A pesar de los abusos, una empresa de cárceles privadas para menores agranda su emporio

NERMEEN SHAIKH: Vamos a hablar ahora de una importante investigación periodística sobre la forma en que una empresa privada que gestiona prisiones y centros de detención juvenil se está expandiendo rápidamente a pesar de tener un historial de abuso y negligencia acumulado en los últimos 25 años. La investigación ha sido publicada recientemente, en dos partes, por el Huffinton Post. La empresa en cuestión se llama Youth Services International.

El periodista Chris Kirkham comienza el informe de esta manera: “Con sólo un vistazo a sus antecedentes, cualquiera diría que es difícil para James F. Slattery convencer a algún estado de Estados Unidos de poner en sus manos la supervisión de los jóvenes que hayan cometido delitos.”

“Durante el último cuarto de siglo, las empresas administradoras de cárceles de Slattery han tenido problemas con el Departamento de Justicia y autoridades judiciales de Nueva York, Florida, Maryland, Nevada y Texas por presuntas infracciones, tales como la indulgencia en casos de abusos a los presos, y la entrega en abundancia de regalos no declarados, a ciertos políticos, buscando asegurarse un contrato estatal.”

Kirkham continua: “En 2001, un joven de 18 años de edad, recluido en un centro de detención para menores de Texas manejado por una de las empresas que tuvo Slattery, Correctional Services Corp., enfermó de neumonía y, como tenía dificultades para respirar, pidió ver un médico. Según los informes de las autoridades de Texas, los guardias acusaron al adolescente de estar fingiendo y lo obligaron a hacer flexiones en su propio vómito. Después de nueve días sin atención médica, el chico murió .

“Ese mismo año, los auditores de Maryland descubrieron que el personal de una de las penitenciarías para jóvenes manejadas por Slattery, insentivaba a los reclusos a luchar los sábados por la mañana como forma de resolver los conflictos que hubieran tenido durante la semana. Según los registros estatales y relatos de ex empleados y reclusos, en los últimos años, en las prisiones juveniles de la empresa en Florida han habido disturbios, agresiones y acusaciones de abuso sexual que no fueron informadas a las autoridades.”

AMY GOODMAN: Así comienza el periodista Chris Kirkham el relato de su nueva investigación, publicada en el Huffington Post. A pesar de este historial, a través del relato nos enteramos que la empresa de Slattery, Youth Services International, ha ampliado sus servicios, obteniendo contratos para operar cárceles juveniles en varios estados. Más de 40.000 niños y niñas de 16 estados han pasado por sus instalaciones durante las últimas dos décadas. Esto sucede en un contexto en el que casi el 40%–en el caso de Florida, es el 100% -de los jóvenes detenidos cumplen sus condenas en cárceles privadas.

Para ampliar la información sobre el tema, nos acompaña Chris Kirkham, periodista especializado en economía y negocios, del periódico The Huffington Post, donde acaba de publicar su nueva investigación en dos capítulos, con el título: “Prisoners of Profit: Private Prison Empire Rises Despite Startling Record of Juvenile Abuse” (Presos del lucro: un emporio de cárceles privadas crece a pesar de su alarmante historial de maltrato juvenil)”.

Bienvenido a Democracy Now! Cuéntanos lo que que has descubierto a través de tu investigación.

CHRIS KIRKHAM: Pues bueno, creo que lo primero que me llamó la atención sobre este tema es eso que mencionaste sobre el sistema carcelario de Florida, que está privatizado al 100%. Esta idea de que, de alguna manera, este estado había entregado a empresas privadas la gestión de esta actividad fundamental, creo yo, que tiene el objetivo de buscar la rehabilitación de los jóvenes y evitar que se conviertan en delincuentes; siendo en muchos casos empresas con fines de lucro. Entonces, tuve curiosidad de saber quiénes eran los principales actores en este escenario, y me puse a investigar.

Entonces me di cuenta de que ésta empresa, Youth Services Internacional, como que ha existido con varios nombres diferentes durante los últimos 25 años, pero con un modo de funcionamiento que ha sido básicamente el mismo siempre. Esto significa una gran cantidad de violaciones a los contratos y una gran cantidad de denuncias de abuso. Y por lo general, la forma en que se resolvieron los problemas que fueron surgiendo a través de los años fue, en algunos casos, la rescisión del contrato por parte de la empresa, cuando algún estado comenzaba a acumular pruebas de que había problemas muy graves, o si no, los contratos terminaban y el estado decía: “ya no vamos a volver a renovar este contrato”.

O sea, algo interesante es que, en realidad, no hubo muchos casos en los que el estado haya tomado la decisión de rescindir el contrato con la empresa. Porque eso es algo que queda como una marca en el expediente, y cuando la empresa se presenta para nuevas concesiones, eso salta en su historial. Entonces, es interesante ver cómo se da el caso de una empresa como esta, que tiene todo estos problemas que, bueno, yo saqué a la luz y que ustedes mencionaban recién, pero en el momento de renovación de contratos, o cuando se presentan para nuevos contratos, muchos de estos problemas suelen no aparecer en su historial. Así que esto era, de alguna manera, lo que me interesaba investigar.

AMY GOODMAN: ¿Puedes hablar del trabajo de James Slattery en la dirección de Youth Services International? ¿Cómo fue que él empezó con esto?

CHRIS KIRKHAM: Bueno, sí, él tiene una historia bastante interesante. De hecho, se inició en el negocio hotelero en la ciudad de Nueva York, trabajando en la corporación hotelera Sheraton. Él dirigía algunos hoteles en Nueva York. En esa época, se asoció con otras personas de negocios, que todos estaban en el negocio hotelero, habían sido dueños o administradores de hoteles en la ciudad. Esto fue por los años 80. En esa época, la delincuencia en la ciudad de Nueva York era extremadamente alta. Los precios de los inmuebles estaban bajando. Y muchos de estos propietarios vieron que podían hacer mucho más dinero dando vivienda, digamos, a gente sin hogar, prestando un servicio de asistencia social. Así, alojando gente de bajos recursos, podían obtener una gran cantidad de dinero del gobierno destinado al bienestar social; mucho más de lo que podían ganar con las tasas del mercado inmobiliario de ese momento.

AMY GOODMAN: Esos eran los llamados “hoteles de bienestar social”.

CHRIS KIRKHAM: Exactamente, eran los “hoteles de bienestar social.”. Y entonces, lo que finalmente sucedió fue que, con esto, como que se destruyeron muchos barrios, ya que vinieron un montón de estos inversores inmobiliarios, e inundaron estos edificios con gente que probablemente necesitaba algún tipo de tratamiento o trabajo social específico, pero en vez de recibir esa atención, se la depositó, digamos, en estas instalaciones. De modo que ésta fue la primera manera que encontraron los empresarios de este tipo para generar negocios con dinero del gobierno. Y lo que pasó con estos alojamientos, es que el gobierno de la ciudad comenzó a cerrarlos, porque había muchísimas violaciónes al código de desarrollo urbano. En uno de estos “hoteles,” unos niños murieron en un incendio, porque habían sido dejados ahí solitos. O sea que las condiciones de vida eran bastante malas en esos lugares.

Entonces, esta gente tenía estas propiedades, y era una época en la que, bueno, Reagan estaba llevando a cabo una fuerte avanzada en la privatización de los servicios públicos, y enseguida las cárceles federales se convirtieron en una de las áreas de gestión pública a privatizar. De modo que se vio la posibilidad de utilizar muchos de estos “hoteles” como viviendas para los presos en proceso de reinserción, o sea, básicamente los presos de cárceles federales que salían en libertad, tenían estos lugares donde vivir transitoriamente. Así fue que este hombre, Slattery, entró en este negocio de conseguir contratos con el gobierno federal.

Y a partir de ahí, sucede algo interesante; lo que yo, de alguna manera, encontré en mi investigación es que una vez que se entra en este negocio, es muy difícil salir. Al parecer, no existen muchas barreras para entrar, pero muchas empresas no quieren meterse en este negocio, o sea que termina siendo siempre el mismo puñado de actores el que maneja la mayor parte de las concesiones de prisiones privadas. Y bueno, en este caso comenzaron por obtener estos contratos para viviendas de transición para los presos liberados. Desde el principio hubo un montón de problemas con este tipo de lugares. Algunos de los edificios estaban realmente en muy malas condiciones. En uno de los informes de inspección que vi, se reclamaba que sólo había alimentos suficientes para tal vez la mitad de la los internos, así que quien llegaba primero recibía la comida, y el resto, como que se las tenía que arreglar por sus propios medios.

Pero bueno, a pesar de esto, el entonces llamado Servicio de Inmigración y Naturalización (INS por su sigla en inglés), estaba empezando a buscar privatizar algunas de sus instalaciones para alojar a personas detenidas. Y así fue que este hombre comenzó a conseguir un contrato después de otro. Y el resto, digamos, es historia. A partir de entonces, se fue trasladando al negocio de la reclusión de jóvenes. Émpezó haciendo cárceles para adultos por todo el país. Y en 2005, vendió muchos de sus activos a otra gran empresa privada administradora de prisiones, llamada GEO Group, que aún existe hoy en día.

AMY GOODMAN: Que anteriormente se llamaba Wackenhut.

CHRIS KIRKHAM: Exacto, anteriormente se llamaba Wackenhut. Y después le volvió a comprar la división juvenil, para su propia compañía. Así que en el último tiempo, ha estado principalmente involucrado en el negocio de las cárceles privadas para menores.

NERMEEN SHAIKH: Uno de los argumentos a favor de la privatización, que también mencionas en tu informe, es que las prisiones o centros de detención privados tienen la capacidad de proporcionar un mejor servicio a un costo menor. ¿Qué encontraste al respecto en tu investigación? ¿Y cómo son las prisiones privadas comparadas con las públicas de iguales características en aspectos, por ejemplo, como lo que mencionabas recién, que la comida alcanzaba sólo para la mitad de los reclusos?

CHRIS KIRKHAM: Bueno, creo que esa es una pregunta realmente difícil. Es decir, creo que por supuesto, lo que alegan las empresas privadas es que pueden ofrecer estos servicios a un costo muchísimo menor. Pero en realidad, no hay ningún estudio, que no haya sido financiado por las propias empresas, que haya demostrado esto. Por lo tanto, es una afirmación difícil de sostener, porque entonces deberían decir, bueno, qué significa exactamente brindar el mismo servicio que el sistema penitenciario público, o el área de jóvenes del Departamento de Justicia, si se trata del mismo tipo de presos, si tienen las mismas necesidades en cuanto a atención de salud o terapias requeridas. Entonces, es difícil hacer estas comparaciones. Y además, en estos casos, creo que si la supervisión no es tan fuerte como podría ser, bueno, las empresas sólo tendrán el incentivo de hacer lo que les exija el gobierno que les paga. Así que, lo que pasa en estos casos, si el control es deficiente, si no hay una supervisión constante, creo que se las está incentivando a recortar costos y servicios.

AMY GOODMAN: Cuéntanos qué averiguaste sobre el sistema penitenciario de Florida: 100% de los centros de detención de menores son de empresas con fines de lucro.

CHRIS KIRKHAM: Sí, el sistema está privatizado en un 100%. Entre los proveedores de este servicio en Florida, hay empresas con y sin fines de lucro.

AMY GOODMAN: Y según lo que encontraste en tu investigación, ¿cómo son estas instalaciones carcelarias? ¿Cuál es la situación de los jóvenes detenidos?

CHRIS KIRKHAM: Sí, bueno, básicamente, había constantes relatos de maltrato físico de parte de los guardias. Y bueno, muchos de los guardias cobran un salario muy bajo.

NERMEEN SHAIKH: ¿Cuál es el rango de edad de los niños detenidos en estos centros?

CHRIS KIRKHAM: Se trata de jóvenes entre 13 a 18 años, aproximadamente. O sea que estamos hablando de adolescentes. Esto incluye chicos y chicas, pero en diferentes instalaciones, no se mezclan. Así que, bueno, los guardias frecuentemente recurrían a la violencia como, digamos, primera respuesta ante una situación. Y éstos obviamente son chicos con problemas. Por eso es que llegaron a estar en lugares como estos. Pero muchas veces sucede que los guardias también eran así, venían del mismo lugar, conocían a los chicos del barrio, tal vez en alguna ocasión incluso se habían metido en problemas junto a ellos. Ya tenían una relación previa con los reclusos. El trabajo de guardia no es el más calificado dentro de una penitenciaría. Así que muchas veces, existían rivalidades entre los guardias y los jóvenes reclusos, que podían llegar a estar relacionadas de alguna manera con su pertenencia a diferentens pandillas, y estas rivalidades han causado muchos problemas. Bueno, hubo un caso, en una cárcel del condado de Broward, Florida, justo al norte de Miami, en el que un niño denunció que había sido obligado a hacerle sexo oral a un guardia. Tres veces el chico dijo esto a las autoridades y recién a la tercera vez, 10 meses después de su primera denuncia, fue reportado el hecho a la policía. Entonces, otra cosa que pasa, es que hay pruebas —y muchos ex empleados me lo confirmaron— de que los registros sobre muchos de los incidentes, sólo incluyen una pequeña parte de lo que realmente sucedió.

AMY GOODMAN: En el artículo que salió hoy en el Huffington Post, relatas algo sucedido en el año 2004, como ejemplo de una situación que tuvo que enfrentar Youth Services International, que pudo haber resultado muy cara. Habían firmado un contrato por 10 millones de dólares para administrar Thompson Academy, una cárcel de menores en el estado de Florida, y a sólo tres meses de haber comenzado, ya existían pruebas documentadas de violencia y negligencia en el lugar. Cuéntanos qué pasó después.

CHRIS KIRKHAM: Bueno, en este caso —y esto es lo que aparece en el artículo publicado hoy— había un supervisor contratado por el estado. En general, la manera en que estas empresas privadas funcionan es que, bueno, ellas administran el lugar, pero siempre hay alguien que viene a inspeccionar cada tanto su trabajo. Así que este inspector venía y, básicamente, iba documentando todos los problemas que había: la organización era un desastre total; había muchos empleados que terminaban siendo despedidos por, básicamente, quebrarles los brazos a los jóvenes o golpearlos contra al suelo; había fugas. De modo que, en este caso, el supervisor era muy duro con la empresa, les estaba muy encima, diciéndoles cosas, como “se deben revisar muchísimas cosas aquí, se debe hacer…” bueno, básicamente los amenazaba con reducir la cantidad de jóvenes que eran envíados a sus instalaciones, lo que potencialmente reduciría el dinero estipulado en el contrato.

Y llegó un momento en que este supervisor, que se llamaba Jerry Blanton, directamente envió un correo electrónico a sus superiores diciendo: “Recomiendo que se cierre este centro de detención.” Y al mismo tiempo, la empresa fue a hablar con las autoridades estatales, pasando por alto al supervisor, y dijo: “Este tipo está fuera de control.

Y a pesar de que el tipo fue despedido después de sus denuncias, el estado volvió al lugar unos meses más tarde y, en su auditoría anual, confirmó básicamente todo lo que había denunciado el supervisor. Y a partir de entonces, bueno, este centro de detención tuvo varios problemas en las siguientes auditorías, pero se las arreglaron para mantener el contrato hasta el año pasado, cuando el estado no es que lo canceló sino que simplemente dijo: “Vamos a reducir la cantidad de centros, y así que no vamos a renovar este”. Pero después, este año le entregaron a la empresa tres nuevos contratos.

NERMEEN SHAIKH: Quiero leer parte de una declaración de la empresa Youth Services International. Su vicepresidente, Jesse Williams, dijo: “Somos los mejores gestores de penitenciarías del estado de Florida, y por eso es que nos continúan adjudicando contratos … Si bien nos hemos enfrentado a problemas ocasionales, recibimos inspecciones con regularidad y los informes que recibimos son positivos casi por unanimidad.” También dijo que la empresa había incorporado “mecanismos de supervisión independientes, en manos de personas externas” para algunos de sus programas. Chris ¿qué opinas sobre esto?

CHRIS KIRKHAM: Bueno, por supuesto, en este caso, lo que él está diciendo acerca de que reciben inspecciones regularmente, es verdad. Creo que la pregunta que habría que hacer, en cualquier caso, es: ¿Cuál es el objetivo de la inspección, y a qué se le presta atención? Y lo que yo me di cuenta, cuando me metí a investigar el proceso de supervisión llevado a cabo por las autoridades estatales en estas prisiones juveniles privadas, es que, en realidad, se concentran más en el cumplimiento de los aspectos técnicos del contrato, en lugar de conocer bien las instalaciones y hablar con el personal, y hablar con los chicos, y tratar de entender un poco, preguntando cómo están, si los están tratando bien, si comen bien. En cambio, las inspecciones hacen preguntas más del tipo: “¿Está la documentación correcta en los cajones correctos? ¿las enfermeras tienen sus credenciales en orden? ¿La medicación está bien guardada?” Se trataba más de verificar este tipo de cuestiones técnicas que de tratar de entender realmente qué pasaba en el lugar.

AMY GOODMAN: Hace aproximadamente una década, durante una audiencia, un juez de Florida hizo duras críticas a la antigua empresa de James Slattery, Correctional Services Corporation, por las denuncias generalizadas sobre la violencia existente en una de sus instalaciones, cerca de Miami, llamada Pahokee Youth Development Center. El juez de menores Ron Alvarez estaba tan horrorizado con este lugar, que lo comparó con “un país del Tercer Mundo que está controlado por … algún tipo de poder maligno.” En una entrevista reciente, el mismo juez se mostró asombrado de que Slattery aún administrara penitenciarías. Textualmente dijo: “no entiendo cómo demonios todavía tienen contratos con el estado.”
Chris, en tu última respuesta, ¿podrías hablarnos acerca de cómo es esta situación? ¿Hay algún tipo de investigación además de la tuya? ¿Esta empresa sigue obteniendo contratos?

CHRIS KIRKHAM: Sí, así es. O sea, durante este año ganó tres nuevos contratos. Entonces, creo que lo que este juez está expresando es lo que sienten mucha gente que está en el tema de justicia juvenil en Florida hace mucho, y que trabaja para mejorar el sistema. Y lo que pasa es que, bueno, creo que hay una especie de inercia de parte del estado, desde que decide de alguna manera, hace casi 20 años, retirarse de la administración de estas cárceles juveniles y del manejo de este difícil grupo poblacional que son los jóvenes detenidos. Pero creo que todavía falta dar más pasos en esto, y algo que aún no ha sucedido – y la historia nos muestra que realmente es muy necesario, es que los proveedores privados de este servicio tengan que rendir cuentas por su trabajo; aumentar sus parámetros de responsabilidad social. Creo que si se externaliza algo como esto y luego, simplemente se cierra la puerta, bueno, creo que eso es lo que le molesta a mucha gente.

AMY GOODMAN: Bueno, Chris Kirkham, quiero darte las gracias por estar con nosotros. Chris es periodísta de economía y negocios en el periódico The Huffington Post, donde acaba de publicar una nueva investigación periodística en dos capítulos, titulada: “Prisoners of Profit: Private Prison Empire Rises Despite Startling Record of Juvenile Abuse” (Presos del lucro: un emporio de cárceles privadas crece a pesar de su alarmante historial de maltrato juvenil)”.

Cuando regresemos, presentaremos el informe “menores a cambio de dinero.” Analizamos el caso de Pennsylvania y el extraordinario escándalo de jueces sobornados para meter a miles de jóvenes en prisiones privadas locales, con fines de lucro, llegando a la situación actual, con un acuerdo entre las partes. Quédense con nosotros.
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Traducido por Monica Vera. Edición: Verónica Gelman. Participaron en el subtitulado de este reportaje Noa Radosh, Rubén Gómez García, y Jenny Pedraza. Coordinación de la producción del reportaje en español: Clara Ibarra y Democracy Now! en Español.