Las autoridades de Hawái han comenzado a identificar a las víctimas de los históricos incendios forestales ocurridos en la isla de Maui mientras el número de muertos asciende a 106 y cientos de personas siguen desaparecidas. La policía de Maui identificó a las dos primeras víctimas como Robert Dyckman, de 74 años, y Buddy Jantoc, de 79 años. Jantoc era un músico muy querido que en el pasado había tocado con bandas como la de [Carlos] Santana.
Debido a que muchos supervivientes expresaron su frustración en relación a las labores de ayuda del Gobierno, las comunidades han establecido centros para distribuir alimentos, ropa y otro tipo de asistencia a las personas que lo necesiten. Mientras tanto, los hawaianos están advirtiendo sobre los forasteros que, casi de inmediato, empezaron a aprovecharse de los supervivientes para comprar tierras y propiedades en los alrededores de la histórica ciudad de Lahaina, que prácticamente quedó en ruinas a causa de los incendios.
Paele Kiakona: “Algunas de las cosas que ya están sucediendo son: los agentes inmobiliarios llaman a las familias que lo perdieron todo y les ofrecen comprar su propiedad a un precio muy bajo. Por unos centavos de dólar. Así que nos resulta bastante ofensivo que la gente ni siquiera nos dé tiempo para hacer el duelo de manera apropiada. Y no se ha tenido en cuenta la salud mental de las personas en todo esto. Ellos lo han perdido todo. La gente ha perdido a sus familiares. Y que tengan esa falta de respeto, que vengan y realmente traten de comprar cosas, [eso] está fuera de lugar. Así que una de las cosas que he estado haciendo es reunir a todos los líderes de nuestra comunidad, lograr que la mayor cantidad de gente posible se siente en la misma mesa para poder hablar sobre cómo podemos evitar que ocurran estos acaparamientos de tierras”.
El presidente Biden dijo el martes que viajará a Hawái “tan pronto como le sea posible”.
El martes se cumplieron dos años del regreso de los talibanes al poder en Afganistán, luego de que Estados Unidos llevara a cabo una invasión fallida y ocupara el país asiático durante dos décadas. Los afganos se enfrentan a crecientes crisis humanitarias y de derechos humanos, las cuales se ven agravadas por el congelamiento por parte de Estados Unidos de miles de millones de dólares de reservas afganas depositadas en instituciones financieras estadounidenses y por la prohibición impuesta por parte de los talibanes que les impide a las mujeres trabajar en la mayoría de los sectores, lo que hace que la ONU y otras agencias internacionales de ayuda humanitaria no puedan prestar servicios ni operar en el país. Las mujeres y las niñas han quedado prácticamente excluidas de la vida pública. Estas fueron las palabras expresadas desde Kabul por Hosna, una joven de 24 años.
Hosna: “No pensaba que los talibanes tomarían el control del país algún día y, después de lograrlo, sus restricciones a las mujeres han ido aumentando día a día y nos han causado muchos problemas. Por lo que a mí respecta, el 'día de la victoria' de los talibanes es el peor día para el pueblo de Afganistán”.
Un enviado de la ONU ha pedido a la Corte Penal Internacional que procese a los funcionarios afganos por crímenes de lesa humanidad por cómo tratan a las mujeres y niñas afganas.
Según la ONU, más de 1,6 millones de afganos han huido del país en los últimos dos años. La mayoría de esos refugiados, unos 600.000, han huido a Pakistán. Mientras tanto, decenas de miles de afganos que trabajaban para las fuerzas armadas o contratistas estadounidenses han estado esperando poder establecerse en Estados Unidos o que se tramiten sus solicitudes de visa. Muchos de ellos afirman que actualmente se encuentran atrapados en el limbo. Marwa, una joven de 18 años cuyo padre trabajaba como guardia para una organización no gubernamental estadounidense, vive con otros once miembros de su familia en una pequeña vivienda que alquilan cerca de la ciudad capital de Pakistán, Islamabad, mientras ven cómo se les acaban sus ahorros a la espera de noticias sobre sus visas estadounidenses.
Marwa: “Aquí sólo tenemos una habitación con cocina. Nuestro espacio es muy reducido. No podemos volver a Afganistán. [Si lo hacemos, ellos] matarán a mi padre. Queremos llegar cuanto antes a nuestro destino para poder estudiar allí, porque allí todo es favorable. Aquí no podemos estudiar ni vivir, como tampoco lo podemos hacer en Afganistán”.
Mientras tanto, el Comité para la Protección de los Periodistas pidió a los talibanes que pusieran fin a su persecución de los periodistas, y lamentó que “la que en el pasado fue una vibrante prensa libre de Afganistán sea ahora el fantasma de lo que alguna vez fue”.
En Birmania, se ha informado de la muerte de al menos 32 personas tras un deslizamiento de tierra masivo que tuvo lugar el domingo en una mina de jade del municipio de Hpakan. Las fuertes lluvias han dificultado las labores de rescate al tiempo que varias personas siguen desaparecidas. Birmania produce entre el 70% y el 90% del jade del mundo. Mientras tanto, organizaciones ambientalistas y de defensa de los derechos humanos han condenado a la industria de extracción de jade por el impacto destructivo que tiene sobre el medioambiente, la corrupción que hay en torno a ella y las condiciones mortales a las que se enfrentan los trabajadores de las minas. Se calcula que la extracción de jade genera miles de millones de dólares de ganancias para el régimen militar birmano, siendo China uno de sus principales compradores. En 2020, más de 160 personas murieron luego de que lluvias torrenciales provocaran deslizamientos de tierra en otra mina de jade de la región.
Corea del Norte hizo sus primeras declaraciones públicas sobre Travis King, un soldado negro estadounidense que, el 18 de julio, cruzó la frontera mientras participaba de una visita guiada a la zona desmilitarizada y del que no se sabe nada desde entonces. Los medios de comunicación estatales de Corea del Norte informaron el martes que King huyó a dicho país para refugiarse de la discriminación racial que sufría en las fuerzas armadas estadounidense. La familia de Travis King ha dicho a los periodistas que él había hablado sobre el racismo que enfrentaba como soldado, y calificó la situación como “una gran pesadilla”. King había pasado dos meses en una cárcel de Corea del Sur tras ser acusado de agresión, y debía regresar a Estados Unidos, donde iba a enfrentar un procedimiento disciplinario.
En Paraguay, Santiago Peña asumió el martes la presidencia del país. El execonomista del Fondo Monetario Internacional es miembro del conservador Partido Colorado, que ha recibido numerosas acusaciones de corrupción durante sus más de 70 años en el poder, el cual tuvo un único paréntesis entre 2008 y 2013. Peña, quien se opone al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, reafirmó el apoyo de su Gobierno a Taiwán en su discurso de asunción.
Presidente Santiago Peña: “Nuestra relación con la República de China (Taiwán) es una muestra de esto, y del espíritu amigable y cooperativo de Paraguay con naciones a las que tenemos un gran afecto y con quienes nos sentimos no solo aliados sino que también hermanos. Negociamos y seguiremos negociando con el mundo sin comprometer nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestros valores o nuestra cultura”.
Por su parte, el vicepresidente de Taiwán, William Lai, asistió a la investidura presidencial de Peña.
En Estados Unidos, los jóvenes encarcelados en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, conocida como la cárcel de Angola, y organizaciones jurídicas están solicitando a un juez federal que tome medidas urgentes y ordene la salida de los menores encarcelados en la tristemente célebre prisión. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y otras organizaciones de defensa de los derechos civiles afirman que los reclusos menores de edad, quienes en su mayoría son negros, han estado encerrados durante el último año en el antiguo pabellón de reclusos condenados a muerte de Angola, una prisión de máxima seguridad para adultos con un historial de violaciones de derechos humanos donde los menores deben enfrentar condiciones abusivas. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles afirma: “Las investigaciones muestran que los jóvenes [que se encuentran encerrados] en centros para adultos tienen más probabilidades de suicidarse, sufrir agresiones sexuales y experimentar problemas de salud mental exacerbados”. Las audiencias relacionadas con el caso continuarán hasta el viernes.
En el estado de Texas, una mujer que ayudó a encubrir en 2020 el asesinato de Vanessa Guillén, una soldado de 20 años de la base militar Fort Hood, ha sido condenada a 30 años de prisión. Cecily Aguilar se declaró culpable de ayudar a su novio, el soldado Aaron Robinson, a descuartizar el cadáver de Guillén y deshacerse de sus restos. Aguilar fue la única persona condenada por el asesinato de Guillén, ya que Robinson, quien fue acusado de matarla a golpes en abril de 2020, murió por suicidio poco después de ser interrogado por la policía. Guillén había denunciado haber sufrido acoso sexual en la base militar, cuyo nombre se cambió a Fort Cavazos a principios de 2023.
El asesinato de Guillén atrajo la atención mundial a la epidemia de violencia sexual que existe en las fuerzas armadas estadounidenses e inspiró a que se realizaran algunos cambios en la política federal de Estados Unidos en la manera en que se deben abordar las denuncias de acoso y agresión sexual en las fuerzas armadas.
Donald Trump dijo en las redes sociales que el próximo lunes publicaría un informe de 100 páginas que lo exoneraría, luego de que un gran jurado del estado de Georgia lo acusara a él y a 18 cómplices de intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado. La oficina del sheriff del condado de Fulton dijo el martes que se espera que Trump y los 18 coacusados se entreguen a la policía para luego ser ingresados en la cárcel de Rice Street. Trump tiene plazo hasta el 25 de agosto para entregarse. “La cárcel está abierta las 24 horas del día, los siete días de la semana”, añadió el sheriff en el comunicado.
El primer debate de las primarias presidenciales del Partido Republicano se celebrará el próximo miércoles 23 de agosto. Uno de los criterios para participar en el debate es comprometerse a apoyar al eventual nominado del Partido Republicano. Los candidatos que cumplen con los requisitos pero no han firmado el compromiso son Donald Trump, el exgobernador del estado de Nueva Jersey Chris Christie y el exvicepresidente Mike Pence, aunque este último ha dicho que lo firmará.
En el estado de Illinois, un hombre ha sido condenado a diez años de prisión por prender fuego a una clínica de la organización de planificación familiar Planned Parenthood de la ciudad de Peoria. Tyler Massengill admitió haber utilizado un explosivo casero para prender fuego a la clínica en enero, unos pocos días después de que el gobernador demócrata J.B. Pritzker promulgó una ley que protege ampliamente a las personas que viajan a Illinois desde estados donde el aborto no es legal para someterse a dicha práctica. Massengill también tendrá que pagar 1,45 millones de dólares en concepto de indemnización. La clínica de Planned Parenthood tiene previsto reabrir en 2024.
En el ámbito educativo, las autoridades del estado de Arkansas ordenaron a las escuelas secundarias retirar un curso de Colocación Avanzada sobre estudios afroestadounidenses, advirtiendo que los estudiantes no recibirán créditos por asistir a dicho curso. La gobernadora republicana y exportavoz de Trump, Sarah Huckabee Sanders, emitió en enero una orden ejecutiva que prohíbe lo que denominó “adoctrinamiento y teoría crítica de la raza en las escuelas”.
Una de las escuelas que se vio afectada por la medida es la escuela secundaria Little Rock Central High, donde unos 100 estudiantes se habían inscrito en el curso este año escolar. Central High fue la escuela a la que asistieron los “nueve de Little Rock”, nueve estudiantes negros que en 1957 pusieron a prueba el histórico fallo de “Brown contra la Junta de Educación” que puso fin a la segregación racial en las escuelas públicas de Estados Unidos. En su primer día de clases, una muchedumbre violenta de blancos furiosos y miembros de la Guardia Nacional recibieron a los nueve estudiantes en la puerta de la escuela. Eisenhower, quien era presidente de Estados Unidos en ese momento, se vio obligado a ordenar que los estudiantes fueran escoltados por las fuerzas armadas federales durante el resto del año escolar.
Muchas universidades del estado de Florida afirman estar retirando su curso de psicología de Colocación Avanzada debido a una ley estatal que establece que no se puede enseñar en las escuelas temas relacionados con el género, la orientación sexual y la identidad de género. A principios de agosto, Florida dio marcha atrás en una directiva que básicamente prohíbe el curso avanzado de psicología, pero los docentes temen las repercusiones que podría generar el dictado del curso, ya que sería casi imposible hacerlo sin violar la ley contra la comunidad LGBTQIA que se conoce como “No digas gay” (Don’t Say Gay).
En el estado de Oklahoma, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y otras organizaciones han interpuesto una demanda para impedir que el estado financie la primera escuela chárter religiosa de financiación pública de Estados Unidos. Las organizaciones afirman que la Escuela Católica Virtual San Isidoro de Sevilla infringirá las normas de las escuelas financiadas con fondos públicos, entre las que se encuentra el adoctrinamiento de los alumnos en creencias religiosas, y “discriminará a la hora de realizar admisiones, impartir disciplina y emplear personal, para lo que se basará en la religión, la orientación sexual, la identidad de género y otras características [que se encuentran] protegidas [por la ley]”.