Donald Trump anunció el jueves que exceptuará de sus aranceles del 25% a los productos mexicanos y canadienses contemplados en el Tratado Estados Unidos-México-Canadá, un pacto comercial que el presidente estadounidense firmó durante su primer mandato para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por el momento, la exclusión de dichos productos, que fue anunciada después de que Trump hablara con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, permanecerá vigente hasta el 2 de abril. Según la Casa Blanca, alrededor del 50% de las importaciones provenientes de México y del 38% de las provenientes de Canadá se encuentran contempladas en este acuerdo comercial. Los aranceles de Trump entraron en vigor por primera vez el martes, incluido un arancel adicional del 10% sobre los productos chinos, lo que provocó la caída de los mercados.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó el jueves suspender de inmediato casi toda la financiación estadounidense destinada a proyectos de ayuda humanitaria en Sudáfrica. La pausa se produce después de que Trump emitiera en febrero una orden ejecutiva en represalia por la ley de reforma agraria de Sudáfrica, que, según el mandatario estadounidense, constituía una “discriminación racial” contra los sudafricanos blancos. Según se informa, esta “suspensión” de la financiación estadounidense excluirá el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida, un programa de Estados Unidos para combatir el VIH y el SIDA a nivel mundial. El multimillonario Elon Musk, quien nació en Sudáfrica, ha dicho que los sudafricanos blancos han sido víctimas de “leyes de propiedad racistas” y ha acusado al Gobierno posterior al apartheid de ejercer racismo contra las personas blancas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos planea cerrar una docena de consulados en el extranjero, así como muchas otras misiones diplomáticas. La medida incluiría el despido de muchos empleados locales, que son cruciales para las relaciones diplomáticas de Estados Unidos en dichos países.
Un juez federal ha bloqueado temporalmente la orden del Gobierno de Trump de despedir al presidente de la Fundación de los Estados Unidos para el Desarrollo de África, luego de que, el jueves, los trabajadores del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk se presentaron en la sede de dicho organismo, acompañados de alguaciles federales, a fin de poder acceder a sus oficinas. La orden del juez se produjo después de que el presidente de la fundación demandara al Departamento de Eficiencia Gubernamental y a Pete Marocco, un funcionario del Departamento de Estado, por sus intentos de desmantelar la agencia, que se estableció en 1980 para proporcionar subvenciones y préstamos a pequeñas empresas y emprendedores en África.
En Estados Unidos, fiscales generales de ocho estados han presentado una demanda contra el Departamento de Educación, en la que acusan a dicha agencia de recortar ilegalmente más de 600 millones de dólares en subvenciones federales para programas de formación docente que ya habían sido asignadas por el Congreso estadounidense. El Gobierno de Trump congeló los fondos en febrero, alegando que estos se utilizan para promover lo que denominó “ideologías divisivas” como el antirracismo. El jueves, varios senadores demócratas, incluido Chris Murphy del estado de Connecticut, criticaron duramente los reportes de que Trump tiene previsto firmar una orden ejecutiva para eliminar el Departamento de Educación.
Senador Chris Murphy: “Si el Departamento de Educación cierra sus puertas, dicho cierre perjudicará a millones de familias en este país. Esto simplemente permitirá que se roben los recursos de las familias comunes para llenar los bolsillos de los multimillonarios. Pero también es posible que un día se despierten y descubran que la escuela primaria local a la que asisten sus hijos e hijas es propiedad de una empresa de capital privado que se encuentra al otro lado del país y cuya finalidad es obtener ganancias”.
La jueza federal Beryl Howell dictaminó el jueves que Trump despidió ilegalmente en enero a Gwynne Wilcox, directora de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, y ordenó su reincorporación. Howell escribió al respecto: “Un presidente que promociona una imagen de sí mismo como un 'monarca' o un 'dictador', tal vez como parte de su visión de un liderazgo eficaz, tiene básicamente un conocimiento erróneo del rol que le corresponde en virtud del Artículo II de la Constitución de Estados Unidos”.
En noticias relacionadas, LaborLab, una organización de supervisión sin fines de lucro que se enfoca en las prácticas antisindicales, está advirtiendo contra la elección de Trump para dirigir la Oficina de Normas Obrero-Patronal. Elisabeth Messenger fue anteriormente directora ejecutiva de Americans for Fair Treatment, una organización a favor de los derechos laborales que está en contra de los sindicatos.
Se ha ordenado al Departamento de Agricultura de Estados Unidos que reincorpore temporalmente a unos 6.000 trabajadores que el Gobierno de Trump despidió recientemente. La orden de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito de Estados Unidos (MSPB, por sus siglas en inglés) requiere que el Departamento de Agricultura reincorpore durante 45 días a los trabajadores mientras investiga si fueron despedidos de forma ilegal. El fallo se produjo apenas unos días después de que un juez federal impidiera al Gobierno de Trump despedir a Cathy Harris, quien fue designada como presidenta de la junta directiva de la MSPB por el expresidente demócrata Joe Biden y cuyo mandato no expira hasta 2028. Harris argumentó de manera exitosa que un miembro de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito solo puede ser destituido por el presidente en caso de “ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del deber o conducta indebida en el ejercicio de sus funciones”.
En Estados Unidos, el jefe de la Oficina del Asesor Legal Especial, una agencia federal que procesa e investiga denuncias internas, puso fin a su batalla legal contra la destitución que sufrió por parte del presidente Trump. Hampton Dellinger se refirió a las pocas posibilidades que tiene de prevalecer en una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que es de mayoría conservadora, después de que un tribunal federal de apelaciones permitiera a Trump proceder con su despido.
El medio Axios informa que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está implementando el uso de inteligencia artificial para ayudar a identificar a personas que, según el Departamento de Estado, apoyan a Hamás u otras organizaciones que Estados Unidos ha calificado de terroristas a fin de negarles la visa para ingresar al país. El proceso implica escanear decenas de miles de cuentas de redes sociales, en particular para identificar a los estudiantes que, desde el 7 de octubre de 2023, han participado en protestas contra la guerra en Gaza y a favor del pueblo palestino. El director del Comité Estadounidense-Árabe Antidiscriminación, Abed Ayoub, dijo al respecto: “Esto debería preocupar a todos los estadounidenses. Este asunto está relacionado con la Primera Enmienda [de la Constitución de Estados Unidos] y con la libertad de expresión, y el Gobierno exagerará en su implementación”.
A principios de esta semana, Trump amenazó con procesar y deportar a los estudiantes extranjeros que participen en dichas protestas y con recortar la financiación de las universidades que las permitan.
Cientos de estudiantes de las universidades de Harvard y Columbia no se dejaron intimidar por las amenazas de Trump y lideraron esta semana protestas contra el ex primer ministro israelí Naftali Bennett, quien se disponía a brindar conferencias en las prestigiosas instituciones educativas.
La Oficina del Inspector General del Pentágono está deteniendo los esfuerzos para identificar y erradicar el extremismo en el Ejército estadounidense dado que, según este organismo de supervisión, la iniciativa contradice las políticas de Trump. La semana pasada, dicha oficina emitió una directiva que puso abruptamente fin a las revisiones en curso sobre cómo las ramas militares están contrarrestando el extremismo, ya que muchos miembros de las fuerzas armadas han sido vinculados a grupos de extrema derecha, incluidos Oath Keepers, Proud Boys y el Ku Klux Klan.
El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses ha emitido una advertencia de viaje a los inmigrantes de países de mayoría musulmana para que no abandonen Estados Unidos durante los próximos 30 días, en medio de informes de que Trump está a punto de anunciar una nueva prohibición de viajes. Según se informa, la prohibición podría afectar a ciudadanos de Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela, Cuba, Yemen y Pakistán. Asimismo, la prohibición también podría incluir a decenas de miles de afganos que han sido autorizados a reasentarse en Estados Unidos, quienes enfrentan un peligro mortal en su país de origen por ayudar a las fuerzas armadas estadounidenses durante sus 20 años de ocupación de Afganistán. La prohibición de entrada a musulmanes que Trump impuso durante su primer mandato fue derogada en 2021.
Unos 240.000 ucranianos que han huido de la invasión rusa de Ucrania y actualmente viven en Estados Unidos bajo estatus de protección temporal se están preparando para defender sus derechos como inmigrantes, después de que Trump dijera que está considerando revocar dichas protecciones. Varias organizaciones, incluido el Comité del Congreso Ucraniano de Estados Unidos, dicen que se están asegurando de que su comunidad esté preparada.
Andrij Dobriansky: “Muchas de estas personas no tienen hogares a los que regresar. Estamos hablando de personas cuyas ciudades han sido arrasadas por completo. ¿A dónde los enviaríamos de regreso? Nada. […] Estamos preparando a nuestra comunidad, nos estamos asegurando de que los folletos de 'Conozca sus derechos como inmigrantes' se traduzcan a los idiomas adecuados. Para estos inmigrantes, ese idioma podría ser el ucraniano. También podría ser el idioma ruso y el tártaro de Crimea, entre otros”.
Los líderes europeos acordaron aumentar el gasto militar y reforzar su apoyo a Ucrania durante una cumbre de emergencia que se llevó a cabo en Bruselas tras la decisión de Donald Trump de suspender la ayuda militar estadounidense a Kiev. Unos 20 países también han dicho que están dispuestos a unirse a una “coalición de voluntarios” para apoyar a Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el jueves a los miembros de su gabinete que sean ellos quienes tomen la iniciativa de despedir a miles de trabajadores federales, en lugar de esperar las directivas del asesor multimillonario Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Presidente Donald Trump: “Queremos que conserven [solo] a la buena gente y, por eso, vamos a estar vigilándolos. Elon y su equipo van a estar observándolos. Si pueden recortar [personal], mejor. Si no hacen el recorte, entonces lo hará Elon”.
El Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, ha votado a favor de derogar una norma que exigía aplicar a las aplicaciones de pago digital las mismas protecciones al consumidor que rigen para las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias. Después de que la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor finalizara en noviembre las estipulaciones de la norma, Elon Musk pidió que se “eliminara” la agencia. Musk está intentando convertir su red social X en una aplicación de pagos digitales.
Ha ocurrido otro desastre que involucra a la compañía de vuelos espaciales privados de Elon Musk. El jueves, SpaceX lanzó el octavo vuelo de prueba de su megacohete experimental denominado Starship. Varios minutos después de comenzar el vuelo, el segundo nivel de la nave comenzó a girar sin control y reingresó a la atmósfera sobre las Bahamas, lo que provocó una lluvia artificial de meteoritos que arrojó gran cantidad de escombros sobre el Caribe. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) suspendió los vuelos en varios aeropuertos del estado de Florida y varios aviones tuvieron que ser desviados para evitar sobrevolar la zona de escombros. La FAA permitió que SpaceX realizara el jueves el despegue a pesar de que dicha agencia está haciendo una investigación en relación con el vuelo anterior del Starship, ocurrido en enero, que también terminó en una explosión que arrojó escombros sobre las islas Turcas y Caicos.
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos ordenó a la empresa Tesla pagar multas de 49.650 dólares por tres infracciones graves a las normas de seguridad, luego de que un trabajador de una de sus fábricas muriera electrocutado. Víctor Gómez Sr. murió a causa de las descargas eléctricas que recibió en agosto de 2024 mientras inspeccionaba paneles eléctricos en una gigafábrica de Tesla situada cerca de la ciudad de Austin, en el estado de Texas. En una demanda por homicidio culposo, la familia de Gómez alega que Tesla actuó de manera negligente ya que el panel debería haber estado apagado. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional había impuesto previamente a Tesla una multa de 7.000 dólares por violaciones de seguridad en el lugar de trabajo relacionadas con la exposición a sustancias químicas en la gigafábrica de Austin. Elon Musk posee alrededor del 13% de las acciones de Tesla, donde se desempeña como director ejecutivo desde 2008.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha debilitado aún más la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental y de los Gobiernos estatales para garantizar la calidad del agua bajo la Ley de Agua Limpia. En un fallo de cinco votos a favor y cuatro en contra que se emitió el martes, la mayoría del alto tribunal estadounidense derogó regulaciones que limitaban el vertido de aguas residuales en puertos y zonas costeras, incluidos los límites a la descarga de aguas residuales sin tratar. Esto ocurre menos de dos años después de que la Corte Suprema desmantelara las protecciones otorgadas por la Ley de Agua Limpia a casi la mitad de los humedales situados en el territorio continental de Estados Unidos.
El Gobierno de Trump ha suspendido un programa internacional de monitoreo de la calidad del aire que tomó muestras de los niveles de contaminación en más de 80 embajadas y consulados estadounidenses. El Gobierno estadounidense implementó esta medida debido a lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó como “restricciones presupuestarias”. Al programa se le atribuye la detección de niveles crecientes de contaminación por partículas finas alrededor de la Embajada de Estados Unidos en Pekín, en 2013, poco antes de que China lanzara su llamada “guerra contra la contaminación”.
La junta militar de Sudán ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia acusando a los Emiratos Árabes Unidos de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio al armar y financiar a los combatientes rebeldes del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Sudán afirmó en un documento el miércoles que las Fuerzas de Apoyo Rápido y los grupos armados aliados de su causa han perpetrado “actos de genocidio, asesinatos, robos de propiedad, violaciones, desplazamientos forzosos de población, ingresos ilegales a propiedades, actos de vandalismo en propiedades públicas y violación de los derechos humanos” contra la comunidad Masalit. Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos han dicho que buscarán la “desestimación inmediata” de este caso.
En noticias sobre Siria, al menos 70 personas murieron y decenas más resultaron heridas en la noche del jueves debido a una serie de enfrentamientos que tuvieron como partícipes a las fuerzas de seguridad sirias y a combatientes fieles al depuesto líder Bashar al-Assad. Decenas de autoridades sirias fueron blanco de varias emboscadas por parte de los combatientes fieles a Assad en las provincias de Latakia y Tartus, que durante mucho tiempo han sido bastiones del derrocado Gobierno de Assad. Miles de manifestantes de diferentes partes de esa región del país salieron a las calles para exigir la retirada de las fuerzas de seguridad sirias de las zonas rurales. Esta fue la primera manifestación masiva contra el nuevo Gobierno de Siria desde que Assad fue derrocado en diciembre. Esto ocurre al tiempo que la organización Save the Children informa que, en Siria, más de 600 personas, incluidos más de 180 niños y niñas, han muerto o han resultado heridas en los últimos tres meses a causa de minas terrestres y municiones de guerra sin detonar, en medio del retorno de millones de familias a sus hogares después de 13 años.
Philippe Lazzarini, el director de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés), ha acusado a Israel de estar llevando a cabo “el mayor desplazamiento de palestinos en Cisjordania desde la guerra de 1967”. El director de la agencia de la ONU añadió al respecto: “Los campamentos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams han sido desalojados prácticamente por completo”. Israel ha desplazado a unos 40.000 palestinos de los territorios ocupados de Cisjordania desde que lanzó la denominada “Operación Muro de Hierro” a finales de enero.
El adolescente de 13 años que narró un documental sobre Gaza producido por la BBC respondió a la decisión de la cadena de noticias de eliminar de su plataforma de streaming la aclamada película “Gaza: cómo sobrevivir a una zona de guerra” tras ser presionada por activistas a favor de Israel. Estas fueron las palabras expresadas por Abdullah al-Yazuri cuando habló con el medio Middle East Eye.
Abdullah al-Yazuri: “Mi mensaje a la BBC es que espero que el documental, este documental, pueda ser emitido y tenga éxito. [Que este documental] pueda difundir el mensaje del sufrimiento que padecen los niños y niñas de Gaza”.
Abdullah al-Yazuri dice que él y su familia han recibido amenazas, y que la BBC no ha intervenido para ayudar a protegerlos.
El activista estadounidense por los derechos civiles John Lewis lideró en 1965 a cientos de activistas a favor de los derechos electorales a través del puente Edmund Pettus cuando estos realizaron una marcha por el derecho al voto desde la ciudad de Selma hasta la ciudad de Montgomery. Decenas de policías estatales de Alabama los golpearon sin piedad. Este fue un punto de inflexión para el movimiento por los derechos civiles. Cinco meses después, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Derecho al Voto. Este viernes, organizaciones de defensa de los derechos civiles están pidiendo a los legisladores estadounidenses que aprueben la Ley John R. Lewis para Promover el Derecho al Voto, en un momento en que los derechos electorales están enfrentando amenazas sin precedentes a nivel federal.