron le inyectaron ketamina. McClain murió unos días después del incidente.

En Bosnia, cientos de solicitantes de asilo se están refugiando en edificios abandonados en un intento por resguardarse de la nieve y de las temperaturas heladas. Estas fueron las palabras expresadas por un refugiado afgano de 16 años de edad llamado Ali.

Ali: “He estado durmiendo en el autobús durante cinco o seis meses y vivo en condiciones muy malas. En verdad, estoy muy mal. Aquí no hay nadie que nos cuide y las condiciones no son seguras. Las personas que se supone que deberían apoyarnos vienen a quitarnos cosas y las venden dentro del campamento o en otros lugares. Aquí no tenemos nada. Les expliqué lo que está ocurriendo en varias ocasiones, y otros les han hablado de lo que está pasando, pero nadie quiere escuchar lo que decimos. Solo les pido que, si pueden hacer algo por nosotros, nos ayuden”.