Titulares29 de enero de 2025

En Washington D.C., la jueza federal de distrito, Loren AliKhan, ha bloqueado temporalmente el plan radical del presidente Trump de congelar billones de dólares en subvenciones y préstamos federales, a pesar de que dichos fondos ya han sido asignados por el Congreso. AliKhan dijo el martes que decidirá la próxima semana si la orden judicial emitida se vuelve permanente. El fallo se produjo después de que una coalición de organizaciones sin fines de lucro y un grupo de fiscales generales de 22 estados presentaran una serie de demandas argumentando que la iniciativa de Trump tendría un impacto devastador en cientos de miles de beneficiarios que dependen de las subvenciones y los préstamos federales para funcionar. En la Casa Blanca, la recientemente designada secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, defendió las medidas sin precedentes del presidente estadounidense.

Secretaria de Prensa Karoline Leavitt: “Esto significa que no habrá más fondos para programas ilegales de diversidad, equidad e inclusión. Esto significa que no habrá más fondos para la nueva estafa verde, que ha costado a los contribuyentes estadounidenses decenas de miles de millones de dólares. Esto significa que no habrá más fondos para el 'transgenerismo' y el 'wokismo' en toda nuestra burocracia y agencias federales”.

Cuando el congelamiento del gasto federal implementado por Trump entró brevemente en vigor el martes, los portales de Medicaid para tramitar reembolsos colapsaron en los 50 estados del país, por lo que la compensación a hospitales y clínicas que brindan atención médica a menores de edad, familias de bajos ingresos y personas con discapacidad se vio suspendida.

Por su parte, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, ha dicho que las acciones de Trump probablemente afectarán a universidades, organizaciones sin fines de lucro, programas de asistencia alimentaria, hospitales, centros sanitarios rurales y organizaciones que ayudan a veteranos de las fuerzas armadas discapacitados, entre otras cosas.

Senador Chuck Schumer: “Esta decisión es ilegal. Es destructiva. Es peligrosa. Es cruel. Esta decisión es ilegal e inconstitucional. Donald Trump ha hecho muchas cosas malas en la última semana, pero esto es lo peor que ha hecho”.

La senadora demócrata del estado de Washington Patty Murray calificó la orden ejecutiva de Trump como una “medida descarada e ilegal”. El senador independiente del estado de Maine Angus King dijo al respecto: “Si esta medida sigue en pie, entonces el Congreso bien podría levantar la sesión”. El senador independiente del estado de Vermont Bernie Sanders dijo que Trump “no es un rey”. Para más información sobre el plan radical de Trump de congelar billones de dólares en subvenciones y préstamos federales haga clic aquí.

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado planes para ofrecer a 2,3 millones de empleados federales ocho meses de salario y beneficios a cambio de su renuncia, una medida que los sindicatos han calificado como una violación sin precedentes de las leyes que rigen las compensaciones por separación voluntaria. La Oficina de Administración de Personal envió el martes un memorando a los empleados federales en el que insta a cualquiera que desee aceptar el acuerdo a escribir la palabra “renuncio” en el cuerpo del correo electrónico que se envíe en respuesta a la oferta. El sindicato Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, que representa a más de 800.000 trabajadores del Gobierno federal y de Washington D.C., ha dicho que el objetivo de Trump era crear caos. El presidente de este sindicato, Everett Kelley, dijo al respecto: “En medio de la oleada de órdenes ejecutivas y políticas contra los trabajadores, está claro que el objetivo del Gobierno de Trump es convertir al Gobierno federal en un entorno tóxico donde los trabajadores no puedan quedarse incluso si desean hacerlo”.

El presidente Trump despidió el lunes a dos líderes de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés), una medida que constituye un importante ataque contra los derechos de los trabajadores y los sindicatos en Estados Unidos. El sorpresivo despido por parte de Trump de la miembro demócrata de la NLRB Gwynne Wilcox se produjo a pesar de que la ley federal establece que los miembros de la junta solo pueden ser despedidos por negligencia en el cumplimiento del deber o mala conducta en el cargo. Trump también despidió a la asesora general de la Junta de Relaciones Laborales de Estados Unidos, Jennifer Abruzzo, quien, en una declaración de despedida, escribió: Si la agencia no cumple plenamente su mandato congresual en el futuro… Espero que los trabajadores, con la ayuda de quienes defienden sus derechos, tomen cartas en el asunto para obtener la dignidad y el respeto que se merecen en el lugar de trabajo, así como una parte equitativa del valor significativo que estos agregan a las operaciones de su empleador”.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, hizo su debut el martes en la sala de prensa, donde admitió ante los periodistas que el Gobierno de Trump considera que todos los inmigrantes indocumentados son criminales, por lo que estos serán objeto de detenciones y deportaciones en masa. Se están realizando redadas contra inmigrantes en todo Estados Unidos. Desde que Trump asumió la presidencia, miles de personas han sido arrestadas en diferentes partes del país, incluidas las ciudades de Chicago y Nueva York, donde la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se unió a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para llevar a cabo redadas, la cuales comenzaron el martes. Según se informa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está planeando concretar el jueves una serie de redadas en la ciudad de Aurora, estado de Colorado, y se espera que la próxima semana se realicen operativos similares en tres ciudades más.

El presidente Trump tiene previsto promulgar este miércoles la Ley Laken Riley, su primera legislación desde que regresó al cargo. El proyecto de ley amplía la detención obligatoria y la posible deportación a las personas indocumentadas que hayan sido acusadas, aunque no condenadas, de delitos de robo no violento, como el hurto en tiendas. Esto ocurre al tiempo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha recibido la orden de cumplir con una cuota de entre 1.200 y 1.500 arrestos diarios, mientras Trump planea llenar con inmigrantes los centros de detención de dicha agencia federal, incluidos aquellos administrados por compañías penitenciarias privadas.

En noticias relacionadas, la Junta de Educación del estado de Oklahoma ha aprobado por unanimidad una norma que obligará a los progenitores a proporcionar pruebas de la ciudadanía estadounidense y del estatus migratorio de sus hijos e hijas al momento de inscribirlos en la escuela. La política aún debe ser aprobada por el Poder Legislativo y el gobernador de Oklahoma.

Mientras tanto, los vuelos que trasladan a inmigrantes deportados desde Estados Unidos a Colombia se reanudaron el martes tras la disputa diplomática que generaron los abusos del Gobierno estadounidense contra los solicitantes de asilo, quienes denunciaron haber sido esposados con grilletes. Estas fueron las palabras expresadas por Carlos Gómez, un deportado que llegó este martes a Bogotá.

Carlos Gómez: “La comida que daban la daban dañada. A veces daban unos burritos, horrible la comida, horrible, horrible. Y encerrado uno, diez horas, doce horas durmiendo porque no teníamos más nada que hacer. No sabíamos si era de día o si era de noche. Estábamos peor que un preso”.

Con 77 votos a favor y 22 en contra, el Senado de Estados Unidos ha confirmado a Sean Duffy como secretario de Transporte. Duffy, un negacionista de la crisis generada por el cambio climático, protagonizó varios “reality shows”, fue congresista republicano en representación del estado de Wisconsin durante cuatro mandatos y ha trabajado como cabildero desde que renunció en 2019 al Congreso. Como su primer acto oficial, Duffy decidió revertir los estándares de eficiencia de combustible para automóviles y camiones nuevos que había establecido el Gobierno del expresidente Biden.

Con 68 votos a favor y 29 en contra, el Senado de Estados Unidos confirmó el lunes al multimillonario administrador de fondos de alto riesgo Scott Bessent como secretario del Tesoro. Un total de 16 demócratas votaron a favor de confirmar a Bessent en dicho cargo. En una declaración, la organización Public Citizen calificó a Bessent como “un oligarca cuya carrera se basó en servir a clientes ricos”, y agregó al respecto: “Al ignorar el cambio climático como un riesgo financiero, el Departamento del Tesoro de Trump, bajo el mando de Bessent, ha tomado un rumbo que podría devastar a las familias trabajadoras”.

Este miércoles se da inicio a las audiencias de confirmación en el Senado para el elegido por el presidente Trump para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Robert F. Kennedy Jr. es un abogado ambientalista conocido por difundir teorías conspirativas e información falsa sobre salud pública. Kennedy Jr. afirmó que el VIH puede no causar sida, que la COVID-19 fue diseñada para proteger a las personas judías asquenazíes y al pueblo chino, y que los productos químicos en el suministro de agua de Estados Unidos están provocando que más niños y niñas sean homosexuales y transgénero. En la víspera de la comparecencia de Kennedy Jr. ante el Comité de Finanzas del Senado, su prima Caroline Kennedy, exembajadora de Estados Unidos en Japón y Australia e hija del presidente John F. Kennedy, pidió a los senadores que rechacen la nominación del candidato de Trump.

Caroline Kennedy: “Conozco a Bobby de toda la vida. Crecimos juntos. No es de extrañar que tenga aves rapaces como mascotas, dado que el propio Bobby es un depredador. […] Bobby es adicto a ser el centro de atención y al poder. Bobby se aprovecha de la desesperación de los padres y madres de niños enfermos, vacuna a sus propios hijos mientras suma seguidores al disuadir hipócritamente a otros padres para que no vacunen a los suyos”.

La audiencia de confirmación de Robert F. Kennedy Jr. para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos se produce luego de la orden emitida por Trump de suspender la financiación a programas de salud de todo el mundo a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El lunes, el Gobierno de Trump ordenó explícitamente a las organizaciones de salud extranjeras que dejen de administrar medicamentos para el VIH, la malaria y la tuberculosis comprados con ayuda estadounidense, incluso si el personal sanitario ya tiene los medicamentos a disposición. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió una exención para medicamentos vitales bajo el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida, un plan iniciado por el expresidente George W. Bush, al que se le atribuye haber salvado más de 25 millones de vidas en todo el mundo. Pero aún no está claro si la exención de Rubio revertirá la congelación de Trump a la financiación de medicamentos para la prevención, difusión y pruebas del VIH/sida y otros programas.

Las autoridades palestinas afirman que más de medio millón de personas han regresado en las últimas 72 horas al “irreconocible” norte de Gaza. Las personas que esperaban regresar a sus hogares han descrito la destrucción total que 15 meses de incesantes bombardeos y ataques israelíes han dejado en el norte del enclave palestino.

En los territorios ocupados de Cisjordania, las fuerzas armadas israelíes mataron al menos a dos palestinos durante una serie de nuevas incursiones militares, que comenzaron durante la noche del martes. Una de las víctimas fue identificada como Osama Omar Abu al-Haija, un hombre de 25 años oriundo de Yenín. Esto ocurre al tiempo que los legisladores israelíes han avanzado en el proceso de aprobación de un proyecto de ley que facilitaría aún más el robo y la compra de tierras para asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania.

Mientras tanto, Israel también ha continuado con sus ataques contra el sur del Líbano. Una serie de ataques aéreos israelíes dejaron cinco personas heridas en la mañana de este miércoles y otras 24 el martes.

En Estados Unidos, los senadores demócratas han bloqueado un proyecto de ley que tenía como finalidad sancionar a la Corte Penal Internacional por emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra cometidos en Gaza. Expertos de la ONU, al igual que otras personas estudiosas del tema, han advertido que la legislación sentaría un precedente peligroso para la erosión del derecho internacional. Esto ocurre al tiempo que Trump y Netanyahu tienen previsto reunirse la próxima semana en la Casa Blanca.

En la República Democrática del Congo, varias protestas estallaron el martes en la ciudad de Kinsasa contra la inacción de la comunidad internacional para poner fin al conflicto que azota la ciudad oriental de Goma, donde las fuerzas del grupo rebelde M23 han consolidado el control. La ONU afirma que más de medio millón de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares en enero debido a la intensificación de los actos de violencia en el este del país. El ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática del Congo ha pedido que se establezcan sanciones específicas y un embargo de armas contra Ruanda por su respaldo a los combatientes del M23, y que dicho país retire sus soldados de la región. Mientras tanto, cientos de contratistas militares extranjeros se rindieron ante la ONU y se trasladaron este miércoles desde Goma a Ruanda. Esto se produce después de que combatientes del M23 consolidaran el control de la ciudad más grande del este de la República Democrática del Congo. La representante especial adjunta para Protección y Operaciones de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, Vivian van de Perre, se dirigió el martes al Consejo de Seguridad de la ONU mediante una videoconferencia desde Goma. Van de Perre, que llevaba puesto un casco y un chaleco antibalas, instó a Ruanda y a la República Democrática del Congo a trabajar para lograr una solución diplomática al conflicto.

Vivian van de Perre: “Recordamos a todas las partes su obligación de respetar el derecho internacional humanitario y destacamos que los ataques contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas pueden constituir crímenes de guerra. El nivel de sufrimiento que padece la población de Goma y sus alrededores es verdaderamente inimaginable”.