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Amy Goodman y Denis Moynihan
“Todo es posible”, dijo este martes Jason Van Tatenhove ante el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos. “Si un presidente está dispuesto a incitar a sus seguidores a una guerra civil mediante mentiras y engaños, sin importarle el costo humano que eso conlleva, ¿qué más podría llegar a hacer si es elegido nuevamente [presidente]?”. Van Tatenhove, ex miembro y portavoz de The Oath Keepers, un grupo supremacista blanco de extrema derecha integrado por civiles armados, hablaba así de una posible victoria electoral de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.
El comité selecto de la Cámara de Representantes ha realizado siete audiencias públicas desde junio, y hará al menos una más, sobre el mortal asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, que pretendía obstruir la sesión conjunta en la que el Congreso debía certificar formalmente los resultados del Colegio Electoral y declarar a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump, como lo ha documentado minuciosamente el comité, había estado trabajando de manera frenética para impugnar y revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Para lograr ese fin, diseminó teorías conspirativas, presentó decenas de demandas poco serias, amenazó a funcionarios electorales y montó una incesante campaña de propaganda en la que aseguraba que las elecciones que él perdió de manera aplastante habían sido manipuladas y que le habían robado la victoria. Cuando todo falló, Trump convocó a una muchedumbre violenta a la ciudad de Washington D.C. bajo el eslogan “Detengan el robo”.
Miles de personas respondieron a la invitación de Trump y escucharon con atención el discurso que el expresidente pronunció ese 6 de enero, en el que los instaba a marchar hacia el Capitolio. Trump sabía que muchos de los asistentes al mitin estaban armados. Entre la muchedumbre que asaltó el edificio del Congreso se encontraban miembros de los grupos armados de extrema derecha The Oath Keepers, Proud Boys y Three Percenter, que habían planeado y coordinado previamente el ataque.
“Parecía una batalla medieval”, declaró al testificar ante el comité selecto de la Cámara de Representantes el sargento Aquilino Gonell, miembro de la policía del Capitolio y veterano de la guerra de Irak. Cuatro manifestantes murieron durante los violentos episodios de la insurrección: una veterana de la Fuerza Aérea que fue abatida por la policía y otras tres personas que fallecieron por causas naturales, exacerbadas a raíz de los incidentes. Asimismo, al menos 150 policías resultaron heridos, entre ellos Gonell, a quien los médicos le dijeron que tenía que pasar a retiro por la gravedad de sus heridas. El oficial de policía del Capitolio Brian Sicknick murió al día siguiente de la insurrección tras sufrir varios infartos cerebrales provocados por las heridas que recibió durante el ataque. Cuatro oficiales más murieron posteriormente por suicidios que, según se cree, estuvieron directamente relacionados con los hechos del 6 de enero. Se trata del oficial Howard Liebengood, de la policía del Capitolio, y de los oficiales Jeffrey Smith, Gunther Hashida y Kyle DeFreytag, del Departamento de Policía Metropolitana.
Muchas de las personas que atacaron violentamente el Capitolio ese día, sin aparente ironía, lucían banderas y prendas con el símbolo de la “delgada línea azul”, una insignia que hace referencia al particular modo en que nombran a las fuerzas policiales en Estados Unidos quienes las apoyan.
El comité selecto de la Cámara de Representantes está finalizando su tarea y ha comenzado a compartir con el Departamento de Justicia de Estados Unidos la extensa serie de documentos, declaraciones, testimonios y pruebas recabados durante la investigación. Queda por ver si Donald Trump enfrentará cargos penales por incitar a la insurrección e intentar perpetrar un golpe de Estado violento. El expresidente también podría enfrentar cargos en el estado de Georgia, por presionar al secretario de Estado e instarlo a “encontrar 11.780 votos”, el número exacto de votos que necesitaba para dar vuelta la victoria de Biden en Georgia.
Nunca antes en la historia de Estados Unidos un presidente había intentado de manera tan descarada alterar los resultados de las elecciones y obstaculizar el traspaso pacífico del poder.
Lamentablemente, no se puede afirmar lo mismo respecto a la injerencia de Estados Unidos en otros países del mundo. Estados Unidos tiene un largo historial en organizar, financiar, brindar apoyo militar y perpetrar activamente golpes de Estado contra Gobiernos elegidos democráticamente. Algunos ejemplos de la era moderna incluyen el de Irán, con el derrocamiento del popular primer ministro Mohammad Mosaddegh en 1953; y el de Guatemala, con la destitución del presidente progresista Jacobo Arbenz en 1954.
En 1961, Estados Unidos conspiró junto con Bélgica para arrestar y ejecutar a Patrice Lumumba, el primer líder independentista elegido democráticamente como primer ministro en la recién independizada República del Congo. Antes de que el cadáver de Lumumba fuera desmembrado y disuelto en ácido, el entonces comisario de policía belga que supervisó la destrucción de los restos tomó un diente de oro del cuerpo del líder congolés a modo de trofeo. El mes pasado, Bélgica devolvió el diente a la familia de Lumumba, que lo retornará a la República Democrática del Congo.
En 1973, Estados Unidos respaldó un golpe de Estado militar contra el presidente de Chile elegido democráticamente Salvador Allende. Según trascendió, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense de ese entonces, Henry Kissinger, le dijo al presidente Nixon en ese momento: “No veo por qué tenemos que quedarnos de brazos cruzados y contemplar tranquilamente cómo un país se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Lo que está en juego es demasiado importante para dejar que los votantes chilenos decidan por sí mismos”.
En una entrevista con la cadena de noticias CNN, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional durante el gobierno de Donald Trump, se jactó esta semana: “Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, sino, ya sabes, en otros lugares, [le aseguro que un golpe de Estado] requiere mucho trabajo”. John Bolton apoyó el golpe de Estado orquestado por Estados Unidos en Haití en 2004, que derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide y, más recientemente, abogó a favor de destituir a los Gobiernos de Irán y Venezuela.
Un país que organiza golpes de Estado no debería sorprenderse tanto cuando alguien intenta cometer uno en casa. Necesitamos un estándar universal de justicia y un mundo libre de golpes de Estado.
© 2022 Amy Goodman
Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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