Titulares12 de mayo de 2023

La sección del Título 42 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos que se implementó durante la presidencia de Trump, al inicio de la pandemia, fue levantada el jueves justo antes de la medianoche, después de tres años de aplicación. Esta política migratoria se usó para expulsar a casi tres millones de solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México sin el debido proceso. Miles de migrantes están varados en la frontera sur a la espera de que se tramiten sus solicitudes de asilo y se les permita ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, es probable que muchas de estas solicitudes sean bloqueadas cuando el Gobierno de Biden comience a aplicar lo que los defensores de los derechos de los migrantes han denunciado como otra prohibición del derecho a solicitar asilo en virtud de la legislación nacional e internacional. Según una nueva política migratoria, anunciada esta semana, la mayoría de los migrantes tendrán que solicitar el estatus de refugiado en otro país antes de llegar a Estados Unidos. De lo contrario, podrían ser expulsados del país rápidamente. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y otras organizaciones han presentado demandas contra esta nueva norma.

Otra de las nuevas medidas migratorias obliga a los solicitantes de asilo a programar sus citas mediante una aplicación para teléfonos inteligentes proporcionada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Sin embargo, los solicitantes han señalado que esta aplicación presenta numerosos fallos informáticos y plantea serios problemas de privacidad.

En el paso fronterizo de San Ysidro, en el estado de California, cientos de solicitantes de asilo han pasado noches durmiendo en el suelo, cubriéndose con bolsas de basura y mantas de aluminio, mientras muchos de ellos reportan haber pasado varios días sin comida. Estas fueron las palabras expresadas por Hashmatullah Habibi, un solicitante de asilo de Afganistán que dijo el jueves que él y su familia no tienen adónde ir.

Hashmatullah Habibi: “Mantengo la esperanza y rezo para que hoy seamos acogidos. Si no lo somos, no sé cuál será el futuro de mi familia y el mío, porque hemos dejado atrás un lugar sombrío y hemos venido aquí en busca de una vida mejor. Si no nos acogen, nuestra situación será aún más terrible, porque no podremos volver [a nuestro país de origen] y tampoco podremos entrar [a Estados Unidos]. Esa situación implicaría un riesgo mortal”.

En los últimos días, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha detenido a alrededor de 28.000 migrantes en sus instalaciones fronterizas. Mientras tanto, la cantidad diaria de solicitantes de asilo que intentan ingresar a Estados Unidos ha superado los 10.000, ya que las personas siguen huyendo de la violencia y la pobreza extrema en sus países de origen, así como también de los impactos de la crisis generada por el cambio climático. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, advirtió el jueves que los migrantes que lleguen a la frontera sur enfrentarán consecuencias aún más severas.

Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas: “A partir de esta medianoche, cualquier persona que llegue a nuestra frontera sur se considerará automáticamente inelegible para solicitar asilo y se enfrentará a consecuencias más severas por ingreso ilegal, que incluyen una prohibición mínima de cinco años para reingresar y la posibilidad de un proceso judicial”.

En Estados Unidos, el ex infante de Marina que causó la muerte del apreciado artista callejero Jordan Neely se entregó este viernes para enfrentar un cargo de homicidio involuntario en segundo grado. Un video del incidente, ocurrido el 1 de mayo en un vagón de metro de la ciudad de Nueva York, muestra cómo Daniel Penny realiza una maniobra de estrangulamiento a Neely durante 15 minutos, lo que provoca la muerte del artista callejero. Penny fue interrogado por la policía poco después de la muerte de Neely, pero inicialmente fue liberado sin que se le presentaran cargos. Mientras tanto, continúan desarrollándose protestas en Nueva York en reclamo de justicia para Jordan Neely. Estas fueron las palabras expresadas por Celina Trowell, una activista de la organización VOCAL-NY.

Celina Trowell: “Los responsables deben rendir cuentas por lo sucedido. Eso incluye al alcalde y a la gobernadora [de Nueva York], quienes han legitimado este tipo de asesinatos y son igualmente responsables de la muerte de Neely”.

Las perspectivas de un alto el fuego entre Israel y la organización Yihad Islámica Palestina se han desvanecido después de una pausa en los combates. Aviones de guerra israelíes han reanudado los bombardeos sobre la Franja de Gaza y los palestinos han lanzado cientos de cohetes de largo alcance hacia Israel y los asentamientos ilegales situados en los territorios ocupados de Cisjordania. Un hombre de 70 años murió el jueves cuando un cohete impactó en la ciudad israelí de Rejovot. Por su parte, los ataques israelíes han causado la muerte de al menos 31 palestinos, incluidos menores de edad. Estas fueron las palabras expresadas por Melina al-Hindi, una madre de familia de 39 años que vive en la ciudad de Jan Yunis.

Melina al-Hindi: “Nos sentimos inseguros, incluso en nuestra casa. Entramos y salimos de la casa, pero tenemos miedo. Es posible que un misil caiga mientras nos encontramos en la calle y nunca podamos regresar a casa. No sabemos qué va a pasar con nosotros y con nuestros hijos. […] Lo que está sucediendo en Gaza no es normal. Es sumamente aterrador”.

Las partes beligerantes en Sudán han firmado un acuerdo en el que se comprometen a proteger a la población civil y a permitir el acceso seguro de la ayuda humanitaria. Durante las conversaciones en curso en Arabia Saudí, el Ejército sudanés y el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido no han logrado llegar a un acuerdo de alto el fuego. Desde que estallaron los combates, el 15 de abril, más de 600 personas han muerto, incluidos al menos 18 trabajadores humanitarios. Asimismo, más de 700.000 personas han tenido que desplazarse a otras partes del país.

En Pakistán, un alto tribunal de Islamabad concedió la libertad bajo fianza al ex primer ministro Imran Khan luego de que la Corte Suprema de Islamabad dictaminara el jueves que su detención era “inválida e ilegal”. Khan está acusado de múltiples cargos de corrupción y su arresto ha provocado protestas generalizadas. Al menos ocho personas han muerto y unas 2.000 han sido detenidas durante las manifestaciones. Mientras los partidarios de Khan se preparaban para realizar una marcha en la capital de Pakistán, la policía emitió una orden de emergencia que prohíbe las concentraciones de más de cuatro personas.

En Guinea, las protestas contra el Gobierno militar se reanudaron el jueves, un día después de que activistas reportaran que al menos siete personas murieron y decenas más resultaron heridas durante las manifestaciones que se llevaron a cabo en todo el país el miércoles. Las fuerzas armadas tomaron el control de Guinea tras un golpe de Estado ocurrido en 2021 y han demorado el proceso de la transferencia de poder a un Gobierno elegido democráticamente. Estas fueron las palabras expresadas por un residente de la capital del país, Conakri.

Residente de Conakri: “No es bueno que esto continúe así. No me gustan las protestas. Nos gusta la paz. Estas protestas son realmente agotadoras y estamos exhaustos”.

Los viajeros provenientes de otros países que lleguen a Estados Unidos ya no tendrán que presentar un certificado de vacunación contra la COVID-19. Este requisito se suprime luego de que el Gobierno de Estados Unidos finalizara formalmente el jueves la declaración de emergencia de salud pública por la pandemia de la COVID-19. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud declaró que la COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria mundial. La enfermedad ha causado la muerte de más de 1,1 millones de personas en Estados Unidos, aunque se estima que la cifra real de fallecidos es mucho mayor. A nivel mundial, se han registrado oficialmente siete millones de muertes a causa del coronavirus. Se desconoce el verdadero número de muertes, pero la ONU estima que son al menos 20 millones.

En el estado de Virginia, un juez anuló el jueves una ley federal que prohíbe la venta de armas de fuego a jóvenes de 18, 19 y 20 años y dictaminó que dicha prohibición viola la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Es probable que el Departamento de Justicia le solicite al juez que suspenda el fallo mientras apela la decisión. La organización en defensa del control de armas Everytown Law afirmó que el dictamen del juez pondrá vidas en riesgo: “Las armas de fuego no solo representan la principal causa de muerte entre los niños, niñas y adolescentes en Estados Unidos; las investigaciones revelan también que los jóvenes de 18 a 20 años cometen homicidios con armas de fuego en una proporción tres veces mayor que las personas mayores de 21 años”.

En Estados Unidos, la Cámara de Representantes del estado de Texas aprobó el jueves un proyecto de ley que prohíbe los dispositivos que pueden convertir las pistolas en armas de fuego totalmente automáticas. Los dispositivos, comúnmente denominados “interruptores Glock”, ya son ilegales según la ley federal. Los legisladores estatales de Texas no avanzaron en el proceso de aprobación de un proyecto de ley que habría elevado a 21 la edad mínima para adquirir un rifle de asalto semiautomático. Esto ocurre al tiempo que estudiantes de secundaria de diversas partes de Texas abandonaron este jueves las clases para exigir nuevas leyes contra la violencia con armas de fuego. Las protestas de los estudiantes se produjeron menos de una semana después del tiroteo masivo que tuvo lugar en un centro comercial de Allen, una localidad del área metropolitana de Dallas.

La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de una mujer transgénero de Guatemala que presentó una impugnación contra su orden de deportación. Los jueces del alto tribunal respaldaron de manera unánime a Estrella Santos-Zacaria, otorgándole una nueva oportunidad para defender su derecho al asilo y buscar protección contra la persecución que enfrenta en su país. Santos-Zacaria buscó refugio en Estados Unidos después de haber sido víctima de violación en su adolescencia y de recibir amenazas de muerte debido a su identidad transgénero.

La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó una ley estatal de California que busca promover una crianza más humanitaria de cerdos al prohibir la venta de carne de cerdo proveniente de granjas que mantienen a los animales en espacios confinados. La industria porcina, que ha impugnado la ley, argumentó que esta contraviene las regulaciones estatales individuales vigentes en las ubicaciones de los productores de carne. En el escrito del fallo que obtuvo la mayoría por el estrecho margen de cinco votos a favor y cuatro en contra, el juez conservador Neil Gorsuch escribió: “Aunque la Constitución [de Estados Unidos] aborda muchos temas importantes, el tipo de chuletas de cerdo que los comerciantes de California pueden vender no se encuentra entre ellos”.