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En el estado de Arizona, el día de las elecciones, se aprobó una medida electoral de amplio alcance, denominada Proposición 314, que permitiría a las autoridades estatales y municipales detener a inmigrantes sospechosos de haber cruzado la frontera entre Estados Unidos y México sin haber pasados por los puestos de entrada habilitados por el Gobierno, al tiempo que autoriza a los jueces estatales a ordenar deportaciones. La Proposición 314, que establece una serie de nuevos delitos migratorios en el estado, se basa en una medida similar aprobada en Texas, conocida como ley SB 4, que actualmente está bajo revisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Por este motivo, algunas de las disposiciones de la Proposición 314 entrarán en vigencia a finales de noviembre, mientras que sus aspectos más dañinos no serán aplicados hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley SB 4 de Texas. La aprobación de esta medida ha sido comparada con otra ley de Arizona, la controvertida SB 1070 aprobada en 2010, que también otorgaba a la policía local autoridad para detener inmigrantes sospechosos de ser indocumentados. Gran parte de las disposiciones de la SB 1070 fueron, posteriormente, anuladas por la Corte Suprema. Desde Tucson nos acompaña la activista Alejandra Pablos, quien ha sido objetivo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por su activismo y hace varios años atraviesa un juicio de deportación. “Las personas que se animan a alzar la voz son las primeras que sienten escalofríos de terror” por las inminentes políticas represivas de Trump hacia la gente inmigrante, señala Pablos, quien exhorta al Gobierno de Biden a hacer todo lo posible para mitigar el daño, por ejemplo, resolviendo los casos de deportación abiertos contra personas como ella.
Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.
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