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Organizaciones de derechos civiles están pidiendo la revocación de una serie de fallos racistas de la Corte Suprema de Estados Unidos que se han utilizado durante más de un siglo para justificar legalmente la discriminación contra la población de Puerto Rico y de otros territorios ocupados por Estados Unidos. Los fallos se conocen como “Casos Insulares” y han permitido al Gobierno federal negar a los puertorriqueños que viven en la isla el derecho al voto, el acceso a programas sociales como Medicaid y cupones de alimentos, así como a otros beneficios garantizados para quienes residen en el continente. Esta nueva iniciativa para revocar los “Casos Insulares” se produce después de que la Corte Suprema avalara la negativa del Gobierno de Biden a otorgar los beneficios completos del programa de Ingreso Complementario del Seguro Social a las personas mayores y personas con discapacidad que viven en Puerto Rico. Hablamos del tema con Lía Fiol-Matta, abogada senior de la organización LatinoJustice PRLDEF, que está colaborando en esta nueva campaña de impugnación de los fallos, y con el copresentador de Democracy Now! Juan González, quien ha cubierto este tema durante mucho tiempo. “Los 'Casos Insulares' establecieron una doctrina que no tiene base constitucional”, dice Fiol-Matta.
AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now! Democracynow.org, soy Amy Goodman. Varias organizaciones de derechos civiles están instando al Gobierno de Estados Unidos a que anule una serie de fallos de la Corte Suprema que se han usado por más de un siglo para justificar de forma legal la discriminación racial de la población residente en Puerto Rico y en otros territorios insulares de Estados Unidos.
Los llamados “Casos Insulares” han sido denunciados durante años como algunos de los fallos más racistas de la Corte Suprema, por estar firmemente arraigados en la supremacía blanca para proteger el colonialismo estadounidense.
Dichos fallos han permitido al Gobierno federal negar a los puertorriqueños que viven en la isla el derecho al voto, el acceso a programas sociales como Medicaid y cupones de alimentos, así como otros beneficios garantizados para residentes del Estados Unidos continental.
La campaña para anular los Casos Insulares se produce un mes después de que la Corte Suprema avaló la negativa del Gobierno de Biden a otorgar los beneficios completos del programa de Ingreso Suplementario del Seguro Social a las personas mayores o con discapacidad que viven en Puerto Rico. El único voto disidente fue el de la jueza Sonia Sotomayor, cuyos padres nacieron en Puerto Rico. Sotomayor catalogó el fallo de 8 contra 1 como “irracional” y “antiético”. Pero la sorpresa fue el dictamen de 10 páginas del juez conservador Neil Gorsuch, en el que pidió la anulación de los Casos Insulares. Gorsuch escribió: “Hace un siglo esta corte sostuvo que el Gobierno federal podía gobernar Puerto Rico y otros territorios en gran medida sin tener en cuenta la Constitución. Es hora de reconocer la gravedad de este error y admitir lo que sabemos que es verdad: los Casos Insulares no tienen fundamento en la Constitución, sino que se apoyan en estereotipos raciales que no deben tener lugar en las leyes de nuestro país”.
Hablamos con Lía Fiol-Matta, abogada senior para el Fondo de Educación y Defensa Legal de Puerto Rico de la organización Latino Justice, donde se enfoca en la justicia económica y temas relacionados con Puerto Rico. Latino Justice, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y otras organizaciones, han impulsado este nuevo intento para anular los “Casos Insulares”. Además nos acompaña el copresentador de Democracy Now!, Juan González, quien también ha cubierto el tema durante años.
Lía, para personas que no conocen el tema, ¿de qué se trata esta campaña? ¿Cómo se están organizando y por qué lo hacen?
LÍA FIOL-MATTA: Los “Casos Insulares” son casos de la Corte Suprema de principios del siglo XX, a raíz de la guerra hispanoamericana, donde la Corte Suprema tomó decisiones con respecto a los nuevos territorios de los Estados Unidos. En esos casos insulares, que son a partir de más o menos 1901 a 1922, la corte establece que los territorios, los residentes, son personas salvajes, son raza de personas extrañas a los Estados Unidos. Contiene lenguaje muy racista donde tratan a los residentes de los territorios como ciudadanos de segunda clase. La campaña a favor de eliminar los Casos Insulares es una campaña de varias organizaciones de derechos civiles, particularmente Latino Justice, Equally American, ACLU y Hispanic Federation, donde estamos educando al pueblo sobre estos Casos Insulares, la necesidad de presionar al Gobierno para que a los territorios se les trate de igual forma que a todos los residentes y todos los ciudadanos de los Estados Unidos.
JUAN GONZÁLEZ: Lía, quería preguntarte sobre el caso Fitisemanu contra Estados Unidos. Este es un caso de ciudadanos estadounidenses de Samoa Americana. ¿Puede hablar sobre ese caso y cómo es similar a los asuntos planteados en Puerto Rico y en otros territorios insulares de EE.UU.?
LÍA FIOL-MATTA: El caso de Fitisemanu contra los Estados Unidos. En realidad los residentes de Samoa estadounidense no son ciudadanos de los Estados Unidos. Ellos se consideran lo que se llama “nationals” de los Estados Unidos, nacionales, pero no son ciudadanos. Y este caso en particular fue un caso de personas que viven en el estado de Utah que son oriundos de Samoa estadounidense, donde ellos establecen que sus derechos están siendo violados porque al no ser ciudadanos de los Estados Unidos ellos no tienen derecho a muchos privilegios y beneficios que tienen los otros ciudadanos. Entonces, ellos establecen esta litigación y prevalecen en la primera corte, la corte de distrito de Utah. Pero entonces, en la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito, esa corte, a base de los Casos Insulares, decidieron que el derecho de ciudadanía bajo la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos no aplica a Samoa estadounidense. Por lo tanto, el Congreso, una vez más, tiene, según la corte, el derecho de determinar qué derechos tienen los territorios y cuáles no. Eso es similar a Puerto Rico en el sentido de que todos los diferentes territorios (hay cinco territorios de los Estados Unidos que tienen población, que están habitados), los cinco territorios en los Estados Unidos pueden ser gobernados, o se les pueden adjudicar derechos de diferentes formas, de acuerdo a lo que el Congreso decida según su antojo o según razonamientos que ellos tienen que no aplican por igual a todos los demás territorios.
JUAN GONZÁLEZ: Algo que me ha llamado la atención a lo largo de los años sobre las decisiones judiciales con respecto a Puerto Rico es la ausencia, el desinterés de los miembros liberales de la Corte Suprema. Ni Ruth Bader Ginsburg, cuando estaba en el cargo, ni Stephen Breyer ni Elena Kagan se han atrevido a abordar de manera certera los precedentes establecidos por los Casos Insulares. ¿Qué opina al respecto y cómo podría cambiar esto, especialmente ahora que un juez extremadamente conservador como Gorsuch ha tomado una posición tan firme?
LÍA FIOL-MATTA: Definitivamente que en la decisión del caso de José Luis Vaello Madero estuvimos extremadamente frustrados. Y nos tomó bastante de sorpresa que los jueces de la Corte Suprema que son liberales no estuvieron todos de acuerdo. El juez Breyer y también la jueza Kagan no se unieron a la opinión de Sonia Sotomayor, que fue la única opinión disidente en este caso, y fue realmente una desilusión muy grande para nosotros y muy sorpresiva. Pero, nosotros obviamente estamos optimistas, nosotros esperamos que debido a que el juez Gorsuch en su opinión concurrente, aunque él estuvo de acuerdo con la mayoría en el caso Vaello Madero, pero su opinión concurrente que fue bien extensa es un ataque bien grande, bien severo y bien detallado contra los Casos Insulares. Tanto ese juez, Gorsuch, como también la jueza Sotomayor, ambos claramente establecen que los Casos Insulares se deben eliminar y que no deben continuarse utilizando. Y por lo tanto nosotros estamos por lo menos optimistas de que ahora, con relación al nuevo caso, que estamos pidiendo que la Corte Suprema lo escuche, todavía ellos no han tomado esa decisión en el caso de Fitisemanu, nosotros estamos optimistas de que entonces ellos puedan persuadir al resto de la corte y que allí los jueces que son liberales también se unan y también estén de acuerdo de que ya es hora de combatir los Casos Insulares y de que la Corte Suprema en particular establezca claramente que esos casos ya no son ley.
AMY GOODMAN: A pesar de afirmar que su Gobierno cree en la justicia racial, el presidente Biden aún no se ha pronunciado en contra de los Casos Insulares. De hecho, sigue apoyándose en el fallo, para negar al pueblo de Puerto Rico beneficios sociales que son cruciales para la supervivencia de la gente. ¿Puede explicar cómo funciona todo este sistema? Si estás en Puerto Rico no recibes beneficios sociales, pero si eres un puertorriqueño que vive en la parte continental de Estados Unidos, sí los obtienes. Así que en lo que respecta a su campaña, ¿qué le está exigiendo al presidente Biden?
LÍA FIOL-MATTA: Lo primero que el presidente Biden tiene que hacer es, finalmente, abiertamente, denunciar los Casos Insulares, expresarse en contra de los Casos Insulares como unas decisiones basadas plenamente en racismo y en tratar a los ciudadanos, a las personas que residen en los territorios, como ciudadanos de segunda clase. Eso es lo primero que tiene que hacer el presidente propiamente. Luego, entonces, el presidente tiene que presionar o por lo menos influir para que el Departamento de Justicia, que es obviamente el representante legal del Gobierno en los casos que se presentan en la corte, que el Departamento de Justicia no continúe litigando casos que son la base de los Casos Insulares, las decisiones o las apelaciones se han tomado a base de los Casos Insulares. Ya el Departamento de Justicia tiene que dejar esa práctica. Lo otro también es que el presidente Biden tiene que influenciar a la Legislatura para que pase [una] legislación para garantizarle a Puerto Rico y a los otros territorios también que reciban los beneficios en igualdad de condiciones, no solamente el SSI (programa de Ingreso Suplementario del Seguro Social) que es para personas ancianas, incapacitadas, etc., pero también los beneficios de asistencia nutricional, beneficios de salud bajo el programa de Medicaid y Medicare. Esas son medidas legislativas que se pueden tomar, y el presidente, como el presidente obviamente del Partido Demócrata también, tiene el deber de presionar o de influenciar a los legisladores para que pase legislaciones. Y es bien importante que esta voz se riegue y que nosotros todos llamemos a nuestros legisladores y presionemos para que eso ocurra.
AMY GOODMAN: Usted le escribió una carta al Departamento de Justicia el año pasado y no obtuvo respuesta, y ahora le está escribiendo otra carta al presidente Biden, ¿es así?
LÍA FIOL-MATTA: Con las organizaciones de derechos civiles que mencioné anteriormente hemos redactado cartas al presidente Biden y también al Departamento de Justicia el año pasado, con ocasión de los argumentos que se dieron en la Corte Suprema en el caso de Vaello Madero. Ninguno de los dos ha contestado directamente las cartas que nosotros les hemos escrito con firmantes de múltiples organizaciones de derechos civiles, personas orientadas a los beneficios, profesores de derecho constitucional, etc. Así que estamos entonces revisando y estamos nuevamente en una campaña de escribir estas cartas. Y para los ciudadanos, también pueden escribirle a sus legisladores para presionar entonces al Gobierno para que por favor dejen de depender de los Casos Insulares en los litigios.
AMY GOODMAN: Lía Fiol-Matta, gracias por acompañarnos. Abogada senior para el Fondo de Educación y Defensa Legal de Puerto Rico de la organización Latino Justice, donde se enfoca en la justicia racial y económica, centrada en Puerto Rico. Fiol-Matta creció en San Juan. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren ver nuestra entrevista en inglés, así como la explicación de Juan González de la historia de los “casos insulares” justo después de la decisión de la Corte Suprema, visite democracynow.org. Soy Amy Goodman con Juan González, gracias por acompañarnos.
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