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En el contexto del primer aniversario de Biden en el Gobierno de Estados Unidos, analizamos la defensa continua que hace el presidente de las políticas antiinmigración de la era de Trump. El miércoles 20 de enero, abogados del Departamento de Justicia defendieron en los tribunales la implementación de la orden ejecutiva basada en una disposición prevista en el Título 42 del Código de Regulación Federal, que fue usada por el Gobierno de Trump para expulsar a cientos de miles de inmigrantes en la frontera sin evaluar si calificaban como solicitantes de asilo. Esta política se promocionó como una forma de controlar la propagación de COVID-19, aunque funcionarios de alto rango de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) afirman que no es una medida necesaria para contener el virus. Hablamos con Lee Gelernt de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), abogado a cargo de una demanda judicial contra el uso del Título 42 por parte del Gobierno de Biden. Gelernt acusa al Gobierno de “tratar de esconderse detrás de los CDC” para ejecutar este tipo de políticas y señala que el Título 42 viola el derecho internacional y es una medida inhumana, que obliga a la gente inmigrante a volver a las situaciones peligrosas de las que huyeron en sus lugares de origen. “El Gobierno de EE.UU. está empujando a esta gente hacia la frontera”, dice. “Los cárteles están sentados al final del puente esperándolos y, sin embargo, seguimos empujándolos hacia allí”. Gelernt cuenta que estaba participando en las negociaciones para compensar financieramente a las madres y padres inmigrantes separados de sus hijos e hijas por medio la política de “tolerancia cero” de Trump, pero Biden interrumpió el proceso al recibir críticas de miembros del Partido Republicano.
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