Titulares05 de diciembre de 2023

La Organización Mundial de la Salud afirma que la situación humanitaria en la Franja de Gaza “empeora cada hora”, al tiempo que el Ejército de Israel bombardea hospitales e intensifica sus ataques contra las zonas a las que anteriormente había ordenado huir a los civiles. El número de muertos a causa de los bombardeos israelíes asciende a casi 16.000, y se cree que miles más se encuentran atrapados bajo los escombros.

Asimismo, 26 de los 35 hospitales de Gaza están actualmente fuera de servicio. En el norte del enclave palestino, tanques israelíes rodearon el hospital Kamal Adwan y comenzaron a bombardearlo. Los médicos que se encuentran en dicho hospital dicen que los francotiradores israelíes disparan contra cualquier persona que intenta salir del edificio. Las imágenes del patio del hospital muestran cadáveres alineados en hileras y envueltos en sábanas blancas, ya que el personal médico no pudo enterrarlos.

En el sur de Gaza, un intenso ataque israelí contra la ciudad de Jan Yunis ha desbordado los hospitales. Estas fueron las palabras expresadas por Ibrahim Esbeitan, cuyo hijo de dos meses resultó herido el lunes durante un ataque aéreo que llevó a cabo Israel.

Ibrahim Esbeitan: “Nos dijeron que debíamos abandonar la ciudad de Gaza. Hay una guerra en Gaza. Así que salimos del norte y vinimos al sur tal como nos dijeron. Pero esto es lo que encontramos en el sur. ¿Qué podemos hacer? Este es mi hijo, nació el segundo día de la guerra y aún no hemos podido registrar su nacimiento”.

Mientras hablaba, Ibrihim Esbeitan señaló a su hijo pequeño, que permanecía inmóvil mientras el personal médico lo conectaba a un suministro de oxígeno. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha calificado a Gaza como el “lugar más peligroso del mundo para ser niño o niña”.

Más de las tres cuartas partes de la población de la Franja se vio obligada a abandonar su hogar, por lo que dos millones de personas deben vivir en un área de unos 230 kilómetros cuadrados en el sur del enclave palestino, contra el cual Israel está enérgicamente lanzando ataques.

Entre los fallecidos a causa de los últimos ataques de Israel en Gaza se encuentra Sofyan Taya, quien era rector de la Universidad Islámica de Gaza y un reconocido investigador en física y matemáticas aplicadas. Taya murió el sábado junto con su familia en un ataque aéreo que Israel lanzó contra Yabalia, que se encuentra justo al norte de la ciudad de Gaza.

El lunes, Israel cortó por cuarta vez las comunicaciones telefónicas y el acceso a internet en Gaza, lo que sumió a la mayoría de los residentes del enclave en otro apagón total de las comunicaciones. Esto se produce al tiempo que los ataques israelíes se siguen cobrando la vida de periodistas a un ritmo sin precedentes. El viernes, Montaser Al-Sawaf, un periodista independiente que trabajaba para la Agencia Anadolu de Turquía, murió junto con su hermano y otros familiares en un ataque aéreo que Israel lanzó contra su vivienda. Al parecer, Al-Sawaf murió desangrado debido a que no había ambulancias disponibles para salvarle la vida. El Comité para la Protección de los Periodistas afirma que al menos 56 trabajadores de los medios palestinos han muerto a manos de las fuerzas armadas israelíes desde el 7 de octubre.

En la ciudad de Washington D.C., el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo el lunes que era “demasiado pronto” para juzgar si Israel ha estado haciendo lo suficiente para proteger a la población civil de la Franja de Gaza. La postura de Miller fue desafiada por el veterano periodista palestino Said Arikat.

Said Arikat: “¿Y no cree usted que Israel está matando intencionalmente a la población civil [de Gaza]?”.

Matthew Miller: “Creemos que demasiadas personas…”.

Said Arikat: “Cuando bombardean barrios…”.

Matthew Miller: “No he visto pruebas de que estén matando intencionalmente a la población civil. Creemos que han muerto demasiados civiles. Pero, una vez más, esto se remonta al problema subyacente de toda esta situación, que es que la organización Hamás se ha infiltrado en la población civil…

Said Arikat: “¡Por favor!”.

Matthew Miller: …dentro de sus hogares, dentro de las mezquitas, las escuelas, las iglesias. Es Hamás quien pone en peligro a estos civiles”.

Un tribunal de los Países Bajos ha escuchado los alegatos en una demanda que fue interpuesta por organizaciones de defensa de los derechos humanos que busca bloquear la exportación por parte del Gobierno de piezas de aviones de combate F-35 a Israel. Las organizaciones Oxfam y Amnistía Internacional sostienen que el envío de armamento infringe las obligaciones de los Países Bajos en virtud del derecho internacional de prevenir los crímenes de guerra, y citan las graves y generalizadas violaciones del derecho humanitario que Israel ha cometido en la Franja de Gaza. La abogada de derechos humanos Liesbeth Zegveld, quien es oriunda de los Países Bajos, argumentó el caso.

Liesbeth Zegveld: “El Estado debe detener de inmediato los envíos de piezas de aviones F-35 a Israel. Esa es su obligación en virtud del artículo común 1 de los Convenios de Ginebra; es su obligación en virtud del Tratado sobre el Genocidio, que fue establecido para prevenir el genocidio; y es su obligación en virtud de la ley de exportación. La posición del Estado de que no podemos determinar con seguridad si se están cometiendo crímenes de guerra es una farsa”.

En Tanzania, al menos 63 personas han perdido la vida desde que las lluvias torrenciales del fin de semana provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en dicho país. El lunes, la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, regresó de forma anticipada de Dubái, donde participaba de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP28, para supervisar la respuesta de su Gobierno a la catástrofe. Desde octubre, las lluvias fuertes y persistentes que han azotado África Oriental se han cobrado la vida de al menos 350 personas y han obligado a alrededor de un millón de residentes de Etiopía, Kenia, Somalia y Tanzania a abandonar sus hogares.

Un nuevo informe de la organización Global Carbon Project revela que las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la industria de los combustibles fósiles se dispararon hasta alcanzar un nuevo récord en 2023, con emisiones de dióxido de carbono que ascienden a casi 41.000 millones de toneladas métricas. A pesar de las terribles advertencias sobre la rápida aceleración de la crisis generada por el cambio climático, la humanidad ha quemado carbón, petróleo y gas a un ritmo más acelerado en 2023 que en 2022.

Por su parte, un nuevo análisis revela que cerca de 2.500 cabilderos de la industria de los combustibles fósiles han sido acreditados para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP28 que se está celebrando esta semana en Dubái. Eso representa casi cuatro veces más cabilderos de la industria que los que asistieron a la COP27, que se celebró el año pasado en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh. Estas fueron las palabras expresadas por Drue Slatter, miembro del movimiento Pacific Climate Warrior, cuando habló el lunes durante un evento de la COP28.

Drue Slatter: “Podemos lograr la eliminación gradual de la industria de los combustibles fósiles. Podemos lograr un 100% de energía renovable. Podemos lograr un paquete financiero justo y eficiente para llevar a cabo la transición energética en el Pacífico. Sin embargo, la obscena cantidad de grandes empresas contaminantes que están participando en estas negociaciones sobre el cambio climático implican una amenaza para dichos objetivos. En Glasgow, los cabilderos de la industria de los combustibles fósiles superaron doce veces el número de delegados del Pacífico. Si no me equivoco, en 2022, los cabilderos superaron quince veces la cantidad de delegados del Pacífico. Y se espera que este año la cifra sea aún mayor”.

Haga clic aquí para ver nuestra charla con Rachel Rose Jackson, directora de investigación y políticas climáticas de Corporate Accountability, una organización de supervisión que forma parte de la red de organizaciones denominada Kick Big Polluters Out, autora del informe “Un número récord de cabilderos de la industria de los combustibles fósiles asistirá a la COP28”.

En la ciudad estadounidense de Aurora, estado de Colorado, se está llevando a cabo un juicio contra dos paramédicos que enfrentan cargos penales por la muerte en 2021 de Elijah McClain. Las imágenes de video de la policía muestran a Jeremy Cooper y Peter Cichuniec inyectarle a McClain el poderoso sedante ketamina después de que la policía lo arrestara y le aplicara una maniobra de estrangulamiento cuando retornaba caminando a su hogar luego de salir de una tienda de comestibles. McClain sufrió un paro cardíaco a los pocos minutos de recibir la inyección y falleció días después del incidente. Un especialista en cuidados intensivos relacionados con enfermedades pulmonares declaró que “no había razón para administrarle” ketamina a McClain. Los fiscales también acusan a los paramédicos de no haber ayudado a la víctima después de inyectarle el medicamento y dejarlo moribundo en el suelo.

Mientras tanto, el oficial de policía de Aurora Nathan Woodyard, que fue absuelto en octubre de los cargos de homicidio y homicidio involuntario por la muerte de McClain, regresó a trabajar tras una suspensión de dos años y recibió más de 200.000 dólares en concepto de pagos retroactivos.

Agentes federales de la ciudad de Miami, estado de Florida, arrestaron a un exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos que anteriormente se desempeñó como embajador del país en Bolivia, acusándolo de haber trabajado durante más de cuatro décadas como agente encubierto del Gobierno cubano. El lunes, funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que Víctor Manuel Rocha buscó y obtuvo puestos dentro del Gobierno estadounidense que le proporcionaban acceso a información confidencial a fin de compartirla con Cuba. Sin embargo, el documento de acusación revela pocos detalles sobre la información que Rocha pudo haber compartido con el Gobierno cubano.

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó el lunes los argumentos en un caso que busca impugnar el plan de bancarrota de la compañía farmacéutica Purdue Pharma. Dicho plan protege a los miembros de la multimillonaria familia Sackler de la responsabilidad civil por su papel en la creación y el fomento de la epidemia de opioides en el país. En 2019, la compañía se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras al tiempo que enfrentaba miles de demandas que buscaban el pago de indemnizaciones por billones de dólares por parte de la familia Sackler, quienes se beneficiaron de la venta de OxyContin, una pastilla de oxicodona altamente adictiva, a pesar de ser plenamente conscientes de que el medicamento aportaba directamente a la epidemia de opioides en Estados Unidos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), en las últimas décadas, las sobredosis de opioides se han cobrado la vida de más de medio millón de personas en Estados Unidos. El lunes, familiares de personas que murieron a causa de la crisis de opioides exhibieron, frente al edificio de la Corte Suprema, fotografías de sus seres queridos fallecidos. Estas fueron las palabras expresadas por Rebecca Finnerty, cuyo hijo murió en 2016 de una sobredosis de opioides.

Rebecca Finnerty: “Todas las sanciones fueron menores y las multas económicas muy bajas. Y si eso continúa, entonces de verdad no hay justicia real por lo que ha sucedido en este país. Se han perdido cientos de miles de vidas, y una multa no es suficiente. Se esconden detrás de la Ley de Quiebras por ser multimillonarios; su patrimonio asciende a 11.000 millones de dólares. Es ridículo que se hayan beneficiado de la muerte de nuestros hijos e hijas, y se salgan con la suya”.

Haga clic aquí para ver la entrevista que mantuvimos en 2018 con el periodista Barry Meier, quien reveló que Purdue Pharma sabía del uso abusivo de OxyContin en 1996, pero lo encubrió.