En el contexto de las crecientes restricciones al acceso al aborto que se están imponiendo en Estados Unidos, diecinueve fiscales generales republicanos que se desempeñan en estados donde el aborto es ilegal, están demandando que los Gobiernos locales tengan derecho a acceder a las historias clínicas privadas de las pacientes para ver si se realizaron abortos fuera del estado. Hablamos del tema con Tamarra Wieder, directora estatal de la alianza en defensa de los derechos reproductivos Planned Parenthood Alliance Advocates en Louisville, Kentucky. Allí, la gente debe cruzar las fronteras estatales para acceder a un aborto debido a la prohibición casi total que rige en el estado. Wieder sostiene que el acto de buscar atención médica “no debería ser usado en nuestra contra” y agrega que, de concretarse este ataque a los derechos reproductivos, sentaría “un precedente de miedo” que “paralizaría la atención médica”. También habla de la represión ejercida sobre la adolescente de Nebraska que usó píldoras abortivas para interrumpir su embarazo y fue sentenciada a 90 días de cárcel, así como de la demanda iniciada por un grupo de mujeres de Texas para anular la prohibición del aborto del estado, la cual puso en peligro sus vidas al impedirles interrumpir gestaciones que ni siquiera eran viables.
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