Titulares03 de octubre de 2023

El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes a favor del despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad para Haití, al tiempo que el país insular combate el empeoramiento de la violencia de los grupos criminales. La intervención, que se produjo debido a llamamiento reiterado del primer ministro haitiano, Ariel Henry, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, estará dirigida por Kenia y marcará el primer despliegue de fuerzas de seguridad internacionales en Haití en casi 20 años. La propuesta contó con 13 votos a favor y la abstención de Rusia y China. La resolución, que fue redactada por Estados Unidos y Ecuador, autoriza la permanencia de soldados extranjeros en Haití durante un año, con una revisión que se llevará a cabo después de cumplidos los nueve meses de la misión. El Gobierno de Biden prometió destinar al menos 100 millones de dólares para financiar la misión multinacional. Estas fueron las palabras expresadas por el embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Jeffrey DeLaurentis.

Jeffrey DeLaurentis: “Esta misión se lleva a cabo a pedido del Gobierno haitiano y de la sociedad civil haitiana para abordar la inseguridad y la grave crisis humanitaria que el país ha estado enfrentado durante demasiado tiempo. El despliegue de esta misión ayudará a respaldar las necesidades críticas de Haití a corto plazo y a fomentar las condiciones de seguridad necesarias para que el país logre la estabilidad a largo plazo”.

Kenia había ofrecido anteriormente contribuir con 1.000 oficiales de policía. Asimismo, las Bahamas, Jamaica y Antigua y Barbuda también se comprometieron a enviar personal de seguridad. Muchos haitianos se han opuesto a la medida debido a las desastrosas intervenciones militares que la ONU, Estados Unidos y otros países han dirigido anteriormente en Haití. Una misión de la ONU que se retiró del país insular en 2017 dejó un brote de cólera que mató a unas 10.000 personas. Los funcionarios de la ONU también fueron acusados de violencia sexual generalizada, incluido el abuso de menores. Por su parte, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la intervención y por el despliegue de fuerzas armadas dirigidas por Kenia, y recientemente citó el “continuo uso ilegal de la fuerza por parte de Kenia contra los manifestantes”. Mientras tanto, los activistas pacifistas han condenado la medida, que han calificado como una invasión dirigida por Estados Unidos.
 En 2021, el enviado especial de Estados Unidos para Haití presentó su dimisión a modo de protesta por las políticas del Gobierno de Biden en Haití. En una carta de renuncia, el veterano diplomático Daniel Foote escribió: “Lo que nuestros amigos haitianos realmente quieren y necesitan es la posibilidad de poder trazar su propio rumbo, sin titiriteros internacionales ni candidatos escogidos, sino con un apoyo genuino para [que logren conseguir] ese rumbo”. Si bien no se ha confirmado una fecha para el despliegue de las fuerzas de seguridad, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blanken, dijo recientemente que podría comenzar en unos meses.

Una misión de las Naciones Unidas ha llegado a Nagorno Karabaj por primera vez en tres décadas, al tiempo que el Gobierno de Armenia advierte que prácticamente la totalidad de las 120.000 personas de etnia armenia que allí residían han huido tras la ofensiva militar que Azerbaiyán llevó a cabo en septiembre para tomar el control del territorio en disputa. La representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Armenia dijo que los centros gubernamentales de registro se han visto abarrotados por un gran número de refugiados que se encuentran agotados y asustados, un tercio de los cuales son menores.

Kavita Belani: “La gente está cansada. Esta es una situación en la que han vivido nueve meses de bloqueo. No es algo que acaba de suceder, donde uno coge [sus cosas] y se va. [Los armenios de Nagorno Karabaj] ya han sufrido nueve meses de bloqueo. Y cuando llegan aquí, están llenos de ansiedad, están asustados, están aterrados, y quieren respuestas. Quieren respuestas sobre lo que va a pasar después”.

Armenia ha acusado a Azerbaiyán de estar llevando a cabo una limpieza étnica. El lunes, el enviado de Armenia ante la Unión Europea instó a los países de Occidente a sancionar a Azerbaiyán, incluida su lucrativa industria del petróleo y el gas, y solicitó ayuda militar para Armenia.

La Corte Suprema de Estados Unidos dio inicio el lunes a su nuevo período de sesiones, donde escuchó los alegatos orales de un caso que determinará quién puede recibir penas de prisión reducidas en virtud de la Ley del Primer Paso, que reduce las sentencias mínimas obligatorias para ciertas personas que fueron condenadas por cargos no violentos relacionados con el narcotráfico. Este martes, los jueces de la Corte Suprema están escuchando los alegatos orales de un caso que fue presentado por una organización de préstamos abusivos de día de pago que busca desafiar la estructura de liderazgo de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos. Los expertos legales advierten que el resultado del caso podría socavar otros organismos reguladores y programas federales, incluidos el Seguro Social y Medicare, un programa público de salud que garantiza el acceso a la atención sanitaria a millones de personas discapacitadas o de edad avanzada en Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado una apelación, sin emitir comentarios, que fue presentada por Robert Roberson, un prisionero que fue condenado a muerte en el estado de Texas y que siempre ha mantenido su inocencia. Roberson fue declarado culpable en 2003 del asesinato de su hija de dos años; sus abogados afirman que lo condenaron sobre la base del testimonio de expertos forenses que citaron la “hipótesis del síndrome del bebé sacudido”, que se popularizó a principios de la década de 2000, pero nunca fue científicamente validada. En septiembre, un tribunal de apelaciones del estado de Nueva Jersey dictaminó que la teoría es “ciencia basura”.

En más noticias de la Corte Suprema de Estados Unidos, el juez Clarence Thomas se recusó el lunes en un caso que involucra al ex asesor legal de Trump John Eastman, quien anteriormente se había desempeñado como asistente legal de Thomas. Esta situación viene precedida de una serie de informes que indican que la esposa del juez Thomas, la activista republicana Ginni Thomas, se comunicó con Eastman previo a la insurrección del 6 de enero de 2021 el Capitolio de Estados Unidos, para discutir los intentos por revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 para mantener a Trump en el poder. Sin embargo, el juez Thomas no se recusó en un caso que fue presentado por propietarios de Nueva York que buscan impugnar las políticas de estabilización de alquileres de la ciudad. La organización anticorrupción Revolving Door Project escribió en respuesta a la decisión de Thomas: “El multimillonario benefactor del juez Thomas Harlan Crow tiene un gran interés en debilitar las leyes de control de alquileres en todo el país para reforzar las ganancias de su imperio inmobiliario”.

En el Capitolio de Washington D.C., el congresista republicano de Florida Matt Gaetz presentó el lunes una moción para destituir a Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Gaetz, al igual que otros republicanos de extrema derecha, se pronunció duramente contra McCarthy después de que éste negoció un proyecto de ley para mantener al Gobierno en funcionamiento hasta el 17 de noviembre, lo que evitó la paralización de los servicios gubernamentales. Asimismo, Gaetz también culpó a McCarthy de hacer un “acuerdo paralelo secreto sobre Ucrania” con los demócratas, lo que McCarthy niega.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tomará juramento este martes a un nuevo miembro de la delegación de California en el Senado federal tras la muerte de la senadora demócrata Dianne Feinstein, quien falleció la semana pasada. Laphonza Butler se convierte en la primera senadora negra abiertamente lesbiana y en la tercer mujer negra en ocupar un escaño en el Senado en la historia de Estados Unidos.

Donald Trump compareció el lunes ante un tribunal del distrito de Manhattan en el inicio del juicio civil por fraude que presentó la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Trump y sus socios comerciales, incluidos sus hijos Donald Jr. y Eric, están acusados de inflar de forma fraudulenta el valor de los activos de la Organización Trump para obtener préstamos y negocios favorables. Por su parte, James intenta obtener el pago de una multa de 250 millones de dólares y la prohibición para que los miembros de la familia Trump hagan negocios en Nueva York.

Fiscal general Letitia James: “No importa cuán poderosos sean, no importa cuánto dinero crean que pueden tener, nadie está por encima de la ley. Y es mi responsabilidad, mi deber y mi trabajo hacer que eso se cumpla. La ley es poderosa y frágil a la vez. Y hoy, en el tribunal, probaremos nuestro caso”.

Trump será sometido a un juicio sin jurado estipulado presidido por el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, después de que los abogados que representan al expresidente no solicitaron un juicio con jurado. Cuando habló el lunes con la prensa frente al edificio del tribunal, Trump atacó a la fiscal general James, que es afroamericana, calificándola de “racista” y dijo que el juez Engoron era una “vergüenza”.

Donald Trump: “Es un agente [encubierto] demócrata y es una vergüenza para las personas que se hacen llamar jueces. […] Este es un juez que debería ser inhabilitado. Este es un juez que debería ser apartado de su cargo. Este es un juez que, según algunas personas, podría ser acusado penalmente por lo que está haciendo”.

El lunes, más de 30 organizaciones a favor de los derechos civiles, incluidas la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington y la organización Public Citizen, publicaron una carta abierta en la que pedían la protección de los jurados que participan en las cuatro causas penales que actualmente enfrenta Trump. La carta cita el acoso que los miembros del jurado del estado de Georgia y de la ciudad de Washington D.C. sufrieron por parte de Trump, y agrega: “Estos ataques amenazan a instituciones estadounidenses centenarias que fueron diseñadas por los fundadores de la nación para hacer rendir cuentas a cualquier líder que quiera convertirse en rey”.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha abierto una investigación sobre el trabajo infantil en las plantas de procesamiento avícola de las compañías Tyson Foods y Perdue Farms. La investigación tiene lugar después de que legisladores interrogaran al jefe de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en relación a los informes publicados en el periódico The New York Times sobre menores migrantes que sufren quemaduras y mutilaciones durante el trabajo en los mataderos de Perdue y Tyson. Estas fueron las palabras expresadas por la congresista del estado de Carolina del Norte Alma Adams, una demócrata de alto rango del Subcomité de Protección de la Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cuyos reiterados pedidos para que se celebre una audiencia sobre la ilegalidad del trabajo infantil han sido ignorados por la presidenta republicana del comité, Virginia Foxx.

Congresista Alma Adams: “Gracias a las recientes investigaciones periodísticas, también sabemos que [muchos] menores, principalmente los menores migrantes no acompañados, han sufrido todo tipo de lesiones en trabajos que no deberían estar realizando en primer lugar. Pero analicen esas historias más detalladamente: sustancias tan corrosivas que queman varias capas de guantes, máquinas sin protecciones para evitar que las personas se destrocen los brazos o las manos, partículas de alimentos y vapores químicos de productos de limpieza que irritan los senos paranasales y los pulmones. Estas historias no son solo sobre niños y niñas que se encuentran en circunstancias desesperantes, sino también sobre lugares de trabajo que son peligrosos para personas de todas las edades”.

Haga clic aquí para ver nuestra entrevista con la periodista del periódico The New York Times Hannah Dreier en relación a su investigación sobre el trabajo infantil en Estados Unidos.

La Organización Mundial de la Salud ha aprobado el uso de una vacuna contra la malaria más asequible y altamente eficaz. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció la medida el lunes.

Tedros Adhanom Ghebreyesus: “En las áreas con transmisión estacional, [la vacuna] redujo los casos sintomáticos de malaria en un 75% durante los doce meses posteriores a la administración de una serie de tres dosis”.

La vacuna fue desarrollada por la Universidad de Oxford y es tan solo la segunda vacuna contra la malaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud. La malaria es una de las enfermedades contagiosas más mortales a nivel mundial y el mosquito que la transmite ha sido descrito como el “animal más letal del mundo”. En 2021, más de medio millón de personas, en su mayoría niños y niñas menores de cinco años, murieron a causa de la malaria, y la gran mayoría de dichas muertes ocurrieron en África.

En el estado de California, la veterana líder comunitaria y querida editora de periódicos bilingües Dolores Sánchez falleció a los 87 años. Durante casi cuatro décadas, Sánchez presidió Eastern Group Publications, una cadena de periódicos que operaba once publicaciones en las cuales se informaba a las comunidades latinas del lado este de la ciudad de Los Ángeles y de ciudades vecinas.

Las organizaciones en defensa de la libertad de prensa están pidiendo al Congreso de Estados Unidos que apruebe dos nuevas legislaciones que protejan a los trabajadores de los medios de comunicación, en el quinto aniversario del asesinato patrocinado por el Estado saudí del columnista del periódico The Washington Post Jamal Khashoggi, que tuvo lugar en 2018 en la ciudad de Estambul. La Ley Khashoggi, que fue presentada el lunes, permitiría entablar demandas en Estados Unidos contra los Gobiernos implicados en represiones extraterritoriales. Por otro lado, la legislación denominada Khashoggi Resolution garantiza que Estados Unidos tome medidas para hacer que el Gobierno saudí rinda cuentas por las violaciones contra los derechos humanos.

El lunes, funcionarios electos de la ciudad de Los Ángeles dieron la bienvenida a amigos y familiares de Jamal Khashoggi a una ceremonia en la que se colocó un cartel con el nombre del columnista asesinado en un tramo del bulevar Wilshire, frente al Consulado de Arabia Saudí. Asimismo, un cartel que nombra al espacio como Plaza Jamal Khashoggi dice: “Un periodista y defensor de los derechos humanos que fue asesinado por el Gobierno saudí”. En Washington D.C., el Club Nacional de Prensa guardó un momento de silencio para recordar a Khashoggi y a otros periodistas cuyos asesinatos han quedado impunes. Michael Omer-Man, el director de investigación para Israel-Palestina de Democracia para el Mundo Árabe Ahora, una organización que fue fundada por Khashoggi, se unió a la ceremonia.

Michael Omer-Man: “Si bien la muerte de Jamal indignó a todo el mundo y pareció, por un momento, introducir los derechos humanos en la política exterior de Estados Unidos en la región de Medio Oriente y norte de África, lamentablemente, hoy eso ya no parece ser así. [La violación de los derechos humanos] es más evidente en Arabia Saudí, pero no solo sucede allí. Tras el asesinato de Shireen Abu Akleh, vimos cómo el Gobierno de Estados Unidos intentó literalmente redefinir el concepto de 'rendición de cuentas' para proteger a un aliado del escrutinio. Esto es inaceptable. Jamal fue asesinado por el poder de sus ideas y porque, incluso ante un peligro mortal, se negó a permanecer en silencio”.