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La más reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden en materia de inmigración brinda protección jurídica a aproximadamente medio millón de inmigrantes indocumentados que están casados con ciudadanos estadounidenses, al impedir su deportación y proporcionar un camino simplificado hacia la ciudadanía para estas personas y sus hijos e hijas. La medida ha tenido buena acogida entre las organizaciones de derechos migratorios, pero llega pocas semanas después de otra orden ejecutiva firmada por Biden que otorga al mandatario amplios poderes para cerrar la frontera de Estados Unidos con México con el fin de poner restricciones a las solicitudes de asilo. Las dos órdenes ejecutivas “no podrían ser más diferentes entre sí”, dice la congresista por Illinois Delia Ramírez. El martes, Ramírez asistió a la presentación de esta nueva medida en la Casa Blanca con su esposo, Boris Hernández, quien llegó a Estados Unidos cuando era adolescente y calificaría para acceder a las protecciones dispuestas en la nueva normativa. La legisladora sostiene que Biden debe ofrecer una alternativa a las políticas migratorias de mano dura del Partido Republicano. “Que el Gobierno muestre la gran diferencia entre Donald Trump y Joe Biden en lo que referente a la inmigración. Lo del martes fue un buen paso en esa dirección. Lo que hizo hace dos semanas y media no”, dice Ramírez.
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