Los hondureños luchan contra las “ciudades privadas” administradas por empresas estadounidenses mientras su Gobierno es demandado por derogar ese “proyecto neocolonial”

En Honduras, varias comunidades están luchando contra la privatización y la explotación proveniente del extranjero, después de que la presidenta hondureña Xiomara Castro y el Congreso de ese país derogaran una ley que estableció las llamadas “Zonas de Desarrollo Económico y Empleo”, donde las empresas privadas tienen “autonomía funcional y administrativa” del Gobierno nacional de Honduras. Ahora, una empresa con sede en Delaware llamada Próspera ha iniciado una demanda judicial para impugnar la derogación de dicha ley en virtud del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. La compañía busca una compensación de casi once mil millones de dólares, lo que equivale a casi dos tercios de todo el presupuesto Honduras para 2022. Este es un ejemplo de los “derechos extremos de los inversores” que otorga este tratado comercial internacional, que además se opone de forma directa a la soberanía hondureña, dice Melinda St. Louis, directora del Observatorio de Comercio Global de la organización Public Citizen. También hablamos con Venessa Cárdenas, líder del patronato de Crawfish Rock, la zona directamente impactada por la “Zona de Desarrollo Económico y Empleo” de la compañía Próspera en la isla de Roatán. Cárdenas describe el estrés que genera en la población local la pérdida del control sobre sus comunidades, y añade: “No sabemos cuándo nos quitarán nuestras casas. […] Nosotros, por supuesto, tenemos el derecho a ser libres y a ser consultados previamente sobre cualquier tipo de proyecto que se esté llevando a cabo en nuestra comunidad”.

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