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El Gobierno del estado de Georgia está intensificando la represión contra quienes se oponen a la construcción del centro de capacitación policial conocido como Cop City. Ahora, el fiscal general del estado, del Partido Republicano, anunció la imputación de 61 personas con cargos de asociación ilícita por su participación en protestas y otro tipo de acciones de carácter público en contra de la construcción de este complejo policial en Atlanta, que tiene un presupuesto de 90 millones de dólares. Estos cargos, presentados conforme a la ley RICO, fueron aprobados por el mismo gran jurado que imputó al expresidente Trump y a otras 18 personas por el delito de asociación ilícita, también conforme a la ley RICO, con una acusación presentada por la fiscal de distrito, del Partido Demócrata, en el mismo condado. Muchas de las personas imputadas en esta acusación ya están procesadas por terrorismo doméstico y lavado de dinero por sus acciones dentro del movimiento Stop Cop City, que sigue trabajando para impedir la construcción del mencionado centro policial. “Están eligiendo una manera violenta de encarar los procesos judiciales para perseguir a los manifestantes”, dice el abogado Devin Franklin del Southern Center for Human Rights, que está gestionando la representación judicial de las personas acusadas. También hablamos con Keyanna Jones, que integra el movimiento Stop Cop City desde la organización Community Movement Builders. Jones señala que las imputaciones datan del 25 de mayo de 2020, el mismo día en que la policía de Minneapolis mató a George Floyd. “Desde esa fecha, este país ha sido transformado de forma drástica por Gobiernos que quieren construir este tipo de complejos policiales en sus localidades para reprimir la protesta social”, dice Jones. “Al Gobierno simplemente le molesta que la gente busque […] usar su derecho constitucional a manifestarse contra la injusticia ejercida por quienes ostentan la autoridad”.
Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.
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