Ambiente mortal en Perú: defender la tierra es muy peligroso en el país anfitrión de la cumbre de la ONU

AMY GOODMAN: Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, donde está llevando a cabo la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El miércoles, desde la contra-cumbre se realizaron manifestaciones de protesta, coincidiendo con el Día internacional de los Derechos Humanos, lo que resulta apropiado, siendo Perú el cuarto país más peligroso para quienes defienden el ambiente. Sólo en septiembre hubo cuatro asesinatos. Un importante activista indígena, llamado Edwin Chota, fue emboscado en un cruel incidente, en un zona alejada de la selva amazónica de Perú. Estaba viajando al vecino país de Brasil para participar en una reunión sobre cómo enfrentar los conflictos generados en la región por la tala ilegal. Fueron esos mismos madereros ilegales quienes presuntamente mataron y descuartizaron a Chota y a sus compañeros, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quinticima. Escuchemos a Edwin Chota contando acerca de las diferentes amenazas de muerte que había recibido.

EDWIN CHOTA: Hay buenos empresarios, pero hay otros que realmente son malvados, que amenazan con matar. Estamos amenazados, pero aceptamos la muerte. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo nuestra naturaleza, nuestra vida y el futuro de nuestros hijos. La ley no llega todavía a nosotros, no sentimos esa ley. Nuestros comuneros están amenazados, nos amenazan porque no claudicamos.

AMY GOODMAN: Ese era Edwin Chota. Vamos a pasar ahora a Chris Moye, encargado de la campaña sobre gobernabilidad ambiental de la organización Global Witness y autor del informe “El ambiente mortal de Perú”. Él está participando en la conferencia de la ONU sobre cambio climático. Le pedí que expusiera los hallazgos incluidos en el informe.

CHRIS MOYE: Como has señalado, Perú es el segundo país más peligroso de América Latina en América Latina y el cuarto país más peligroso del mundo para quienes defienden la tierra y el ambiente. Entre los años 2002 y 2014, se produjeron más de 57 asesinatos Y al analizar quiénes son los responsables de esos asesinatos, son principalmente dos sectores: la industria extractivista (minería y petróleo) y la actividad forestal. El sector extractivista está vinculado al 80% de los asesinatos, con 40 casos durante la década mencionada. Y en el sector forestal, en los dos últimos años se produjeron cinco asesinatos de alto perfil, de activistas contra la tala ilegal. Y esto tiene dos causas fundamentales; las causas inmediatas de los asesinatos y los problemas de gobernabilidad subyacentes, que nuestro informe analiza, ¿sí? En cuanto a las causas inmediatas, vemos que el 73% de los casos de asesinato en la última década estuvieron en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Y esto remite a una larga historia en Perú, que se remonta a Fujimori e incluso más allá. Y en cuanto a las causas subyacentes, lo que vemos es un debilitamiento deliberado de la implementación de la legislación ambiental en el sector extractivo. Vemos que no se cumple adecuadamente con el requisito de consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. Y en el sector forestal, vemos que hay, o sea, un incremento enorme de la tala ilegal, que oscila entre el 80 y el 90% de la tala total. Y también hay grandes problemas en el control del flujo de madera ilegal y, por último, problemas tierras, referidos a la titulación de tierras; hay solicitudes pendientes para otorgar los títulos de la tierra a comunidades indígenas, principalmente a aquellas que habitan la zona forestal de la selva amazónica.

AMY GOODMAN: Quisiera volver a Edwin Chota. Estando con Democracy Now! aquí en Lima, entrevisté a la viuda de Edwin Chota, Julia Pérez, y a Ergilia Rengifo, la viuda de Jorge Ríos. Hablamos sobre el trabajo que hacían sus maridos cuando fueron asesinados, y que ahora ellas continúan. Vamos a ver un fragmento de la entrevista, donde Julia Pérez, viuda de Chota, narra el asesinato de su marido mientras sostiene a su hijo pequeño, Edwin Jr. Chota en sus brazos.

AMY GOODMAN: ¿Se han encontrado los restos de su marido? ¿Cómo murieron Edwin Chota y los otros hombres?

JULIA PÉREZ: Bueno, nosotras no lo hemos visto, los mismos comuneros que siguieron adelante; lo que pasó fue que cuando Edwin y los otros iban caminando hacia Brasil a través del bosque. Iban en grupo y algunos se habían adelantado, iban más adelante, habían caminado más rápido y se quedaron esperando a los demás. Se cansaron de esperar y dieron la vuelta para ver, bueno, por qué los otros se demoraban tanto. Y volvieron a la senda, y encontraron los huesos y los restos, no ya los cadáveres, sino sólo los huesos de Edwin Chota y Jorge Ríos, y los otros dos. Y fue entonces cuando regresaron al pueblo, y ahí recién nosotros nos enteramos de que Edwin ya no existe, le han muerto, nuestros maridos ya no estaban. Llegaron a la comunidad y nos dijeron entonces, me dijeron a mí y yo le dije a Ergilia y las otras viudas de los dirigentes asesinados.

ERGILIA RENGIFO LÓPEZ: Pido yo justicia, señorita, eso es lo que yo pido, aunque a ellos no parece importarles. Hemos estado luchando durante muchos años, y esto me entristece. Que los culpables se enteren de lo que es sufrir. Que busquen al responsable, que lo encuentren para que sus familias también sufran como sufrimos nosotros, que lo pongan en la cárcel porque la verdad, ellos salen siempre muy fácilmente. Los responsables son felices con sus familias, con sus seres queridos. Pero para nosotras cuatro no habrá ningún padre aquí para a abrazar a sus hijos. Por ejemplo, yo tengo mi bebé que tiene cinco meses de edad. ¿Qué padre tendrá mi hijo para que le quiera? ¿Quién lo cuidará, quién le dará ternura y amor? No hay. En cambio, ellos van a salir, porque estoy escuchando que ellos tienen, ¿cómo se llama? que ellos tienen, cómo es, más derecho que nosotros. ¿Cómo va a ser así?

AMY GOODMAN: Escuchábamos a Ergilia Regifo, viuda de Jorge Ríos, y antes de ella, la viuda de Edwin Chota, Julia Pérez, ambas con sus bebés en brazos. Sus maridos fueron hace pocos meses. Chris Moye, según el informe que tú has elaborado, se cree que fueron asesinados por madereros ilegales, a quienes aún no se ha procesado ni responsabilizado de ninguna manera. Pero la mayor parte de los asesinatos a personas que defienden la tierra en Perú no están necesariamente vinculados a la industria maderera, ¿es así? Y ampliemos también la perspectiva a lo que pasa en el mundo.

CHRIS MOYE: Claro. O sea, desde una perspectiva global, en abril publicamos un informe llamado “Ambiente Mortal”, donde documentamos 908 asesinatos a personas defensoras de la tierra y el ambiente. Y principalmente, el 50% de esos asesinatos sucedieron en América Latina, por lo que está claro que hay un gran peligro en América Latina en este aspecto, siendo Perú el segundo país más peligroso del continente.

AMY GOODMAN: ¿Y cómo se relaciona el debilitamiento de la regulación ambiental con los asesinatos de estos ecologistas?

CHRIS MOYE: Claro. Por ejemplo, en Perú hubo un caso muy difundido, que fue el caso de Bagua, del año 2009. Lo que sucedió fue que varias comunidades indígenas salieron a protestar contra una serie de leyes impulsadas por el gobierno de ese momento, con Alan García como presidente, que trataban de sacarle fuerza a la legislación ambiental. Concretamente, buscaban debilitar el proceso de evaluación de impacto ambiental, así como la capacidad del Ministerio del Ambiente para designar áreas protegidas, lo que llevó a las comunidades indígenas a protestar y denunciar que no habían sido consultadas acerca de estas leyes, que las afectan directamente ya que viven en zonas donde es probable que se quieran llevar a cabo estos proyectos extractivistas, y bueno, viven en áreas protegidas. El caso de Edwin Chota es emblemático porque expresa un problema más amplio del sector forestal, y es que Edwin había estado luchando durante una década para obtener el título de la tierra de sus comunidades, ubicadas en una zona forestal. Las comunidades indígenas están esperando que se les otorguen sus títulos dominiales sobre más de 20 millones de hectáreas, todas ubicadas en zonas forestales de la región amazónica. Si se desea proteger mejor los bosques, se debe otorgar los títulos de la tierra a esas comunidades.

AMY GOODMAN: En Ecuador, hace pocos días encontraron muerto un dirigente indígena shuar que luchaba contra un importante proyecto minero que estaba citado para hablar aquí, en Lima. Su nombre era José Isidro Tendetza Antún y se enfrentaba al proyecto de minería a cielo abierto Mirador, de cobre y oro, cuya explotación sería devastadora para la franja sur de la Amazonía ecuatoriana. Bueno, el lunes tuve la oportunidad de hablar con Narcisa Aucay, vecina de José Isidro Tendetza Antún. La conocí en una mesa panel de mujeres defensoras de la tierra. Ella relató lo sucedido con su vecino, el activista asesinado, que iba a venir a hablar aquí, en Lima. Atossa Soltani de Amazon Watch traduce sus palabras.

NARCISA AUCAY: Y de ahí pues, nos sorprendió, porque yo también ya llegué a Quito, para venir a Lima. Y entonces cuando llegué allí, empecé a oír que había muerto y que ellos, que la policía dice que le alzó el cadáver y ya lo habían enterrado O sea, una sorpresa para nosotros, porque nosotros, siendo de la zona, no supimos que él ha fallecido, Y la policía ya lo había encontrado y lo había enterrado sin el permiso de los familiares. O sea, nadie sabe todavía nada, y esto tiene que ser investigado. Lo que pasa es que, o sea, fue asesinado porque estaba el cuerpo quemado, torturado, amarrado. Tenía las manos atadas. Y luego que, supuestamente le cortaron, le rompieron sus brazos y luego se los ataron en la espalda y luego lo arrojaron al río.

AMY GOODMAN: ¿Su muerte le hace sentir miedo?

NARCISA AUCAY: Sí, en realidad, por la información que sale en los medios, por lo que me ha contado el dirigente shuar Domingo Ankuash, sé que sus brazos estaban rotos, y que él ha sido torturado y matado de esta manera brutal. Por supuesto que me hace sentir miedo. Sé que cuando Dios me llame, yo sé que tengo que morir, pero no de esa manera. Y por supuesto, esto me asusta.

AMY GOODMAN: Escuchábamos a Narcisa Aucay, vecina de José Isidro Tendetza Antún y participante de un panel de mujeres ambientalistas aquí, en Lima. Nos topamos con ella justo después del panel. Entonces, Chris Moye, esto está ocurriendo en Ecuador, país vecino de Perú. ¿Puedes hablar de lo que esto significan en tanto amenaza, como contaba Narcisa, cuál es el mensaje que tienen estos asesinatos?

CHRIS MOYE: Claro. Pues bien, en la región amazónica, durante los últimos dos o tres años como que estamos viendo un aumento en los asesinatos de activistas indígenas, que luchan contra la entrega de sus bosques al sector extractivo o a la industria maderera. Y este caso en particular también es bastante emblemático de otro fenómeno interesante, que consiste en un aumento de las inversiones de empresas chinas y bancos chinos, entre otras, en la región, en proyectos del sector extractivo y proyectos de infraestructura que afectan a las zonas boscosas. O sea, esto sucede al tiempo que las empresas canadienses y estadounidenses, y también las empresas europeas, están vendiendo parte de sus firmas a empresas chinas, luego de haber intentado sin éxito extraer esos recursos, encontrado problemas de algún tipo para llevar a cabo la actividad. Así que éste caso es emblemático de estos homicidios en su sentido más amplio. Son homicidios que han sucedido en los dos o tres últimos años y se vienen intensificando.

AMY GOODMAN: Quiero pasar a Wilfredo Saavedra Marreros, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, en la región andina del norte peruano. A través de protestas masivas, los residentes de la región han conseguido paralizar los planes de la empresa estadounidense Newmont, que iba a destruir los lagos de montaña con el proyecto Conga, una enorme mina de oro a cielo abierto. En 2012, la lucha tuvo una gran difusión a nivel nacional cuando la policía aumentó la represión contra las protestas, dejando cinco personas muertas. El presidente peruano Ollanta Humala ha dado su apoyo al proyecto minero Conga. Saavedra y sus compañeros ambientalistas han recorrido Perú para llegar a Lima y expresar aquí su oposición al proyecto. El lunes participaron en la marcha, exigiendo que se garantice la protección del agua. Saavedra habló sobre la represión que enfrentaron durante su viaje.

WILFREDO SAAVEDRA MARREROS: Hemos hecho un esfuerzo, pese a que nos han criminalizado nuestra protesta social, pese a que la policía ha tratado de impedir que llegásemos a Lima. Han secuestrado nuestros coches. La policía nos ha acosado constantemente, en las diferentes brigadas que veníamos marchando, porque hemos venido de pueblo en pueblo por nuestros propios medios, cocinando entre todos, haciendo ollas populares para alimentarnos. Salimos el 3 de diciembre y llegamos esta mañana, aquí a Lima. Y a pesar de todo lo que han hecho, no han podido quebrar nuestra unidad y nuestra firme voluntad de venir a Lima para expresarnos.

AMY GOODMAN: Escuchábamos a Wilfredo Saavedra Marreros, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, en los Andes peruanos. ¿Chris?

CHRIS MOYE: Sí, lo que él cuenta es parte de un problema que ha tenido Perú durante la última década, que es el asesinato de ambientalistas y defensores de la tierra por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Y algo que llama la atención es que recientemente, el gobierno de Humala aprobó una ley, la ley 30151, que otorga inmunidad judicial a las fuerzas de seguridad del Estado cuando se encuentran en funciones, incluso en el caso de que llegaran a utilizar la violencia contra, digamos, manifestantes pacíficos. Así, los principales responsables de los asesinatos a defensores del ambiente en Perú tienen ahora carta blanca para, esencialmente, bueno, reprimir con toda la violencia que quieran, y saben que no van a ser procesados. Pero además, en la década que precedió a la aprobación de esta ley, ni un solo policía u oficial del ejército fue llevado a juicio ni procesado por el asesinatos de estos luchadores sociales, lo que de por sí es una aberración. Y la sociedad civil se ha manifestado fuertemente en contra de esta medida, que Amnistía Internacional ha denunciado como una grave violación del derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.

AMY GOODMAN: Bueno, esto es muy interesante teniendo en cuenta el lugar donde nos encontramos en este momento. Estamos en el Pentagonito, ¿sí?

CHRIS MOYE: Mm-hmm.

AMY GOODMAN: Aquí es donde se está llevando a cabo la cumbre de la ONU. Wilfredo Saavedra Marreros, el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, a quien escuchábamos recién, también denunciaba esto mientras marchaba por las calles de Lima: que la cumbre de la ONU sobre cambio climático, la COP que se está realizando en el Pentagonito, es una farsa.

WILFREDO SAAVEDRA MARREROS: La COP 20 no es más que una suerte de engaño, muchacha, eso es una farsa. Nosotros lo concebimos así Se han reunido los representantes de los Estados del mundo en un lugar que está manchado con sangre. En el Pentagonito, ese resguardo militar, allí han asesinado extrajudicialmente a hermanos nuestros, los han quemado, los han desaparecido. Muchas personas, incluyendo miembros de la policía de la región andina, fueron quemados allí. Y esto no puede ser más que una muestra pública de la vergüenza que es el Perú. Ollanta Humala, como anfitrión de los gobiernos del mundo, está gastando millones de dólares, cerca de 90 millones de dólares, en esta cumbre que no logra nada más que declaraciones bonitas donde se comprometen a ir contra los efectos del cambio climático. No han podido hacer nada concreto durante los últimos 20 años. Y hoy, aquí, el pueblo no puede hacerse oír, porque han puesto cordones de seguridad, cinco cordones de seguridad, para impedirnos entrar. No vamos a poder expresar nuestras opiniones y hacer oír nuestra voz.

AMY GOODMAN: Escuchábamos al presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, cuestionando a la COP que se está realizando justo aquí en el Pentagonito, donde, bueno, estamos de alguna manera en la sombra del Pentagonito, y nos hemos enterado de la historia de este lugar, donde tanta gente fue asesinada y torturada.

CHRIS MOYE: Sí, absolutamente. Y esto de alguna manera imprime un trazo turbio sobre la imagen progresista que Perú está tratando de mostrar al mundo, en cuanto a su lucha contra el cambio climático. La imagen progresista que se quiere mostrar es que se va a proteger el 75% de los bosques del país, en un esfuerzo por detener la deforestación que, como se sabe, representa el 50% de las emisiones de gases con efecto invernadero aquí, en Perú, y que se va a reducir la deforestación neta a cero para el año 2020. Pero la realidad, como acabamos de escuchar, es muy diferente. O sea, estamos viendo que las personas que defienden la tierra están siendo asesinadas, justamente cuando están tratando de proteger los bosques contra los proyectos extractivistas. Además, el gobierno de Perú ha concesionado casi 20 millones de hectáreas a la industria petrolera y a la industria maderera en la Amazonía. Así que hay una contradicción, ya que se quiere mostrar una imagen progresista al promocionar la conservación de los bosques, y al mismo tiempo, se da prioridad al desarrollo del sector extractivo, que generará una gran deforestación y un aumento en las emisiones de gases con efecto invernadero.

AMY GOODMAN: Escuchábamos a Chris Moye, de Global Witness. Soy Amy Goodman, transmitiendo desde la COP 20 en Lima, Perú.

Traducido por Juan Vilata. Editado por Igor Moreno, Verónica Gelman y Democracy Now! en Español.